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La propuesta de Amnistía para despenalizar el trabajo sexual: contenido y descontentos

Las críticas a la propuesta de Amnistía Internacional para despenalizar el trabajo sexual ignoran la cuestión fundamental del trabajo y el sustento para las personas que se ven privadas de sus derechos de manera estructural a causa de la pobreza. English

Jason Pier in DC/Flickr. (CC 2.0 by-nc)

Amnistía Internacional (AI) propuso en 2015 despenalizar el trabajo sexual con la intención de proteger los derechos humanos de quienes se dedican a ello. Esta histórica propuesta atrajo la atención mundial hacia las violaciones de derechos humanos que sufren las personas que ejercen el trabajo sexual a diario, y amplió el ya sustancial compromiso de AI en el campo de los derechos humanos. Además, dado que en varios lugares el trabajo sexual todavía no se considera una ocupación legítima, la propuesta de AI hizo hincapié no solo en los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual, sino también en sus derechos laborales.

El planteamiento de AI suscitó críticas vehementes de feministas que consideran que la legalización del trabajo sexual perpetúa el patriarcado y la violencia contra las mujeres. Entre ellas, posiblemente la más crítica fue la Coalición contra la trata de mujeres («CATW», por sus siglas en inglés). La carta abierta de CATW a AI, suscrita por figuras de renombre mundial como Gloria Steinem, alegaba que la política recomendada «[...] propone, incomprensiblemente [...], la despenalización total de la industria del sexo, lo que en efecto legaliza el proxenetismo, la propiedad de burdeles y la compra de sexo». Pese a que Steinem ha liderado de manera tenaz y eficaz el movimiento feminista, su oposición (junto con la de CATW) a la propuesta de AI está basada en una visión un tanto convencional de lo que significa el trabajo sexual para las mujeres pobres en términos laborales y de calidad de vida, especialmente en países en desarrollo.

Desde el 2010, he estado participando en una investigación etnográfica con el Comité Durbar Mahila Samanwaya (CDMS), una organización de trabajadoras sexuales con sede en Sonagachhi, el emblemático distrito rojo de Calcuta (India). Steinem visitó Sonagachhi en abril de 2012 en una «gira de aprendizaje» de seis días bajo la guía de Apne Aap Women Worldwide, una organización contra la trata que también es claramente antiprostitución. Ella describió esta gira como una «experiencia que te cambia la vida», porque conoció a varias mujeres que fueron objeto de trata y sufrieron abusos indescriptibles. Sin embargo, lo que brilló por su ausencia fue la cuestión del trabajo y el sustento de aquellas personas que no han sido víctimas de trata pero que trabajan en la industria sexual.

En los últimos cinco años solo he conocido a un puñado de mujeres en Sonagachhi que fueron objeto de trata. En la fase inicial de esta investigación, reuní historias sobre cómo llegaron a Sonagachhi, y pronto surgió un patrón común: la pobreza extrema, el abandono, el hambre, la maternidad, las responsabilidades familiares y, por último, la supervivencia. La mayoría de ellas me contaron que llegaron a Sonagachhi a través de amistades, familiares o alguien del vecindario que trabajaba o tenía contactos allí. «No sabía qué otra cosa hacer», contaba una mujer, «como no sé leer ni escribir vine aquí para poder comer y vivir». Otra mujer comentó: «Éramos tan pobres que sabía que no había forma de que mi familia pudiera pagar una boda, y había visto tantas mujeres abandonadas en mi pueblo que no quería casarme. Y luego una vecina que había regresado a visitar a su familia me habló de Sonagachhi. Por supuesto nadie sabía lo que estaba haciendo en Calcuta. Ella me ayudó a llegar aquí.»

Las mujeres tampoco ven necesariamente su trabajo como «elegir» entre ser forzada o decidir participar de forma voluntaria en la prostitución o trabajo sexual. Más bien, es la ausencia de opciones y las barreras estructurales de la pobreza lo que las lleva al trabajo sexual. «Al igual que las bhadraloks (clase media bengalí educada) como usted, esta no es la vida que siempre quise o imaginé», me dijo una mujer. Otra explicó: «Pero esto (la vida de una trabajadora sexual) es mi jibon-sotto (verdad de la vida). Aquí al menos puedo comer y alimentar a mis hijas e hijos; esta es mi casa». Tales declaraciones apuntan a una realidad compleja que va mucho más allá de los límites de una vida ideal.

A fin de forjar un espacio legítimo para el trabajo sexual, CDMS ha adoptado una postura inequívoca contra la trata, y ha establecido una junta de autorregulación en Songachhi para evitar que las menores y las mujeres que no quieren ejercer el trabajo sexual sean obligadas a hacerlo. Mi investigación documenta el arduo proceso a través del cual la junta entrevista a las nuevas trabajadoras en el distrito rojo antes de permitirles trabajar, a fin de determinar: (a) si son menores de edad (menores de dieciocho años); y (b) si han sido víctimas de trata o candidatas reticentes.

