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Granadas aturdidoras y Robocops: ¿Cómo podemos confiar en que la policía proteja nuestras protestas?

¿Cuál es la lógica detrás de una vigilancia policial de protesta cada vez más militarizada? ¿Cuáles son los costes de esta estrategia? ¿Y de qué manera está creciendo la resistencia a la vigilancia agresiva? English

La policía antidisturbios lanzó granadas de destello y usó spray de pimienta durante las protestas en la inauguración de Donald Trump en enero de 2017. Imagen: Michael Nigro / SIPA USA / PA Images. Todos los derechos reservados.

Este artículo forma parte de Protestar es un Derecho, un proyecto de colaboración con las organizaciones de derechos humanos CELS e INCLO, con el apoyo de la ACLU, que examina el poder de la protesta y su papel fundamental en la sociedad democrática.

En 2014, los tanques desfilaron por las calles de Ferguson, Missouri, flanqueados por Robocops con armas imponentes. La policía quería poner fin a las protestas contra el asesinato del adolescente negro Michael Brown. ¿Por qué la policía actuó como un ejército? ¿Y cómo consiguieron esas armas? La militarización de la policía fue noticia de primera plana. Las autoridades se apresuraron a responder y cuestionaron el programa del gobierno que distribuye armamento militar a las fuerzas policiales locales. El presidente Obama prometió investigarlo y pidió que las armas calibre .50 y los drones armados fuesen eliminados de la larga lista de armamento disponible. El presidente Trump rescindió esa directiva el pasado septiembre. 

Pero la militarización de la policía va más allá que cualquier programa gubernamental por sí solo. Las industrias de defensa y seguridad son actores poderosos en los círculos policiales e influyen en la estrategia policial, incluidos los métodos para controlar las protestas. Desde finales de la década de 1990, la policía ha utilizado spray de pimienta, barricadas, cascos antidisturbios, escudos, granadas aturdidoras, pistolas Taser y cañones de sonido contra muchos manifestantes. Los negocios están prosperando. El mercado mundial de armas menos letales generó 6,32 mil millones de dólares norteamericanos en 2016 y se espera que llegue a los 11,85 mil millones hasta el 2023.

Canadá también está comprando número cada vez mayor de armas. Refiriéndose a la compra de grandes cantidades de rifles de alta potencia, el comisionado de la Real Policía Montada de Canadá, Bob Paulson dijo que "teme la tendencia al aumento del uso de armamento de estilo militar que utilizan los cuerpos de seguridad para realizar operaciones policiales". En la primavera de 2015, la policía de Montreal utilizó una combinación de detenciones, gases lacrimógenos, granadas paralizantes y spray de pimienta para dispersar a los manifestantes anti-austeridad

¿Por qué los estados ven a las protestas como una amenaza creciente?

Las armas constituyen solo una parte del problema. Se usan contra los manifestantes, en parte debido a una lógica que ve las protestas como 'amenazas' a la seguridad nacional, tanto las que son imprevisibles como aquellas que tienen el potencial de alterar los sistemas políticos y económicos. Las iniciativas antiterroristas se basan en esta lógica, dirigida por la inteligencia. Un informe de inteligencia la Real Policía Montada de Canadá de 2016 describió a los activistas contra la construcción del oleoducto Keystone XL como "una amenaza criminal y extremista”, que busca promover su " violenta ideología contra el petróleo". Tal marco justifica la infiltración, la militarización y una respuesta preventiva de las autoridades políticas y del liderazgo policial.

En lugar de negociar con los líderes de los movimientos, la policía empezó a combinar unidades especializadas con armas menos letales, barreras e infiltración para contener, neutralización, detención preventiva e intimidación

Desde principios de la década de 2000, la policía ha tratado a manifestantes considerados 'amenazas' con un enfoque de 'incapacitación estratégica'. En un clima de creciente desigualdad, los ataques del 11 de septiembre, las redes policiales cada ves más globalizadas y la expansión de la industria de defensa, esta estrategia se ha promovido como la "mejor práctica" para las fuerzas policiales. 

En lugar de negociar con los líderes de los movimientos, la policía empezó a combinar unidades especializadas con armas menos letales, barreras e infiltración para contener, neutralización, detención preventiva e intimidación. Este enfoque de mano dura se produjo por primera vez en las manifestaciones a favor e la justicia global, del medioambiente y contra la guerra, y provocó la condena de muchas autoridades políticas y defensas legales, con las consiguientes demandas colectivas en los EE. UU. e investigaciones en Canadá. 

