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Letalidad encubierta: ¿necesitan las armas ‘menos letales’ una regulación más estricta?

Un informe de la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles (INCLO, por sus siglas en inglés) y Médicos por los Derechos Humanos (PHR) enumera las consecuencias en la salud de las llamadas armas “menos letales” y exige mayor regulación. English

La policía usa gas lacrimógeno en una manifestación del “Movimiento de los Paraguas” en Hong Kong en el 2014. Imagen: Studio Incendo/Flickr. Algunos derechos reservados.

Este artículo forma parte del proyecto Protestar es un Derecho que llevan a cabo un conjunto de organizaciones de defensa de los derechos humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles (INCLO), con el apoyo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), cuyo objetivo es examinar el poder las protestas y su papel fundamental en las sociedades democráticas. 

En los últimos años, la cantidad de protestas sociales ha aumentado en todo el mundo. En muchos casos, la policía y las fuerzas de seguridad han respondido a estas protestas con procedimientos que socavan los derechos fundamentales a la protesta y la libre expresión, y esto a menudo se refleja en un recrudecimiento de la violencia por el uso injustificado, inadecuado y desmedido de la fuerza. [CELS1] Cada vez más, en distintas partes del mundo, las fuerzas de seguridad responden a las protestas sociales con armas “menos letales”, o CCW (por sus siglas en inglés: Crowd-Control Weapons). 

Sin embargo, hay un gran desconocimiento de los efectos que este tipo de armamento tiene sobre la salud, a la vez que no existen ni normas ni estándares internacionales sobre su uso. La proliferación de CCW –proyectiles de energía cinética, agentes químicos irritantes, los camiones hidrantes, las granadas de aturdimiento, los dispositivos acústicos y las armas de energía dirigida - sin regulación adecuada, capacitación, supervisión y/o rendición de cuentas, ha conducido a un uso a menudo indebido, generalizado y rutinario de estas armas, ocasionando lesiones, discapacidad e incluso muerte.

Es por este motivo que la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles (INCLO) y Médicos por los Derechos Humanos (PHR) se asociaron para documentar las consecuencias en la salud de este tipo de armas, examinar su papel y sus limitaciones en contextos de protestas y hacer recomendaciones sobre su uso seguro. El resultado de esta colaboración ha sido un detallado informe, Letalidad encubierta, junto con el siguiente video: 

Uso indebido de las armas "menos letales" y sus serias consecuencias

Existen muchos ejemplos palpables del uso indebido de las CCWs documentados y detallados en nuestro informe. En Kenia, por ejemplo, en enero de 2005, cinco niños  y un oficial de policía resultaron heridos en una estampida provocada por el uso de gases lacrimógenos disparados directamente contra unos escolares que protestaban por el cierre de un patio de recreo. 

En los Estados Unidos, las intervenciones policiales en 2014 durante las protestas de Black Lives Matter incluyeron un uso indiscriminado de gases lacrimógenos, dispositivos de desorientación y acústicos y balas de goma, como relataba el abogado y activista del movimiento Justin Hansford en la entrevista que le hizo openDemocracy.

En 2015, Shaimaa’ El-Sabbagh, activista de 31 años y miembro del partido Alianza Socialista Popular de Egipto fue asesinada en una asamblea pública que la policía dispersó por la fuerza utilizando armas antidisturbios. A El-Sabbagh le dispararon con un arma de calibre 12, que es la que utiliza habitualmente la policía egipcia en las protestas. Murió de una hemorragia interna en el pulmón causada por heridas de perdigones en el pecho, la espalda y la cara. Otro caso registrado en Egipto es el de un agente de la policía que fue grabado en video disparando deliberadamente perdigones al torso de los manifestantes para aumentar el daño causado.

Y en Jerusalén, la policía y las fuerzas de seguridad israelíes utilizan balas de goma con una punta de esponja negra, pero la ausencia de regulación sobre su uso ha provocado graves lesiones, inclusive a personas que no estaban participando en manifestaciones, como ha demostrado Tali Mayer a través de su proyecto en colaboración con la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) en el que ha fotografiado a ciudadanos palestinos heridos por este tipo de balas. 