La oposición de la CATW a la propuesta de AI

El uso de la palabra «al por mayor» en la carta abierta de CATW a AI (citada anteriormente) es interesante en particular. Sugiere que uno de los principales problemas de la propuesta de AI, según la CATW, es la idea del «todo incluido»: todas las formas de comprar, vender y posibilitar el sexo consensuado entre personas adultas deberían despenalizarse. Sin embargo, adoptar la posición contraria plantea algunos problemas serios. ¿Se puede y se debe tratar de manera fragmentada los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual? ¿Qué implicaciones tendría esto para los derechos colectivos de quienes ejercen el trabajo sexual? Discutir el tema del trabajo sexual de forma aislada, sin tener en cuenta sus actividades de apoyo, no es realista en pos de la materialización de los derechos humanos. Al fin y al cabo, los derechos humanos no son meramente una noción de justicia. Los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual son una cuestión de práctica social comprometida, en la que todas las personas involucradas en la industria del sexo reconocen y respetan los derechos de quienes ejercen el trabajo sexual como seres humanos que son.

CATW también desafía la ineludible repercusión de la propuesta de AI de que el trabajo sexual es un ámbito real de trabajo que necesita protección de los derechos humanos, como cualquier otra forma de empleo. CATW se opone a esta formulación del problema, así como al comercio sexual en general. Para la Coalición el trabajo sexual o la prostitución es el ejemplo paradigmático de violencia de género o sexual. Cualquier esfuerzo por despenalizar la industria del sexo es percibido por la organización como un precursor a la legalización. Existen importantes diferencias entre los conceptos de despenalización y legalización que CATW pasa por alto. Amnistía ha propuesto claramente la despenalización, que pone fin a las sanciones penales relacionadas con el trabajo sexual, y también ha expresado su preocupación por la legalización, que se refiere a la regulación estatal del trabajo sexual.

La CATW se apoya en las experiencias de supervivientes de la industria sexual —muchas de las cuales también firmaron la carta— para argumentar que esta industria es por naturaleza cruel, y que el daño que causa a las mujeres es una violación directa de sus derechos humanos. Sin degradar de ninguna manera las experiencias de estas mujeres, sostengo que no es acertado por parte de la CATW generalizar las experiencias de sus «valientes sobrevivientes» y extrapolarlas a todas las mujeres en la industria del sexo. Hacer eso no es únicamente ilógico, sino que también es irreal; ya que no logra abordar la cuestión de lo que ese trabajo significa para las mujeres que carecen de otros medios de subsistencia. La postura de la CATW no puede reconciliarse con las experiencias cotidianas de numerosas trabajadoras sexuales a las que he conocido en Sonagachhi y en otros lugares del mundo, quienes no se ajustan o sucumben a ser parte de la categoría de «supervivientes» de la trata. Asimismo, la pretensión de hablar por todas las mujeres conlleva el grave riesgo de silenciar las voces de aquellas en los márgenes sociales, cuyas luchas —si nos dignamos a escuchar— narran una realidad sombría de trabajo y supervivencia.

La salud y los derechos laborales

El CDMS, signatario de la Declaración de apoyo a Amnistía Internacional de NSWP, fue fundado por personas que ejercen el trabajo sexual que opinan que la colectivización es necesaria para exigir el uso del condón a la clientela y prevenir así el VIH/SIDA. La formación del Comité ratifica la inevitable convergencia que existe entre trabajo y salud en la vida de quienes ejercen el trabajo sexual, algo que la propuesta de AI también refleja enérgicamente. En especial, la propuesta subraya la vulnerabilidad de las personas que ejercen el trabajo sexual al VIH/SIDA y la necesidad de despenalizar su trabajo para garantizar su derecho a la salud.

CATW critica esta postura por ignorar la «interseccionalidad de raza, género y desigualdad» que atraviesa el trabajo sexual, lo que apunta a una superposición con otras formas de discriminación existentes. Ellas señalan, y mi propia investigación parcialmente da testimonio de esto, que los organismos como ONUSIDA están «mucho más preocupados por la salud de los compradores de sexo que por las vidas de las mujeres que se prostituyen o son víctimas de trata». Por el contrario, las mujeres con las que trabajo me dicen irónicamente que ellas «aman al SIDA». Si no fuera por el VIH/SIDA «nadie se preocuparía por nosotras y nunca nos habríamos unido para defender nuestros derechos».

La cuestión del trabajo sexual y los derechos humanos de quienes lo ejercen está lejos de resolverse y continuará de esta forma. Si bien la propuesta de AI no pretende resolver el problema de la violencia estructural, sí adopta una visión realista sobre cómo es posible garantizar los derechos humanos de algunas de las personas más marginadas del mundo.


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BTS en Español has been produced in collaboration with our colleagues at the Global Alliance Against Traffic in Women. Translated with the support of Translators without Borders. #LanguageMatters

About the author

Simanti Dasgupta is associate professor of anthropology at the University of Dayton. She is currently working on a book based upon ethnographic research conducted since 2010 with sex workers in Sonagachhi, the iconic red light district in Kolkata. She is the author of “’Sovereign Silence’ Immoral Traffic (Prevention) Act and Legalizing Sex Work in Sonagachhi”.

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