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Boicot, conflicto y cambio. ¿Podrá Venezuela destituir pacíficamente a su presidente?

Asistimos a  un ataque sistemático a la Asamblea Nacional por parte del régimen del presidente Nicolás Maduro y sus instituciones.  La tensión insoportable obliga a negociar una salida electoral. English

Protesta en Venezuela. Rodrigo Abd. Press Association. Algunos derechos reservados.

El 6 de diciembre de 2015, la oposición venezolana ganó el control de la Asamblea Nacional por primera vez desde que el chavismo tomó el poder, hace 17 años.  En una victoria abrumadora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logró 112 de los 167 escaños del Parlamento. Fue, a todas luces, un evento inédito que va más allá de las implicaciones normales de un cambio en las relaciones de poder.

Para comprender mejor la magnitud de este acontecimiento, debemos referirnos a la estructura política de la Venezuela revolucionaria. En 1998, Hugo Chávez ganó la presidencia promoviendo su Revolución Bolivariana, la cual, en 2006, denominó socialista. Se redactó una nueva Constitución, que vio el modelo clásico de tres poderes extenderse a cinco. De esta manera, Venezuela está hoy dividida en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Moral y Electoral.

En términos prácticos, sin embargo, estas distinciones importaban poco. El poder del señor Chávez, cementado en el carisma y en precios sostenidos del petróleo sobre los $100 el barril, se extendía a su control sobre las cinco ramas del gobierno. Mas aún, los funcionarios revolucionarios comenzaron a referirse al principio democrático de separación de los poderes como contraproducente a la consolidación del sistema revolucionario. Tal fue el caso de la señora Luisa Estela Morales, ex presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, quien en 2009 declaró que la separación de poderes debilitaba al Estado.

Durante 17 años el Parlamento venezolano estuvo perfectamente alineado con el Ejecutivo, y se puede hacer el caso de que estaba subordinado a éste. Esa es la clave para entender por qué el triunfo de la MUD fue tan significativo para el cambio del panorama político en Venezuela. ¿Puede un chavismo debilitado gobernar sin un Congreso dócil?

Las secuelas del 6 de diciembre se han caracterizado por un ataque sistemático a la Asamblea Nacional por parte del régimen socialista y sus instituciones. En particular, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido la instancia por excelencia para neutralizar los poderes constitucionales de la AN. Con su apoyo popular en bajos históricos, el chavismo había previsto esto con antelación. Por esta razón, dos meses antes de las elecciones legislativas, y violando varias provisiones constitucionales, la Asamblea Nacional, entonces controlada por el gobierno, llevó a cabo un proceso rápido e irregular para designar nuevos magistrados al TSJ, leales al partido oficial.

Las acciones del Tribunal Supremo de Justicia han constituido un verdadero boicot de la Asamblea Nacional a favor del poder Ejecutivo. En seis meses, el TSJ ha impedido la incorporación de tres diputados del estado indígena de Amazonas, evitando así que la oposición pueda ejercer su mayoría absoluta en el Parlamento; ha declarado inconstitucionales una larga lista de leyes promovidas por la AN, incluyendo una Ley de Amnistía y Reconciliación para liberar a los presos políticos y una Ley que da acceso a la propiedad a los beneficiarios de la política de viviendas del gobierno; ha aprobado poderes especiales al presidente, a pesar de la negativa de la AN; y ha limitado la tarea constitucional de la Asamblea Nacional de controlar al gobierno, excluyendo a los demás poderes y a la Fuerza Armada Nacional de ser sujetos de interpelación política por parte de la AN.

La estrategia parece ir orientada en dos direcciones: La primera, convertir a la AN en un cuerpo inútil, tanto en términos prácticos como en la opinión de los venezolanos. Esta ha sido una práctica recurrente del régimen. En 2013, cuando la oposición ganó la Alcaldía Metropolitana de Caracas, el Ejecutivo redujo drásticamente sus competencias, otorgándoselas a una nueva institución, no electa, creada para la ocasión, conocida como la Jefatura de Gobierno de Caracas, designada directamente por el presidente. Cuando las fuerzas del gobierno no pudieron derrotar al ex candidato presidencial de la oposición, Henrique Capriles, en las elecciones a la gobernación del estado Miranda, otorgaron un “Protectorado” del estado, llamado Corpomiranda, al candidato perdedor, con mayor presupuesto que la instancia electa, y constitucional, de la gobernación. La segunda dirección es hacer ver a la Asamblea Nacional opositora como corresponsable de la severa crisis en Venezuela. En los meses siguientes a la elección, las campañas del gobierno han citado el hecho de que, a pesar de sus promesas electorales, la oposición no ha podido solventar la situación, aun cuando ahora “tiene el poder”.  Esto, por supuesto, es engañoso, ya que la Asamblea Nacional no tiene las competencias para dictar cambios en las políticas gubernamentales y los proyectos de ley que ha adelantado en ese sentido han sido boicoteados por el TSJ.

