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Qué quedó para los países Latinoamericanos luego de la insubstancial cumbre de la ONU sobre drogas

En algunos países latinoamericanos, las políticas de mano dura contra las drogas han generado niveles de violencia similares a los de una guerra. Sin embargo, los países centrales siguen siendo reacios a hacer frente a un problema que no reconocen como propio. English

Oficial de lucha contra los estupefacientes. Colombia. Fernando Vergara / AP / Press Association Images. Todos los derechos reservados.

La Sesión Especial de Naciones Unidas sobre drogas se realizó este año a pedido de tres países Latinoamericanos (Colombia, México y Guatemala) que demandaron al sistema de Naciones Unidas una respuesta urgente a la crisis de violencia. México y Centroamérica hoy atraviesan niveles de violencia y muerte similares a los de una guerra, en gran medida por las dinámicas generadas por el tráfico de sustancias ilícitas hacia los grandes mercados del norte. Estos países, apoyados por otros de la región perciben al sistema internacional de control de drogas como parte del problema, y solicitaron que la comunidad internacional evaluara el funcionamiento del sistema y pensara en esquemas alternativos más eficaces.

Poco de esto sucedió finalmente en la Sesión Especial. Los países promotores del debate tuvieron que luchar tenazmente durante el proceso de preparación para lograr siquiera algunas menciones en los documentos oficiales a los daños sociales y a la violencia que sufren ciertos territorios. Aún cuando es compartida la noción de que estas dinámicas se asocian al tráfico de un mercado global desde sus inicios, y que el régimen de prohibición está relacionado íntimamente con las formas que el mercado asume. Los países centrales son aún renuentes a la discusión de un problema que no terminan de reconocer como propio, si bien los grandes centros de consumo de estos productos ilícitos se sitúan en Europa y Norteamérica.

El sistema internacional en sí mismo demostró una limitada capacidad de auto evaluación. El marco de las Convenciones internacionales de Drogas fue defendido dogmáticamente, en vez de promoverse un debate y análisis objetivo de sus impactos y de sus principios de funcionamiento, como la prohibición de las sustancias. También fue escaso el reconocimiento del problema de las drogas como un mercado, con capacidad de alta innovación y de adaptación a circunstancias cambiantes. Esta mirada demandaría respuestas de los estados y del sistema internacional mucho más dinámicas también, así como se piensan en economía, estrategias estatales de intervención desde una perspectiva social.

En alguna medida, el hecho de que se concentraran las negociaciones del documento de resultados de UNGASS en Viena, -el mismo lugar en que fueron diseñadas las políticas internacionales de control- comprometió seriamente la capacidad de evaluar al sistema. Ya que nadie puede ser juez y parte, las agencias de drogas deben reconocer que resulta imprescindible la evaluación externa de las políticas desarrolladas hasta el momento.

La decisión de sostener la Sesión Especial en Nueva York tenía esta intención, junto con la inclusión de los 140 estados que no están representados en Viena. También, durante el proceso de preparación de la Sesión Especial, se solicitó a diversas agencias de ONU que emitieran su opinión técnica sobre temas como la interrelación de políticas de drogas y desarrollo, el impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos, el impacto en poblaciones específicas como mujeres y las implicancias para la salud incluyendo el VIH, entre otras. Los análisis técnicos y las recomendaciones de estas agencias encontraron que algunas de las políticas promovidas desde las Convenciones de drogas, como la penalización del consumo han significado en la práctica una barrera para el acceso a la salud, y ha significado en la práctica una violación a los derechos individuales. También ha traído como consecuencia el encarcelamiento de cientos de miles de consumidores en todo el mundo, produciendo el aumento de la tasa de encarcelamiento global.  

Las opiniones técnicas de las distintas agencias especializadas de ONU fueron mayormente ignoradas en el documento de resultados de UNGASS. Las negociaciones conducidas por la Comisión de Estupefacientes (CND) en Viena excluyeron las visiones volcadas por el sistema de Derechos Humanos, por otras agencias como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) u ONUMujeres.

El proceso de UNGASS nos deja algunas reflexiones acerca de la falta de cohesión en este tema entre las ramas del sistema de Naciones Unidas sobre drogas y delitos, salud, derechos humanos y desarrollo. Uno de los resultados paradójicos de la Sesión Especial fue exponer esto en primer plano. El marco normativo internacional en materia de drogas está en el centro de la cuestión y debe avanzarse hacia su revisión.

También deja algunas reflexiones acerca de la política internacional, el peso específico que aún concentran ciertos actores y regiones y lo difícil que todavía es para los países del Sur imponer sus perspectivas en un debate global.

A nivel de los países, durante la Sesión Especial fueron numerosas las declaraciones a favor de moverse hacia una respuesta más balanceada en materia de drogas. Países de todas las regiones que expresaron su deseo de disminuir los componentes punitivos de las respuestas estatales y fortalecer los componentes de salud, en un marco de respeto de los derechos de las personas. De llevarse esto a la práctica para ser transformado en políticas reales, implicaría un cambio muy sustantivo en las asignaciones de presupuesto, en el enfoque general, y en los resultados.

Para los países latinoamericanos la fuerte asociación entre drogas y delito y las leyes de drogas vigentes han despertado fuertes reacciones desde el ámbito penal que deberán ser revisadas. Los cambios deberían apuntar a revertir la tendencia de detenciones y encarcelamiento de personas por delitos de consumo, o por delitos menores no violentos asociados con drogas. Lo mismo sucede con el impacto que ha tenido la lucha contra el narcotráfico en las políticas de seguridad. En casos extremos como el de México, esto ha producido la militarización de la seguridad y el uso de las fuerzas amadas. Las extensas y gravísimas violaciones de derechos humanos derivadas de esta política demandan un radical cambio de rumbo en las políticas internas, y el reconocimiento por parte del estado de estos delitos.  En los países con extensas áreas cultivadas con coca, amapola o cannabis, las políticas de erradicación forzada y las fumigaciones son el escenario diario de violaciones de derechos de cultivadores y campesinos que es necesario detener.  

En materia de drogas, parecería que el tabú se ha terminado, pero el período que se abre es también un período de intenso trabajo interno para los países en búsqueda de la coherencia. Y en las sociedades y las organizaciones sociales para seguir apuntalando estos cambios.

About the author

LP, editor

Luciana Pol, an Argentine sociologist, is a Senior Fellow in Security Policy and Human Rights at the Center for Legal and Social Studies (CELS). Her main areas of work are drug policy and human rights, security policies and social protest.

Luciana Pol es una socióloga argentina, investigadora senior en Política de Seguridad y Derechos Humanos en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Sus principales áreas de trabajo son las políticas de drogas y los derechos humanos, las políticas de seguridad y la protesta social.


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