La desaparición sin resolver de 43 estudiantes de un escuela normalista rural en México hace cuatro años puso en evidencia el nivel de colusión entre los grupos del crimen organizado del país y los organismos de seguridad, pero aún no es claro si la administración entrante podrá abordar este problema de manera efectiva.

La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, al oeste del país.

Unos meses después, en enero de 2015, la administración del presidente mexicano Enrique Peña Nieto anunció que la policía de Iguala había detenido a los estudiantes y se los había entregado a un grupo criminal local, conocido como Guerreros Unidos. Uno de los cabecillas del grupo declaró posteriormente que había ordenado ejecutar a los estudiantes e incinerar sus cuerpos en un basurero de la ciudad vecina de Cocula, una versión de los hechos que las investigaciones conducidas por expertos independientes han puesto en tela de juicio.

Un informe de las Naciones Unidas, de marzo de 2018 acusó al gobierno mexicano de fabricar evidencias y torturar a muchos de los detenidos para que confesaran haber participado en el crimen.

Una teoría sobre el por qué Guerreros Unidos apuntaría a un grupo de estudiantes señala que uno de los autobuses que los estudiantes habrían tomado para desplazarse a una manifestación supuestamente contenía un cargamento de heroína, que fue lo que habría motivado la respuesta letal de las fuerzas de seguridad y de los miembros del grupo criminal.

La investigación sobre el paradero de los 43 estudiantes ha estado plagada de irregularidades y mala gestión. Un informe de las Naciones Unidas, de marzo de 2018 acusó al gobierno mexicano de fabricar evidencias y torturar a muchos de los detenidos para que confesaran haber participado en el crimen, además de intentar encubrir tales abusos.

Poco después de declararse vencedor en las elecciones, el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador solicitó el regreso al país de una delegación internacional de expertos para continuar una investigación desestimada en su mayor parte por Peña Nieto y ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia que reabriera el caso.

Análisis de InSight Crime 

El caso de los 43 estudiantes desaparecidos será sin duda el legado más sombrío de la administración de Peña Nieto ahora que deja su cargo para ser reemplazado por López Obrador en diciembre próximo. Pero queda por verse si el presidente entrante podrá resolver el caso y adelantar una reforma efectiva de los organismos de seguridad que tantas veces facilitan las actividades criminales en el país.

Además de poner en evidencia la incapacidad, o la falta de voluntad, del gobierno mexicano para investigar debidamente y manejar evidencia crucial en la publicitada investigación, el caso de Ayotzinapa también ilustró el alcance de la colusión entre los grupos del crimen organizado y las fuerzas de seguridad.

Narcotraficantes mantenían en su nómina a los organismos de seguridad locales y federales de Iguala, y les ordenaron recuperar el cargamento de heroína que presuntamente iba en el autobús.

Como lo revelaron la periodista mexicana Anabel Hernández y su colega Steve Fisher, narcotraficantes asociados con la Organización Beltrán Leyva mantenían en su nómina a los organismos de seguridad locales y federales de Iguala, y les ordenaron recuperar el cargamento de heroína que presuntamente iba en el autobús tomado por los estudiantes esa fatídica noche de septiembre de 2014.

Los estudiantes parecen haberse visto atrapados en el lugar equivocado a la hora equivocada. Develar lo que les sucedió implicaría dirigir la atención hacia la colusión entre las fuerzas de seguridad y los grupos del crimen organizado —y hacia la connivencia del gobierno frente a ello— algo que habría contribuido a la extendida desaprobación hacia la lucha de Peña Nieto contra el crimen y el narcotráfico.

En un esfuerzo por fortalecer las instituciones afectadas directamente por el crimen organizado, López Obrador se ha comprometido a garantizar que la policía sea mejor entrenada, mejor pagada y más profesional.

Este es un paso positivo, pues la policía en México padece en su mayor parte de sobrecarga laboral, mala paga y falta de personal, lo que en ocasiones hace que la institución se vuelva disfuncional y más susceptible a la corrupción y la infiltración de grupos del crimen organizado.

Pero aunque es necesario resolver las falencias de la policía, lo más probable es que eso no elimine por completo la corrupción en estas instituciones de las que tantas veces dependen los grupos criminales para operar.

“No es suficiente solo tener un cuerpo de policía mejor entrenado y equipado para combatir el crimen organizado”, comentó a InSight Crime Christy Thornton, profesora asistente en sociología y estudios latinoamericanos en la universidad Johns Hopkins. “Eso no suprime el incentivo financiero para que los grupos criminales transporten narcóticos por esas zonas, el cual proviene de la demanda en Estados Unidos. Mientras exista dicho incentivo, los grupos criminales buscarán la colusión de los organismos de seguridad o al menos la garantía de que harán la vista gorda”.

Para que las cosas mejoren López Obrador tendrá que “evitar soluciones a gran escala” y centrarse más bien en las innúmeras variables que impactan la situación de seguridad en México.

Como InSight Crime había informado, para que las cosas mejoren López Obrador tendrá que “evitar soluciones a gran escala” y centrarse más bien en las innúmeras variables que impactan la situación de seguridad en México. Uno de los puntos de partida más importantes, según Jaime López, consultor de políticas de seguridad y ex-oficial de policía mexicano, es “reforzar los mecanismos de supervisión interna [dentro de las fuerzas de seguridad] en todo el país”.

Hasta el momento, López Obrador no ha entregado un plan concreto que diga cómo podría intentar mejorar los mecanismos de veeduría y otros factores para reducir los índices de corrupción en las instituciones de seguridad del país.

“La nueva administración podría ser capaz de presionar para que haya esfuerzos coordinados en esa dirección, pero se necesitaría un diagnóstico mucho más detallado y estrategias más específicas que las que hemos visto hasta el momento”, añadió López.

López Obrador parece tener la voluntad política para hallar las respuestas que omitió la administración de Peña Nieto en relación con los 43 estudiantes desaparecidos, pero eliminar de raíz de las instituciones de seguridad nacionales la corrupción que contribuyó a facilitar este atroz crimen puede resultar una tarea mucho más difícil.

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Este artículo fue publicado previamente en InSightCrime. Lee el original aquí