La oposición había basado su campaña en dos temas principales: la crisis económica y el cambio político, específicamente el cambio de gobierno. Con sus iniciativas legislativas reiteradamente bloqueadas por el Tribunal Supremo, la AN se enfocó en las alternativas constitucionales para remover al presidente Nicolás Maduro del poder. Luego de considerar varios mecanismos, como una enmienda constitucional para acortar el mandato del señor Maduro y la renuncia del presidente, la oposición se decidió por el Referéndum Revocatorio. Esto, de igual manera, ha sido recibido con una serie de obstáculos provenientes del TSJ y ahora, también, del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el régimen. El proceso de activación del Referéndum ha sido gravemente retrasado por nuevas reglas y procedimientos discrecionales, en un esfuerzo por evitar una elección que el señor Maduro seguramente perdería, de acuerdo a las encuestas.

¿Cómo llegamos hasta aquí? La naturaleza de la crisis venezolana

¿Cómo el chavismo, una fuerza electoral que ganó fácilmente la gran mayoría de todos los procesos de los últimos 17 años, terminó en esta situación, evadiendo una nueva elección por todos los medios? La respuesta se encuentra en el colapso del modelo económico promovido por el régimen y la severa crisis que este generó. La economía venezolana socialista dependió exclusivamente de la exportación petrolera y los altos precios del petróleo. En 17 años, el chavismo fracasó en diversificar la economía y, por el contrario, asistió al cierre de miles de industrias y empresas mientras el Estado incrementaba su control sobre el sector económico, apoyándose en las importaciones en lugar de la producción nacional. La muerte del señor Chávez coincidió con el fin del último boom petrolero, dejándole al señor Maduro la cuenta, una que no podía pagar.

La crisis venezolana es la peor en la historia del país. El 86% de los venezolanos, de acuerdo a una investigación reciente del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), tiene una percepción negativa de la situación. 62% piensa que será igual o peor en los próximos doce meses. Los problemas principales tienen que ver con la escasez de alimentos y medicinas y la creciente criminalidad. Los venezolanos se han acostumbrado a realizar largas filas para poder acceder a los bienes y servicios más básicos y la mayoría de las veces no logran encontrarlos, a pesar de pasar largas horas en cola. Más de 60% de la población culpa al gobierno y al presidente directamente por la crisis, y mientras 51% confía en la Asamblea Nacional, apenas 26% dice tener alguna confianza en el presidente.

El apoyo del régimen se ha erosionado, incluso entre los chavistas. Más de la mitad de este sector se considera chavista pero “no madurista”.  De acuerdo a un estudio de Venebarómetro, 68% de los venezolanos quiere elecciones para remover al señor Maduro del poder y 61% piensa que debe renunciar. Con respecto a un Referéndum Revocatorio, esta encuesta muestra que el señor Maduro perdería la elección 60% a 28%.  En cuanto a las acciones del Tribunal Supremo de Justicia, 40% considera que sus acciones constituyen un boicot directo a la Asamblea Nacional, y un 22% adicional indica expresamente que el TSJ actúa en nombre del presidente.

La pobreza ha aumentado a 48%, de acuerdo a las cifras oficiales. Comparativamente, la pobreza se ubicaba en 45% en 1998, antes de la llegada de Chávez al poder. Otras estimaciones, llevadas a cabo por las tres universidades más prestigiosas de Venezuela, ubican a la pobreza sobre el 70%. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registra un promedio de 21 protestas diarias, la mayoría de ellas relacionadas a la escasez de comida, asuntos sociales y el colapso de los servicios públicos como la electricidad y el agua, ambos controlados por el Estado. Las reservas internacionales se ubican en apenas $12.000 millones y la inflación ha sido calculada, para el cierre de 2016, entre 300% y 1000%. El empleo, la infraestructura y la calidad de vida se han deteriorado.

¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?

