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Cómo el presidente Trump está provocando la migración hondureña hacia el norte

¿Por qué Estados Unidos apoya al régimen autoritario en Honduras, que está arrasando la democracia y los derechos humanos? English

Protesta contra el fraude electoral en Tegucigalpa, diciembre 2017. © Giorgio Trucchi / Rel-UITA.  

Hoy, Juan Orlando Hernández toma el juramento como presidente de Honduras con el apoyo total del presidente Trump, a pesar de que hay evidencia muy firme que indica irregularidades electorales y acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales del noviembre pasado en Honduras. La semana pasada jóvenes y adultos hondureños se manifestaron en las calles en una huelga nacional para denunciar esta democracia falsa, determinados a liberar a su país de lo que ellos reclaman ser una dictadura de-facto. El Partido Nacional de Hernández llegó al poder en un golpe militar en 2009, y continúa su dominación violenta hoy, apoyado y financiado por los Estados Unidos.

El 17 de diciembre, la Organización de Estados Americanos (OEA) propugnó para nuevas elecciones basadas en la "extrema improbabilidad estadística" de los resultados oficiales de las elecciones. Reportaron "intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático" y "eliminaciones intencionales de rastros digitales." Tres días antes de Navidad, la administración Trump socavó la declaración pública de la OEA, y felicitó a Hernández por su victoria, una acción que legitima y envalentona a un régimen peligroso. El presidente Trump continúa agobiar a los inmigrantes en los Estados Unidos, pero acciones como esta socavan aún más la democracia, crean violencia política y hacen más fuertes los incentivos y la presión que obligan a los migrantes a huir hacia el norte.

“¡Fuera JOH! ¡Fuera JOH!” es el grito que se escucha en las manifestaciones mientras decenas de miles de hondureños continúan marchando en las calles, dos meses después de las elecciones impugnadas.

Con el transcurso de cada día, los ciudadanos hondureños arriesgan sus vidas al luchar por el futuro de su país. Y cada día, el régimen autoritario de Juan Orlando Hernández, apoyado por los Estados Unidos, intenta silenciar violentamente la convicción del pueblo. Para el pueblo hondureño, esto no se trata solo de una elección fraudulenta. Aceptando Hernández es aceptar cuatro años más de violencia propagada por el estado, impunidad y corrupción. Los ciudadanos hondureños quieren un futuro en el cual puedan alimentar a sus familias, tener salarios dignos y participar plenamente en su democracia, sin temor a represalias.

Aceptando Hernández es aceptar cuatro años más de violencia propagada por el estado, impunidad y corrupción.

Mientras tanto, la policía militar hondureña está llevando a cabo ataques selectivos contra líderes de protestas, periodistas y defensores de derechos humanos a raíz de la crisis postelectoral, según una organización prominente hondureña de derechos humanos, COFADEH. Treinta y cuatro líderes sociales se han sido obligados a huir del país o mudarse debido a la persecución política. COFADEH documentó violencia excesiva utilizada estratégicamente contra los manifestantes para provocar miedo y terminar con disidencia. Citan el uso de tortura, secuestros, detención arbitraria y asesinatos extrajudiciales, entre muchas otras tácticas. Treinta personas murieron y cientos resultaron gravemente heridos/as durante las protestas contra el fraude, entre el 30 de noviembre y el 31 de diciembre, principalmente a manos de los militares y las fuerzas especiales.

Estas muertes son un recordatorio franco para los hondureños, quien sufrieron una ola de violencia similar contra defensores de derechos humanos después del golpe de estado ilegal del 2009, dirigido por Hernández y respaldado por los Estados Unidos. Desde entonces, Hernández ha sido un aliado leal en el esfuerzo de Washington para evitar que el flujo de drogas y migrantes lleguen a las fronteras de los EE. UU. Honduras ha recibido cerca de $114 millones de dólares en fondos para seguridad desde 2009, utilizados para entrenar y financiar fuerzas élites de la policía militar desplegadas para combatir pandillas y narcotraficantes. El resultado ha sido una expansión peligrosa del poder militar y autoritario, que ha tomado como rehén a la sociedad civil.

La policía militar hondureña es notoriamente corrupta y está arrolladoramente implicada en atroces abusos contra derechos humanos, contra líderes indígenas, sindicalistas, periodistas, activistas medioambientales y abogados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) describió a Honduras como "uno de los países más hostiles y peligrosos para defensores de derechos humanos." Incluso Hernández ha acusado públicamente a defensores de derechos humanos de socavar al país, en varias ocasiones. Apenas el año pasado, su administración revisó el código penal para criminalizar la protesta antigubernamental, y la reportajes y/o noticas antigubernamentales como actos de terrorismo.

Protestando el fraude electoral en el Día de la Mujer Hondureña (enero 25). © Giorgio Trucchi / Rel-UITA.

Además, Hernández se enfrenta con innumerables denuncias de corrupción. Los miembros de su ejército supuestamente trabajan en colusión con narcotráficos y al crimen organizado. Incluso admitió haber robado fondos del Servicio Nacional de Salud para financiar a su campaña electoral de 2013.

A pesar de los escándalos de corrupción y la situación grave de derechos humanos bajo el régimen de Hernández, los Estados Unidos continúa apoyando a Honduras, quien actúa como un socio estratégico en su guerra contra la inmigración y las drogas. Sin embargo, los Estados Unidos continua a ignorar la impunidad estatal y la represión de derechos democráticos del pueblo hondureño, cuya falta de acción tendrá consecuencias graves al largo plazo. Si los Estados Unidos realmente desea hacer un esfuerzo para promover la estabilidad regional, debe comenzar con apoyar a la voluntad democrática del pueblo hondureño. Si no, prácticas violentas del estado prosperarán y los migrantes continuarán huyendo hacia el norte en busca de seguridad.

About the author

Gabriela Rosazza is a Campaigns Associate at the International Labor Rights Forum (ILRF), a human rights organization that advances dignity and justice for workers in the global economy. She coordinates ILRF’s solidarity work in Latin America, advocating for trade union rights in agro-export industries.


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