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Indultar a Fujimori: un negocio arriesgado

El Presidente Kuczynski vacila, pero varios miembros de su partido defienden la liberación del ex-presidente. Mientras, los hermanos Keiko y Kenyi tienen posturas distintas sobre el indulto a su padre. English

Foto: cortesía Nueva Sociedad.

Este artículo es producto de la alianza entre Nueva Sociedad y DemocraciaAbierta. Lea el contenido original aquí.

En Perú, en los últimos dos meses, el indulto para Alberto Fujimori ha pasado de ser una posibilidad a ser una certeza. Quienes, de una u otra forma, están cerca del poder político, solo especulan sobre el momento en el que se producirá el indulto. Pero todos lo dan por cierto. De un tiempo a esta parte, pareciera que la salida de la cárcel de Alberto Fujimori se ha convertido en parte de la formula que asegure la gobernabilidad a la que aspira el gobierno encabezado por Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo se ha llegado a del esta situación? ¿Cuáles son los cálculos políticos que se elaboran desde el gobierno y el fujimorismo?

Pedro Pablo Kuzcynski obtuvo la presidencia por un escaso margen. Consiguió solo 40.000 votos más que su contrincante, Keiko Fujimori. Si bien el exministro derrotó a la hija del exdictador, el resultado fue mucho más complejo. Fujimori, con 24% del voto popular, perdió, pero gracias a la ley electoral vigente en Perú, obtuvo 73 de los 130 escaños del parlamento unicameral, lo que equivale al 56% de los votos del congreso. Es decir, el fujimorismo obtuvo en abril de 2016 una mayoría suficiente para aprobar cualquier ley ordinaria y a tan solo a doce votos de distancia del número legal de votos para cambiar la Constitución. A la fortaleza parlamentaria debe sumarse la solidez de Fuerza Popular, la organización política que más se acerca en Perú a algo que podría definirse como un partido político. Movimiento, este último, en el que Keiko Fujimori ejerce un fuerte liderazgo, resultado de una política que no ha dudado en echar mano de la zanahoria y del garrote cada vez que ha sido necesario.

En la vereda de enfrente, la organización política que llevó a Kuczynski a la presidencia, Peruanos Por el Kambio (PPK), obtuvo apenas 18 escaños en el parlamento. A diferencia del fujimorismo, el PPK es un partido todavía embrionario y existen serias dudas sobre su viabilidad futura una vez que el presidente deje el poder. Además, las fricciones entre quienes controlan la organización política frente a quienes se encuentran en los principales puestos de comando en el ejecutivo no han cesado desde el inicio de la legislatura. A diferencia de Fujimori, Kuczynski parece menos interesado en construir un liderazgo fuerte, tanto dentro de su organización como a la cabeza del poder ejecutivo.

El fujimorismo obtuvo en abril de 2016 una mayoría suficiente para aprobar cualquier ley ordinaria y a tan solo a doce votos de distancia del número legal de votos para cambiar la Constitución

La estrategia del presidente parece consistir casi exclusivamente en reactivar la economía. La creencia que parece guiarlo es que una gran parte de los problemas que enfrentó durante su primer año de gestión se debieron a la disminución del ritmo de crecimiento de la economía peruana. Así pues ha puesto el énfasis en el destrabe de los grandes proyectos de inversión y en la recuperación de la confianza empresarial. En el camino, parece haber dejado de lado un principio fundamental: que el poder político es la consecuencia de una miríada de funcionarios y dependencias estatales. Esto lo ha entendido muy bien Keiko Fujimori, que ha logrado no solo nominar un buen número de funcionarios públicos, sino también que muchos funcionarios públicos reconozcan en ella una persona con tanto o más poder que el presidente de la República. En un país con instituciones débiles como el Perú, dicha percepción reemplaza la falta de rutinas burocráticas.

Es en este contexto general en la que debe ser leído el indulto al hoy preso Alberto Fujimori: un gobierno y un partido oficialista débil y una oposición política fuerte. En el indulto a Fujimori conviven hasta tres factores distintos.

El primero es que el propio Kuczynski está interesado personalmente en indultarlo por motivos que van más allá del cálculo político y, según recogen diversas versiones periodísticas, en su preocupación personal porque el reo Fujimori no muera en la cárcel.

El segundo factor tiene que ver con la composición interna del propio gobierno de Kuczynski. Muchos de quienes lo asesoran formal e informalmente, así como varios de sus funcionarios más importantes, hubieran colaborado con un hipotético gobierno de Keiko Fujimori. En el fondo, muchos de ellos creen genuinamente que Alberto Fujimori debe abandonar la prisión en la que hoy está cumpliendo 25 años de condena. Estos personajes no olvidan el rol preponderante de Fujimori en el proceso de reestructuración neoliberal que vivió el país a partir de 1990.

El indulto presidencial significaría no solo el debilitamiento del liderazgo de Keiko, sino también de la nueva élite fujimorista

La última de estas razones es probablemente la más relevante. La liberación de Fujimori ha pasado a ser parte del esquema de gobernabilidad de Peruanos Por el Kambio. Contra lo que podría pensar un lector poco familiarizado con la política peruana, la liberación del patriarca de los Fujimori, lejos de ser un símbolo que podría fortalecer una alianza con su hija, tiene todo el formato de un presente envenenado.

