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Entrevista a Donatella della Porta: la creciente criminalización de la protesta

¿Cómo y dónde es la criminalización de la protesta una tendencia creciente? ¿Quiénes son los actores en juego? ¿Y cuáles son las señales que deberíamos estar buscando? English

Manifestantes anti-G20 en Hamburgo, Alemania, en julio de 2017. Imagen: David Young / DPA / PA Images. Todos los derechos reservados.

Este artículo forma parte de Protestar es un Derecho, un proyecto de colaboración con las organizaciones de derechos humanos CELS e INCLO, con el apoyo de la ACLU, que examina el poder de la protesta y su papel fundamental en la sociedad democrática.

ENTREVISTA: ANNA NORMAN

La criminalización de la protesta, ¿es una tendencia creciente en Europa y en todo el mundo? ¿Puede hablarnos de las formas en que la protesta está siendo reprimida por los distintos estados?

Creo que es una tendencia creciente. No tengo datos cuantitativos para mostrarlo, pero hay muchas señales. No sólo hay una creciente criminalización de la protesta en los regímenes 'híbridos', sino también en los países democráticos. En los regímenes híbridos, algunos países se dirigen cada vez más a la represión. Turquía es un ejemplo. Hungría es otro - la criminalización de la protesta se ha estado desarrollando muy rápidamente allí, con la invención de nuevos tipos de delitos y también con la aplicación de disposiciones del sistema legal que son muy antiguas. En Turquía, el intento de golpe de Estado [en 2016] se está utilizando como excusa para poner en práctica una represión a gran escala, sobre la base de acusaciones de contacto con la golpistas; los poderes represivos se han utilizado muy ampliamente contra periodistas y activistas. Hemos estado haciendo algunas investigaciones sobre los grupos que apoyan a los refugiados; este tipo de grupos son, en realidad, muy moderados en sus demandas, y aún así, estas organizaciones benéficas de países como Turquía son cada vez menos capaces de hacer su trabajo voluntario. Hay menos represión abierta en Hungría, donde se trata más de estigmatización pública, con acusaciones a las ONG de ser financiadas por Soros, de que actúan contra Hungría y cosas por el estilo. 

Lo que es sorprendente es que este aumento de la penalización de incluso de trabajos de voluntariado se está desarrollando muy rápidamente, incluso en sistemas plenamente democráticos. En el Reino Unido, se han utilizado 'crímenes' contra los migrantes, como dormir en la calle, para expulsarlos. Y los datos recogidos por las ONG ha sido mal utilizados. En los países mediterráneos, ONGs como Jugend Rettet e incluso Save the Children, han sido acusadas de ayudar a los migrantes y de contribuir al tráfico clandestino de seres humanos; algunos activistas han sido procesados. Y disposiciones legales que fueron concebidas para tipos muy diferentes de delitos están siendo utilizadas contra los manifestantes pacíficos, o contra actividades políticas. 

Tómese también la respuesta a la reciente desobediencia civil en Cataluña, donde personas que actuaban pacíficamente han sido encarceladas. El gobierno ha tratado de justificar la respuesta violenta de la policía contra un personas que fueron a votar en el referéndum ilegal del 1 de octubre con acusaciones de sedición y rebelión. 

Hay siempre tendencias por parte de la policía de reclamar más poder, y coaliciones de la ley y el orden que tienden a ver soluciones a los problemas con el aumento de la represión

En Estados Unidos en este momento hay también un uso desmesurado del poder coercitivo contra la oposición, y movimientos recientes como Black Lives Matter han sido objeto de formas brutales de represión. Más aún, el terrorismo y otras formas de violencia política se utilizan para justificar el uso masivo de la vigilancia estatal contra activistas y ciudadanos. Los poderes de la policía de fronteras para controlar teléfonos y ordenadores - incluso si usted no ha sido acusado de nada - se han incrementado dramáticamente.  

Es bien sabido que tanto las leyes contra el terrorismo como la crisis de refugiados han sido utilizadas para reprimir protestas y movimientos sociales. ¿Es esta una estrategia efectiva por parte de algunos estados? ¿Cómo se utilizó?

