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Cambio desde abajo: unidos contra las “Leyes Mordaza” en España

La consecuencia más preocupante de las llamadas Leyes Mordaza en España es el temor de la población a ejercer sus libertades, en particular la libertad de expresión y de información. English

 

Hace cinco años, los indignados del movimiento 15M hicieron irrupción en un contexto de crisis política y socio-económica provocada por sucesivos escándalos de corrupción, recortes sociales y privatización a gran escala de los servicios públicos. En 2011 se registró un intenso periodo de movilización social con amplia participación de movimientos de base, formas alternativas de organización horizontal, y miles de personas hablando en asambleas ciudadanas en las principales plazas y marchando en las calles de todo el país.

En lugar de atender las demandas populares, el gobierno procedió a elaborar nuevas leyes destinadas a limitar las protestas de los ciudadanos, concretamente a través de una restricción de la libertad de reunión y expresión. Ante la perspectiva de unas “leyes mordaza”, los activistas de la sociedad civil se unieron para crear un nuevo espacio de acción. El resultado fue la creación, a finales de 2013, de “No Somos Delito”, una plataforma formada por organizaciones de la sociedad civil para llamar la atención sobre estas nuevas leyes y hacer campaña en contra de su implementación.

¿Qué son exactamente las leyes mordaza? ¿Y cómo logró un movimiento sin recursos obtener apoyo popular?

Las llamadas leyes mordaza, presentadas oficialmente como una reforma del Código Penal y de la Ley de Protección Ciudadana, permiten aplicar multas desproporcionadas y penas de prisión a aquellos que critiquen la forma en que el gobierno español gobierna el país. Derechos básicos, tales como el derecho a manifestarse cerca del Congreso de los Diputados o el Senado o celebrar reuniones de más de 20 personas, están hoy limitados por ellas. Los actos de resistencia pacífica, como oponerse a los desahucios o publicar imágenes de abusos policiales, son severamente castigados. Las reformas criminalizan también la pobreza y la inmigración - legalizan las “devoluciones en caliente” de migrantes en los enclaves españoles en el Norte de África, lo que supone una violación del derecho internacional y, concretamente, del principio de “no devolución”.

Debido a estos ataques evidentes a los derechos básicos, más de cien asociaciones de derechos civiles, movimientos sociales y ONGs se unieron a No Somos Delito, que aumentó considerablemente su presencia online en las redes sociales. A pesar de estos éxitos, uno de los principales problemas con los que se tuvo que enfrentarse la plataforma, ya desde el principio, fue el escaso conocimiento de las reformas propuestas por el gobierno por parte de la población, y la participación también limitada en las protestas que se convocaron.

Para superar este problema, No Somos Delito potenció un proceso de reflexión que intentaba responder a la pregunta: ¿Cómo lograr una fuerte movilización online que no afecte negativamente a la movilización en las calles? ¿Cómo convertir nuestro éxito online (por ejemplo, trending topics en Twitter a nivel nacional) en una presencia tangible en las calles?

La respuesta fue utilizar múltiples frentes para promover la movilización en las calles: iniciativas de promoción específicamente dirigidas a partidos de la oposición, concienciación a través de las redes sociales, y creación de una masa crítica de pensamiento en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Además, en el caso de que el gobierno decidiese reprimir el derecho a la protesta, nosotros lo reclamaríamos a través de acciones callejeras, incluyendo técnicas teatrales para hacer inteligibles para el público en general cuestiones legales complejas. Por último, decidimos involucrar organismos internacionales multilaterales como el Relator Especial de la ONU para la libertad de expresión y el Comisario de derechos humanos del Consejo de Europa.

Estos esfuerzos desde abajo insuflaron nueva vida en una cuestión que el gobierno esperaba hacer pasar sin oposición interna. Las leyes mordaza se convirtieron en tema habitual de los debates políticos en los principales medios escritos y audiovisuales. Una encuesta de opinión realizada en diciembre de 2014 dio como resultado que un 82% de los ciudadanos españoles estaba en contra de las leyes mordaza. El mismo mes, No Somos Delito lanzaba un nuevo hashtag (#SOSHumanRights), que se convirtió en trending topic mundial, y organizaba actuaciones memorables tales como el cortejo fúnebre por la muerte de los derechos humanos en España.

En diciembre se produjeron más de 30 protestas en las principales ciudades españolas y en algunas capitales europeas, con miles de personas manifestándose en las calles exigiendo la anulación de las reformas. Pero a pesar de todos estos éxitos, y a pesar de que un grupo de expertos en derechos humanos instaron a España a aparcar los planes de “reforma” legal, el gobierno se había comprometido a aprobarla.

El paso siguiente consistió en aprovechar el potencial de las ideas creativas y el uso de las nuevas tecnologías. Para que la gente alrededor del mundo supiera como sería una manifestación si manifestarse en persona fuese ilegal, organizamos la primera manifestación de hologramas de la historia. Aparte de lo llamativo de esta tecnología, que fue noticia en todo el mundo, la reputación externa de España y de su marca se convirtió en una preocupación real para el gobierno. La cobertura internacional del evento llegó a una audiencia de 800 millones de personas y generó un debate online a nivel global sobre cuestiones como la libertad de expresión y las libertades civiles. El impacto mediático llegó hasta el New York Times, que en un editorial comparó las “siniestras leyes mordaza” con los “días oscuros del régimen franquista. (Son unas leyes que) no caben en una nación democrática.”

Desde entonces, y a pesar de la sostenida campaña de oposición de los movimientos de base, el gobierno conservador español ha aprobado estas leyes. Los resultados son los que nos temíamos: en los primeros siete meses de implementación de las leyes mordaza, las sanciones impuestas alcanzaron la asombrosa cifra de 40.000, según datos del Ministerio del Interior. ¿Se registró un aumento del crimen que justificase tamaña acción sancionadora? No. Por el contrario, España tiene una de las tasas de crimen más bajas de la Unión Europea, por debajo de Suecia, Reino Unido, Alemania, Holanda y Francia. Las “sanciones” se aplicaron en los casos en que se produjo una “falta de respeto a la policía” (en opinión, obviamente, de los policías). A los ciudadanos se les ha multado por cosas que van desde twittear acerca de un coche de la policía mal aparcado hasta hacer calceta en grupo en la calle.

La consecuencia más preocupante de las leyes mordaza es el temor de la población a ejercer sus libertades, en particular la libertad de expresión y de información. La lucha contra estas reformas no ha terminado. No Somos Delito continuará defendiendo las libertades civiles a través de campañas creativas. Pero, sobre todo, continuaremos luchando a través del ejercicio nuestros derechos. A fin de cuentas, la democracia en la que vivimos depende de todos nosotros. 

About the authors

Carlos Escaño is a political activist and human rights campaigner advocating against the Gag Laws as part of the civil society platform No Somos Delito. He has over ten years’ experience in the development cooperation and humanitarian aid sectors, primarily in Latin America.

Hélène Michou is an independent researcher and political analyst working on issues of human rights, civil society advocacy, and European foreign policy in the Middle East and North Africa.


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