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El acuerdo de paz está cerca, pero periodistas y activistas colombianos aún operan en el miedo

El fin del conflicto se acerca en Colombia, pero es solo el principio. El largo enfrentamiento es un caldo de cultivo que favorece la represión y violencia contra activistas y periodistas. English

Bryan Carter
21 May 2016

Javier Osuna no recibió ningún aviso. El 22 de agosto de 2014, unos desconocidos entraron en su apartamento de Bogotá (Colombia), amontonaron el fruto de su investigación que le había costado meses recopilar y lo quemaron, reduciéndolo todo a cenizas.

Para este periodista free lance de 29 años, este fue solo el principio.

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El periodista free lance Javier Osuna ha recibido amenazas de muerte debido al carácter delicado de su investigación sobre los crímenes cometidos por grupos paramilitares. Bogotá, Colombia, 28 de abril de 2016. Bryan Carter/Todos los derechos reservados.

Durante los meses siguientes, él y su familia recibieron decenas de amenazas por su investigación sobre el asesinato y la desaparición de cientos de hombres, mujeres y niños en el departamento de Norte de Santander por el grupo paramilitar Frente Fronteras (vinculado a las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia).

“Al principio, te llaman a todas horas del día y de la noche y no dicen ni una palabra. Solo puedes oír el silencio al otro lado de la línea. Después empiezan a insultarte y te amenazan con matarte”, explica Javier a Equal Times.

Incluso para un continente en el que silenciar a periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, políticos y ciudadanos es bastante frecuente, el estado de guerra en Colombia, que ha durado cinco décadas, destaca por ser un caldo de cultivo de los delitos contra cualquiera que se atreva a abrir la boca.

Según los analistas, lo que también destaca en Colombia es el alto nivel de impunidad para los autores de la violencia: paramilitares de derechas, guerrillas de izquierdas, narcotraficantes e instituciones estatales.

En algunos casos, los acuerdos de paz con milicias armadas, como el que está a punto de firmarse en La Habana, han aportado un cierto alivio y la época en la que sujetos como Pablo Escobar atentaban con bombas contra las redacciones de los periódicos nacionales parece ser parte del pasado. Sin embargo, al igual que Javier, cientos de reporteros y editores siguen jugándose la vida por realizar su trabajo.

“Temer por tu vida es algo terrible. Cuando tienes miedo, te conviertes en una sombra de ti mismo. Consigue destruir tu carácter”, asegura Javier.

Su investigación de cuatro años finalmente se publicó en forma de libro. Me hablarás del fuego describe cómo los paramilitares ejecutaban a víctimas inocentes y quemaban sus cuerpos tras acusarles de estar vinculadas a los grupos guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Debido a su investigación en curso sobre los vínculos existentes entre los grupos paramilitares y las estructuras del poder en Colombia, Javier sigue viviendo bajo la protección permanente de laUnidad Nacional de Protección.

Este organismo gubernamental, concebido para evaluar los riesgos y proteger a personas, ha sido elogiado por haber ayudado a reducir el número de víctimas en Colombia. Sin embargo, los analistas advierten que ahora debería evolucionar para convertirse en un mecanismo más preventivo e implicar a todas las entidades estatales.

“Me siento más seguro, pero afecta a mi trabajo. Es imposible trabajar con guardaespaldas. La gente se siente aún más asustada cuando habla contigo. Incluso he pensado en abandonar el país, pero estoy comprometido con el pueblo de Colombia”, concluye Javier.

“La impunidad está arraigada”

Aunque se ha avanzado mucho desde la década de 1990 (cuando asesinaban de media a siete periodistas al año), el año pasado tres reporteros fueron asesinados a tiros. En total, 56 periodistas fueron asesinados entre 1990 y 2015, cifra que posicionó a Colombia en el puesto número 11 de la lista de países más peligrosos del mundo para la prensa, según la Federación Internacional de Periodistas(FIP).

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), una organización colombiana que se dedica a proteger a los periodistas y la libertad de prensa, tan solo en 2015 otros 230 profesionales de los medios de comunicación fueron amenazados, agredidos físicamente, acosados sexualmente, detenidos ilegalmente o les impidieron realizar su trabajo. Asimismo, atacaron cuatro infraestructuras de medios de comunicación.

