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El Canal de Nicaragua se convierte en el “talón de Aquiles” del gobierno

La dudosa constitucionalidad de la ley que permite su construcción y su impacto sobre los derechos humanos de los nicaragüenses ya se están percibiendo, acabe materializándose o no el megaproyecto. English Português

Presentación del libro de Mónica López Baltodano sobre el Canal de Nicaragua (imagen: Jorge Mejia, cortesia Popol Na).

En cierto sentido, no importa tanto que el ambientalmente catastrófico megaproyecto del Gran Canal de Nicaragua – de 278 kilómetros de largo y cuya inversión asciende a 50.000 millones de dólares - siga adelante o no. Sus efectos adversos sobre los derechos humanos de los nicaragüenses ya se están haciendo notar. Este es el mensaje que lanza Mónica López Baltodano, directora de la ONG nicaragüense Fundación Popol Na. 

“La gente dice: si ni siquiera hay canal, entonces ¿por qué está luchando?”, explica López Baltodano. Su respuesta es que la propia existencia de la Ley del Canal (conocida como la Ley 840) significa que el gobierno puede suprimir legalmente el derecho a impugnar el proyecto y la expropiación de tierras. 

Como consecuencia directa de la Ley 840, las 119.000 personas que viven a lo largo de la ruta del proyectado canal se enfrentan a la incertidumbre, el hostigamiento y la intimidación por parte de las empresas constructoras. Desde el principio, el gobierno – escoltado por fuerzas de seguridad “armadas hasta los dientes”, como precisa López Baltodano, aterrizó en la zona con el fin de realizar un censo de las comunidades rurales afectadas por la construcción del canal. Desde entonces, a éstas se les ha negado la posibilidad de realizar una consulta significativa sobre los impactos del proyecto.

Los medios se han centrado en la falta de progreso del canal. Pero esto, señala López Baltodano, ha ocultado el tema principal – a saber, que los derechos han sido vulnerados desde que se anunció el proyecto en 2013. 

“La gente dice: si ni siquiera hay canal, entonces ¿por qué está luchando?”

Ese año, el gobierno nicaragüense aceleró la aprobación de la Ley 840, otorgándole al empresario de telecomunicaciones chino Wang Jing los derechos exclusivos para construir y operar el canal por más de 100 años. Desde entonces, López Baltodano ha documentado exhaustivamente las violaciones subsecuentes de los derechos de los ciudadanos nicaragüenses. 

Para conmemorar el cuarto aniversario de la concesión del canal, en junio de este año, López Baltodano ha publicado un libro titulado La entrega de un país: las consecuencias legales de la concesión del Canal de Nicaragua. Ella lo describe como un compendio de documentos legales y un registro de las marchas organizadas (la número 91 se realizó el 15 de agosto), de las peticiones (una petición en línea de Avaaz consiguió reunir 80.000 firmas) y de las informaciones de los medios relacionadas con el canal.

El libro registra también la intransigencia con la que López Baltodano afirma que el gobierno ha enfrentado la campaña contra el canal.

“No hay ninguna posibilidad de tener derecho a una justicia efectiva en este país”, asegura López Baltodano al recordar los obstáculos que ha tenido que afrontar la campaña conjunta con el Consejo Nacional para la Defensa de nuestra Tierra, Lago y Soberanía, organización comunitaria local, para la derogación de la Ley del Canal.

Ante esta situación, el 26 de julio del presente año los activistas anunciaron que llevarían el caso a nivel supranacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la capital costarricense de San José, ya que la CIDH posee la autoridad necesaria ante los gobiernos nacionales que se han comprometido a formar parte de su jurisdicción (como lo ha hecho Nicaragua) para ordenarles cumplir con sus resoluciones. 

“No hay ninguna posibilidad de tener derecho a una justicia efectiva en este país”.

Sin embargo, existen precedentes de dictámenes de la CIDH contra Nicaragua que no siempre han sido respetados. En 2001, el tribunal regional ordenó al gobierno nicaragüense (entonces dirigido por el presidente liberal Arnoldo Alemán) que reconociera legalmente el derecho del grupo indígena Awas Tigni a sus tierras, que colonos venidos de otros lugares de Nicaragua habían invadido ilegalmente. El fallo se reflejó en la Ley nacional 445, pero aún no se ha implementado en su totalidad, con lo que muchos grupos indígenas de toda Nicaragua siguen viendo vulnerada su integridad territorial.

Dado este precedente y la falta del debido proceso legal en Nicaragua, ¿no es de temer que el gobierno no cumpla con el fallo de la CIDH? Y, en este caso, ¿qué ocurriría?

“Sí, existe esta posibilidad. Pero la falta de institucionalidad no implica que los ciudadanos no deban insistir en sus demandas”, asegura López Baltodano, y apunta que el objetivo de su libro y la estrategia para conseguir la derogación de la Ley 840, es doble: en primer lugar, el proceso de grabación de las agresiones, las campañas, las peticiones y la iniciativa legal significan que el gobierno no puede negar que los activistas hayan intentado hacer valer sus derechos por las vías adecuadas; en segundo lugar, sirve como herramienta para organizarse. En este sentido, la campaña ha generado una mayor toma de conciencia de las comunidades sobre sus derechos y ha dado un gran impulso a los movimientos sociales.

“Se suponía que este era el proyecto estelar del gobierno, pero se ha convertido en su talón de Aquiles, y ha generado una fuerza social con un enorme alcance”, afirma López Baltodano. “El resultado es que las demandas de este movimiento, aunque todavía relativamente pequeño, representan un cuestionamiento de la manera de hacer política en este país, en el que los partidos políticos existentes suelen cooptar los movimientos sociales, para luego hacer poco o nada para cumplir con su agenda”, afirma. Esto es cierto en el caso del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pero también de otros partidos más pequeños, cuya oposición es muy poco efectiva, añade.