Después de un año de idas y venidas respecto a la cuestión del indulto, queda claro que no solo Keiko Fujimori no desea que su padre sea indultado, sino que tampoco lo desean las principales figuras de Fuerza Popular, el partido construido por los hermanos Fujimori. Las vacilaciones públicas del presidente Kuczynski respecto al indulto han tenido la virtud de hacer visibles las posturas al interior de esta fuerza político-familiar. Por un lado Keiko Fujimori, así como sus principales asesores y los parlamentarios que ocupan hoy las principales vocerías políticas de la organización, no sólo no han promovido ninguna iniciativa legislativa que suavice las condiciones carcelarias del reo Fujimori, sino que se han esmerado en enviar señales al gobierno de su desinterés por la liberación del expresidente.

Las razones que explican este comportamiento de parte de la élite del fujimorismo son muy similares entre sí. Por una parte, una salida de prisión de Fujimori padre significaría por un lado un debilitamiento del liderazgo que su hija ha construido en los últimos años, tanto dentro de su organización política como de cara al electorado. Si bien es poco probable que una vez fuera de la cárcel Alberto Fujimori decidiera convertirse en candidato presidencial, es cierto que el carisma con el que Keiko Fujimori ha construido su organización política es préstamo de su padre. Una vez en libertad, este podría reclamar para sí la conducción del movimiento, dejando a la dos veces candidata presidencial en una segunda posición dentro del partido.

Por otra parte, la élite política del actual fujimorismo no es ni mucho menos aquella que responde al padre. Salvo contadas excepciones, la vieja guardia fujimorista ha sido paulatinamente alejada de posiciones de poder. Quizás la movida más notoria se produjo el año pasado con la exclusión de las listas electorales de varias figuras históricas del fujimorismo. Así, la lealtad de la nuevas figuras dentro del partido se encuentra indisolublemente ligada a la suerte de su líder, Keiko (y no Alberto) Fujimori. El indulto presidencial significaría no solo el debilitamiento del liderazgo de Keiko, sino también de la nueva élite fujimorista, que debería compartir el poder con Alberto y su antigua guardia.

El gobierno parece haber decido que otras vías de regular el conflicto político están o bien fuera de su alcance o de su interés

La disputa dentro del fujimorismo ha adquirido una nueva dimensión en los últimos meses debido al conflicto abierto por el benjamín de los Fujimori, Kenyi, miembro de la bancada de Fuerza Popular y, según muchos, vocero oficioso de su padre. La pugna entre el hermano menor de Keiko y su partido ha ido in crescendo. Primero hizo público su desacuerdo con parte de la agenda legislativa planteada por Fuerza Popular. Luego pasó a exigir del partido mayores acciones que conduzcan a la liberación de su líder histórico. A continuación comenzó su paulatino acercamiento al gobierno, cuyo punto culminante fue su voto en contra (el único de su partido) en la cuestión de confianza del ex presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.

Pero si la estrategia de una parte de los que promueven el indulto dentro del gobierno consiste en fracturar internamente al fujimorismo, hasta ahora lo conseguido es poco. Si bien casi nadie niega hoy la verosimilitud del conflicto entre los hermanos Fujimori, Kenyi no ha logrado aún reclutar un número mínimo de parlamentarios – entre 5 y 10— que erosione el poder casi total del que goza Keiko en el Poder Legislativo. Y no se vislumbra esto dentro del terreno de lo posible. Al contrario: Kenyi ha sido ya sancionado una vez dentro de su bancada y se encuentra inmerso en un segundo proceso disciplinario. Según recogió un medio impreso, Keiko Fujimori ha señalado que un nuevo proceso disciplinario contra su hermano tendrá como resultado su salida de la agrupación fujimorista.

En este escenario, la apuesta del PPK es de alto voltaje. Si la liberación de Fujimori no produce la ansiada fractura dentro de Fuerza Popular, o si no logra mitigar la agresividad de esta fuerza política, el resultado más probable es que el Presidente Kuczynski se enajenará de una porción del electorado que lo condujo a la victoria: el antifujimorismo. Este sector de la población, con una identidad política fuerte y con una capacidad de movilización específica, ha venido apoyando al gobierno. Sin este sector, el gobierno dependerá exclusivamente de sus habilidades y de la fortaleza de su organización política (que es más bien escasa) para defenderse de los ataques naranjas (el color corporativo del PPK). La relativa lejanía de las elecciones presidenciales y parlamentarias seguramente hará que más de uno en el gobierno afirme que los votos que hoy cuentan son los de los congresistas y no el de los electores. Y dichos votos, parecen decir desde el oficialismo, valen bien el riesgo que supone la liberación de Fujimori. El gobierno parece haber decido que otras vías de regular el conflicto político están o bien fuera de su alcance o de su interés.

About the author

Carlos Alberto Adrianzén es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y estudiante doctoral en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en Buenos Aires.

Carlos Alberto Adrianzén holds a Sociology degree from the Pontifical Catholic University of Peru. He is currently a fellow of the National Council of Scientific and Technical Research (Conicet) in Argentina and is working on a doctoral thesis at the San Martín National University (UNSAM) in Buenos Aires. 


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