Emmanuel Vargas, director ejecutivo de la FLIP, opina que “es más difícil que se atente contra las redacciones de los medios de comunicación en Bogotá y otras ciudades grandes. Sin embargo, sigue ocurriendo en las provincias. A pesar del acuerdo de paz de 2005, algunos grupos paramilitares han reanudado sus actividades. Estos grupos constituyen el principal peligro para los periodistas. Los que denuncian los proyectos ilegales de minería y la explotación de los recursos también están amenazados. Para los que denuncian la corrupción del gobierno, el problema no solo son las agresiones físicas, sino también la presión financiera”.

El gobierno ha prometido redoblar las acciones contra estas alianzas flexibles de grupos paramilitares desmovilizados que se juntan con organizaciones criminales implicadas en cualquier delito, desde el narcotráfico hasta la extorsión, el blanqueo de dinero y la minería ilegal. Bautizadas como ‘BACRIM’ (bandas criminales), son consideradas como una amenaza grave para los esfuerzos de estabilización del país y para cualquiera que interfiera en sus negocios ilícitos.

Colombia ocupa un lugar muy bajo en los índices internacionales de libertad de prensa. En el índice de 2016 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) bajó seis puestos en comparación con el año anterior y ahora ocupa el puesto 134 de 180 países. Tan solo Honduras, Venezuela, México y Cuba tienen una puntuación más baja en el continente americano.

Además de la violencia contra la prensa, la falta de pluralismo mediático (tres corporaciones poseen el 57% del alcance de mercado en los medios de comunicación tradicionales) constituye un factor clave del nefasto nivel de la libertad de prensa en Colombia.

En un correo electrónico enviado a Equal Times, un portavoz de RSF explicó que Colombia es especialmente peligrosa para los periodistas de investigación que abordan los temas del narcotráfico y el tráfico de armas, así como la corrupción.
“Las agresiones se suelen cometer en colusión con políticos locales y la mayor parte de las mismas quedan impunes. Este tema de la impunidad es muy problemático en Colombia”.

Desde mediados de la década de 1970, más de la mitad de todas las causas judiciales relacionadas con los asesinatos de periodistas ya han prescrito.

Nadie ha sido nunca procesado por amenazar a un periodista.

“La impunidad está arraigada”, insiste Carlos Lauría, director del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). “El progreso en términos de justicia ha sido lento y esporádico. Todavía queda mucho más por hacer, especialmente en términos de prevención”.

El caso de Jineth Bedoya ilustra las carencias fundamentales del sistema judicial colombiano. En 2000, la entonces reportera del diario El Espectador fue secuestrada por paramilitares, golpeada y violada. Ha tardado más de 15 años en conseguir que sus agresores fueran procesados.

“Creía que mis historias estaban cambiando el mundo. Pero los criminales que me secuestraron eran los actores de un plan para silenciarme. Mi audacia para destapar a esa red delictiva casi me costó la vida y ha dejado una profunda herida que hoy, 15 años después, todavía no se ha cerrado”, escribe.

Según Javier, “no solo necesitamos a gente que nos proteja. Necesitamos justicia para identificar y procesar a los sujetos que nos quieren hacer daño”.

Los activistas también están en riesgo

Sin embargo, en Colombia los periodistas no son ni mucho menos el único colectivo profesional que vive atemorizado.

En 2012, Equal Times denunció que casi 3.000 trabajadores/as y sindicalistas habían sido asesinados desde 1986. Las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por estos niveles de violencia sin precedentes y las agresiones no han hecho más que aumentar desde entonces, lo cual ha convertido a Colombia en uno de los diez países más peligrosos del mundo para los activistas sindicales.

Además, al igual que en el caso de los periodistas y según unapetición en línea dirigida al presidente de Colombia Juan Manuel Santos, “está claro que, aunque el gobierno anunció que se están tomando medidas para garantizar el libre ejercicio de los derechos sindicales, la violencia contra los sindicalistas y la impunidad de la que gozan sus agresores siguen adelante sin ningún tipo de freno”.

