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Walk Free: ¿midiendo la esclavitud global o enmascarando la hipocresía mundial?

La fundación Walk Free dice luchar contra la «esclavitud moderna» midiendo su magnitud, pero ¿será este índice solo un ejercicio de hipocresía política? English

AndyMelton/Flickr. CC (by).

Walk Free acaba de publicar su Índice global de esclavitud 2016 (GSI) anunciando que hay 45,8 millones de personas esclavas en el mundo.  Los objetivos del Índice son medir el número de personas afectadas por la «esclavitud moderna» país por país y ofrecer un ranking mundial cuantitativo de 162 países de acuerdo a la prevalencia existente en cada uno de ellos. (Es decir, el porcentaje estimado de personas esclavizadas de una población nacional en un momento determinado).

Como en rondas anteriores, los países con la prevalencia más alta se encuentran en el mundo en desarrollo (India, China, Pakistán, Bangladesh y Uzbekistán), mientras que aquellos destacados con menciones de honor están en el próspero mundo desarrollado (Luxemburgo, Alemania, los Estados Unidos, etc.).

¿Qué mide exactamente el índice? Walk Free dice que la «esclavitud moderna» tiene muchos nombres incluyendo «trata», «trabajo forzoso», «matrimonio precoz y forzado» y las «peores formas de matrimonio infantil». Pero en la base, dice, el término se refiere a las condiciones de niñas y niños, mujeres y hombres que están atrapados en situaciones de terrible abuso y explotación de las cuales no pueden «escapar».

En principio esto no suena controvertido, después de todo, muchas de nosotras pensamos en cadenas y grilletes cuando escuchamos la palabra «esclavitud». Pero Walk Free no dice que la esclavitud exista solo donde las personas están encadenadas, sino que amplía el concepto para incluir a las personas que son amenazadas con violencia si intentan escapar a determinadas situaciones o aquellas que están vinculadas por una deuda a un empleador particular. Cuando hablamos de infancia, Walk Free incluye a aquellas niñas y niños que son remunerados por su trabajo y que no necesariamente están sujetos a violencia o deudas, pero no obstante son contabilizados como «esclavos» simplemente por el hecho de ser menores de 18 años cuando realizan un trabajo. 

¿Por qué parar en 45,8 millones?

No dudamos de que la libertad y los derechos de las personas etiquetadas como «esclavas» están limitadas por la pobreza, la violencia, el robo de salarios, las deudas, el racismo, el sexismo, la discriminación por motivos de casta y otras formas de opresión. Más bien nuestra pregunta es, si Walk Free realmente quiere liderar una lucha de liberación en favor de estas personas y está dispuesto a ampliar el concepto de «esclavitud», entonces ¿por qué parar ahí?

Tomemos como ejemplo el «matrimonio precoz y forzado», que es descrito por Walk Free como una forma de «esclavitud moderna» y comparémoslo con matrimonios que no comienzan siendo forzados y que implican a mujeres con edades por encima de la de consentimiento. Sabemos que para millones de mujeres alrededor del mundo, los matrimonios consensuados se convierten también en violentos y opresivos. Más aun, debido a que las mujeres a menudo no tienen acceso legal ni económico al divorcio y/o al hecho de que como mujeres divorciadas o madres solteras se enfrentan al estigma y la miseria, muchas de las que sufren violencia machista son incapaces de «escapar» de sus abusadores maridos. Así que, ¿por qué estas mujeres no aparecen también en el índice de Walk Free?


Alex/Flickr. CC (by-nc-nd).

De la misma forma, si lo que importa es la ausencia del consentimiento a una relación de por vida, en vez de la presencia de violencia en esa relación, y es eso lo que identifica al «matrimonio precoz y forzado» como esclavitud, entonces podríamos preguntar ¿por qué no se denomina «esclavitud moderna» a la «maternidad precoz y forzada» experimentada por mujeres y niñas en países donde se restringe o deniega el acceso al aborto?

Consideremos también las restricciones a la libertad implícitas en muchas formas de endeudamiento. Por ejemplo, la mayoría de las personas migrantes trabajadoras no tienen otra opción para financiar su migración laboral que asumir una deuda, debido a que los costes asociados a su movilidad (incluyendo la búsqueda de un trabajo o la obtención de la documentación adecuada) a menudo son prohibitivamente altos. Tienen que pedir dinero prestado a sus amistades, familias, prestadores particulares o bancos. Pero al llegar a países como Australia o Gran Bretaña, estas personas quedan ligadas a los empleadores que los patrocinan y según las leyes migratorias, pueden ser deportadas si «escapan». Se disuade por tanto a estas personas de «escapar» por el simple hecho de que saben que, si lo hacen, serán incapaces de pagar las deudas a quienes les prestaron el dinero.

¿No merecen también estas personas nuestro interés? ¿Por qué el término de «esclavitud» se restringe únicamente a las personas que están atadas a deudas con empleadores que son a la vez acreedores? Y ¿por qué centrar nuestro desprecio moral en el patrocinador malvado que explota la dependencia de otras personas, en vez de centrarnos en el sistema migratorio que conduce a las personas migrantes trabajadoras a esta dependencia, denegándolas el derecho a moverse libremente en el mercado laboral?