Creo que no se trata de una estrategia, desde cierto punto de vista. Hay siempre tendencias por parte de la policía de reclamar más poder, y coaliciones de la ley y el orden que tienden a ver soluciones a los problemas con el aumento de la represión. Hay un uso instrumental de la represión por parte de algunos; otros creen que nos enfrentamos a situaciones en las que los desafíos son tan grandes que se deben reducir las libertades civiles. Ciertamente es el caso leyes y prácticas que originalmente se habían desarrollado para combatir el terrorismo y que ahora se utilizan de forma generalizada en contra del activismo político y de movimientos sociales. Tomemos el ejemplo de las protestas anti-G20 en Hamburgo [en julio 2017], donde la policía intervino de una manera muy violenta, usando la fuerza para dispersar a manifestantes pacíficos. Y cómo la responsabilidad de la violencia llevada a cabo por pequeños grupos de manifestantes ha sido cargada a todos los manifestantes e incluso sobre las ONG. La policía está cada vez más armada, estilo Robocop, y las acciones coercitivas están cada vez más generalizadas y están siendo utilizadas cada vez más de manera inapropiada para perseguir protestas pacíficas, legales, no violentas. 

la tendencia de las instituciones ha sido negar la existencia de problemas y cerrar los canales que estaban abiertos a hablar con los manifestantes

Cuando se desafía la legitimidad de gobiernos, en vez de reaccionar tratando de entender lo que está en juego y tratando de idear estrategias para hablar con los manifestantes, hay cada vez menos posibilidades de abrir canales de negociación. Esto fue muy claro durante la cumbre del G-20, cuando se desafió fuertemente la legitimidad del poder de los 20 líderes reunidos en Hamburgo. Y su respuesta fue negar cualquier derecho a criticar. Así que creo que también en situaciones de gran crisis de legitimidad, la tendencia de las instituciones - en lugar de reflexionar sobre cómo resolver los problemas - ha sido negar la existencia de problemas y cerrar los canales que estaban abiertos a hablar con los manifestantes.

Se trata de una tendencia que se ha incrementado desde la crisis financiera de 2008. Lo que se ha acentuado con la ola de refugiados ha sido también un giro hacia la derecha, que ha conseguido convencer a los partidos de centro-derecha, e incluso a los partidos de centro-izquierda, de que se este tipo de políticas represivas son cada vez más necesarias.  De esta manera, en Alemania no había ningún partido político, con la excepción de Die Linke, que quisiera hacer el esfuerzo de entender qué es lo que salió mal en las interacciones entre la policía y los manifestantes en Hamburgo. Y en España, el Partido Socialista va a votar con los partidos de centro-derecha la activación del artículo 155, que también implica represión de movimientos pacíficos. Y en los Estados Unidos, desde el 9/11, se ha ido desarrollando un abanico cada vez mayor de las leyes y disposiciones legales que pueden resultar en realidad de muy poca ayuda en la lucha contra el terrorismo, pero en cambio se utilizan ampliamente para reprimir el activismo.  

La policía impide a las personas votar en el referéndum catalán, 1 de octubre de 2017, Barcelona. Imagen: Alain Pitton / NurPhoto / Sipa USA / PA Images. Todos los derechos reservados.

¿Quiénes son los diferentes actores en juego en esta creciente represión de la protesta, particularmente a través del uso de leyes antiterroristas? ¿Y qué papel juega el poder judicial? 

Hay muchas nuevas leyes que tienen que ver con delitos relacionados con el terrorismo y proliferan leyes y reglamentos destinados a dar más poderes – y poderes más arbitrarios - a la policía. Estos también se han utilizado mucho durante las protestas surgidas contra la austeridad, como fueron los movimientos Occupy. Viejas leyes - por ejemplo, leyes relativas a la utilización del fuego en el espacio público, o en contra de los vagabundos -  también están siendo recuperadas. Quizás recuerden que en Nueva York, durante Occupy Wall Street, se usaron leyes para prohibir la gente depositase sus bolsas en el suelo en los parques públicos? Todo eso se ha hecho también de una manera muy agresiva; los estados han creado una situación según la cual el uso de los espacios públicos, de las plazas, de los parques, y así sucesivamente, se convierte en algo cada vez  más y más controlado, menos y menos libre.

