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Retroceso global del espacio cívico en las democracias

En todo el mundo, el espacio cívico - un ingrediente clave para una democracia exitosa y respetuosa con los derechos - está amenazado. English

El valor es contagioso. Protesta de Refugee Action el 27 de julio 2013 en Melbourne, Australia. FLICKR / John Englart. Algunos derechos reservados.

No es ningún secreto que la democracia se enfrenta a una prueba de estrés a nivel global. Los políticos que practican la división están creando una fractura enorme entre los impulsos mayoritarios de la democracia electoral y las bases inclusivas de la democracia constitucional. La democracia electoral, para hacer avanzar las agendas políticas partidistas, enfatiza una mentalidad simplista en la que "el que gana se lo lleva todo", mientras que la democracia constitucional acomoda las voces de la disidencia y de las minorías a través del sistema de controles y equilibrios. En particular, los activistas de la sociedad civil y las organizaciones que hablan claro al poder, y que buscan su inclusión en la toma de decisiones, se enfrentan a graves obstáculos, puesto que el “espacio cívico” parece que está siendo constreñido en varios países democráticos.

Descrito como "un conjunto de reglas universalmente aceptadas, que permiten a las personas organizarse, participar y comunicarse libremente y sin obstáculos, e influir en las estructuras políticas y sociales a su alrededor", la existencia de un espacio cívico abierto es un ingrediente clave para una democracia exitosa y respetuosa de los derechos. Lamentablemente, hay una brecha cada vez más ancha entre este principio y la práctica. El informe anual de Amnistía Internacional ofrece un panorama sombrío del estado de las libertades básicas de las personas, que hoy están en peligro, mientras que Human Rights Watch, en su Informe Mundial 2017,  lamenta que el peligroso aumento del populismo esté provocando un ataque global a los valores de los Derechos Humanos. El Monitor de CIVICUS , una plataforma de investigación participativa en línea, llega a la conclusión de que solo existe un espacio ciudadano abierto y libre en 26 de los más de 195 países estudiados.

Con el fin de poner en evidencia los corrosivos desarrollos tendentes a suprimir las voces de la sociedad civil en las democracias consolidadas, CIVICUS y varios grupos hermanos organizaron un evento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado mes de marzo. Ahí compartieron sus perspectivas activistas  procedentes de Brasil, India, Polonia y Sudáfrica, llegando a la conclusión de que  los valores fundacionales y las constituciones obligaban a sus estados a apoyar a las voces de la sociedad civil, y no a socavarlas. A ellos se unió el Relator Especial sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos de la ONU, cuyo último informe señala que los defensores de los derechos se enfrentan a ataques sin precedentes, destinados a socavar la “legitimidad, la credibilidad y la sinceridad de su compromiso", mientras que populistas, nacionalistas y movimientos fundamentalistas de todo tipo se están multiplicando.

Polonia acoge la Comunidad de Democracias, un organismo intergubernamental dedicado al fortalecimiento de las instituciones democráticas y a la defensa de la sociedad civil, y se ha enfrentado recientemente a una avalancha de protestas públicas contra acciones antidemocráticas de políticos y legisladores. Estas incluyen un malintencionado proyecto de ley contra el aborto, que impide que las mujeres tengan control sobre sus cuerpos, y también acciones para limitar el acceso de los periodistas a los edificios del parlamento. Parece que una fuerte presión de la sociedad civil  ha paralizado por ahora estas medidas, pero las autoridades dicen que tienen la intención de crear un ' departamento ' para supervisar y centralizar los fondos públicos destinados a las organizaciones de la sociedad civil. Muchos interpretan esto como un movimiento de apoyo a las ONGs conservadoras progubernamentales, y de castigo a otras. También existe preocupación ante la reciente difamación de los grupos de derechos humanos en los medios estatales, que les acusan de actuar en contra de los "intereses polacos".