Recordemos también los muchos millones de personas migrantes privadas de libertad en centros de detención de inmigrantes alrededor del mundo, a menudo sin plazos fijados. En Australia, los Estados Unidos y Gran Bretaña, muchos centros de detención de migrantes son gestionados por compañías privadas y el trabajo de las personas detenidas, quienes cobran menos que el salario mínimo, hace el negocio de almacenar sus cuerpos incluso más lucrativo. ¿No son estas personas también «esclavas modernas»? y ¿qué hay del predominante cautiverio de las poblaciones negras y latinas en el complejo industrial norteamericano de prisiones y sus fuertes vínculos con la esclavitud transatlántica? ¿Son estas personas esclavas del Estado? Y si es así, ¿por qué no aparecen en el Índice global de esclavitud?

Poniendo a estas personas bajo la órbita de nuestra preocupación ridiculiza la adjudicación a Australia y a los Estados Unidos de posiciones altas en la lista de países que están llevando a cabo acciones contra la «esclavitud moderna». Los propios números del gobierno australiano muestran que éste tiene a casi 1.500 personas detenidas ilegalmente en las islas de Manus y Nauru. Y, al contrario que muchas de las personas identificadas por Walk Free como «esclavas modernas», estas personas cautivas frecuentemente comparan su situación con la esclavitud y algunas de ellas incluso han rogado al estado australiano que, si no les permite vivir, que las mate

Ciertamente, los centenares de miles de personas migrantes atrapadas en funestas condiciones en campamentos improvisados en las fronteras europeas, o detenidas en el campo de refugiados de Lesbos, no son libres para simplemente «escapar». Y ya que hablamos de ello, si queremos exigir el fin a la «trata de personas» porque implica transportarlas sin su consentimiento con el fin de obtener ganancias materiales, entonces, ¿no son también «víctimas de trata» todas las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo transportadas forzosamente por la Unión Europea a Turquía, o aquellas acorraladas, engrilletadas e incomunicadas por las autoridades turcas a cambio de una remuneración y la promesa de favores políticos por parte de la UE?

¿Un Índice de hipocresía global?

No es posible cuantificar lo que no es posible definir, y quienes elaboran el GSI no han logrado proponer una definición de «esclavitud» que les permita distinguir en el mundo contemporáneo, claramente y sin ambigüedades, entre «persona esclava» y «persona no esclava». En vez de eso, han elegido utilizar la etiqueta de «persona esclava» de una forma muy selectiva y limitada, destacando como intolerables solo las formas de falta de libertad que ellos son capaces de ver e ignorando muchas otras que, o no ven, o no consideran que sean moralmente censurables. Éste no es entonces un índice global de esclavitud sino más bien de hipocresía.   

Éste no es entonces un índice global de esclavitud sino más bien de hipocresía.

Pero el problema con el GSI va más allá del hecho de que es parcial y selectivo (concretamente desde un punto de vista blanco, liberal y burgués). El Índice también invita a hacer política de una forma particularmente peligrosa. Teniendo en cuenta que la esclavitud no está legalmente autorizada en ningún sitio, la primera respuesta de la mayoría de los gobiernos al hecho de que la esclavitud es un gran problema que sigue creciendo, es abordarla como una cuestión de justicia penal. Por ello, las soluciones que proponen son habitualmente draconianas; vigilancia policial más estricta, sentencias más duras, controles migratorios más rigurosos y una creciente militarización de las fronteras. Ahora, ¿pueden estas medidas ayudar a quienes se encuentran en la más dura realidad de las desigualdades y de los sistemas contemporáneos de dominación? ¿Cómo ayudarán estas medidas a asegurar que mujeres maltratadas o trabajadoras y trabajadores pobres atrapados con «visados ligados a un empleador» puedan escapar de quienes los explotan y maltratan? ¿cómo liberarán a las poblaciones almacenadas en prisiones y centros de detención o detenidas en contra de su voluntad en territorios ocupados o campamentos fronterizos?

De manera similar, no está claro cómo las leyes que los países ricos han comenzado a promulgar, en parte como respuesta a la presión de Walk Free y al GSI, para evitar la importación de productos fabricados utilizando la «esclavitud» o el «trabajo forzado», ayudarán a las personas pobres y endeudas de países en desarrollo. Estas leyes contribuyen ciertamente a proteger a la industria doméstica de la competitividad a la que se enfrentan con bienes más baratos producidos en países más pobres. Pero no hacen nada para abordar las desigualdades globales, tanto políticas como económicas, que, de diferentes maneras, dan forma al fenómeno agrupado bajo el paraguas de «esclavitud moderna».

El GSI normaliza las injusticias estructurales que provocan que una vasta cantidad de la población mundial sea incapaz de simplemente «escapar» de devastadoras situaciones de violencia, abuso y explotación. No es sorprendente que las élites globales y sus representantes políticos lo apoyen tan alegremente.   


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BTS en Español has been produced in collaboration with our colleagues at the Global Alliance Against Traffic in Women. Translated with the support of Translators without Borders. #LanguageMatters

About the authors

Julia O’Connell Davidson is a professor in social research at the School of Sociology, Politics and International Studies, University of Bristol. She has a longstanding research interest in work and economic life, which she has explored through studies of employment relations in the privatized utilities, as well as through research on prostitution and on sex tourism. Julia is most recently the author of Modern Slavery: The Margins of Freedomnow out from Palgrave (2015). She has published extensively on prostitution, ‘trafficking’, and ‘modern slavery’, and is also the author of Prostitution, Power and Freedom (1998, Polity) and Children in the Global Sex Trade (2005, Polity).

Sam Okyere is a lecturer in Sociology at the University of Nottingham. He is primarily interested in sociological, anthropological and policy analysis of childhood, child rights, human rights, social justice, (in)equality, globalisation, migration, racism and identity.

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