La judicatura han intervenido en diferentes maneras. En algunos casos, el poder judicial ha defendido el derecho a manifestarse, pero en otras ocasiones también ha utilizado este tipo de disposiciones represivas contra los manifestantes. Si han seguido la situación en Cataluña, habrán observado la presencia de dos cortes diferentes, con dos tipos distintos de políticas. El Tribunal Supremo es más independiente de la política al poder, mientras que la Audiencia Nacional, que es una adaptación de los tribunales especiales del franquismo, ha resultado ser particularmente represivo contra el movimiento independentista. Esta situación, de división de criterios dentro del poder judicial, también ocurre en otros países. 

En algunos estados existen asociaciones de jueces democráticos que luchan por la prevalencia de leyes que puedan ser utilizadas para controlar la brutalidad de la policía. He sido invitada dentro de unas semanas por los jueces italianos para unirme a la discusión sobre la tortura a cargo de la policía, que recientemente ha sido tan relevante en la práctica policial en Italia. Así que, además de actuar como agentes para la represión, los poderes judiciales también han introducido en algunos casos controles sobre la represión. Sin embargo, el proceso de criminalización no depende necesariamente de la judicatura. Un patrón típico es que la policía practique detenciones con las que los jueces no están de acuerdo, y los jueces liberan a los manifestantes detenidos. Pero, como consecuencia de esa práctica policial, las manifestaciones se han visto interrumpidas, se han producido escaladas de tensión, la gente ha sido detenida, y así sucesivamente. 

¿Puede hablarnos más sobre la cuestión de la vigilancia estatal de la protesta, y cómo esto contribuye al incremento de la represión y la criminalización. ¿Y sobre el papel de las fuerzas de seguridad privadas? 

Este es otro tema, que es cada vez más importante, y aquí recientemente han habido escándalos en el Reino Unido, una reactivación de escándalos, en relación con el uso masivo de infiltrados de la policía secreta, sin responsabilidad política. 

Hay diferentes tipos de fuerzas policiales privadas/secretas en diferentes países. Muy a menudo son parte de los servicios secretos, por lo que a menudo son controladas directamente por el gobierno, que normalmente tienen servicios secretos vinculados a relaciones exteriores y servicios secretos relativos a asuntos internos. Los servicios secretos para asuntos internos -   tanto como los cuerpos secretos dentro de la policía - a menudo han desarrollado estrategias de infiltración, incluyendo la infiltración de grupos pacíficos. Por ejemplo, hace algún tiempo que hay un cierta polémica en el Reino Unido sobre un agente de la policía secreta que se infiltró en un grupo ambientalista. Y esta práctica de la infiltración es algo que se ha venido desarrollando cada vez más.

La seguridad privada es también una gran preocupación debido a que hay cada vez más espacios semiprivatizados o completamente privatizados, inclusive en los países democráticos. Así pasa en centros comerciales, aeropuertos, escuelas, universidades... todos estos son espacios en los que el control de la ley y el orden a menudo se subcontrata a policías privadas. Lo mismo puede suceder en las fábricas y en las tiendas, y así sucesivamente. Y en estos casos, las responsabilidades son menores de lo que serían para la policía estatal. La policía privada rinde cuentas ante la empresa privada. Esto no es algo nuevo, ya ocurría  en el pasado. Recuerdo la represión del movimiento obrero en Italia – la Fiat, por ejemplo, tenía una fuerza de policía privada interna, que funcionaba como una fuerza antisindical. Esto fue en muy criticado y, en algunos casos, este tipo de policía privada declinó, pero creo que ahora está aumentando de nuevo.

En la mayoría de los casos, éstas fuerzas privadas y a veces violentas están siendo utilizadas contra personas que tienen muy pocas posibilidades para defenderse - especialmente los refugiados y los migrantes sin papeles. Así que esto va más allá de la represión del activismo político.

¿Cuáles son las grandes señales de peligro que deberíamos estar vigilando? 

La criminalización de la protesta puede tener dos tipos de efectos, que son a la vez peligrosos para el sistema político. 

