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El cangrejo, el bosque y la Constitución

Bob Brown, líder de los Verdes de Australia, y Jessica Hoyt hicieron historia cuando ganaron un desafío en el Tribunal Superior a las leyes antirrepresentación de Tasmania en octubre de 2017: una clara articulación de cómo la protesta está protegida por la Constitución. English

Imagen: Rainforest Action Network/Flickr. Algunos derechos reservados.

Este artículo forma parte de Protestar es un Derecho, un proyecto de colaboración con las organizaciones de derechos humanos CELS e INCLO, con el apoyo de la ACLU, que examina el poder de la protesta y su papel fundamental en la sociedad democrática.

No era la primera vez que detenían a Bob Brown, pero probablemente es la que mejor se va a recordar.

En enero del año pasado, ex senador australiano y líder de los Verdes de Australia, de 71 años de edad, estaba caminando en un grupo pequeño a través del Bosque Lapoinya, en el noroeste de la isla de Tasmania. El año anterior, para consternación de los residentes locales y de medioambientalistas, Forestry Tasmania (la agencia forestal de la isla) había anunciado un plan para talar 49 hectáreas de bosque, y ese mes la maquinaria pesada ya se había puesto en marcha. Brown estaba allí para oponerse a la tala y para llamar la atención sobre la pérdida de belleza natural y de vida silvestre que esa acción supondría. Después de que el grupo se topó con el primer bulldozer de Forestry Tasmania, dos policías se acercaron y les conminaron a abandonar la zona.

“Pensé en los demonios de Tasmania y quolls que iban a morir en la operación,” escribió Brown más tarde escribió . "También pensé en la pena potencial de cinco años de cárcel. Pero, ¿en qué momento salimos los seres humanos de nuestra zona de confort para defender la vida silvestre asediada en este planeta, que ahora se está extinguiendo a la mayor velocidad vista en la historia humana? "

Brown se negó a irse. Un video de ese día muestra cómo se le dijo que estaba bajo arresto, y cómo acompaña en silencio al oficial a su coche patrulla para que pudiera ser llevado a una estación de la policía local para ser acusado.

Cinco días antes, otro tasmano había sido arrestado y acusado mientras participaba en una protesta pacífica en Lapoinya. Jessica Hoyt, una enfermera y madre de 35 años de edad, que creció en la zona Lapoinya y que ahora vive en Hobart, la capital de Tasmania, había formado parte de un grupo que entró en la zona de tala forestal un día previo a su comienzo, pero que fue escoltada fuera de la zona. Cuando Hoyt volvió al área de teal al día siguiente, fue detenida.

Brown y Hoyt fueron de los primeros en ser acusados en virtud de las leyes que reprimen de manera significativa la protesta medioambiental en Tasmania

Brown y Hoyt fueron de los primeros en ser acusados en virtud de las leyes que reprimen de manera significativa la protesta medioambiental en Tasmania, introduciendo severas sanciones contra los manifestantes pacíficos. Un año y medio más tarde, cuando se desafiaron con éxito  ante el Tribunal Supremo de Australia esas leyes, se acabó haciendo historia constitucional en el país.

Leyes anti-protesta en Tasmania

Las polémicas leyes aprobadas por el Parlamento de Tasmania poco más de un año atrás, no eran blandas en su ataque a la protesta. El ataque podía verse en la misma denominación de la legislación: Ley de puestos de trabajo (y de protección contra manifestantes). El gobierno argumentó que era necesario proteger a las empresas que operan en los bosques de Tasmania de la inconveniencia de ser visitados por los manifestantes.

Es importante destacar que las leyes no sólo se dirigen a los manifestantes, sino que sólo se aplican a los manifestantes. Las restricciones a la circulación previstas por la ley se aplicaban únicamente a las personas dedicadas a cualquier actividad que promoviera la "conciencia o el apoyo a (...) una opinión o militancia con respecto a un problema político, ambiental, social, cultural o económico" que tuviera lugar en el área de operaciones del negocio. A pesar desde el gobierno promete que en “protestas de tipo papá y mamá” los manifestantes no serían capturados por la ley, no hubo discriminación positiva para manifestantes pacíficos.

