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Boom del fracking en Colombia

La concesión de licencias para la extracción de petróleo vía fracking proliferan, amenazando comunidades indígenas, ecosistemas, e incluso el suministro de agua a la capital, Bogotá. English

Jonah Field, USA,las zonas donde la perforación de esquisto es muy agresiva, y una densa red de carreteras, tuberías y pilotes han transformado bosques y pastizales continuos en islas fragmentadas. Bruce Gordon / EcoFlight / Flickr. Algunos derechos reservados.

La información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia muestra que al menos cuarenta y tres nuevas licencias de fracking han sido concedidas a empresas multinacionales como Exxon Mobil, ConocoPhillips y Drummond.

Estas concesiones afectan a más de trescientos municipios, en los departamentos de Cesar, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Tolima.

El fracking (abreviatura para fracturación hidráulica) es un método especial de extracción de petróleo y gas. Utiliza una intensa presión de agua, de aire o de arena mezclados con elementos químicos para fracturar formaciones rocosas y liberar los hidrocarburos fósiles atrapados en ellas. Sin embargo, diversos estudios han de mostrado que la práctica puede desencadenar terremotos de media intensidad, puede afectar a la calidad del agua de la superficie y subterránea, y puede dar lugar a emisiones elevadas de metano, un potente gas de efecto invernadero.

El método de extracción ya ha sido prohibido en países como Escocia y Alemania, y decenas de municipios de toda América del Sur se han declarado a sí mismos como “libres de fracking”.

Pero a pesar de estos riesgos, el gobierno colombiano ha ido adelante con un amplio programa de licencias. "Colombia no puede permitirse el lujo de no hacer fracking" explicó Juan Carlos Echeverry, presidente de la petrolera estatal Ecopetrol. Con las reservas de petróleo convencionales de Colombia disminuyendo, la promesa de renovación de reservas obtenidas por extracción no convencional ha sido repetidamente anunciadas por el sector petrolero y gasístico del país.

La perforación exploratoria para la extracción no convencional ya está en marcha en San Martín (provincia de Cesar) y Anapoima, en la provincia de Cundinamarca. En San Martín, el gigante estadounidense de combustibles fósiles ConocoPhillips se ha asociado con Canacol en el proyecto VMM-2. Durante meses, las comunidades locales de San Martín se han organizado sin violencia para protestar por el proyecto, lideradas por la Asociación de Defensa del Agua, la Tierra y los Ecosistemas (Cordatec). En septiembre bloquearon la entrada al sitio de exploración, impidiendo la entrada de equipos de la empresa. En octubre, la policía antidisturbios se movilizó para reprimir la protesta, hiriendo a diez manifestantes.

La oposición al fracking también se ha reproducido a nivel nacional. La Alianza por una Colombia libre de Fracking - una coalición de organizaciones ecologistas, sindicalistas y defensoras de la tierra - recientemente firmó una carta abierta pidiendo al presidente de la república, Juan Manuel Santos que declarara la suspensión de la fracturación hidráulica, citando sus múltiples impactos negativos en el medio ambiente, sísmicos y la salud pública. La carta también declara que las actividades de fracking violan los principios constitucionales colombianos que garantizan a los ciudadanos el derecho a la vida, el derecho al agua y el derecho a un medio ambiente saludable.

Aunque el gobierno de Colombia ha defendido con rotundidad la fortaleza de su propio marco regulatorio, la propia contraloría del país ha advertido de irregularidades, y ha ordenado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a “abstenerse de la firma de contratos para la explotación de yacimientos de petróleo no convencional”. El Ministerio de Medio Ambiente del país también está a punto de publicar un estudio que muestra que el país no está preparado para controlar o regular la extracción de combustibles fósiles no convencionales.

En un país  que cuenta con más de un centenar de conflictos socioambientales activos, la expansión de la fracturación hidráulica corre el riesgo de agravar las tensiones. Es importante recordar que Colombia se encuentra todavía en medio del proceso de implementar un acuerdo de paz histórico, concertado a finales de 2016 entre el gobierno y las FARC, terminando con cinco décadas de guerra civil.

El pasado octubre, Cordatec escribió que las acciones del gobierno para impulsar proyectos de fracturación hidráulica “ponen en evidencia la verdadera manera en que el gobierno nacional está construyendo ‘paz territorial’. Mientras por un lado se sienta en La Habana, negocia y llega a un acuerdo con las FARC para poner fin a cincuenta años de guerra, lo que beneficia compañías multinacionales e intereses económicos... utiliza la violencia contra las comunidades que defienden la vida, el agua, la tierra y los ecosistemas".

Los contratos de exploración aprobados para la fracturación hidráulica se superponen a los territorios de las comunidades indígenas como las de los pueblos Yupka, Wiwa y Wayúu. También atraviesan la “Línea negra” - una zona de especial protección de territorios en la región de la Sierra Nevada, que tienen un valor sagrado para los pueblos Kogi, Wiwa, Kankuamo y aruaco.

Además del incumplimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas colombianos, la concesión de contratos de fracking por parte del gobierno colombiano ha generado temores de posibles violaciones de los derechos humanos, dada la trayectoria histórica en este terreno de la industria petrolera en el país. Desde que las compañías petroleras llegaron por primera vez a Colombia a principios de siglo, numerosas comunidades locales han experimentado impactos ecológicos y sociales, que van desde el agotamiento del agua hasta la brutal intimidación a la población. Drummond, una empresa estadounidense participa en cinco nuevos contratos vinculados al fracking-, ha sido previamente vinculada a pagos a paramilitares y a la violencia en la región noreste del Cesar.

Las nuevas concesiones de fracking también amenazan una serie de ecosistemas de páramo, incluyendo el páramo de Chingaza, un ecosistema de agua singular que provee las cuatro quintas partes de su agua que consume la capital del país, Bogotá. El páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, se encuentra también amenazado. En otras partes del país los ecosistemas de humedales singulares también podrían estar amenzados.

Mientras que la escala de las concesiones de fracturación hidráulica en Colombia no tiene precedentes en la región, a práctica extractiva no es una práctica recién llegada a América Latina, puesto que hay empresas de fracturación hidráulica activas en al menos siete países. Argentina, que alberga la segunda reserva de pizarra más grande del mundo, ha visto florecer una retahíla de proyectos de extracción en el norte de la Patagonia, y la compañía Royal Dutch Shell ha anunciado recientemente grandes inversiones en la región. Bolivia, Brasil, Chile, Perú y México han visto también cómo la fracturación hidráulica ha empezado ya a implantarse.

About the authors

Sebastián Ordoñez Muñoz es oficial sénior de programas internacionales (América Latina) en War on Want.

Sebastian Ordoñez Muñoz is senior international programmes officer (Latin America) at War on Want.

Daniel Macmillen Voskoboynik is a writer and activist. He tweets at @bywordlight 


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