La defensa de otros derechos humanos, especialmente los relacionados con la tierra y los grupos indígenas, también es peligrosa. En su último informe, la organización Front Line Defenders, con sede en Dublín, denuncia que de los 156 activistas de los derechos humanos asesinados o que murieron en prisión en todo el mundo en 2015, 54 eran colombianos/as; es decir, la mayor cifra del planeta.

En este contexto, la alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil CIVICUS celebró su congreso bianual en Bogotá, en colaboración con la Confederación Colombiana de ONG (CCONG).

“Colombia cuenta con una sociedad civil dinámica, sólida y diversa. Sin embargo, también es un lugar en el que las organizaciones de la sociedad civil sufren altos niveles de persecución. Los activistas están arriesgando sus vidas”, explica Matthew Reading-Smith, jefe del departamento de comunicación de CIVICUS.

Según Carlos A. Guevara, de Somos Defensores, el programa colombiano no gubernamental de protección a defensores de derechos humanos: “Desde que se inició el mandato presidencial de Juan Manuel Santos en 2010, al menos 365 defensores de los derechos humanos han sido asesinados, aproximadamente uno cada seis días. En los tres primeros meses de 2016, 133 defensores sufrieron agresiones, más de 80 recibieron amenazas y casi 20 fueron asesinados. Esto no es nada nuevo”.

“Los paramilitares son prácticamente la única fuente de amenazas. El riesgo ha aumentado a medida que avanzaban las negociaciones de paz. En 2014, en cuanto los defensores empezaron a participar en las negociaciones de La Habana, se iniciaron las campañas de desprestigio, las amenazas masivas y las agresiones para impedir que participaran en el proceso de paz”.

Las organizaciones colombianas de la sociedad civil que se reunieron en Bogotá se están preparando para un acuerdo de paz histórico con las FARC que podría reorientar los recursos públicos para proteger a los civiles de las bandas criminales y dar más espacio a la sociedad civil. Una tregua con el ELN también es potencialmente viable. Sin embargo, nadie espera que estos acuerdos acaben con la violencia.

“Los problemas de seguridad no van a desaparecer, especialmente en las zonas rurales y aisladas”, asegura la abogada de derechos humanos Heidi Abuchaibe.

“El 90% de los delitos en este país no se investigan o quedan impunes. Si cambiamos eso, si construimos un Estado más sólido e instituciones más fuertes, la gente empezará a temer los procesos judiciales”.

A las organizaciones colombianas también les preocupa que el proceso de construir una sociedad civil posterior al conflicto sea secuestrado por las grandes empresas, más interesadas en compensar su actividad económica con iniciativas que las favorezcan que en garantizar unos derechos sociales y económicos eficaces. Según afirman las ONG, si este enfoque se combina con la corrupción arraigada a nivel local, podría impedir cualquier potencial para lograr un cambio efectivo.

Adriana Ruiz-Restrepo, abogada y fundadora de la ONG Civisol, asegura que: “el espacio restrictivo o el gobierno ya no constituyen nuestro mayor problema. Para mí, la responsabilidad social corporativa (la abusiva, la dudosa e irresponsable) ha acaparado el espacio de la sociedad civil. No podemos competir con nuestras ideas de justicia social y derechos humanos frente a miles de dólares inyectados en publicidad y marketing”.

Colombia no es una excepción. Según Mandeep Tiwana, director de política e investigación de CIVICUS, esta “toma de poder corporativa” ya se ha observado en otras partes del mundo.

“Cuando se logran acuerdos de paz, los períodos inmediatamente posteriores son muy frágiles. Ahí es cuando el gobierno realmente tiene que redoblar los esfuerzos para lograr una transformación social y económica de la sociedad. Se trata de crear vías para permitir el acceso de la mayoría a los recursos del país. Y en situaciones como ésta, los que controlan el acceso a los recursos son reacios a desprenderse de ellos. Ya veremos lo lejos que está dispuesto a llegar el gobierno para abordar las causas fundamentales del conflicto, que en muchos sentidos es la desigualdad extrema”, afirma.

Como dijo un delegado en la conferencia de Bogotá: “La paz es solo el principio”.

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Este artículo fue publicado previamente en Equal Times.

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