Una industria en rápido crecimiento – pero con poca regulación

El desarrollo de armas antidisturbios se ha extendido por el mundo durante los últimos veinte años y el número de compañías que las fabrican y comercializan ha aumentado notablemente. A la vez que los fabricantes tradicionales siguen desarrollando CCWs (en países como Francia, Alemania, Israel, Reino Unido y Estados Unidos), están surgiendo nuevas empresas en más de 50 países. El aumento del uso de la fuerza en las protestas podría explicarse por la oferta cada vez más amplia y abundante de CCWs, con lo que el coste de adquirirlas disminuye para las fuerzas de seguridad, que las utilizan luego ante la mínima provocación.

Por desgracia, los mecanismos internaciones no han seguido con la misma rapidez el desarrollo de las tecnologías y técnicas de control de multitudes. Las normas internacionales que regulan el uso de este tipo de armas son muy limitadas y no establecen restricciones en cuanto al tipo de armamento que puede utilizarse en manifestaciones ni en la producción y comercialización de armas antidisturbios.

A la falta de regulación basada en la evidencia del uso de CCWs hay que añadir unos estándares poco desarrollados sobre maneras efectivas de controlar las protestas, cómo aislar a pequeños grupos de manifestantes que pueden generar violencia sin recurrir a un uso indiscriminado de la fuerza, cómo prevenir las escaladas y las confrontaciones entre manifestantes y policía o fuerzas de seguridad, y cómo mitigar daños y heridas cuando es necesario utilizar la fuerza – entre otras cuestiones relacionadas.

Mientras que este tipo de armas son, en teoría, una opción para reducir el uso de la fuerza, en la práctica y tal vez porque se asume que no son letales, se utilizan generalmente de forma indiscriminada sin llegar a agotar antes todos los medios pacíficos. En gran parte, esto se debe a una falta de pruebas previas a su implementación, a una formación insuficiente y a la falta de regulaciones y de mecanismos de rendición de cuentas. 

La falta de rendición de cuentas

Los mecanismos de rendición de cuentas son clave para la implantación de técnicas adecuadas para el manejo del armamento antidisturbios y un uso proporcional de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Por desgracia, en la mayoría de casos no existen mecanismos de rendición de cuentas eficientes. Incluso en aquellos países en los que existe una agencia externa que supervisa a la policía, su poder es por lo general débil e insuficiente y carece de los recursos, la independencia y la transparencia necesarios para ser efectiva. Rara vez se lleva a juicio y aún menos se condena a agentes acusados de utilizar estas armas ilegal o desproporcionadamente. 

El hecho de que las armas antidisturbios se perciban como dispositivos no letales tiene como consecuencia que los controles sobre su uso sean más laxos: no suele llevarse un registro de armas y municiones o, cuando lo hay, es secreto. En algunos casos, la documentación posterior a un incidente se limita a la comprobación de la descarga de municiones, pero no incluye ningún registro detallado del incidente en cuestión ni de las lesiones causadas. Gran parte de esta información, si existe, se oculta al público y a los expertos y auditores independientes. Todo lo cual hace que la rendición de cuentas sea ineficaz o directamente imposible. 

¿Es justificable el uso de las armas antidisturbios? Y, en caso afirmativo, ¿debe regularse su utilización?

En INCLO y PHR creemos que el uso de estas armas en las manifestaciones debería ser utilizado como último recurso y utilizarse cumpliendo con las normas de proporcionalidad, necesidad, legalidad y rendición de cuentas. El hecho de que una manifestación sea considerada ilegal no justifica el uso de CCWs. En cualquier caso, el objetivo explícito de cualquier intervención en una manifestación debería ser des-escalar la tensión y salvaguardar y proteger la seguridad y los derechos de las personas presentes.

Nuestro informe incluye recomendaciones detalladas para minimizar heridas, discapacidades y muertes causadas por las CCWs, para promover el establecimiento de principios y directrices internaciones sobre su uso que permitan garantizar la protección de los derechos de libertad de reunión, asociación y expresión, así como para desarrollar prácticas seguras para aquellos casos en los que deban utilizarse dichas armas.

El método más efectivo para prevenir la violencia en un contexto de protestas es entablar negociaciones y abrir diálogo con los manifestantes. De desplegarse armamento antidisturbios, su utilización debería ser siempre necesaria y proporcional a la amenaza enfrentada y al objetivo legítimo que se persigue.


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