Grupos de la derecha religiosa europea respaldaron a El Salvador por el encarcelamiento y muerte de una mujer que había tenido un aborto espontáneo. Pero perdieron.

Uno de esos grupos fue el European Centre for Law and Justice (ECLJ) – brazo del ultraconservador American Centre for Law and Justice (ACLJ) del exabogado personal de Donald Trump, Jay Sekulow.

La demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra El Salvador se llevó a cabo en nombre de una mujer sentenciada por “homicidio agravado” luego de experimentar un aborto espontáneo.

El Salvador violó varios derechos de esta mujer que murió de cáncer mientras cumplía una condena de 30 años, indicó la Corte Interamericana en su fallo publicado esta semana.

El ECLJ introdujo argumentos legales en respaldo del gobierno de El Salvador, como ‘amigo de la corte’ (amicus) alegando que este era un caso de “aborto e infanticidio”.

Alejandra Cárdenas, del Centro de Derechos Reproductivos (CDR) que tomó el caso en 2012, dijo a openDemocracy que esta fue “la primera vez que este grupo” participaba en una demanda ante la Corte Interamericana.

Otro conjunto de amicus en favor de El Salvador fue presentado por tres decenas de organizaciones de tres continentes, entre ellas el polaco ultraderechista Ordo Iuris, los franceses Fondation Jérôme Lejeune y Juristes pour l'Enfance, la Federación de Asociaciones de Familias Católicas en Europa (con sede en Bélgica) y el nigeriano Project for Human Development.

A Irene Donadio, de la Federación Internacional de Planificación Familiar, no la sorprendió la presencia de estos grupos europeos.

“El Salvador es el sueño dorado de los matones reproductivos. Es algo que quieren imitar en EEUU y en Europa. Por eso lo defienden con su bien financiado arsenal de abogados y lobistas”, dijo.

Donadio se refirió a un proyecto de ley debatido esta semana por el parlamento de Polonia, y rechazado por abrumadora mayoría, que buscaba imponer largas penas de prisión y hasta cadena perpetua a las mujeres que accedieran a un aborto.

“Esa ley está copiada de El Salvador, que tiene una de las legislaciones más crueles contra las mujeres”, dijo.

Neil Datta, secretario del Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos, cree que este caso “revela una crueldad y un fanatismo internos que nunca se atreverían a exhibir en Europa”.

“Prefieren encarcelar a las mujeres salvadoreñas por perder un embarazo que admitir que un aborto puede ser necesario – esta es una postura que está muy lejos del modo de pensar de la vasta mayoría de las personas religiosas de Europa”, agregó.

Apoyo de organizaciones de EEUU

Quince organizaciones de la derecha cristiana de EEUU también se sumaron al segundo amicus a favor de El Salvador. Entre ellas la International Organization for the Family – organizadora del Congreso Mundial de Familias, una red de activistas ultraconservadores rusos, estadounidenses y de otros países –, Family Watch International y World Youth Alliance.

Adhirieron asimismo ocho organizaciones conservadoras de América Latina, solo una de ellas salvadoreña, Sí a la Vida, afiliada a la entidad antiabortista estadounidense Human Life International que hizo campaña para la prohibición absoluta del aborto en 1999.

Cárdenas, del CDR, estimó que buscaban “la victoria de opinión pública de enredar el caso y decir que estamos pidiendo la despenalización del infanticidio”.

La Corte Interamericana declaró al país “internacionalmente responsable de [...] violaciones a la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida, la integridad personal, la vida privada y la salud” de ‘Manuela’ – nombre utilizado para proteger la identidad de la víctima.

La corte ordenó al gobierno pagar una indemnización a los hijos de Manuela, a asumir públicamente su responsabilidad y reformar políticas y protocolos de salud para evitar que se siga criminalizando a las mujeres que sufren emergencias obstétricas.

La historia de Manuela

Manuela, una mujer rural, pobre y analfabeta, tuvo una emergencia obstétrica en su casa en 2008. Con dolores y sangrando, dio a luz un mortinato y perdió el conocimiento.

Cuando despertó en el hospital, el personal médico la había denunciado a la policía. Pasó ocho días esposada a la cama del hospital y luego fue enviada a la cárcel. Durante el juicio, fue acusada de infanticidio, pese a las inconsistencias en su historia médica, y se le negó una defensa legal efectiva.

Manuela había procurado atención médica para su enfermedad desde 2006. Solamente luego de estar en prisión obtuvo un diagnóstico. Pero su linfoma de Hodgkin nunca recibió el tratamiento apropiado. Murió en 2010 a los 33 años, cumpliendo la condena. Dejó dos hijos.

Susana Chávez, del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, dijo: “Desmantelar derechos humanos que han dado dignidad y que han mejorado la vida de personas no es gratuito ni casual”.

“Todo tiene sentido cuando se observa en cada uno de nuestros países la movilización de recursos que realizan para torcer las leyes o retroceder en lo poco que se ha avanzado”, agregó.

Criminalizar servicios de salud reproductiva

Desde que el aborto se prohibió por completo en El Salvador, más de 180 mujeres con abortos espontáneos u oras emergencicas obstétricas fueron procesadas por aborto u homicidio agravado, con penas de prisión de entre 30 y 50 años, según el CDR.

La mayoría de ellas tienen ingresos bajos o inexistentes, escasa escolarización, y viven en zonas rurales o en áreas urbanas marginalizadas. “Es frecuente que las denuncias sean presentadas por el personal médico de la institución de salud donde estaba siendo atendida la mujer”, observó la corte en su fallo.

En este país prevalece una “absoluta negación y criminalización de los servicios de salud reproductiva”, dijeron la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dos organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres que actuaron como querellantes en el caso.

El hecho de que grupos derechistas de tres regiones se dedicaran a este caso se relaciona con las repercusiones de un triunfo, según Cárdenas.

Estas organizaciones sabían que si ganaba la querella sería “una victoria importante en el reconocimiento del derecho a la confidencialidad médica, así como el derecho a gozar de salud reproductiva durante el embarazo, lo que le hubiese permitido a Manuela identificar su embarazo, su cáncer y los riesgos asociados al mismo”, dijo.

Más aún, la decisión de la corte sienta jurisprudencia para otros países de la región.

El ACLJ de Sekulow es uno de los siete grupos derechistas que están batallando para derogar el derecho constitucional del aborto en la Corte Suprema de EEUU y que gastaron, entre 2016 y 2020, al menos 28 millones de dólares en el resto del mundo, reveló una nueva investigación de openDemocracy.

El grupo gastó 5,7 millones de dólares, la mayor parte en Europa. Y su filial ECLJ ha intervenido en decenas de casos judiciales en tribunales europeos contra los derechos sexuales y reproductivos.

El año pasado, la Corte Constitucional de Polonia prohibió los abortos en casos de graves defectos fetales, y el ECLJ introdujo opiniones legales en favor de la nueva restricción, condenada por el Consejo de Europa como una grave “violación de los derechos humanos”.