Particularmente preocupantes fueron las fuertes sanciones y evidente arbitrariedad de la ley. Según la ley, un activista podría ir a prisión cinco años por causar o amenazar con causar daños a una empresa. Por negarse a abandonar una zona cuando se lo pide la policía, uno de los manifestantes podría tener que pagar 10.000 dólares australianos. Al ordenar a alguien que abandone un área, un agente de policía también puede prohibirle regresar a la zona durante los próximos tres meses. Lo más curioso es que una persona no contravendría esa orden de exclusión de tres meses en el caso de que participase en una marcha que pasase por el área "a una velocidad razonable cualquier día". El estatuto no proporcionaba ninguna guía para que la policía o manifestantes entendiesen qué puede significar exactamente una "velocidad razonable".

Ante la aprobación de la legislación, los expertos de las Naciones Unidas instaron al Parlamento de Tasmania a reconsiderar. “El proyecto de ley tendría el efecto paralizante de silenciar a los disidentes y prohibir su expresión, protegida por la legislación internacional de derechos humanos” dijo el Relator Especial de la ONU sobre libertad de opinión y de expresión, David Kaye. Esas voces internacionales se unieron a las de los grupos de la sociedad civil nacional, que rechazaban la ley como una carga desproporcionada para la libertad de expresión.

El bosque de Lapoinya: un “establecimiento comercial” 

De acuerdo con la narrativa favorable a los negocios del gobierno de Tasmania, la ley se aplica a las actividades de protesta en el “establecimiento comercial” y en “áreas de acceso al negocio”. Como observaría más tarde el alto tribunal, "el término 'establecimientos comerciales no evoca lo que se entiende por “áreas forestales". Pero en realidad el término fue definido para incluir “áreas forestales”, donde operaciones como la tala o la siembra se llevan a cabo, y el término “áreas de acceso de negocios” se definió en el sentido del área, como por ejemplo una carretera, que permita el acceso a una explotación.

Pero Brown y Hoyt no vieron al bosque de Lapoinya como si fuera un "local comercial". Para ellos se trataba de un ecosistema único, el hábitat del invertebrado de agua dulce más grande del mundo, el amenazado cangrejo de río gigante de agua dulce de Tasmania, una langosta que - sorprendentemente - puede vivir hasta 60 años y crecer hasta alcanzar el tamaño de un perro mediano. También bajo amenaza en el bosque de Lapoinya está una población de demonios de Tasmania libre de enfermedades, una especie de marsupial que fue totalmente aniquilada en la Australia continental.

Esas personas motivadas por la vida silvestre y la belleza del bosque, que incluyen a Jessica Hoyt y a sus padres, formaron el Grupo de Acción de los Bosques de Lapoinya una vez que  Forestry Tasmania anunciara su plan para iniciar la tala. La visita de Hoyt a Lapoinya ese lunes fue la primera protesta de su vida y más tarde dijo que "no tenía otra opción".

El activismo medioambiental se ha convertido en una parte integral de la política en Tasmania

El Grupo de Acción representa la última expresión de una fuerte tradición de activismo medioambiental en Tasmania. Bob Brown, un activista experimentado, saltó a la fama tras ser detenido por el bloqueo de la represa del río tasmano Franklin, en la década de 1980. El gran movimiento social de oposición a la presa supuso que el río fuese declarado zona de patrimonio mundial por el gobierno federal, lo que previno la construcción de la presa, pese a la oposición del gobierno de Tasmania. Hace diez años, los ecologistas (incluyendo a Brown) se movilizaron con éxito contra una planta de celulosa planeada en el Tamar Valley de Tasmania, apoyada por los dos principales partidos en el Parlamento de Tasmania. En repetidas ocasiones, miles de personas marcharon para protestar contra la instalación de la fábrica, y el gobierno acabó por retirar su apoyo. El activismo medioambiental se ha convertido en una parte integral de la política en Tasmania, algo muy celebrado en la historia ambiental de Australia.

Ataque al medio-ambientalismo

Al mismo tiempo que esta historia de medio-ambientalismo, una nueva e inquietante tendencia está surgiendo en toda Australia: bajo la presión de las grandes empresas, los gobiernos están tratando de reprimir el activismo medioambiental.

