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BTS en Español

¿Podemos acabar con el trabajo forzoso para el 2030?

Si la Alianza 8.7 quiere realmente erradicar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro, debe realizar un cambio radical en su manera de abordarlo. English

Rice farmers working in the field in Kandal province. ILO/ Khem Sovannara/Flickr. (CC BY-NC-ND 2.0)

El gran interés del mundo en la esclavitud moderna y la trata de personas se debe, en parte, a que se ha demostrado que muchas compañías de marcas de primera línea se benefician de prácticas laborales de explotación en sus cadenas de suministro. Firmas importantes han tenido que tomar medidas y responsabilizarse por sus trabajadoras y trabajadores, presionadas por campañas y denuncias públicas que comprueban estos vínculos. Además, en los últimos años hemos observado un aumento en el número de iniciativas corporativas y gubernamentales destinadas a mejorar los estándares laborales en todo el mundo. En general, el mecanismo principal adoptado ha sido una mayor transparencia en las cadenas de suministro, y no tanto la regulación punitiva o las sanciones. El argumento es que las «buenas» empresas encontrarán y solucionarán los casos ocultos de explotación, mientras que las «malas» empresas quedarán expuestas y serán castigadas por quienes consumen y el mercado.

La tendencia hacia «trabajo decente para todas las personas» renovó su impulso en 2015, cuando Naciones Unidas lo reconoció como uno de los 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) a alcanzar para el 2030. Desde ese momento, se constituyó una gran red de agentes institucionales conocidos como Alianza 8.7 —bautizada así por la sección del ODS 8 dedicada en particular al trabajo forzoso— para liderar el esfuerzo mundial en torno a este objetivo. Como quizás era de esperar, debido a su composición, reina un gran entusiasmo en la Alianza por el desarrollo de enfoques de gobernanza voluntarios y liderados por el sector privado, para erradicar el trabajo forzoso en las cadenas de suministro. Entre ellos se cuentan aquellos que persiguen una mayor transparencia en estas cadenas. Existe un único problema: hay muy poca evidencia que sustente su entusiasmo.

La explotación laboral severa se mantiene como un problema endémico en muchos sectores y regiones del mundo. Un gran conjunto de investigaciones académicas, periodismo de investigación y campañas de trabajadoras y trabajadores ha dejado claro que los abusos laborales tales como el incremento de horas extra obligatorias, el robo de salarios, la manipulación de relaciones entre deudas y créditos, los casos de acoso sexual y violencia, junto a otras formas de coerción y explotación florecen hoy en día en la economía mundial. Si la Alianza 8.7 desea alcanzar su objetivo o avanzar de manera demostrable hacia la erradicación del trabajo forzoso, la trata de personas, la esclavitud moderna y los terribles casos de trabajo infantil dentro de los próximos trece años, debe abordar de forma dramática y significativa las causas fundamentales de estos problemas en las cadenas de suministro globales.

Los límites de la transparencia

Las iniciativas y estrategias en discusión en la actualidad implican, en general, una expansión de las auditorías sociales existentes, las certificaciones éticas y los programas de concienciación. Al perpetuar el statu quo, ignoran el creciente volumen de investigación empírica que cuestiona la eficacia de estos tipos de programas, y la necesidad de un cambio de enfoque radical para enfrentar este desafío. ¿Por qué?

La poca eficacia de las «iniciativas de transparencia» se debe en parte a problemas de diseño. Por ejemplo, la calidad de las auditorías sociales y éticas varía en gran manera porque son las empresas que las realizan las que deciden sobre su profundidad, exigencia y alcance. Además, la mayoría de las auditorías se centran en los proveedores de primer nivel —es decir, en las personas contratadas directamente por la empresa para producción—. Sin embargo, sabemos que el trabajo forzoso prospera y afecta a trabajadores y trabajadoras contratadas por agencias laborales o contratistas, y no tanto a productores directos. También aparece entre subcontratistas no autorizados del sector ilegal e informal, desde trabajo desde casa hasta operaciones mineras ilegales. Estas personas raramente son alcanzadas por las auditorías sociales. Asimismo, en general las auditorías se centran en cadenas de suministro de productos y no en las del plantel laboral, lo que ignora las «redes no regularizadas a través de las cuales agentes de terceras partes pueden reclutar y transportar víctimas del trabajo forzoso o de trata de personas para ser utilizadas por empresas».

Debido a la gran repercusión de casos de explotación laboral descubiertos recientemente en cadenas de suministro «éticamente certificadas», se cuestiona aún más a las iniciativas corporativas «de buena fe». Entre ellas: el derrumbe de la fábrica textil Rana Plaza en Bangladesh en 2013, poco después de aprobar una auditoría; el descubrimiento de un abuso laboral descontrolado, incluyendo asesinatos por parte de empleadores en el «éticamente certificado» sector pesquero de Tailandia; y el descubrimiento de trabajo infantil en plantaciones de café que habían sido certificadas como libres de explotación. Todos estos ejemplos cuestionan la confianza que se deposita en los programas voluntarios de gobernanza de las cadenas de suministro, y plantean serias preguntas sobre la integridad de las iniciativas de «supervisión» llevadas a cabo por la industria. Existe muy poca evidencia sólida del trabajo de las industrias para abordar la lucha contra el trabajo forzoso, la esclavitud moderna, o la trata en las cadenas de suministro globales, y mucha de sus fallas.