2016 ha sido un año de crisis y conflicto en Venezuela. Institucionalmente, presenciamos una lucha entre poderes. Uno, la Asamblea Nacional, que aspira controlar al gobierno y promover el cambio político. Los otros cuatro, junto a la siempre presente Fuerza Armada, empeñados en defender el status quo y sortear la tormenta.

Al régimen se le hace cada vez más difícil impedir el Referéndum Revocatorio convocado por la oposición, ya que la MUD ha superado los obstáculos y cumplido con todos los pasos para activar este mecanismo constitucional. De este modo, el gobierno bolivariano se ha propuesto diferir el Referéndum hasta 2017. La razón está en que las leyes venezolanas indican que si el señor Maduro fuese revocado antes de 2017, tendría que llamarse a nuevas elecciones presidenciales en los siguientes 30 días. Sin embargo, si el Referéndum ocurriese después del 10 de enero de 2017, no habría una nueva elección, sino que el vicepresidente de la República asumiría el cargo por el resto del mandato, hasta 2019. Esto mantendría al chavismo en el poder, independientemente del resultado electoral. El ex presidente de la Asamblea Nacional y hombre fuerte del partido de gobierno, Diosdado Cabello, ya ha propuesto una fórmula para devolver el poder al señor Maduro, si perdiera el revocatorio: El Referéndum se daría en 2017, y el vicepresidente asumiría la presidencia, designaría al señor Maduro como vicepresidente y renunciaría, permitiendo al señor Maduro asumir, nuevamente, la presidencia. Esto es evidentemente antidemocrático y constituye una burla al espíritu de la Constitución, pero también es la lógica y el marco conceptual en el que se está moviendo el chavismo.

Mientras tanto, la crisis empeora. La escasez todo lo cubre, y ni siquiera el mercado negro puede proveer a los venezolanos los bienes y servicios básicos. La inseguridad aumenta, aumentan también los saqueos de alimentos y suministros, con más de 254 casos registrados en los primeros cinco meses de 2016. La represión violenta de las protestas pacíficas por parte de las fuerzas militares y policiales está incrementando, con varios lesionados y al menos tres fallecidos en distintos incidentes en la última semana. El conflicto institucional entre la Asamblea Nacional y los poderes controlados por el régimen también escalan a niveles peligrosos, con diputados opositores siendo atacados violentamente, no sólo por fuerzas militares y policiales, sino también por grupos armados paramilitares que apoyan al gobierno, conocidos como “colectivos”, mientras el presidente amenaza con juzgar a los miembros de la Asamblea Nacional por traición a la patria por solicitar un derecho de palabra ante la Organización de Estados Americanos.

Muchos preguntan si Venezuela está atravesando una transición. Habría que preguntarse hacia dónde.  En este momento, no está claro si en Venezuela hay una transición desde un régimen híbrido hacia uno más autocrático, o si se adelanta una lenta y difícil transición hacia la democracia.

Son muchos los retos por delante para la Asamblea Nacional y la democracia venezolana en general. El primero y el más importante es brindar solución a la crisis económica y, especialmente, encontrar maneras para hacerlo sin medidas de choque que afectarían considerablemente a la mayoría de venezolanos que vive en la pobreza. La reconstrucción de instituciones democráticas efectivas y responsivas es otro gran desafío, como lo es también la recomposición de la comunidad política en un país en el que gobierno y oposición no se hablan y se niegan a sentarse en la misma mesa.

Venezuela se encuentra en un estado de convulsión social y los venezolanos aspiran a un cambio. Más de 98% de los venezolanos, de acuerdo al estudio de la UCAB, valoran las elecciones como el mecanismo predilecto para lograr ese cambio. Los venezolanos quieren resolver la crisis de manera pacífica, democrática, constitucional y electoral. ¿Podrá el régimen boicotear esa posibilidad? Y si lo hace, ¿Qué podemos espera en un país en el que las tensiones sociales crecen cada día mientras el gobierno parece incapaz de satisfacer las demandas ciudadanas? ¿Qué rol tendrá la Asamblea Nacional en este proceso, y podrá finalmente encontrar la manera de ejercer su clara mayoría? En definitiva, estamos ante un escenario muy comprometido, en el que hoy tenemos más preguntas que respuestas…

About the author

Daniel Fermín (Twitter: @danielfermin) is a researcher at the Center for Political Studies, Andrés Bello Catholic University (UBAC) in Caracas, Venezuela.

Daniel Fermín es Investigador Centro de Estudios Políticos Universidad Católica Andrés Bello Caracas, Venezuela. Twitter: @danielfermin

 


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