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Reina la Impunidad: el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, amenazado

Uno de los mayores archivos de documentación relacionada con los 36 años de conflicto armado en Guatemala y las guerras sucias en América Latina se encuentra en peligro. English

Pobladores Queqchís llevan los restos de sus queridos después de una exhumación en Cambayal en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala. Desde 1997, el Centro de Antropología Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) ha constribuido a curar las profundas heridas causadas por el conflicto armado interno de Guatemala. La labor forense de CAFCA tiene un doble impacto: ayudar a las familias a encontrar a sus seres queridos y aceptar su muerte, y reunir las pruebas necesarias para llevar los responsables ante la justicia. Foto: Archivo CAFCA.

El Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala (AHPN), descubierto en 2005, es un depósito de hasta 80 millones de registros policiales que datan de fines de 1800. Muchos de estos documentos han servido como prueba en casos relacionados con crímenes cometidos durante los 36 años de conflicto armado interno de Guatemala.

El futuro del archivo, sin embargo, podría estar en peligro. En un comunicado de prensa del 5 de agosto, la oficina del PNUD en Guatemala anunció la terminación del contrato de Gustavo Meoño, que ha dirigido la institución durante los últimos 13 años.

El anuncio se hizo en domingo y sin previo aviso, ni a Meoño ni a los 52 empleados que trabajaban en el archivo. Dos días antes, el viernes 3 de agosto, una delegación del Ministerio de Cultura y del PNUD llegó al archivo y le pidió a Meoño que abandonara las oficinas.

El PNUD ha administrado los fondos destinados al archivo provenientes de la ONU y otros donantes internacionales desde 2009. Sin embargo, una intervención directa de este tipo en la gestión interna de la institución no tiene precedentes.

El evento fue antecedido por varios meses de retrasos por parte del Ministerio de Cultura en la firma de contratos de personal, a pesar de la disponibilidad de fondos.

Kate Doyle, analista sénior de política de Estados Unidos en América Latina en el Archivo de Seguridad Nacional y colaboradora de AHPN expresó su preocupación en relación con estos acontecimientos: "El PNUD y el gobierno de Morales han procedido con muy poca transparencia.

En este sentido, el comunicado de prensa emitido por el PNUD tras el despido de Gustavo Meoño no contenía ninguna información o explicación relevante".

Un descubrimiento único

El descubrimiento del archivo fue accidental. En 2005 estalló un depósito de armas militar en el este de Ciudad de Guatemala, lo que provocó que la oficina de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Guatemala realizara una inspección de otros depósitos de armas de la policía y del ejército en la ciudad.

Esta inspección alcanzó a un cuartel casi completamente abandonado en el extremo norte de la ciudad. La estación de policía de la Zona 6, aunque originalmente destinada a ser un hospital, fue un centro clandestino de detención e interrogatorio durante el conflicto armado. 

A medida que el país avanzó hacia el restablecimiento de la democracia y la firma de los acuerdos de paz en la década de los 90, el lugar se dejó caer en el abandono.

Un equipo de investigadores y archivistas se han dedicado a trabajar en la limpieza, restauración, clasificación y análisis de los documentos. Han logrado restaurar y procesar el 21% de los archivos, priorizando documentos relacionados con los peores años de la represión política en Guatemala y el conflicto armado.

Cuando el personal de la PDH tropezó con este depósito se dieron cuenta de la importancia de los documentos que hallaron y solicitaron una orden de protección judicial inmediata. Tanto la policía como el ejército guatemaltecos son conocidos por su renuencia a entregar archivos relacionados con el conflicto armado interno.

En los últimos 13 años, un equipo de investigadores y archivistas se han dedicado a trabajar en la limpieza, restauración, clasificación y análisis de los documentos. Han logrado restaurar y procesar el 21% de los archivos, priorizando documentos relacionados con los peores años de la represión política en Guatemala y el conflicto armado.

Muchos de estos documentos evidencian largos períodos de vigilancia de figuras políticas prominentes, activistas sociales, sindicalistas, así como detalles de detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos.

El AHPN ha proporcionado pruebas clave en los procesos judiciales de muchos perpetradores de crímenes durante el conflicto armado, incluido el el caso reciente de la condena de cuatro oficiales de alta graduación por la detención y tortura de Emma Molina Theissen y la desaparición de su hermano de 14 años,  Marco Antonio,  en 1981.

Los documentos, que están a disposición del público, se han convertido en un recurso fundamental para las familias de los desaparecidos y asesinados que intentan rastrear el paradero de los restos de sus seres queridos o evidencia de lo que les sucedió.

Un clima de impunidad

La decisión del PNUD y del Ministerio de Cultura de Guatemala coincide con el momento en que el gobierno guatemalteco está tomando medidas concretas para revertir gran parte de los avances logrados en los últimos cinco años en términos de lucha contra la corrupción, la impunidad y los delitos del pasado.

