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¿Impás o cambio real en la ”guerra contra las drogas”? Así fue UNGASS 2016

El consenso oficial de la cumbre de las Naciones Unidas el mes pasado fue el de “todo sigue igual” para el régimen de fiscalización de drogas a nivel global. Pero existen motivos para el optimismo. Aquí están tres predicciones. English

El presidente de Bolivia, Evo Morales, sostiene una hoja de coca durante la conferencia de prensa de la UNGASS. B. Matthews / AP Images / AP. Todos los derechos reservados.

Finalmente se acabó. Una cumbre de Naciones Unidas, que tomó tres años de preparación, costó decenas de millones de dólares y llenó la antesala de la Asamblea General de líderes políticos y de diplomáticos durante tres días, concluyó un mes atrás. El resultado oficial, una declaración consensuada de 14 páginas, a pesar de incorporar algún lenguaje positivo en algunas áreas, es sobretodo una afirmación de que “nada ha cambiado”,  puesto que no hay cambios en los tratados internacionales de control sobre las drogas, no hay revisiones a la estructura del sistema de la ONU para hacer frente a los mercados de drogas y consumo, y no hay acciones específicas o plazos fijados, que tengan obligación de cumplir los estados miembros o las agencias internacionales.

Detrás de este titular decepcionante, sin embargo, hay ciertamente algunas razones para el optimismo. Hay muchos gobiernos que aceptan la necesidad y la urgencia de modernizar las políticas y los programas sobre drogas, y de implementar nuevas aproximaciones. Varios líderes nacionales dejaron claro ante la Asamblea General que no estaban contentos con la inercia que representaba la declaración consensuada, y que no esperarán al permiso de las Naciones Unidas para proceder a implementar las reformas que funcionen mejor para sus ciudadanos (incluyendo la legalización del cannabis). Mientras tanto, otros expresaron igual determinación para continuar, en palabras del representante de Rusia, “intensificando la guerra contra las drogas”.   

Esta polarización de visiones significa que la ONU tiene definitivamente un problema real y persistente con las drogas. Esto permite la existencia de un mercado ilegal en crecimiento y diversificación continuos, que genera cientos de miles de millones de dólares al año en ingresos para el crimen organizado; el extenso uso de estos ingresos ilegales para corromper instituciones y procesos políticos, y para financiar otras formas de crimen y terrorismo; que incrementa las tasas de adicción en todas las sociedades y culturas;  que cientos de miles de muertes cada año sean debidas a las sobredosis de drogas o a la violencia relacionada con el mercado de la droga;  que cada año millones de personas que usan droga sin el acceso a jeringuillas esterilizadas contraigan el Sida o la hepatitis; que millones de personas sean arrestadas por usar drogas, y se vean a menudo sometidas a duros y desproporcionados castigos, incluyendo el incremento de la aplicación de la pena de muerte.

El régimen global de control de drogas fue establecido para asegurar el control estatal sobre el mercado ilícito de drogas y, eventualmente, erradicarlo. Pero esto no marcha bien. La última cumbre de la ONU sobre drogas, en 1998, se reunió bajo el eslogan: “Un mundo libre de drogas: podemos hacerlo”. No es una sorpresa que, 18 años más tarde, no “podamos hacerlo”. El reto al que se enfrentaban los estados miembros reunidos en Nueva York el mes pasado era admitir esta verdad tan evidente, y admitir que las políticas represivas lo que han hecho ha sido crear muchos de los problemas que ahora padecemos, y poder acordar un programa de acción que pudiese por lo menos reducir los impactos dañinos de un mercado establecido globalmente, que cuenta con una alta demanda y con múltiples opciones de suministro.

La incapacidad de hacer esto pone en evidencia el otro problema mundial de la droga, que es que cualquier sentimiento de responsabilidad o misión compartida entre los estados miembros está ahora fundamentalmente, y quizás de manera irrevocable, rota. Los tratados de control de drogas de las Naciones Unidas fueron redactados y ratificados en los años 60, 70 y 80, inspirados por una fe compartida en la capacidad que la prohibición y la aplicación de la ley tendría para estrangular el mercado ilegal, y de esta manera minimizar los daños para la salud y el bienestar de los ciudadanos. Décadas después, todos los gobiernos saben que esta estrategia no ha funcionado –algunos (sobre todo de Latinoamérica, pero también Canadá) están reaccionando a esa realidad al reclamar reformas fundamentales, mientras que otros (gobiernos autoritarios como Rusia, China, Indonesia, Pakistán y Egipto) están buscando intensificar la escalada.  Hay otro grupo –y éste incluye a la mayoría de los países de Europa occidental y a los Estados Unidos – que saben que las reformas son necesarias y las están intentando en sus propios países (a menudo en jurisdicciones sub-nacionales), aunque no están queriendo invertir, esta vez, la energía diplomática necesaria para que los intentos de replantear los acuerdos globales salgan adelante.