Las leyes contra la protesta en Tasmania no han sido un asunto aislado. En respuesta a las protestas contra el gas de veta de carbón, el parlamento del estado de Nueva Gales del Sur cumplió una promesa hecha por el primer ministro a la industria minera y aprobó leyes similares en 2016, reforzando los poderes de policía y aprobando sanciones para las personas que interrumpieran las operaciones mineras. En una línea similar, a principios de 2015, el Gobierno de Australia Occidental propuso leyes anti-protesta para detener lo que describieron como “movimientos extremistas de protesta”. Sin embargo, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo que el proyecto de ley de Australia Occidental significaría “facilitar la criminalización de la protesta legítima y silenciar a ecologistas y defensores de los derechos humanos.” La ley fue abandonada después de que el gobierno conservador perdió el poder en 2017.

Se han usado cláusulas de limitación y financiación condicional para evitar que grupos de la sociedad civil se pronuncien en contra de la política del gobierno

Y el asalto en el activismo ambiental no está saliendo solamente desde los gobiernos estatales de Australia. Los desarrollos a nivel nacional también han dificultado que las organizaciones de la sociedad civil aboguen por un cambio positivo en la sociedad australiana. Los gobiernos han utilizado acuerdos de financiación con organizaciones comunitarias para disuadirlas o para evitar que participen en el debate público. Desde 2015, se ha prohibido a los centros legales comunitarios utilizar los fondos del gobierno australiano para realizar reformas legales, políticas o trabajo de incidencia. Otro gobierno ha utilizado cláusulas de limitación similares y financiación condicional en otros contextos para evitar que grupos de la sociedad civil se pronuncien en contra de la política del gobierno.

Otro instrumento que el gobierno está amenazando con utilizar para reducir el tamaño del espacio de incidencia de la sociedad civil es el derecho fiscal. Políticos y organismos de la industria, como el Consejo de Minerales de Australia han argumentado que las organizaciones con estatus de 'receptor de certificado deducible' de impuestos (GDR por sus siglas en inglés), una herramienta clave para atraer donaciones, sólo pueden llevar a cabo acciones limitadas. De manera un tanto arbitraria, la mayoría en un comité medioambiental parlamentario recomendó el año pasado que el estatus de DGR sólo se facilite a las organizaciones ambientales que invierten el 25 por ciento de su gasto anual en trabajos de saneamiento tales como la plantación de árboles. Un documento del Tesoro más reciente ha sugerido que eso suba el 50 por ciento. El gobierno australiano también ha sugerido que se prohíba a las organizaciones no gubernamentales activistas aceptar donaciones internacionales.

Al Tribunal Superior

Después de que Brown y Hoyt fueran arrestados, en aplicación de las leyes contra la protesta de Tasmania, se suponía que debían responder a las acusaciones en la corte local en Tasmania. En cambio, decidieron acudir al Tribunal Superior y desafiar la ley apelando a la Constitución de Australia. Los ataques a la sociedad civil por parte del gobierno y las empresas fueron un factor motivador. “Las leyes contra la protesta de Tasmania son parte de la cooptación global de la democracia por parte de las corporaciones. Corporaciones que presionan sobre políticos débiles para legislar en contra de los derechos de la gente consagrados por el tiempo” dijo Bob Brown más tarde.

Ésta iba a ser una batalla cuesta arriba: a diferencia de otras democracias occidentales, Australia no cuenta con una protección integral de derechos humanos a nivel nacional. En lugar de una declaración de derechos, la protección de los derechos constitucionales puede ser descrita como mosaico, en el mejor de los casos. Brown y Hoyt tuvieron que apoyarse en algo llamado la libertad implícita de comunicación política: la idea desarrollada por el Tribunal Supremo de que el sistema político de gobierno representativo australiano requiere que los votantes puedan expresar sus ideas y ser escuchados. En consecuencia, los gobiernos y las leyes no pueden restringir la comunicación en cuestiones políticas de forma desproporcionada. Sin embargo, se trata de una libertad, y no de un derecho independiente, y esto es doctrinalmente complicado. En comparación con otros tribunales constitucionales, el Tribunal Superior ha sido tradicionalmente reacio a intervenir y anular las decisiones políticas de los representantes electos. Además de este contexto jurídico, Brown y Hoyt se entrentaban a la oposición no sólo de Tasmania, sino también del gobierno australiano y todos los estados federales menos uno estatal. (El Human Rights Law Centre presentó un escrito de amicus curiae apoyando a Brown y Hoyt.)