Los costes asociados con esta estrategia, combinados además con las críticas persistentes sobre la brutalidad policial racista, profundizaron una crisis de legitimidad para la policía. Desde 2014, Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) y Movement for Black Lives (Moviemiento por las Vidas Negras) han destacado los incidentes implicando disparos por parte de la policía contra negros desarmados. Las protestas contra estos tiroteos hacen inevitable la conexión entre la vigilancia policial militarizada y la actuación racista cotidiana de la policía. En este contexto, algunos líderes de fuerzas policiales se preguntan cómo podrían recuperar la confianza del público. Una encuesta Gallup informó que la confianza pública en la policía en los Estados Unidos está en su nivel más bajo en 22 años. Existe la necesidad de que la policía pase de una mentalidad dominante "combatiente" a una "mentalidad de guardián", dice Tracy Meares, miembro de la Fuerza de Tarea sobre Vigilancia en el Siglo XXI creada por la administración Obama. A pesar de tales recomendaciones, los tiroteos y las protestas continúan, ya que las herramientas y las lógicas de la policía no han cambiado. De hecho, en la era Trump, el uso de la fuerza contundente es celebrado. 

Acusaciones exageradas 

Tras la resolución de una larga demanda colectiva por parte de manifestantes en 2015 por 13 millones de dólares, parecería que la vigilancia policial militarizada en Washington DC ha regresado. Para la toma de posesión de Trump, la policía local gastó más de 300.000 dólares, lo que incluye 42.000 dólares en municiones de armas menos letales, entre ellas 140 granadas aturdidoras tipo Stinger, 140 balas de goma, 140 proyectiles Stinger y 20 botes de humo. 230 manifestantes fueron acusados de delitos y disturbios, lo que comporta hasta una década de prisión y una multa de 25.000 dólares. Generalmente. cargos de ese tipo no se aplican de forma masiva.

Mara Verheyden-Hilliard, directora ejecutiva del Fondo de la Asociación para la Justicia Civil, dijo que las detenciones, "simplemente basadas en la proximidad o en la expresión de puntos de vista políticos durante una marcha" establecieron un precedente preocupante para todas las protestas. Explicó que ese precedente significa que “en cualquier manifestación", si un participante u otra persona comete un acto ilegal, entonces "toda la manifestación puede estar sujeta al uso de la fuerza indiscriminada y grandes grupos de personas pueden ser repentinamente arrestados sin previo aviso ni oportunidad de dispersarse, y enfrentarse a cargos criminales que pueden afectar su futuro". 

"Muchos estados están aprobando leyes que limitan el derecho a protestar".

La policía en St. Louis, Missouri, gritó "¿De quién son las calles? ¡Nuestras!", mientras dispersaban a los activistas que se manifestaban contra la brutalidad policial en las calles. Es posible que tenga razón. Desde las elecciones de 2016, el Departamento de Policía de Los Ángeles (más conocido como LAPD por sus siglas en inglés) ha arrestado a 462 personas durante protestas contra Trump, y solo ha acusado penalmente a tres. En St. Loius, durante protestas contra la absolución de un oficial de policía que disparó a Anthony Lamar Smith en 2011, la policía arrestó a 307 manifestantes en 18 días. La policía también usó spray de pimienta, intentó evitar que la gente grabara las acciones policiales y acorraló a los manifestantes en un área pequeña. "Muchos estados están aprobando leyes que limitan el derecho a protestar. La resistencia a esta vigilancia agresiva está creciendo, en las calles y en los tribunales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Missouri entabló una demanda contra el Departamento de Policía de St. Louis Missouri por lo que denominó "acciones ilegales e inconstitucionales" contra los manifestantes.

Este último año, las confrontaciones entre manifestantes racistas y antiinmigración y manifestantes antirracismo han recibido atención de la policía. A pesar de su acceso a los tanques y equipamiento antidisturbios, la policía no ha podido detener a los manifestantes neonazis que disparan y usan automóviles para matar a manifestantes antirracistas. De hecho, la policía suele arrestar a los antirracistas. ¿Qué se debe hacer? El ansia de evitar que los activistas racistas y fascistas marchen en las calles puede empujar a los preocupados por el creciente extremismo a depender más de la policía, exigiéndoles que "hagan su trabajo correctamente" y protejan a la sociedad. Tal enfoque es miope. La policía no es nuestra tutora. Son los guardianes de una sociedad racista y violenta. La policía, especialmente la policía militarizada, no puede detener la creciente ola de racismo. La policía parece un ejército porque compañías como TASER y Lockheed Martin se están beneficiando y exacerban este sistema inestable y explotador. Para construir una sociedad más democrática e igualitaria, debemos avanzar hacia una seguridad real, donde protejamos las demandas de equidad y aseguremos el espacio para la disidencia, no para los robocops y los racistas.

About the author

Lesley J. Wood is Professor of Sociology at York University in Toronto, Canada. She is the author of Crisis and Control: The Militarization of Protest Policing (2014) and Direct Action, Deliberation and Diffusion (2012) and co-author of the third edition of Social Movements 1768-2012. She is an activist in the global justice and anti-poverty movements.

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