En Nicaragua, el gobierno controla gran parte de los medios de comunicación y esto contribuye a la formación de la opinión pública. 

López Baltodano asegura que las acciones legales llevadas a cabo por su organización y los movimientos sociales para detener el proyecto han sido “muy significativas”. Pero teme las medidas de contraataque que la alianza entre poderosos intereses empresariales y un gobierno políticamente herido puedan urdir contra los opositores del proyecto de canal.

En Nicaragua, los ciudadanos confían en el aparato de seguridad nacional desde que el gobierno revolucionario sandinista de los años 80 reformó su rol tras el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza. El país dista mucho de ser tan peligroso para los activistas por los derechos de la tierra y el medio ambiente como su vecino, Honduras, donde el número de asesinados alcanza cifras récord. Sin embargo, el derecho a la protesta pacífica y a una consulta adecuada sobre el impacto del proyecto están en peligro a raíz de la aprobación “extremadamente rápida” y “opaca” de la Ley del Canal, como corrobora un  informe reciente de Amnistía Internacional. 

Una carta al diario británico The Guardian argumentaba que el informe de Amnistía Internacional no tenía en cuenta el hecho de que hay encuestas que indican que los opositores al canal son apenas una minoría. Explicaba también que la larga historia de control extranjero de la economía de Nicaragua y los altos niveles de pobreza existentes llevan a que la mayoría de los ciudadanos y los sindicatos crean que el proyecto generará empleo local y otros beneficios muy necesarios.

En Nicaragua, el gobierno controla gran parte de los medios de comunicación y esto contribuye a la formación de la opinión pública. López Baltodano opina que esto constituye sin duda un problema y que la transmisión de información que impugna la línea del gobierno es de difícil difusión, especialmente en aquellas comunidades con acceso limitado a Internet o a señal de telefonía móvil, tal como sucede en las zonas afectadas por el canal. 

El derecho a la protesta pacífica y a una consulta adecuada sobre el impacto del proyecto están en peligro a raíz de la aprobación “extremadamente rápida” y “opaca” de la Ley del Canal.

López Baltodano asegura que está en desacuerdo con la interferencia en asuntos nacionales de potencias extranjeras. Pero sostiene, a la vez, que la retórica antiimperialista en Nicaragua, comprensible desde que Estados Unidos apoyó la contrainsurgencia contra los sandinistas en los años 80, se utiliza ahora para justificar el canal. Según algunos sectores de la izquierda, la inversión de Rusia o China es buena en el sentido que representa un contrapeso al poder de los Estados Unidos.

Actualmente, Nicaragua no mantiene relaciones diplomáticas con China. Sin embargo, otros países centroamericanos, entre ellos Costa Rica (2006) y Panamá (junio de 2017), han establecido con ella vínculos diplomáticos formales, allanando el camino para una relación comercial y de inversión más amplia. Aunque el gobierno apunta frecuentemente a los Estados Unidos, que recientemente han estado impulsando el proceso de sanciones a Nicaragua por su apoyo al problemático régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, no siempre son percibidos por los ciudadanos como una amenaza a la soberanía del país.

Desde que se anunció el proyecto del canal, “la gente dice ‘¡chinos fuera!’, del mismo modo en que antes solían decir ‘¡gringos fuera!’, afirma López Baltodano. Independientemente de la percepción de intereses económicos depredadores, López Baltodano concede que parte de las infraestructuras asociadas al canal, como la propuesta de un puerto de aguas profundas en la ciudad caribeña de Brito, podría beneficiar económicamente al país – que, recordémoslo, es el segundo país más pobre del hemisferio occidental.

“Hemos abierto una vía que requiere una enorme cantidad de documentación y no tenemos la capacidad para ello”.

Pero la cuestión, argumenta López Baltodano, es que todos los proyectos deben ser evaluados en función de sus méritos propios y no aprobados por la vía rápida y sin las debidas consultas. Para que esto suceda, debe derogarse la Ley del Canal, el gobierno debe llevar a cabo los procesos de licitación apropiados para cada proyecto (Wang Jing fue el único postor para la concesión del canal), llevar a cabo estudios de impacto y aplicar las leyes pertinentes.

López Baltodano admite que mantener el desafío legal a la Ley del Canal es una tarea enorme: “Hemos abierto una vía que requiere una enorme cantidad de documentación y no tenemos la capacidad para ello”, admite. A pesar de cierto cansancio, ella sigue motivada: “Cualquier persona que participa en una movilización contra el canal, especialmente aquellos que pertenecen a las comunidades rurales, se da cuenta que lo que está sucediendo es algo importante”. Además, añade, sectores de la sociedad que anteriormente andaban divididos, como los grupos negros y mestizos, o del campo y la ciudad, se han unido con la campaña: “Formamos parte de un despertar nacional. Esto tendrá un impacto en el país que todavía no se puede medir”.

Este artículo fue publicado previamente por Diálogo Chino.

About the author

Robert Soutar is Managing Editor of Diálogo Chino, based in London. He holds an MSc in Comparative Politics (Latin America) and a BA in Hispanic Studies.

Robert Soutar es editor de Diálogo Chino, sediado en Londres. Ha obteniedo un MSc en Comparative Politics (América Latina) y un BA en Hispanic Studies.

Robert Soutar é editor do DIálogo Chino, com sede em Londres. Obteve um MSc em Comparative Politics (América Latina) e uma BA em Hispanic Studies.


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