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Los desafíos en el área de Justicia del segundo gobierno de Sebastián Piñera : un territorio agreste

Sebastián Piñera Echeñique asumirá su segundo mandato como Presidente de la República obligado a afrontar algunos de los temas importantes en el área de Justicia.

El presidente electo de Chile, Sebastián Piñera. Fuente: Wiki Commons. Some right reserved.

Este artículo se publica como parte de nuesta serie ¿Qué violencias en América Latina? en colaboración con la Facultad de humanidades de la Universidad de Santiago de Chile.

Una reforma en curso

 La administración de “Piñera dos” se enfrentará desde ya a un proyecto de antigua data pero que, a la luz de sensibilidades relativamente recientes, ha cogido un importante y decisivo impulso el último tiempo: la necesidad de cambiar la institucionalidad de cuidado y administración de justicia con niños, niñas y adolescentes y llevarla a un nivel, al menos, apropiado conforme a estándares internacionales y de instrumentos de derechos humanos suscritos por Chile y vigentes que establecen un completo estatuto de garantías para los niños y adolescentes del país.

Nos referimos al proyecto que pretende cambiar la actual estructura del Servicio Nacional de Menores (SENAME) para que, escindiéndolo en al menos dos estructuras separadas, se aboquen, cada uno en su ámbito particular de competencias, a dos fenómenos completamente diversos pero que a la fecha son asumidos por la misma institución, y, de esa forma, según consenso transversal, hacerlo de manera ineficaz y hasta contraria a los principios que debieran inspirarla (la de orientación conforme el interés superior del niño): la condición de vulnerabilidad de niños y niñas en situación de abandono o riesgo social y la situación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en conflicto con la justicia (conforme la llamada actualmente ley de responsabilidad penal adolescente).

Los recientes casos de muertes y abusos al interior de recintos de administración del SENAME o de organismos colaboradores han puesto en evidencia lo agotado del modelo: el Estado cede espacio importante (ampliamente mayoritario) a la iniciativa privada, bajo diversas figuras de concesiones de servicios, en donde en definitiva son distintas instituciones privadas (aunque con interés y orientación a lo público) las que se ocupan de satisfacer las específicas, complejas y muchas veces dramáticas necesidades de una infancia vulnerada, abusada, olvidada o directamente rechazada o discriminada, ya sea por su condición de pobreza, de abandono, de conflictividad o de criminalidad (aún cuando mal se puede hablar de criminalidad propiamente dicha en el contexto de niños y adolescentes, cuando sus procesos formativos, incluidos los identitarios, valóricos y particularmente cívicos, se encuentran aún en formación y desarrollo).

El sistema actualmente en funcionamiento hace converger en un solo espacio las dos realidades ya descritas: la de la situación de riesgo social y la de conflicto con la justicia, viéndose en los hechos sobrepasado. Ello deriva en contaminación de un ambiente con otro, poniendo así en riesgo (incrementándolo, si fuera el caso) a los niños y niñas a su cargo, a los funcionarios y al sistema de administración de justicia, según corresponda.

Las consecuencias están a la vista: abandono, siguen en él. O peor, en las instituciones que deberían protegerlos sufren maltratos, abusos (incluidos sexuales) y, en algunos casos extremos, la muerte.

El sistema, por otra parte, ha manifestado su opacidad y hasta abiertos conflictos de interés, cuando prestadores de servicios, que se ven favorecidos con importantes sumas de dinero para hacerse cargo de programas de cuidado y asistencia de niños y niñas, son regentados o incluyen dentro de su orgánica a personalidades del mundo de la política con clara filiación o cercanía a veces con las autoridades responsables de las asignaciones presupuestarias de los servicios a contratar.

La falta de personal especializado o con adecuadas condiciones de trabajo para un entorno de alta demanda y difícil desempeño, junto a bajos estándares de evaluación y rendición de cuentas, ha hecho caer en el descrédito total a la institucionalidad actualmente existente.

La separación de ambas funciones (protección de la niñez e infancia desamparada, dicho en términos simples, por una parte, y el cuidado de los niños y adolescentes que han cometido delitos, por otra), constituye la base del diseño de cualquier nueva institucionalidad. Dar a cada área los recursos, mecanismos de control y estructura apropiada para el cumplimiento cabal de tan delicadas funciones, la tarea a concluir.

