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Veracruz - o de lo que deberíamos hablar cuando hablamos de corrupción

Lo que Veracruz ofrece es solo un simple vistazo a la corrupción criminal que prospera detrás de la fachada de la democracia nominal mexicana. English

Un manifestante expresa su inconformidad con la corrupción evidente en México. La pancarta dice: "Mientras se reparta dinero a manos llenas no habrá democracia". Armando Aguayo Rivera/Flickr. Algunos derechos rservados.

Este artículo forma parte de nuestra serie "México en la encrucijada del 2018", coordinada por Gema Santamaría, Alejandro Vélez y Francesc Badia.

Cuando se vino abajo el velo, aplastando el reinado que Javier Duarte ejercía sobre el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, lo que emergió se parecía muchísimo a una oportunidad de oro para volver a capturar ese estado.

Duarte, que gobernó Veracruz junto a su círculo íntimo de co-conspiradores desde 2010 hasta que huyó de una orden de arresto en octubre del año pasado, había llevado a cabo a la perfección esa captura.

Alineando las instituciones de todas las ramas del gobierno, que resultaron instrumentos al alcance de la mano al servicio de los intereses criminales de dentro y fuera del estado, Duarte y su círculo se apropiaron de una suma de 1.750 millones de dólares de fondos públicos, mientras impedían exitosamente la investigación, por no hablar del procesamiento.

Duarte gobernó Veracruz junto a su círculo íntimo de co-conspiradores desde 2010 hasta que huyó de una orden de arresto en octubre del año pasado.

A partir de la detención de Duarte, la mayoría de los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, han reproducido una narrativa peligrosa por su reduccionismo: la de la existencia de un poco frecuente hombre fuerte, que habría emprendido una carrera enloquecida hacia el enriquecimiento personal, como lo demuestran sus compras de bienes raíces en cualquier lugar, desde el Parque del Retiro de Madrid hasta los barrios acomodados de Houston.

Tal como un artículo reciente en The Economist parecía sugerir, se trataba de una agenda inaceptable, incluso para las normas del PRI, el venerable Partido Revolucionario Institucional de México que gobernó el país de forma ininterrumpida durante 81 años hasta el año 2000, y que actualmente controla la presidencia, así como la mayor parte de las administraciones federales del país.

La captura de Duarte por parte de las autoridades guatemaltecas el 15 de abril  – unas autoridades que luego lamentarían  denunciarían la apatía de sus contrapartes mexicanas – le valió al gobierno federal el elogio de la revista. Interpretó esa actuación como una señal de que "la tolerancia [hacia la corrupción política] se está acabando".

Poner a un corrupto de altos vuelos entre rejas (mexicanas) sería un primer paso en la buena dirección. Pero eso, un posible enjuiciamiento (que se llevaría a cabo después de una eventual extradición) que fuera capaz de ir más allá de señalar la culpabilidad individual y ayudase a descifrar las redes de los corruptores, depende de las autoridades federales, y por lo tanto de la voluntad del PRI, de ir a meterse en camisas de once varas. Según todos los indicios, la probabilidad de que eso ocurra se aproxima a cero, puesto que al final del camino les esperan preguntas incómodas referidas a por qué, mientras Duarte saqueaba Veracruz, las autoridades federales se mantuvieron al margen. Y, en una escala sistémica, podrían esperar encontrarse con preguntas referidas a cómo la deficiente transición democrática del país, y la virtual ausencia de controles efectivos, han alumbrado la estirpe más descaradamente corrupta de gobernadores del PRI, de los cuales Duarte es sólo el espécimen más conspicuo.

Poner a un corrupto de altos vuelos entre rejas (mexicanas) sería un primer paso en la buena dirección.

Mucho más probable es que, a medida que la campaña a las elecciones presidenciales de 2018 vaya cobrando fuerza, veamos la transformación de Duarte en un fútbol político. Los intentos a ese efecto están, a buen seguro, bien enfocados, con ataques que invocan la connivencia entre Duarte y el mismísimo Andrés Manuel López Obrador, la pesadilla electoral de izquierdas personificada, que provocó sudores fríos por igual al PRI, y al conservador Partido de Acción Nacional (PAN).

Pero, incluso si la fiscalía mexicana desafiase las probabilidades de politización absoluta, y demostrase que su recién conquistada independencia vale más que el papel en el que salió impresa, la aclaración de los crímenes financieros de Duarte reflejaría sólo un fragmento del régimen de terror que él y su predecesor y padre político adoptivo, Fidel Herrera Beltrán, han instaurado a lo largo de los últimos 12 años sobre la población del estado de Veracruz.

Pregúntele a Belinda, una mujer de cuarenta y tantos años que ha hecho de la búsqueda de su hijo desaparecido un trabajo a tiempo completo, y empezarán a obtener una explicación más clara, aunque al tiempo mucho más oscura, de los efectos devastadores a ras de suelo de la corrupción. En el momento en que hablamos con ella sobre su difícil situación, ya había abandonado su lucrativa práctica clínica. En lugar de instrumentos quirúrgicos, ahora manejaba estacas de tres metros de alto que clavaba en el suelo de una de las innumerables fosas clandestinas que hay en Veracruz, para luego recuperarlas y detectar el olor de algún cuerpo en descomposición, sin saber si podía ser el de su hijo, o el de cualquier otra persona.

