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La seguridad ciudadana en el Perú tras la crisis política de 2017

El establecimiento de objetivos para distintos períodos de la legislatura, común en otros países, pero no en Perú , es un importante avance.

Policía transito, Peru: Alex Proimos. Fuente: Wikimedia Commons. Todos los derechos reservados.

Este artículo se publica como parte de nuesta serie ¿Qué violencias en América Latina? en colaboración con la Facultad de humanidades de la Universidad de Santiago de Chile.

La confrontación entre poderes en Perú es cotidiana y vivió su momento más critico a fines del 2017 con la votación por la salida del Presidente Kucynski. 

Luego vino el indulto al ex presidente Alberto Fujimori, que generó un escenario de descontento entre los que vieron esta decisión como parte de un arreglo político, entre ellos el entonces Ministro del Interior. Durante el primer año del gobierno Kucynski se evidenció estabilidad para las políticas públicas de seguridad ciudadana y orden interno.

Se establecieron objetivos, indicadores y metas a nivel de gobierno, tanto para la totalidad del periodo gubernamental, como para la mitad del periodo en 2018.

El establecimiento de objetivos para distintos períodos de la legislatura es común en otros países, pero no lo era en Perú , donde ahora se reconoce como un importante avance. Entre julio de 2016 y diciembre de 2017 hubo resultados positivos claves, dentro de los cuales se  destaca la reducción de la victimización, que pasó de 31% a 25%, siendo la meta llegar a 24% en diciembre de 2018.

La prioridad se vincula con la reducción del porcentaje de los homicidios por armas de fuego, que debiera bajar de 9,5% a 5,5% al final del presente año.

Así, el año 2018 empieza con importantes desafíos en materia de seguridad ciudadana en el Perú. La prioridad se vincula con la reducción del porcentaje de los homicidios por armas de fuego, que debiera bajar de 9,5% a 5,5% al final del presente año, de acuerdo a los objetivos propuestos por el gobierno.

En cuanto al objetivo de incrementar la confianza en la Policía Nacional del Perú la meta es llegar al 45% a finales de este año, lo que implicaría un incremento de 9 puntos porcentuales.

Cinco recomendaciones

En este contexto y, tomando en cuenta las lecciones de otros países, cinco son las recomendaciones claves para la gestión de la seguridad ciudadana.

Primera recomendación: garantizar la estabilidad y la continuidad de medidas ya adoptadas

En primer lugar, es fundamental garantizar la estabilidad y continuidad de las medidas adoptadas que han mostrado resultados positivos.

Entre las estrategias que requieren continuidad se encuentran la aplicación del sistema de recompensas para desarticular las redes criminales, la realización de los megaoperativos policiales en puntos estratégicos previa labor de inteligencia, así como la implementación de la política prevención y control llamada “Barrio Seguro”, que involucra una intervención multisectorial para intervenir territorios focalizados a partir de la articulación gubernamental y comunitaria.

Segunda recomendación: monitorear los avances progresivos 

En segundo lugar, junto con la estabilidad, es necesario que en el 2018 se vigoricen los esfuerzos para avanzar en los indicadores y metas comprometidos a nivel de gobierno en materia de seguridad ciudadana.

Para ello, es importante priorizar el trabajo, evaluar y alinear las estrategias en curso, integrar los equipos de trabajo, focalizar, y monitorear minuciosamente los avances progresivos.

Bajo esta perspectiva, consideramos que, si bien se debe garantizar la continuidad los programas y proyectos, es necesario evaluarlos de cara a los indicadores fijados, de tal manera que se introduzcan las mejoras que garanticen el valor agregado de la nueva gestión sectorial a las políticas en marcha, propiciando su sostenibilidad.

Tercera recomendación: incrementar la confianza ciudadana en la policía

El incremento de la confianza ciudadana en la policía es el primer gran objetivo comprometido por el gobierno, y requiere cambios visibles al interior de la organización policial, cuyos resultados deben impactar en los ciudadanos de a pie.

La tecnología como herramienta para acercar la Policía a la comunidad también puede ser útil, siempre que se cuente con los recursos económicos para ello.

La mayor interacción de la policía con la comunidad se da, o en la calle o en las comisarías, por lo cual, éstas debieran ser las unidades centrales de atención para mejorar la opinión ciudadana de los servicios policiales.

La implementación de comisarias pilotos, donde la población pueda sentir una clara diferencia y mejora en la atención policial, puede ser útil para evidenciar un proceso de transformación empírico y palpable.

La tecnología como herramienta para acercar la Policía a la comunidad también puede ser útil, siempre que se cuente con los recursos económicos para ello.

Cuarta recomendación: renovar el relacionamiento entre el sector de seguiridad con las autoridades

Por ser la inseguridad ciudadana una problemática multicausal, la respuesta policial es relevante pero insuficiente para resolverla. Siendo así, otro desafío es dinamizar y renovar el relacionamiento del sector seguridad con las autoridades municipales y regionales.

Una oportunidad es el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que debiera construirse bajo un enfoque participativo con las autoridades locales, regionales, municipales, policía y sociedad civil. 

El tratamiento diferenciado de los territorios y la priorización de aquellos con problemáticas delictivas, económicas y sociales más graves debiera ser un nuevo eje orientador de este nuevo Plan.

Quinta recomendación: fortalecer la seguridad ciudadana

En quinto lugar, la participación de la comunidad en la prevención del delito requiere una especial atención a fin de fortalecer la seguridad ciudadana.

Esta participación es muy potente en el Perú, en especial en las comunidades con menos recursos económicos, que carecen de patrullaje municipal llamado serenazgo y que muchas veces cuentan con insuficiente presencia policial.

Se requiere vigorizar las metodologías y programas de acercamiento a la comunidad, también considerando las diferentes realidades que presentan los territorios del país.

Aunque la agenda debe priorizar las soluciones para el corto y mediano plazo frente a la problemática de la inseguridad pública, también es necesario fortalecer el empoderamiento de la institución policial en su propio proceso de transformación y mejora.

De su fortalecimiento institucional y el reconocimiento de su personal saldrán las estrategias que permitirán que las políticas de seguridad ciudadana puedan mantenerse en el tiempo y generen los resultados que todos esperamos.  

About the author

Nataly Ponce es abogada peruana, con estudios de postgrado en Colombia, Estados Unidos y Canadá. Ha sido consultora internacional en derechos humanos, seguridad ciudadana, violencia de género y lucha contra la corrupción, con experiencia profesional en el Perú, Chile, México, Honduras y otros países latinoamericanos.

Nataly Ponce is a Peruvian lawyer who has completed her postgraduate studies in Colombia, the United States and Canada. She has worked as an international consultant in the fields of human rights, citizen security, gender based violence and the fight agaisnt corruption. She also has professional experience in Peru, Chile, Mexico, Honduras and other Latin American countries. 

 


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