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La violencia contra las mujeres en España: ¿a quién le importa?

Ante las elecciones, todos los partidos políticos en España han hecho comentarios sobre la  violencia contra las mujeres. Pero la preocupación de los españoles por esta tragedia sigue siendo baja. English.

El descubrimiento, justo antes de la Navidad del año pasado, de los cuerpos sin vida de dos mujeres en Bilbao, en el País Vasco, elevó hasta 50 el número de asesinatos en 2014. Su asesino había golpeado a las dos mujeres hasta matarlas por una cuestión de  dinero, dijo. Antes de finalizar el año, otra mujer fue asesinada en Madrid, por lo que el número total de mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja durante 2014 fue de 51, según fuentes gubernamentales. Cincuenta y una de un total de más de doscientas en los últimos cinco años.

Algunas organizaciones no gubernamentales afirman que el número es todavía mayor si se toman en consideración las muertes de menores de edad o las muertes a manos de otros miembros de la familia.

Mujeres de Negro al inicio de la manifestación celebrada en Madrid el 7 de noviembre de 2015. Foto: autor

El 7 de noviembre del presente año, una manifestación en Madrid organizada por grupos feministas logró reunir a más de 200.000 personas, según los organizadores, lo que supone la mayor concentración contra la violencia de género que haya tenido lugar en la capital. El evento comenzó con las acciones de las "Mujeres de Negro", un grupo feminista originario de Bilbao, abierto a todas las mujeres, cuyo objetivo es participar en acciones y llamar la atención sobre el grave problema de la violencia contra las mujeres en España. Justo después de las 11 de la mañana, con la marcha programada para comenzar al mediodía, más de 50 mujeres vestidas de negro se tumbaron delante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al lado del Museo de Prado, quietas y en silencio, representando a  las mujeres asesinadas.

España no lidera las encuestas de violencia de género en Europa, donde un promedio 7 mujeres al día son asesinadas a causa  de la violencia de género. Ese dudoso honor le corresponde a Dinamarca, donde más del 50% de las mujeres confiesan haber sufrido violencia de género.

La manifestación en Madrid, a sólo seis semanas de las elecciones generales de 20 de diciembre, obligó a todos los partidos políticos no sólo a pronunciarse, sino también a hacer acto de presencia en la marcha para intentar mantener su credibilidad política. Asistieron los líderes de los tres partidos de izquierda, Podemos, el Partido Socialista (PSOE) e Izquierda Unida. La derecha, el Partido Popular (PP) y el centroderecha, Ciudadanos, enviaron a representantes relativamente conocidos. Con el ayuntamiento en manos de la izquierda por primera vez en 24 años, el gobierno local de Madrid y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, asistieron a la manifestación, que contó también con la presencia de la también nueva alcaldesa de Barcelona y conocida activista, ​​Ada Colau. El Ayuntamiento de Madrid, situado en la céntrica Plaza de Cibeles, iluminado con luz violeta durante la noche,  mostraba una enorme pancarta en apoyo a la manifestación.

La prensa respaldó la demostración. "ABC", el diario más influyente de la derecha, publicó una pieza corta para aplaudir la marcha y llamar la atención sobre lo que describió como "esta lacra social” que ha causado la muerte de  1.378 mujeres desde 1995. Sin duda uno de los aspectos más notables de esta  manifestación fue demostrar el avance en el reconocimiento y apoyo de algunas instituciones estatales, lo que representa un éxito notable para el movimiento feminista, que ha estado pidiendo a gritos que las instituciones públicas tomen cartas en el asunto.

Ayuntamiento de Madrid iluminado en violeta. Foto: Irune Lauzirika Jauregi.

Seis días después de la manifestación, sin embargo, el  diario "El Mundo" publicaba un artículo haciendo referencia a otros 5 asesinatos de mujeres en el ámbito doméstico, uno por día transcurrido desde la manifestación. Ante esta realidad, la respuesta al parecer que no puede ser otra que una incesante  reivindicación que obligue al Estado a intervenir con tanta fuerza como lo hizo para poner fin a la lucha armada de la organización terrorista ETA, ahora fuera del mapa, después de 40 años de actividad.

El gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, elegido en 2004, hizo una gran contribución a la causa al introducir la ley más avanzada de Europa sobre la violencia contra las mujeres, la Ley Orgánica 1/2004. Dicha ley define la  cuestión como un problema político y social, y no simplemente personal y conyugal. Como el British Journal of Epidemiology informó en 2006, la nueva ley trasladaba el problema "del ámbito de las reivindicaciones feministas al   institucional".

