Print Friendly and PDF
only search openDemocracy.net

La (in)justicia climática en Argentina

Como un sastre ajustando un traje, el gobierno argentino está dispuesto a modificar leyes medioambientales básicas para adaptarlas a los intereses corporativos. English

Campamento de la Mina Veladero, provincia de San Juan, Argentina. Fuente: Wikimedia Commons. Todos los derechos reservados.

En noviembre de 2017, el Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, Sergio Bergman, declaraba en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP23) que "todas las leyes (medioambientales) están vigentes y no van a modificarse.

(...) La información que está circulando no es más que un rumor: no emana del gobierno y no da pie al debate. Se trata de un rumor (...) que surgió tras una reunión con los representantes de la minería, eso es todo".

La intención del Sr. ministro era acallar el rumor de que el gobierno estaba dispuesto a modificar las dos principales leyes ambientales argentinas: la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Glaciares.

Pocos días después, sin embargo, tras una reunión entre representantes del gobierno y del sector minero, el presidente Macri confirmaba la decisión de modificar la Ley de Glaciares.

El gobierno de Macri parece decidido a mantener la relación existente entre políticas públicas e intereses de las corporaciones transnacionales.

La voluntad del gobierno de impulsar una agenda extractivista no es, de ningún modo, un fenómeno aislado – se trata de una tendencia internacional.

Solo dos ejemplos en América Latina: en Brasil, donde la responsabilidad de la catástrofe de Mariana, hace dos años, recae en la empresa brasileña Vale y la anglo-australiana BHP Billiton; en Colombia, donde van cayendo asesinados miembros de la comunidad Wayuu en la mina El Cerrejón, de capital británico, suizo y australiano.

En Argentina, el gobierno está dispuesto a ir más allá con el modelo de despojo.

Desde el fallido intento de instalar a Monsanto en Malvinas Argentinas, hasta la tala ilegal y la incautación de tierras de la comunidad wichí en Salta y la criminalización del pueblo mapuche en Vaca Muerta para defender los intereses de Chevron y Benetton, el gobierno de Macri parece decidido a mantener la relación existente entre políticas públicas e intereses de las corporaciones transnacionales.

Esto se hace sacrificando territorios y vidas - territorios en los que viven personas económica y políticamente desfavorecidas, la mayoría de ellas pertenecientes a pueblos nativos, cuya forma de vida no encaja con el modelo de desarrollo establecido.

La Ley de Glaciares

Los detalles de la Ley de Glaciares y de su modificación ya han sido perfectamente resumidos en un artículo de Juan Parrilla y también en una entrevista con Enrique Viale.

Sin embargo, cabe señalar algunos de los factores que contribuyen al problema actual con esta ley:

  1. Minas como la de Veladero, que gestionan al 50% la canadiense Barrick Gold y la corporación estatal china Shandong Gold, están ubicadas en glaciares. Actualmente hay otros 44 proyectos similares en curso en Argentina que violan la Ley de Glaciares.
  2. En base al marco legal establecido durante la década de 1990 y que ampara las decisiones gubernamentales tomadas durante los periodos kirchnerista y macrista, las minas no contribuyen a la economía del país. Por el contrario, reciben subsidios del Estado.
  3. La creación de puestos de trabajo en la minería es en realidad escasa y no puede ser vista en modo alguno como compensación por el sacrificio de las zonas en las que opera.

Está claro que estos no son solo problemas de la minería, sino de cómo se lleva a cabo actualmente esta actividad en Argentina.

La Ley de Glaciares, uno de los logros más destacados en materia medioambiental del país, tiene singular importancia ya que restringe las prácticas depredadoras de corporaciones extranjeras, cuyo interés por el país no es otro que la extracción de sus recursos - a costa de convencer a los gobernantes para que accedan a menoscabar su soberanía.

Sin embargo, queda todavía algo de esperanza. Gracias a la organización y resistencia de los movimientos sociales, siete provincias argentinas han aprobado leyes medioambientales que limitan, o incluso prohíben, la minería a gran escala.

Un caso ilustrativo es el de la Asamblea Jáchal No Se Toca, creada por la comunidad afectada tras el catastrófico derrame por parte de Barrick Gold de 1 millón de litros de solución de cianuro en el río Jáchal, que fue la que llevó el asunto a los tribunales y consiguió unir tras de sí al país.

Extractivismo y neocolonialismo

Durante el período colonial, tanto el continente como lo que hoy se conoce como Argentina fueron saqueados en nombre de los valores de la civilización europea y en aras a sus intereses.

Hasta cuando no puedan verse y reconocerse claramente los vínculos entre los recursos naturales, la salud, las estructuras jerárquicas, el racismo y la justicia económica, no seremos capaces de construir sociedades verdaderamente libres.

Genocidios como la llamada Conquista del Desierto, destinada a expandir las fronteras argentinas y aumentar la producción de ganado ovino, fueron perpetrados con el objetivo de lograr un mejor acuerdo comercial con el Reino Unido.

En los últimos años, el gobierno se ha esforzado en lograr que algunas provincias garanticen el acceso de las empresas extractivas transnacionales a recursos naturales en territorio argentino. No parece que las cosas hayan cambiado mucho desde el período colonial.

Como han escrito Svampa y Viale en su libro Maldesarrollo, las actividades extractivas alteran los espacios, la sociedad y la cultura en sí – su impacto no es solo medioambiental, sino que tienen efectos profundos y disruptivos en, entre otros, los estándares de vida, las relaciones laborales y de género.

De hecho, las industrias extractivas actúan como multiplicador de los problemas y enfermedades de la sociedad.

La lógica del extractivismo, como la del colonialismo, se deriva de un problema cultural sistémico. Hasta cuando no puedan verse y reconocerse claramente los vínculos entre los recursos naturales, la salud, las estructuras jerárquicas, el racismo y la justicia económica, no seremos capaces de construir sociedades verdaderamente libres y territorios soberanos.

El problema, por supuesto, es de calado. Pero en tiempos como estos, en los que los femicidios y los travesticidios son una plaga, se destruyen  empleos por motivos de austeridad, nos caen lluvias agrotóxicas sobre la cabeza y la disidencia se reprime de manera rutinaria, debemos ser capaces de ver más allá.

Es preciso que entendamos, como los pueblos originarios lo han sabido y practicado desde siempre, que estamos todos metidos en esto - y que entenderlo es la única manera de poder luchar contra la narrativa neocolonial imperante y sus fieles servidores locales.

About the author

Martín Vainstein es un comunicador digital de base y defensor de la justicia climática. Colabora en temas de comunicación con Young Friends of the Earth Europe. 

Martín Vainstein is a grassroots digital communicator and climate justice campaigner. He does communication work for Young Friends of the Earth Europe. 


We encourage anyone to comment, please consult the
oD commenting guidelines if you have any questions.