Pero el principio era demasiado importante. Hablando fuera del tribunal en mayo de este año, Brown dijo: “Si estas leyes han estado en vigor hace un par de décadas, la presa en el río Frankl  se hubiera construido. La selva tropical de Queensland se hubiera reducido en gran parte ... Estamos aquí para defender el derecho de todos los australianos de ahora en adelante para que sean capaces de mostrar la destrucción del medio ambiente que se está llevando a cabo“.

Un derecho constitucional a la protesta

En octubre, los siete jueces del Tribunal Supremo anunciaron su veredicto: fue una victoria para Bob Brown y Jessica Hoyt, y para los manifestantes en todo el país.

A tres jueces, entre ellos al la presidenta del Tribunal Supremo, Susan Kiefel, les pareció que la ambigüedad de la ley podría disuadir a los manifestantes. Les pareció que les sería difícil a tanto a los manifestantes como a los policías averiguar si un área determinada era o no un “establecimiento comercial” o una “zona de acceso a las empresas”, y en consecuencia si la ley era de aplicación o no. Esa dificultad se demostró pertinente porque los cargos contra Brown y Hoyt se retiraron en junio puesto que los fiscales determinaron que, en el momento de su arresto, ninguno de ellos encontraba en un área a la que se aplicase esa ley. Esos jueces admitieron que proteger las operaciones forestales frente a su interrupción por parte de los que protestaban la protesta era una cuestión legal legítimo, pero varias de las medidas legislativas no tenían nada que ver con la prevención del daño y de la interrupción de la actividad empresarial, y el resto era innecesario, a la luz de una ley preexistente, que resultaba ser menos draconiana.

Los otros cuatro jueces dijeron su parte en juicios separados. El juez Stephen Gageler estuvo de acuerdo con el resultado, pero por razones diferentes . Se mostró especialmente preocupado de que los manifestantes, y n particular su punto de vista político en particular, fueron recriminados. Por ejemplo, si un grupo de protesta ingresara en un área de operaciones forestales, se le trataría de manera diferente que a un grupo escolar caminando exactamente en el mismo lugar, incluso si la interrupción de la tala era la misma. (Otros jueces no consideraron que el elemento de discriminación fuera tan importante.) el margen de discreción otorgado a la policía significó una limitación sustancial en la comunicación política, y no fue necesario para protegerse contra la conducta que interfería con las operaciones forestales.

El juez Geoffrey Nettle estuvo de acuerdo en que el alcance de las facultades otorgadas a la policía afectaba negativamente a la libertad, y que intentar obstruir la actividad empresarial era un propósito legítimo. Aún así, las medidas no fueron equilibradas adecuadamente para ese propósito.

Los jueces Michelle Gordon y James Edelman se distanciaron de la mayoría y encontraron que la ley era casi constitucional y completamente constitucional, respectivamente. El juez Gordon encontró que un aspecto de la ley era irracional - la prohibición de ingresar a un "área de acceso de negocios" durante cuatro días después de haber recibido instrucciones de abandonarla. Sin embargo, el resto de la ley sólo hizo ilegal lo que de hecho ya era ilegal en virtud de otra ley existente en Tasmania. De manera similar, el juez Edelman también escribió que la ley solo era de aplicación a una conducta que ya era ilegal per se. 

¿A dónde vamos desde aquí?