La nueva administración, por tanto, enfrenta el desafío de respaldar el esfuerzo de dotar al país de un sistema nuevo, adecuado a los tiempos y exigencias institucionales (especialmente en cuanto a conformidad con los instrumentos de derechos humanos aplicables) y a la altura de las expectativas, tanto de operadores, expertos y académicos, y de toda la ciudadanía, atenta al cómo se cierran investigaciones, se determinan responsabilidades y, por otro lado, se crean organismos acorde a los intereses de los involucrados, en este caso, los niños.

 Un “nuevo” desafío

Si se tratara de identificar un territorio en donde la segunda administración de Sebastián Piñera podría plantar una bandera que, con el tiempo, se transformara en estandarte e incluso legado, sería, a juicio de muchos especialistas, apostar definitivamente por asumir el desafío de mejorar el dramático escenario de nuestro sistema penitenciario, acercándolo dentro de lo posible a estándares mínimos razonables y humanitarios, junto con apostar definitivamente por el cumplimiento de los supuestos objetivos del cumplimiento de penas, cual es la resocialización de los infractores condenados, incluyendo, pensando en el sistema como un todo, la creación de una jurisdicción especializada para la ejecución de penas penales.

A la sombra de la, a estas alturas, consolidada y exitosa reforma procesal penal, iniciada por el gobierno de Frei Ruiz-Tagle (hijo de Frei Montalva), periodo 1994- 2000, y acompañada por todas las administraciones posteriores (aún cuando diversas iniciativas legales particulares han ido desperfilando algunos de sus principios orgánicos o minando su clara orientación a las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia), el ámbito de la ejecución de la pena ha ido quedando a la zaga, olvidado o visto sistemáticamente como secundario.

El sistema penitenciario (que incluye no sólo la administración de justicia penal, sino en particular las instituciones que velan por el cumplimiento de las penas, en el caso de Chile, Gendarmería de Chile y organismos colaboradores, además de la infraestructura asociada y los servicios especializados anexos) se ha visto progresivamente precarizado, atendidos el hecho de la poca inversión en programas, la pobre evaluación de la efectividad de los mismos y el deterioro de las condiciones de trabajo de Gendarmería y su personal, tanto uniformado como civil.

La nueva infraestructura penitenciaria ha sido abordada bajo la fórmula de la concesión privada de obras civiles, incluyendo la administración de determinados servicios para los internos. El cumplimiento de las penas, así como la vigilancia de los recintos, permanece bajo la responsabilidad exclusiva de Gendarmería.

Pero el ritmo de crecimiento de la población penal (incluyendo aquellos que ingresan al sistema sujetos a medidas cautelares, esto es, prisión preventiva), empujado por el sistema procesal penal ya en régimen y vigencia nacional, ha traído como consecuencia que todo esfuerzo por mantener cierta consistencia entre la demanda y la oferta de plazas y servicios penitenciarios haya resultado escandalosamente insuficiente.

La evidencia nos dice que a lo anterior debemos agregar que sin una salvaguardia efectiva de los derechos de las personas (principalmente aquellas privadas de libertad consecuencia de la dictación de una sentencia condenatoria en su contra) éstas se encuentran en una situación de abierta amenaza a todos los derechos (todos los demás derechos, distintos de aquellos limitados o de los que se encuentran privados como efecto directo de la decisión judicial) de los que son, todavía y sin ninguna otra limitación que su particular condición de condenados, titulares.

La sujeción a un reglamento (el “reglamento penitenciario”), norma de carácter infralegal que entra a regular todo lo que implica la vida cotidiana (particularmente la forma de resolver controversias) es antes que nada una situación de evidente vulneración de principios, ya que para la regulación de tan importantes materias, y para hacer realidad la tutela efectiva de los derechos de los internos o de los sujetos a cualquier medida restrictiva de libertad lo menos que se requiere es un sistema cuyo estatuto sea equivalente a las normas que rigen el origen del estado de condenado: el estatuto legal.