En primer lugar, la penalización podría tener éxito, creando miedo entre la gente. Y cuando la gente tiene miedo ante un régimen normalmente se radicaliza protesta porque la gente piensa, correctamente, que no queda ya espacio para la resistencia pacífica. Al mismo tiempo, el proceso de criminalización reduce la capacidad de los gobiernos para recopilar información acerca de los problemas y buscar alianzas para resolverlos. El acto de protestar produce muy a menudo ideas positivas, ideas que llevan a propuestas; protestas que agregan a la gente, y esto da lugar a la ayuda mutua, a la solidaridad y este tipo de cosas. En consecuencia, la protesta produce efectos secundarios positivos en términos de solidaridad, algo que un enfoque represivo no permitiría desarrollar. 

Llega un punto en que son necesarias interacciones entre quienes controlan los poderes coercitivos y los movimientos

Si la criminalización de la protesta no es efectiva - pensar en la primavera árabe en 2011 - entonces aquellos que están en el poder corren el riesgo de que los objetivos de la protesta se radicalicen fuertemente. Y así hay cada vez menos legitimidad en las instituciones representativas, la policía, los partidos políticos, etc., y eso alimenta una especie de crecimiento de la desconfianza en estas instituciones, lo que luego puede pasar a ser algo diferente. Esto también puede pasar a ser un tipo de desarrollo positivo pero, como indica la situación en Cataluña, llega un punto en que son necesarias interacciones entre quienes controlan los poderes coercitivos y los movimientos. Pero se necesita interactuar con los de fuera; las escaladas no son la mejor manera de convencer a la gente de que ponga en valor sus puntos de vista  

¿Qué pasos que pueden tomar para tratar de revertir la tendencia a la criminalización de la protesta y a las respuestas represivas?

Bueno, creo que para detener esta tendencia se necesita construir coaliciones amplias puesto que las diferentes agencias que están involucradas en la criminalización son homogéneas. Desde el punto de vista del sistema legal, creo que hay que poner presión a diferentes niveles – no sólo a nivel nacional sino también a nivel de la Unión Europea - para desarrollar denuncias específicas de estas formas de represión, y utilizar todos los instrumentos que puedan generar apoyos y alianzas desde dentro de estas instituciones. Existe una tendencia en la policía de alinearse con la derecha, pero también hay sindicatos democráticos dentro de la policía, y hay unidades de policía y que están menos interesadas en la represión. Han habido denuncias desde el interior de la policía, que están empujando en contra del uso de algunas formas de control contra los manifestantes, aunque éstas sean legales. El poder judicial también está dividido. Así que creo que tenemos que utilizar todos estos movimientos. Hay muy buen conocimiento de los mismos por parte de grupos especializados como State Watch u otros grupos activistas que defienden las libertades civiles. Y creo que es muy útil contar con la información, con la difusión de esa información, y con el uso del periodismo de investigación.

La represión está golpeando muy duro en las universidades, en particular en países considerados como híbridos entre democracias y regímenes autoritarios.. También hay resistencia dentro de las universidades por parte de académicos que cuentan con información sobre la represión de la libertad de enseñanza, de investigación, etc. Esto me hace pensar en los grupos de derechos civiles que se movilizaron contra actitudes muy represivas en Chile y en Argentina; lo que resultó eficaz en esos casos fue ampliar la gama de los grupos que participaron en la resistencia a través de redes de abogados democráticos, periodistas, jueces democráticos, organizaciones no gubernamentales, y a través de presionar a las Naciones Unidas y a otros organismos internacionales. Y hubo también que hacer una gran cantidad de trabajo en los medios. Estas respuestas formaron parte de una campaña internacional orientada a producir un efecto boomerang contra la dictadura. 

Debemos también usar los recursos disponibles en los países democráticos para ayudar a aquellos países donde la represión está golpeando más duro en este momento. Así, en Turquía y Hungría, podemos utilizar los recursos disponibles fuera, como campañas transnacionales de apoyo, como por ejemplo, las campañas que se desarrollaron en apoyo de los Académicos Turcos por la Paz o de la Central European University en Hungría.

About the author

Donatella Della Porta is professor of political science and dean of the Institute for Humanities at the Scuola Normale Superiore in Florence, where she also leads the Center on Social Movement Studies (Cosmos). In 2011, she was the recipient of the Mattei Dogan Prize for distinguished achievements in the field of political sociology. She is Honorary Doctor of the universities of Lausanne, Bucharest and Goteborg.

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