Jair Bolsonaro, presidente derechista de Brasil, ha despedido al jefe de la agencia federal a cargo de la reforma agraria del país. Según los críticos, esta acción se debe a las presiones recibidas por parte del poderoso grupo ruralista para impulsar la legalización de tierras despejadas en el Amazonas.

El 1 de octubre, el general del ejército João Carlos de Jesus Corrêa fue despedido del cargo como jefe del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) que ostentaba desde febrero de este año. Aunque el gobierno brasileño no confirmó la decisión de forma inmediata, Corrêa declaró para la revista local Veja: “Me voy con la conciencia tranquila de haber hecho un trabajo excelente con mi equipo”.

José Líbio de Moraes Matos, economista que según un reportaje local estuvo involucrado en la masacre de Eldorado do Carajás, donde murieron 19 trabajadores sin tierra en 1996, fue nombrado jefe interino de INCRA el 2 de octubre.

Según informan los medios, la decisión de despedir a Corrêa se tomó tras una reunión de una hora de duración la tarde del 30 de septiembre. Este encuentro fue organizado por Bolsonaro con figuras destacadas de la agroindustria en su gobierno, como la ministra de agricultura Tereza Cristina Dias y Luiz Naban Garcia, que dirige el departamento de asuntos territoriales del ministerio.

“Hay una preocupación enorme de que estos procesos puedan legalizar ocupaciones ilegales”, dijo Adriana Ramos, coordinadora del programa de políticas y derechos socioambientales en la ONG brasileña Instituto Socioambiental. “Primero se deforesta para ocupar la tierra, después se pide la regulación”, dijo.

INCRA, agencia creada en 1970 para regular la reforma agraria y registrar propiedades rurales, dirigió la colonización del Amazonas durante la dictadura militar y, más recientemente, ha redistribuido y titulado propiedades rurales para asentamientos sin tierra y agricultores. En el Amazonas, los títulos de propiedad se suelen reclamar en territorios deforestados, por eso hay dudas sobre si la medida legalizará territorios despejados y dará pie a más acaparamiento de tierras.

Hay unas 800 000 propiedades rurales en el país sin títulos de propiedad definitivos, según los cálculos del gobierno. El despido de Corrêa hará que sea más fácil para el gobierno conseguir su objetivo de emitir 750 000 escrituras de propiedad este año con una medida provisional, según Reuters. El reportaje indica que hasta ahora, en 2019 se han regulado menos de 2000 títulos de propiedad, muy lejos del objetivo del gobierno. Al parecer, Corrêa y Nabhan llevaban meses enfrentados por este tema. En su entrevista con Veja, Corrêa sugirió que había cierta fricción con Nabhan: “No quiero hacer comentarios [sobre él]. No va a ayudar en nada. No podemos ser destructivos”.

Nabhan, que también dirige la Unión Democrática Ruralista, una poderosa asociación de la derecha, está ejerciendo presión para que se apruebe una medida provisional que permita a los agricultores declarar las escrituras de propiedad ellos mismos, haciendo que el proceso sea automático. “¿Para qué crear dificultades si tenemos las condiciones, con la tecnología de georrefenciación, para hacerlo autodeclarado?”, dijo, y lo comparó con la declaración de impuestos, en el reportaje de Reuters.

Para Antônio Galvan, aliado de Garcia y vicepresidente de la asociación comercial de agricultores de soja de Brasil, Aprosoja, el despido de Corrêa es un “mal necesario” para conseguir el ambicioso objetivo de Bolsonaro de tener un programa de regulación de territorios rápido. “Si no hay un equipo competente y dedicado, el presidente no conseguirá su objetivo de regular un mínimo de 600 000 títulos de propiedad”, dijo a Mongabay. “Es una exigencia de los productores rurales y la gente que vive en asentamientos rurales”. Según Galvan, el objetivo es alcanzar los 750 000 títulos de propiedad aprobados, pero 600 000 es la cifra que se ha establecido como el mínimo.

Ramos dice que la medida propuesta facilita la legalización tierras irregulares y puede afectar a las comunidades indígenas y quilombola. “Esto haría más fácil la regulación de áreas ocupadas de forma ilegal, como en los territorios reclamados por comunidades tradicionales que aún no han sido reconocidos”, añadió.

INCRA está a cargo de demarcar y emitir títulos de propiedad para asentamientos conocidos como quilombos, zonas hacia las que los esclavos africanos escapaban. Aunque la Constitución de Brasil de 1988 garantiza los derechos de propiedad de los descendientes de los esclavos que viven en quilombos, la mayoría no tiene escrituras legales para demostrar que son propietarios de las tierras.

El despido de Corrêa es el último en una oleada de medidas polémicas del gobierno de Bolsonaro que debilitan las regulaciones ambientales para reforzar las actividades económicas en la región del Amazonas, como la agroindustria y la minería. En Agosto, Bolsonaro despidió al director del Instituto Naciaonl de Investigación Espacial (INPE) después de negar la información que mostraba un destacado aumento en la deforestación en el Amazonas. Los agentes de órganos ambientales como la agencia ambiental del Brasil (IBAMA) y el Instituto Chico Mendes (ICMBio), que protege la unidades de conservación del país, también se han enfrentado a despidos rutinarios e intimidación desde que Bolsonaro asumiera el poder en enero.

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Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay. Lea el contenido original aquí.