Los están matando, y los están matando casi que sistemáticamente, delante de todos nuestros ojos. Pero a nosotros nos sorprenden más las interceptaciones ilegales que, a pesar de ser escandalosas, no están dejando de a dos muertos por semana.
¿Por qué los están matando?
El ataque a líderes sociales se dispara con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la ex-guerrilla de las FARC en diciembre de 2016. Al salir las FARC de los territorios que controlaban, ocurrió un fenómeno conocido como “vacíos de poder”, donde los territorios comenzaron a ser disputados por distintos grupos armados al margen de la ley, respondiendo a distintos intereses, desde grandes hacendados y oligarcas, hasta bandas criminales y cárteles de droga.
Éste es un fenómeno bastante conocido y estudiado; sin embargo, pareciera que el Gobierno colombiano no se preparó lo suficiente para enfrentarlo y no hizo presencia en los vacíos de poder más significativos del país, como son la zona de Norte de Santander o del Cauca.
En estas zonas, las comunidades estaban interesadas en comenzar a implementar lo que dice el Acuerdo, como la sustitución y/o erradicación de cultivos ilegales y la titulación de tierras. Como diferentes grupos armados siguen pretendiendo mantener el control de estas tierras, grupos que en su mayoría están al servicio de los intereses del narcotráfico, pues tratan de impedir lo que ya comenzaron a hacer las comunidades.
Es aquí donde comenzaron las amenazas y los asesinatos: cualquier líder social de alguna comunidad que desafíe los intereses de los grupos armados ilegales, representa una amenaza a su negocio y debe ser eliminado, dice la lógica de estos intereses perversos. Es por esto que la gran mayoría de los homicidios ocurren en municipios con presencia de cultivos ilícitos o donde hay conflictos por la propiedad de las tierras.
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