En su voz, y en la de otros activistas-por-necesidad y por dolor, con los que hablé durante una investigación de varios meses de duración en Veracruz, la designación por defecto de esos lugares como "narco-cementerios" por parte de los medios de comunicación, encontró incomprensión e ira. Una tergiversación que, según ellos, deja que el gobierno se sacuda las responsabilidades con demasiada facilidad. Para muchas de las hasta 20.000 desapariciones que las organizaciones de víctimas dicen que Veracruz ha acumulado, existe evidencia para rastrear a perpetradores uniformados.

Pregúntenle a José, quien pensó que por qué no  podría hacer el bien como agente de la policía estatal. Pero José vio, transcurridas pocas semanas en el trabajo, que su papel mutaba hacia lo que él describió como un halcón, o guardián criminal. Pregúntenle, y verán cómo la división entre el Estado y el crimen organizado se desvanece. José dijo que fueron sometidos a tortura los agentes no conformes con la agenda de los jefes, que iba desde espiar las operaciones federales y la no intervención en los negocios de los cárteles hasta desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y secuestros por rescate. Algunos de sus compañeros también fueron reasignados a zonas donde podían esperar una muerte segura. Pregúntenle cómo las instituciones de seguridad trabajan para los capos criminales, con o sin corbata, y para cualquier cosa, menos para la ley.

Para muchas de las hasta 20.000 desapariciones que las organizaciones de víctimas dicen que Veracruz ha acumulado, existe evidencia para rastrear a perpetradores uniformados.

Pregúntenle a cualquier periodista local que intente hacer su trabajo, y a pesar de todo consiga permanezca vivo en el principal campo de tiro contra profesionales de los medios de comunicación del hemisferio occidental, y descubrirá que el estado de Veracruz está plagado de zonas de silencio impuestas violenta y continuamente por docenas de grupos armados no estatales que continúan esculpiendo sus propios latrocinios, hombres fuertes que habitan las zonas grises entre lo legal y lo ilegal, o sus combinaciones a partir aquí.

Y luego pregúntenles a las autoridades, ya sea a las autoridades federales o las nuevas autoridades del estado de Veracruz, dirigido por el PAN desde el 1 de diciembre de 2016, pregúntenles qué medidas están tomando para hacer frente a cualquiera de estas cuestiones, y cosecharán vacío absoluto. Las salvaguardias, que podrían ayudar a prevenir la instrumentalización continuada de las instituciones públicas con fines criminales, incluyen el fortalecimiento de los derechos de los agentes contra la coerción y el abuso de sus superiores y la obligación de las fuerzas de seguridad de mantener registros de operaciones precisos y accesibles al público, para impedir su participación codo con codo en crímenes contra la humanidad. Sin embargo, en una dinámica discursiva en que se trata de lanzarse porquería entre los partidos políticos, estos asuntos ni siquiera sobresalen. Así pues, nada indica que se hayan podido evacuar, de cualquier manera significativa, las aguas del pantano autoritario-criminal que es el aparato de estado de Veracruz.

Por desgracia, Veracruz ofrece solo un simple vistazo a lo que prospera, tanto a nivel federal como en el de las administraciones federadas, detrás de la fachada de la democracia nominal mexicana. Salvo que medie un milagro, lo que podemos esperar es, o bien una inacción evasiva, o bien una acción oportunista que sirva de base para que los criminales organizados, y los políticos concertados con ellos, revaliden sus votos durante las próximas elecciones, incluidas las presidenciales. Las garantías reales contra el financiamiento ilícito de campañas, o la instalación de candidatos dóciles (dos irregularidades amplia y persistentemente documentadas durante las contiendas electorales pasadas) brillan de nuevo pos su ausencia.

Salvo que medie un milagro, lo que podemos esperar es, o bien una inacción evasiva, o bien una acción oportunista que sirva de base para que los criminales organizados, y los políticos concertados con ellos, revaliden sus votos durante las próximas elecciones.

A pesar de todo esto, hay un resplandor en la oscuridad al que aferrarse,  y es el que proporciona la lucha de la organización de una sociedad civil sacrificada, que nace de los traumas y de la lucha quijotesca por la justicia. La experiencia ha demostrado que, cuando el Estado se mueve, lo hace porque su mano está siendo forzada desde abajo por voces de gente como Belinda, voces inconvenientes y persistentes. La mejor apuesta para cualquier persona que busque contribuir a un cambio en México es fomentar este tipo de experiencias. A través de una asistencia directa y sin filtros hay que apoyar su trabajo, y difundir su voz. O, por supuesto, hay que insistir a los gobiernos extranjeros para que no se atrevan, en nombre de los intereses económicos, a inhibirse de una discusión frontal sobre el verdadero alcance, los niveles y los efectos de la corrupción y la colusión estatal-criminal que está corroyendo a Veracruz y a México. 

About the author

Falko Ernst es doctor en sociología por la Universidad de Essex y se especializa en crimen organizado y corrupción política. Actualmente trabaja desde México ciudad como autor freelance y consultor.  

Falko Ernst holds a PhD in Sociology from Essex University, and specializes in organized crime and political corruption. He currently works as a freelance author and consultant out of Mexico City. 


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