Desde 2017, el presidente Jimmy Morales, que enfrenta una vez más una demanda para rescindir su inmunidad por corrupción y financiación electoral ilícita, lleva realizando una serie de intentos para alterar y restringir el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 

En agosto del año pasado, Morales declaró persona non-grata a Iván Velásquez, el fiscal jefe de la CICIG, y solicitó su expulsión inmediata del país. De hecho, el presidente Morales declaró el 31 de agosto que no se renovará el mandato de la CICIG, que caduca en septiembre 2019. Esta declaración fue seguida por protestas en la Ciudad de Guatemala a lo largo del fin de semana. 

El Ministro de Relaciones Exteriores, en una declaración pública el 10 de mayo del presente año, notificó al embajador sueco, Anders Compass, que contaba con un período de 30 días para abandonar el país como resultado de su presunta interferencia en los asuntos nacionales.

Mientras tanto, entre enero y julio de 2018 han sido asesinados 18 defensores de los derechos humanos. La mayoría de los asesinatos están relacionados con la defensa de los derechos del territorio y los recursos naturales y quienes fueron asesinados eran miembros de dos de las organizaciones campesinas más grandes del país, CCDA y CODECA.

El Congreso Nacional reanudó sus actividades el 1 de agosto, tras el receso de verano, con una agenda que incluye una ley para restringir las actividades de las ONGs nacionales e internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil, otra ley "antiterrorista", una reforma de la ley electoral y cambios en la ley de amnistía orientados a facilitar la impunidad a los autores de crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Temores de futuro

El PNUD ha justificado el despido de Meoño y la reestructuración del archivo con el inicio de un nuevo ciclo de financiación en el marco del Fondo de Consolidación de la Paz de la ONU. Han pasado casi tres semanas desde el anuncio y Meoño afirma que no ha recibido más explicaciones por parte del PNUD con respecto a la abrupta finalización de su contrato.

El Archivo de Seguridad Nacional ha lanzado una petición dirigida a las autoridades gubernamentales, destacando la naturaleza única del archivo y su importancia en relación con la documentación de las actividades de las fuerzas de seguridad del Estado a lo largo del siglo XX en Guatemala.

Meoño ha expresado asimismo su preocupación por los 52 miembros del personal de la institución, muchos de los cuales llevan trabajando en ella muchos años, a quienes se les ha extendido contratos por otras cinco semanas solamente.

También ha dicho que no ha habido ninguna aclaración sobre la posición de otros 24 miembros del personal que han sido contratados por otros financiadores para investigar la criminalización de las mujeres, las desapariciones forzadas y los tribunales extrajudiciales. A parte de Meoño, el resto de los trabajadores del archivo no se ha mostrado d dispuesto a hacer declaraciones por lo delicado de la situación.

Doyle afirma que hay preguntas urgentes relacionadas con el futuro del archivo que deben resolverse: "¿Cuáles son los planes para el futuro del archivo? ¿Por qué aparentemente han puesto a personas con poca experiencia en administración de archivos a cargo de la institución? ¿Dónde está la consulta pública, la discusión, el intercambio de información?

Hace mucho tiempo que el archivo, que desempeña un papel clave en varias investigaciones judiciales en marcha relacionadas con el conflicto armado interno, como el Caso Diario Militar y las desapariciones forzadas de 43 miembros sindicales del Sindicato Central de Trabajadores en 1980, se considera un auténtico peligro por parte de aquellos que preferirían mantener enterrados los crímenes del pasado.

A Doyle le preocupa que estas precipitadas decisiones "quieren hacer descarrilar y reducir el trabajo de investigación del archivo a mínimos, deteniendo sus fructíferas e importantes contribuciones a la justicia de los derechos humanos (...).

Hasta que el gobierno de Morales, el Ministerio de Cultura y Deportes en particular, y el PNUD presenten claramente las razones que motivan dichas acciones, además de un plan transparente para estabilizar y proteger el archivo y permitirle continuar su trabajo, debemos suponer lo peor".

Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil han pedido al gobierno guatemalteco y al PNUD que tomen las medidas apropiadas para garantizar la integridad del archivo y aclarar el futuro de la institución y de su equipo humano.

El Archivo de Seguridad Nacional ha lanzado una petición dirigida a las autoridades gubernamentales, destacando la naturaleza única del archivo y su importancia en relación con la documentación de las actividades de las fuerzas de seguridad del Estado a lo largo del siglo XX en Guatemala.

El PNUD no ha ofrecido más información sobre sus planes de gestión del archivo y para garantizar la seguridad e integridad de los documentos. Tampoco estaba disponible para hacer comentarios para este artículo.

Doyle dice que los archivos representan "los depósitos de la historia y el patrimonio de una nación. En este caso, millones de documentos frágiles".

El APHN representa una de las colecciones más grandes y completas de documentación relacionada con las guerras sucias en América Latina, por lo que , según Doyle, es fundamental "garantizar la estabilidad y seguridad de estos millones de páginas frágiles".

About the author

Aisling Walsh is an Irish writer, translator and feminist, living in Guatemala. Find her on Twitter: @AxliWrites.

Aisling Walsh es un escritora, traductora y feminista irlandesa que vive en Guatemala. Encuéntrala enTwitter: @AxliWrites


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