Brasil fue la orgullosa sede de la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible Río + 20, que resultó en la adopción de los 'principios de economía verde’ que obligan a los Estados a trabajar para crear un entorno propicio para la sociedad civil. Irónicamente, Global Witness ha descrito Brasil como el país más peligroso del mundo para convertirse en activista medioambientalista. El gobierno de Brasil necesita hacer mucho más para abordar el problema de las grandes empresas agrícolas y las industrias extractivas, que atacan a los defensores de los derechos ambientales, de la tierra y de los pueblos indígenas. El reciente cambio de liderazgo político, que implicó la polémica destitución de la última presidenta de la república, muchos en la sociedad civil brasileña están también preocupados por las medidas antipopulares adoptadas ahora, como la imposición arbitraria de medidas de austeridad para limitar el gasto público en programas de educación y medidas sociales, que fueron impuestas sin suficiente debate público, a lo que siguió un debilitamiento de los derechos laborales que afectaría desproporcionadamente a las comunidades empobrecidas.

La diversa e históricamente vibrante sociedad civil de la India ha sido durante mucho tiempo, internacionalmente, una fuente del poder blando para el país. Sin embargo, las corrientes cada vez más intolerantes que dominan sus actuales políticas están propiciando la aparición de un nuevo conjunto de desafíos. Varios grupos de la sociedad civil india, en particular aquellos que denuncian violaciones de los Derechos Humanos y / o tratan de promover los derechos de las minorías religiosas, étnicas o excluidas, están denunciando su victimización, que se lleva a cabo mediante el acoso burocrático y mediante casos judiciales infundados. Más de 20.000 organizaciones de la sociedad civil han visto cancelado su permiso para recibir fondos internacionales a partir de 2014, cuando el actual gobierno llegó al poder. Estas acciones están debilitando la democracia en la India y su compromiso constitucional con la justicia social, derivado de los valores adoptados a raíz de su lucha por la libertad.

La constitución progresista de Sudáfrica establece el marco para un entorno legal propicio para la sociedad civil. Su Ley de Organizaciones sin Fines de Lucro de 1997 se cita a menudo como un ejemplo de legislación habilitante. Pero los grupos de la sociedad civil en el país, particularmente aquellos que exponen los altos niveles de corrupción y los déficits de gobernabilidad, están preocupados ante un inminente movimiento para sustituirla por una ley que permita un mayor control burocrático sobre sus actividades, incluyendo la restricción de la financiación internacional. También existen serias preocupaciones ante la represión violenta de las protestas públicas. Muchos activistas se preguntan qué se puede hacer para recuperar el espíritu de la transición democrática de 1994, cuando gobierno y sociedad civil trabajaron juntos para hallar soluciones a los vergonzosos problemas nacionales.

Evidentemente, la cuestión del retroceso del espacio cívico se extiende mucho más allá de los países mencionados. Es un fenómeno mundial en marcha, que se está viviendo en varias democracias. En Hungría, el partido gobernante ha tratado de controlar la financiación internacional de la sociedad civil. En las Filipinas, el presidente ha amenazado con matar a los activistas de Derechos Humanos. Varios estados de los Estados Unidos han propuesto leyes para debilitar el derecho a la protesta pacífica.

Por su propia naturaleza, las democracias consolidadas tienen una mayor responsabilidad de defender el marco internacional de Derechos Humanos, que garantiza el espacio cívico. El relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos ha instado a los Estados a adoptar un triple enfoque: a) abstenerse de violar los derechos, b) intervenir para proteger los derechos de los defensores / de la sociedad civil, ante aquellos que los violan, y c) crear un entorno propicio para que los defensores / la sociedad civil, lleven a cabo sus actividades.

En cualquier democracia, la contestación sobre cuestiones políticas y económicas es inevitable. Los activistas y las organizaciones de la sociedad civil no esperan que políticos y legisladores estén siempre de acuerdo con ellos, pero esperan que los Estados respeten su derecho a discrepar.

About the author

Mandeep Tiwana is the Head of Policy and Research at CIVICUS. He specialises in legislation affecting the core civil society freedoms of expression, association and assembly.

Mandeep Tiwana es el director de Política e Investigación de CIVICUS. Se especializa en las leyes que afectan las libertades de expresión, asociación y reunión, libertades fundamentales para la sociedad civil. 

Mandeep Tiwana é coordenador da área de política e pesquisa da CIVICUS. Mandeep  é especialista em legislação relacionada a liberdades fundamentais da sociedade civil como liberdade de expressão, associação e reunião. 


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