Además de sacar este problema del ámbito privado y afirmar los derechos de las mujeres ante la ley, la legislación contemplaba la creación de tribunales especializados para hacer frente a las acusaciones de violencia, y un aumento considerable de los presupuestos dedicados a la protección de la víctimas y para la formación del personal dedicado a atenderlas  Aclamada en Europa, la Ley de 2004 recibió una mención honorífica en los  Future Policy Awards de 2014 en Ginebra, y fue respaldada por la ONU y el World Future Council, quien mencionó especialmente los objetivos declarados de proteger y empoderar a las mujeres y - lo más importante - cambiar actitudes en el ámbito social.

Debido a la crisis económica y a los recortes que sufrió  casi desde el inicio, la ley de 2004 ha sido parcialmente desmantelada, especialmente en los últimos tres años con la retirada masiva de fondos por parte del gobierno del Partido Popular (PP), por lo que su eficacia es mucho menor de la prevista. Los recortes del gobierno del PP en su financiación han supuesto pasar de un  presupuesto inicial de 30 millones, que era el que preveía el gobierno socialista, a los actuales 6,6 millones. Como consecuencia de ello, han aumentado el número de casos de violencia de género archivados por los tribunales y el número de denuncias retiradas. También han disminuido las denuncias oficiales, ha empeorado la evaluación de riesgo y se ha reducido  el número de órdenes de protección.

Pero mientras que la reciente manifestación ha demostrado que muchos más ciudadanos conocen la gravedad de la realidad de la violencia contra la mujer en España, el nivel de preocupación del público español por este drama sigue siendo extraordinariamente bajo. Esta es una de las razones que explican, tal vez, por qué las campañas de los partidos políticos no se han ocupado de la cuestión durante este año electoral.

Breves informes de cada asesinato aparecen puntualmente en la prensa y en la televisión, que se acompañan siempre con el número de teléfono de emergencia habilitado para pedir ayuda. Pese a ello, y aunque entre 2010 y 2014 fueron asesinadas en España 205 mujeres por violencia de género, las encuestas de opinión reflejan poca preocupación por parte de los ciudadanos. Según la encuesta de opinión elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en noviembre del año pasado sólo el 0,4% de la población consideraba la violencia contra las mujeres uno de los principales problemas del país: una cifra que ha variado poco en los últimos 10 años, a pesar de la información constante de los medios de comunicación.

En el mismo periodo, la preocupación por la corrupción y el fraude ha pasado del 1,3% al 42%. Organizaciones mundiales y europeas siguen alertando de los fallos por parte de España a la hora de abordar el problema. El Informe Sombra (Informe Alternativo) elaborado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, publicado en diciembre de 2014, constató que el Gobierno español no había cumplido con los requisitos internacionales sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres, y lo denunció ante la ONU. Según el informe, los  principales fallos son la insuficiencia de fondos, la inadecuada  definición de la cuestión, los métodos y mecanismos de evaluación impropios y - quizás lo más importante - la falta de voluntad política, que es la fuerza motriz que genera cambios en la sociedad. En julio de 2015, este mismo organismo reconocía que la Ley de 2004 era un "elemento clave de emancipación", pero que España aún carecía de un plan integral para hacer frente a todas las formas de violencia contra las mujeres.

A pesar de la Ley de  2004 y de las críticas y recomendaciones de la ONU en los últimos 10 años, los políticos españoles parecen sorprendentemente  insensibles ante la violencia machista. El Gobierno del País Vasco, en manos del conservador Partido Nacionalista Vasco (PNV), ha propuesto recientemente crear un "Mapa de la Memoria" para recordar a las víctimas de “muertes injustas” en el País Vasco entre 1960 y 2010. El mapa registrará los asesinatos y mostrará "el rostro humano del sufrimiento de cada víctima injustamente asesinada”.

En Euskadi se han organizado actos en memoria y de reconocimiento a "todas" las víctimas mortales del terrorismo. Durante esos mismos 50 años de violencia terrorista, es probable que hayan sido asesinadas por sus parejas o ex parejas por lo menos 100 mujeres en la región (no se dispuso de estadísticas fiables hasta el año 2000 y, desde entonces, se han registrado un promedio de 2 muertes por año en el País Vasco).

Al parecer, el Gobierno vasco sólo considera "muertes injustas" las que resultan de actos de terrorismo o de violencia policial, y no tiene planes de incluir a las víctimas de la violencia de género en sus recuentos.


Este artículo ha sido traducido al español por Cristina Casabón, miembro del programa de voluntariado de democraciaAbierta,

About the author

Liz Cooper has worked in publishing for over 30 years. In the 70s she worked on the paper Shrew, the magazine Red Rag, and the Women’s Liberation Newsletter. She worked for 4 years for PDC, a radical publishing and distribution co-operative before moving on to the New Statesman in the 80s and briefly News on Sunday. She now lives in Northern Spain. Follow her on twitter @LizAnneCo.


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