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Reformar las políticas contra las drogas ¿hay esperanza?

La incapacidad de reconocer la realidad de la situación actual en el mundo es el error más garrafal del “documento final” para el UNGASS sobre el problema mundial de la droga. English

Un agente de antinarcóticos proporciona seguridad a los agricultores contratados para arrancar arbustos de coca como parte de una campaña de erradicación manual en la frontera sur de Colombia con Ecuador. AP Foto / Fernando Vergara.

La 59ª Sesión Especial de la Comisión de Estupefacientes (CND) tuvo lugar del 14 al 22 de marzo de 2016 en Viena e incluyó una sesión preparatoria para la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el problema mundial de las drogas, en la que se acordó un ‘documento final’ que establece lo que se negociará en la dicha Sesión Especial. Oliver Robertson asistió a la reunión de la Comisión de Estupefacientes en nombre de Reforma Penal Internacional (PRI) y reflexiona sobre lo que dicho documento puede suponer para las perspectivas de cambio en las políticas internacionales contra las drogas.

El documento final de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de las drogas se ha publicado cuatro semanas antes de que la reunión que resume se haya llevado a cabo. Tras otro acuerdo de última hora típico de la ONU, se aprobó al término de la Comisión de Estupefacientes en Viena, que estuvo supervisando las preparaciones para la UNGASS. El lector puede apreciar todo su esplendor aquí (el documento final en sí es el anexo que empieza en la página 2).

El documento final ocupa 23 páginas detalladas y es notable tanto por lo que no aparece en él como por lo que sí. Repite algunas de las malas prácticas que han recogido cada vez con más frecuencia la ONU en sus resoluciones de los últimos años, incluyendo expresiones manifestando que las medidas deberían ser promulgadas ‘de acuerdo con la legislación nacional’ (es decir, sólo si el país acepta) y ‘según proceda’ (es decir, si quiere). Además, la innovación de adoptar documentos finales con anterioridad a la celebración de una reunión, que se estrenó en el Congreso sobre la Prevención del Delito y la Justicia Penal en 2015, es una práctica preocupante y potencialmente contraproducente. No sólo implica que cualquier aportación que se produzca durante la sesión no puede añadirse al documento, sino que también hace más difícil a los diplomáticos justificar su participación en la reunión (¿por qué acudir, si no hay nada que decidir?), lo que repercute negativamente en la autoridad de la reunión en sí.

Aquellos que busquen referencias explícitas a la reducción de los daños o a la pena de muerte quedarán muy decepcionados (aunque se mencionan varios métodos de reducción de daños), mientras que las menciones a los derechos humanos son  bastante limitadas: sólo cinco menciones en párrafos operativos, en su mayoría generales, opcionales o aspiracionales. Incluso quedó fuera del documento la constatación de hecho de que distintos países tienen distintos enfoques para la pena de muerte, ya que algunos permiten ejecuciones por crímenes de drogas mientras otros lo consideran una medida inapropiada y desproporcionada. Tanto el lenguaje como el enfoque son una repetición de previas declaraciones intergubernamentales sobre drogas.

Y quizás sea este el mayor fallo del documento final: no reconoce la realidad de la situación actual en el mundo. Mientras algunos países están dispuestos a seguir con la ‘guerra contra las drogas’, centrándose en la prohibición, incautación y duras penas de cárcel para aquellos que estén en posesión de drogas, trafiquen con ellas o las consuman, otros países – por experiencia – se han cansado o están desilusionados con este enfoque. En lugar de ello, tratan de minimizar los daños ocasionados por las drogas y las respuestas estatales, e intentan hacer frente al consumo de drogas principalmente como un problema de salud y no de delincuencia. Es evidente que hay un debate que hacer y experiencias a compartir.

Pero esto, el documento final, otros documentos anteriores y el proceso en general no lo reflejan. El método escogido de forzar una apariencia de consenso cuando en realidad no existe, ha sido ampliamente condenado por unas 200 ONGs, pone en peligro la legitimidad de la CND y provoca que estados con opiniones distintas busquen negociar alternativas fuera del marco formal de la ONU. Ya ha ocurrido con anterioridad: los tratados que prohíben las minas terrestres y las bombas de racimo se desarrollaron fuera de los procesos formales de la ONU después de que la Conferencia sobre Desarme de la ONU quedara paralizada por el requisito de consenso. Para aquellos que persiguen una revisión más profunda de las respuestas del mundo ante el problema de las drogas, la UNGASS se ve ahora, cada vez más, como un paso en el camino hacia la próxima revisión en 2019, y no como el gran cambio que se esperaba.


Este artículo ha sido traducido por Victoria Gomez y Carmen Municio, miembros del programa de voluntariado de DemocraciaAbierta.

About the author

Oliver Robertson is a Quaker working on issues of peace and human rights. He specialises in criminal justice matters, particularly the death penalty and children of prisoners, and on climate change. 

Oliver Robertson é um Quacre que se dedica sobretudo ao estudo da paz e dos direitos humanos. É especialista em temas penais, sobretudo aqueles que envolvem a pena de morte e os filhos de prisioneiros, assim como alterações climáticas. 


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