Por otro lado, la normativa vigente (principalmente las contenidas en el código procesal penal), son insuficientes para describir las funciones, responsabilidades y ámbitos de competencia tanto de la judicatura como de otros organismos (ministerio público, defensorías) para con respecto a estas cuestiones: facultades de investigar, derechos de los reclusos, ejercicio de tales derechos (general de petición, de revisión de sanciones dentro del régimen penitenciario o de defensa propiamente tal ante castigos o privación de derechos al interior de las cárceles), régimen de recursos e instancias formales de reclamación.

Tampoco hay regulación suficiente para salvar situaciones como las derivadas de las condiciones agregadas de género, minoría de edad, justiciable no condenado o sujeto a evaluación psiquiátrica forense o enfermedad mental diagnosticada. El riesgo de vulneración de derechos (sucesiva) es evidente, en tanto los mecanismos de resguardo y protección de tales derechos son poco claros, contradictorios o abiertamente inexistentes.

Alcanzar un compromiso amplio para operativizar una reforma de la justicia constituiría no sólo una señal potente de una administración conservadora con real conciencia de derechos, sino con compromiso cívico y altura de miras.

El amplio consenso entre los especialistas podría hacer pensar que este desafío sería atractivo de acometer para una administración entusiasta y convencida de la necesidad de hacer bien su trabajo y ser bien evaluada; como contrapartida, el escasísimo atractivo que tienen para el mundo político toda iniciativa que ceda en beneficio de los condenados (contra el atractivo que la agenda antidelincuencia y de mano dura ofrecen) y del mundo penitenciario es un desafío más comunicacional y político que técnico: los sucesivos y detallados informes de distintas instancias y organismos (fiscalía de la Corte Suprema, Instituto Nacional de Derechos Humanos), junto a los horrendos casos que conmocionaron a la opinión pública tiempo atrás y que dejaron claras las muy precarias e injustas condiciones en que apenas sobreviven los que se encuentran, por distintas razones y bajo diversas circunstancias (prisión preventiva o en cumplimiento de condena) son olvidados ante el bombardeo sistemático de noticias en torno a (más aparentes que reales) incrementos de la criminalidad, la violencia y el deterioro de la seguridad pública en el país.

Alcanzar un compromiso amplio para operativizar una reforma a la justicia en este terreno constituiría no sólo una señal potente de una administración conservadora con real conciencia de derechos (universales), sino que con compromiso cívico y altura de miras. Es de prever, sin embargo, que atendido el tenor del programa de gobierno presentado (con énfasis una vez más en el combate a la delincuencia) conspire en contra de ello.

Un territorio agreste

La última reforma orgánica del Ministerio de Justicia trajo consigo la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos. A esta cuestión, que podría ser meramente formal, cabe apuntar el rol de constituir un desafío práctico que como pocos ponga a prueba la vocación democrática de una nueva administración conservadora en Chile: los derechos humanos.

Más allá de la existencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ente autónomo y que, aunque a veces vacilante o a trastabillones, organismo en proceso de consolidación en ejercicio de la independencia de que fue dotado, la Subsecretaría mencionada constituye parte del poder Ejecutivo y estará, bajo todo respecto, al mando del Presidente de la República.

La cercanía de figuras del entorno del nuevo gobierno, de partidos y fuerzas políticas que lo respaldan con los condenados por causas de derechos humanos y que cumplen condenas en recintos penitenciarios ad hoc es un pesado lastre para una administración que quiera asumir este tema con responsabilidad. Lo anterior se agrava frente a las polémicas que se avivan de cuando en cuando en torno al endurecimiento de las penas para delitos comunes y un discurso a favor de mantener penales exclusivos para los condenados por crímenes de lesa humanidad o reducir el rigor en el cumplimiento de sus penas.

La cartera de Justicia y Derechos Humanos no es la única, pero resulta la más claramente llamada a proveer de un discurso de compromiso transversal y sólido con los derechos humanos de una administración, no importando la tendencia o color político que ésta tenga. Y construir un discurso desde la mirada de los derechos humanos para una administración de derecha conservadora, será para el nuevo gobierno que asume en Chile en marzo próximo probablemente el desafío definitivo.

About the author

Felipe Abbott Matus es Abogado de la Universidad de Chile. Ha sido académico e investigador de la Facultad de Derecho (Depto. Ciencias Penales), del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (Instituto Asuntos Públicos, antes Instituto Ciencias Políticas, en el marco de la Red Global de Educación para el Desarrollo del Banco Mundial) de la Universidad de Chile.


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