El fallo del caso Brown contra Tasmania constituye una decisión histórica para el derecho a protestar en Australia. El fallo del tribunal es una articulación más clara de la manera en que la protesta está más protegida que nunca por la Constitución. Habrá antecedentes en los tribunales que probablemente serán importantes para casos futuros y en el momento en que los gobiernos estén contemplando la introducción de legislación restrictiva en contra de las protestas. Brown y Hoyt argumentaron que era necesario estar presentes en el lugar para que su protesta fuera efectiva, para que se pudiesen transmitir imágenes de la destrucción ambiental a la que se oponían. Tal como el juez Nettle argumentó: “La cobertura mediática de protestas in situ, incluyendo la cobertura a través de medios de comunicación social, permite que las imágenes del entorno amenazado sean transmitidas y difundidas ampliamente, y es más probable que el público tenga un interés en un problema ambiental cuando se puede visualizar el entorno que se busca proteger. "Eso significaba que la legislación, al igual que las leyes anti-protesta ante el tribunal, que les impedía acercarse a la zona de tala, representaba un desafío muy importante para el derecho a la protesta.

Los jueces también tuvieron en cuenta la significativa historia de protestas políticas en Tasmania a la hora de traer el cambio necesario para proteger las áreas silvestres ahora tan apreciadas. El hecho de que la protesta hubiese representado una herramienta importante para la creación de ese cambio se suma al peso que estas leyes colocaron en la comunicación política.

El proyecto promete convertir la protesta directa sobre el medio ambiente en Australia en un importante campo de batalla en un futuro próximo

Otro tema destacable que se hizo presente a través de los juicios fue la aceptación general de que la protección de los intereses comerciales era un propósito legítimo que la ley debía perseguir. Mientras que otros gobiernos han tratado de justificar las leyes que restringen la protesta citando la seguridad, el gobierno de Tasmania fue más directo en su retórica, hablando de los derechos de los negocios a estar libres de interferencias.

En el futuro inmediato, la decisión del Tribunal Supremo podría significar un desafío a las leyes anti-protestas de Nueva Gales del Sur. La Organización Defensores del Medio Ambiente ya ha declarado que está buscando consejos para saber cómo la decisión de Brown afecta a las perspectivas de éxito.

A más largo plazo, la decisión del tribunal será una bendición para los activistas. Un punto de referencia para la lucha contra el cambio climático en Australia es la controvertida mina de carbón Carmichael, que la compañía Adani está intentando explotar en el estado de Queensland. Hasta ahora, los obstáculos legales y financieros han paralizado la construcción de la mina, sobre la que sus críticos dicen que va a impulsar el cambio climático, la amenaza para los sistemas de agua subterránea, y que no va a tener en cuenta los derechos de los aborígenes australianos a sus tierras tradicionales. El proyecto promete convertir la protesta directa sobre el medio ambiente en Australia en un importante campo de batalla en un futuro próximo. Ante los fuertes incentivos existentes para que los políticos y las empresas intenten sofocar la disidencia de los ambientalistas, el fallo del Tribunal Supremo les brindará a los manifestantes una cierta protección contra la extralimitación.

Bob Brown pensó eso mismo a raíz del juicio. “Hoy es un gran día para los bosques, la fauna y para toda la naturaleza en Tasmania y en toda Australia y un gran día para el derecho fundamental de los australianos a la protesta pacífica”, dijo Brown a los medios de comunicación. “A los que piden duras sanciones contra ciudadanos pacíficos que protestaban contra la mina de Adani sel Tribunal Superior les han puesto de nuevo en su lugar.”

Jessica Hoyt dijo que planeaba casarse en el bosque la semana siguiente con su pareja, tras 11 años de noviazgo.

“Me sirve de un poco de consuelo que, a pesar de que hemos perdido nuestro hermoso bosque, Lapoinya significaba algo”, dijo Hoyt. “Quiero decir hecho de que esta ley podría ser cuestionada. No es correcto crear una legislación que sólo sirva a los intereses del negocio corporativo y ya es hora de que los políticos empiecen a escuchar a la gente, a la comunidad. Nunca deje que el miedo se interponga en el camino de lo que está bien. ¡Lapoinya: esto era para ti!“.

About the author

Hannah Ryan is a lawyer at the Human Rights Law Centre (HRLC) in Sydney, Australia. Before joining the HRLC, Hannah studied democratic freedoms and civil liberties as a Fulbright Scholar and Frank Knox Memorial Fellow at Harvard University. @HannahHRLC

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