Los límites de la legislación «poco severa»

Iniciativas gubernamentales recientes y de gran impacto —como la Ley californiana de transparencia en las cadenas de suministro (2010), la Ley sobre esclavitud moderna del Reino Unido (2015), y el requerimiento propuesto por Australia para informes sobre la esclavitud moderna en las cadenas de suministro— también priorizan una mayor transparencia antes que castigar las violaciones. Se han aprobado docenas de estas leyes desde 2009, las cuales exigen que las grandes empresas revelen qué están haciendo para prevenir y solucionar el trabajo forzoso en las cadenas de suministro. Sin embargo, en la mayoría de las jurisdicciones no existe sanción para aquellas que informen de no estar haciendo nada. La mayoría de estas leyes son muy poco severas, ya que incrementan las obligaciones de informar pero no establecen responsabilidad extraterritorial, no crean estándares públicos vinculantes y no sancionan el incumplimiento, todo lo cual es fundamental.

Mi colega, Andreas Rühmkorf y yo hemos publicado recientemente un estudio sobre la eficacia de este tipo de legislación en la revista Global Policy. Observamos a 25 empresas importantes e investigamos si sus códigos de conducta, los códigos de conducta de proveedores, los términos y condiciones de compra y la sustentabilidad que reportaban evolucionaron a partir de la entrada en vigor de la Ley sobre esclavitud moderna del Reino Unido y, de ser así, de qué forma sucedió. Encontramos que el progreso significativo fue muy reducido.

Crear una ratonera más eficaz

El enfoque de la Alianza 8.7 frente al trabajo forzoso y la esclavitud en las cadenas de suministro globales debería basarse en la evidencia de lo que funciona. En la actualidad, existe una marcada falta de evidencia sobre la efectividad de las leyes poco severas sobre la transparencia y los esfuerzos voluntarios de las industrias para reducir los casos de explotación laboral en la totalidad de las cadenas de suministro globales. Queda por descubrir si sería mejor comenzar de nuevo o trabajar seriamente para mejorar las iniciativas existentes. En cualquier caso, es importante comprender que el obstáculo principal para tener éxito con cualquiera de las dos opciones no es técnico, sino político.

Una característica curiosa de muchas de las iniciativas ya mencionadas es que con frecuencia durante su diseño y ejecución dejan a un lado a trabajadoras y trabajadores, en vez de empoderarlos para ejercer sus derechos y controlar la eficacia de las iniciativas. Además, aun cuando se incluye al plantel laboral en iniciativas de participantes múltiples, éste suele informar de que únicamente se le permitió participar de forma superficial.

Esto es una señal de alarma importantísima. Si el objetivo de estas iniciativas es reducir el trabajo forzoso y la esclavitud, entonces las personas empleadas son una parte esencial de la lucha. Nadie tiene más razones para supervisar y promover estándares laborales que ellas y, además, son más efectivas en su trabajo cuando conforman una parte organizada e involucrada de cualquier proceso de ejecución de iniciativas. Los programas de «responsabilidad social de trabajadores y trabajadoras» liderados por grupos como la Coalición de Trabajadores de Immokalee en Estados Unidos, por ejemplo, son buenos ejemplos de cómo puede involucrarse al plantel laboral en la gobernanza de la cadena de suministro.

Otra gran señal de alarma es el entusiasmo con el que las empresas han aceptado las leyes de transparencia. Un supuesto fundamental en la bibliografía sobre economía política en los negocios es que las empresas se resisten a cualquier regulación que pueda impactar en sus actividades. Aun así, las empresas han estado luchando a favor de estas leyes de transparencia.

En el Reino Unido, por ejemplo, el gobierno quitó la cláusula sobre la transparencia en las cadenas de suministro de una versión posterior de la Ley sobre esclavitud moderna, y una coalición industrial lo presionó para que la volviera a incluir. Las empresas no son organizaciones humanitarias benevolentes; cuando luchan por nuevas legislaciones, es necesario cuestionar sus motivos. ¿Se promueve este tipo de leyes en particular para cerrar el camino a formas más severas de legislación? Tales preguntas deben tomarse seriamente en cuenta si se quiere alcanzar un progreso significativo.

Para terminar, debemos pensar con cuidado y ser escépticos en extremo con respecto al poder desproporcionado de agentes industriales en el inicio, diseño y ejecución de iniciativas en contra de la esclavitud, tanto públicas como privadas. El poder corporativo impide eliminar de raíz las causas de la explotación laboral en las cadenas de suministro globales. Aunque las razones detrás de la demanda de trabajo forzoso por parte de las empresas varían según el tipo, sector e industria a la que pertenecen, hay patrones claros de las causas fundamentales que pueden ser abordados. Esto, sin embargo, requiere cambios fundamentales en los modelos empresariales dominantes en la economía minorista global. Si la Alianza 8.7 desea tener éxito en esta tarea, eso es lo que debería impulsar.


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BTS en Español has been produced in collaboration with our colleagues at the Global Alliance Against Traffic in Women. Translated with the support of Translators without Borders. #LanguageMatters

About the author

Genevieve LeBaron is Senior Lecturer in the Department of Politics at the University of Sheffield, Chair of the Yale University Working Group on Modern Slavery, and a UK ESRC Future Research Leaders Fellow. You can follow her on twitter @glebaron

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