De esta manera, al nivel de la ONU, se consigue que el problema se difiera un poco –toda esta fiesta se repetirá en el año 2019. Aquellos que, como yo, piensan que las Naciones Unidas deberían ser el espacio donde los gobiernos puedan superar sus propios intereses diversos, y que debería ejercer el liderazgo a la hora de encontrar respuestas efectivas a retos globales compartidos, se han visto otra vez decepcionados. En ausencia de una estrategia multilateral creíble, es probable que las realidades sobre el terreno, y la realidades políticas en los gobiernos locales y nacionales, acaben marcando una visión cada vez más divergente, que hará más difícil una cooperación futura. Así, ¿qué es lo que es probable que ocurra de aquí al 2019? Siguen unas cuantas predicciones:

Regulación del cannabis: En los últimos años, un país (Uruguay) y cinco estados dentro de los Estados Unidos, han puesto en marcha leyes para ordenar el mercado del cannabis recreativo. Canadá ha anunciado que pondrá en marcha el segundo mercado legal de nivel nacional en 2017, y unos cuantos estados más en EE UU es probable que sigan esta misma vía, como resultado de las votaciones previstas para noviembre de este año. Es, pues, razonable asumir que en 2019 ya no será posible ignorar estas defecciones del compromiso global con la prohibición de todas las drogas controladas. El encargado de vigilar el tratado de drogas de Naciones Unidas ya ha confirmado que los mercados regulados de cannabis son una violación directa de las obligaciones del tratado, así que, o bien es necesario emprender la reforma de los tratados, o bien quedará claro que cumplir con ellos se habrá convertido en una cuestión opcional.  

Reducir la dependencia en la aplicación de la ley y el castigo:  La corriente de países que recientemente tienden a implementar reformas que reducen el número de personas arrestadas por posesión de drogas, y que reducen las penas de aquellos que ya han sido condenados, es probable que continúe y se intensifique en los próximos años. Gobiernos de todo el mundo han visto en la aplicación dura de la ley y la política de condenas una muestra de su compromiso con el régimen internacional, pero ese “espíritu” de control de drogas no está ahora en boga –en el UNGASS 2016 la mayoría de los países, y todos los portavoces de Naciones Unidas, pidieron alejarse de los castigos severos. Mientras que algunos países represivos declararon su intención de continuar arrestando, encarcelando y ejecutando a los que se vean implicados en el comercio de droga, es probable que veamos mayores reformas alrededor del mundo para des-criminalizar o despenalizar delitos menores relacionados con drogas, o para hacer que las penas sean más proporcionadas (tal como incorpora el documento de consenso del UNGASS). Mientras se acumula la evidencia de la eficacia de estas medidas, éstas serán vistas cada vez más como la manera más común y racional de tratar a los que cometan delitos no violentos, y la era de los castigos severos será vista, cada vez más, como un raro error histórico.  

Reducción del daño: Hablando de errores raros, le resultó una vez más imposible a la comunidad internacional reunida en el UNGASS mencionar siquiera el término “reducción del daño” por consenso. La reducción del daño es un tipo de política que se centra, más que en evitar el uso mismo de las drogas, en reducir los daños asociados con el uso de las mismas. Ha sido ya incorporado por todas las agencias relevantes de Naciones Unidas, por la Asamblea de Salud Mundial, por la Asamblea General de Naciones Unidas y por los mecanismos de derechos humanos de la ONU, y numerosas reseñas de investigaciones han demostrado irrevocablemente que es efectivo, y que es implementado por la mayoría de los estados miembros como una estrategia eficaz de promoción de la salud pública. La reducción del daño es uno de los éxitos claros en el campo de la política de drogas a lo largo de las últimas tres décadas. En consecuencia, es agotador el hecho de que el sistema basado en el consenso de estos debates de la ONU permita que un pequeño número de países continúen bloqueando su incorporación a los órganos de control de drogas de Naciones Unidas. Estos países hacen esto, no porque tengan ninguna evidencia de que existen estrategias alternativas efectivas, sino porque la reducción del daño está basada en el apoyo y la tolerancia hacia la gente que usa drogas, y eso pone en cuestión la ideología de tolerancia cero y estigmatización preferida por los regimenes represivos.

A pesar de esta resistencia, en el UNGASS más de 30 países declararon explícitamente su apoyo a la reducción del daño en sus posicionamientos nacionales, y es inevitable que los principios y prácticas de esta visión continúen expandiéndose en los próximos años. Desgraciadamente (y, de alguna manera, previsiblemente), son aquellos gobiernos que más vehementemente se oponen a la reducción del daño los que tienen los problemas más urgentes con las sobredosis y la transmisión del Sida, y que es su intransigencia la que, al final, acabará por evitar que se alcance el objetivo de la ONU de acabar con la epidemia del Sida para el 2030.  

Mientras que estos debates sobre políticas se trasladan desde el plenario de las Naciones Unidas a los parlamentos nacionales y a las administraciones locales, al final es la cambiante realidad sobre el terreno la que determinará el contexto en el que tenga lugar el próximo encuentro de la ONU sobre políticas de drogas en el 2019. En los últimos cinco años, hemos asistido a un viraje significativo en la naturaleza y la diversidad de los mercados ilícitos de drogas: el consumo ya no está concentrado en unas pocas substancias; ya no podemos establecer distinciones claras entre países productores y países consumidores;  ya no es fácil identificar y prohibir las rutas del tráfico de drogas; y ya no podemos seguir soñando que acabar con el mercado a través de grandes éxitos en la aplicación de la ley pueda seguir siendo vista como una estrategia creíble. Es inevitable que se produzca una rápida diversificación en las sustancias psicoactivas, en las técnicas de producción, en los métodos de distribución y en los hábitos de consumo, y los gobiernos deben ahora centrar sus esfuerzos en cómo manejar mejor esta realidad, de manera que se reduzcan los daños sociales y de salud a los ciudadanos. Cualquier tiempo adicional que se pierda en perseguir el objetivo ilusorio de un país, región o mundo libre de drogas, debería identificarse cada vez más como fruto de una ideología basada en la autocomplacencia.    

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Este artículo se publica como parte de una alianza editorial entre openDemocracy y CELS, organización de derechos humanos argentina con una amplia agenda, incluyendo la defensa y promoción de políticas de drogas respetuosas de los derechos humanos. La alianza coincide con la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS).

 

 

About the author

Mike Trace is Chair of the International Drug Policy Consortium Board. 


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