El sonido del taser que los policías usaron contra Javier Ordóñez en Bogotá en la madrugada del 8 de septiembre lleva días rondando en mi cabeza. El sonido crepitante que hasta la semana pasada era algo inofensivo e inidentificable para la mayoría de los colombianos ahora no se puede separar de los gritos de Javier, suplicando que los policías pararan por favor, porque él ya no aguantaba más la corriente eléctrica que le suministraban mucho tiempo después de que ya estaba incapacitado, boca abajo, contra el concreto. Javier — que fue llevado al CAI (Comando de Acción Inmediata) de Villa Luz, donde supuestamente fue torturado y golpeado por oficiales de la policía — murió en la Clínica Partenón a la 1:20 de la madrugada.

Estas imágenes brutales indignaron a los bogotanos, quienes hicieron manifestaciones delante de varios CAIs en la noche del 9 y 10 de septiembre para demostrar su inconformismo con la brutalidad policial en el país.

El hecho de que su asesinato causara tanto dolor y indignación entre los colombianos está sin duda relacionado con la publicación del video de las acciones violentas que sufrió Javier a manos de dos policías bogotanos, reafirmando la imposibilidad que tenemos los seres humanos de ignorar la brutalidad cuando ocurre delante de nuestros ojos y de forma tan explicita. Pero otra trampa perversa empezó a difundirse en los medios nacionales y redes sociales poco después de su muerte, y está relacionada con el hecho de que en Colombia, no todas las vidas valen lo mismo, y que muchos periodistas y ciudadanos siguen pensando que la muerte de algunos debe indignar más que la de otros.

La cobertura de la muerte de Javier se enfocó en el hecho de que era hombre de familia con estudios universitarios en ingeniería aeronáutica, que siempre había trabajado muy duro para sacar adelante a sus dos hijos, y que estaba a punto de graduarse de otra carrera en derecho. Empezaron a rodarse imágenes en redes sociales con críticas como ‘ninguna carrera universitaria te puede proteger de la brutalidad policial’, y aparecieron titulares en medios como ‘¿Quién era Javier Ordóñez, el abogado que murió tras un proceso policial en Bogotá?’, y ‘Así era Javier Ordóñez, el abogado y padre que murió tras ser golpeado por policías en Bogotá’. Aunque esta cobertura le da la dignidad a la víctima que merece y debe ser así en todos los casos, es muy diferente de la cobertura que han recibido la mayoría de las otras víctimas de la brutalidad policial en el país, quienes por tener circunstancias de vida diferentes, sus muertes no provocaron la misma indignación que provocó la muerte de Javier.

El caso de Anderson Arboleda es uno de los más recientes, ocurrido en Puerto Tejada a unos 500 kilómetros de la capital del país. Este joven afrocolombiano de solo 19 años fue brutalmente asesinado tras una presunta paliza policial por supuestamente haber violado las normas de la cuarentena. Anderson era un joven trabajador que estaba terminando su bachillerato para ayudar a su familia a salir por delante, y estaba prestando servicio militar al mismo tiempo que vendía ropa y zapatillas de deporte. Un joven sociable y siempre alegre, que le encantaba pasar tiempo con su familia, Anderson tenía una buena relación con todos los que le rodeaban.

Poco después, en Puerto Tejada, fue asesinado otro joven afrocolombiano de 22 años, Janner García, supuestamente por agentes de la policía. Janner era deportista profesional que tenía un futuro muy brillante por delante como arquero, y también estaba trabajando muy duro para que su familia tuviera un futuro mejor. La cobertura de ambas muertes se enfocaron mucho más en cómo fueron asesinados que en quienes eran, y aunque se convocó una pequeña marcha en Puerto Tejada, los bogotanos decidieron no salir a las calles en esta ocasión. Así que, ¿por qué no nos indignamos tanto cuando a Anderson y a Janner los mataron? ¿acaso quién dictamina qué muerte vale más para indignarse?

El caso de un grupo de mujeres trans trabajadoras sexuales quienes afirman haber sufrido abusos graves de la policía en Bogotá el 20 de junio tampoco recibió la cobertura humanizante que recibió Javier en medios, y tampoco causó indignación fuera de las redes trans de la ciudad. La Red Comunitaria Trans de Bogotá subió una denuncia a sus cuentas de redes sociales de varias mujeres trans cuya identidad permaneció privada que dicen haber recibido disparos con balas de goma de un grupo de policías mientras estaban trabajando en la Calle 22 con Caracas. Informaron que los policías empezaron a insultarlas, gritandoles “maricas, hijueputas, ábranse de aca”, antes de empezar a dispararlas y agredirlas. Aunque la Red Comunitaria Trans convocó una marcha en contra de la violencia que experimentan las personas trans en la ciudad y el país, pocas personas incluyen estas violaciones de derechos humanos dentro de sus definiciones de brutalidad policial, que refleja como en Colombia, se valoran algunas vidas encima de otras.

Indignarse es necesario para lograr un cambio social duradero y necesario, y en este caso para lograr cambios estructurales dentro de la policía para que ningún policía vuelva a utilizar fuerza desmedida en contra de un ciudadano que tienen la responsabilidad de proteger. Sin embargo, tenemos que indignarnos con todos los casos de brutalidad policial que ocurren, y no caer en la trampa de pensar que algunas vidas valen más que otras. Las protestas que provocó el asesinato de Javier fueron un detonante social fundamental, sin embargo, esto no nos puede permitir poner algunas vidas por encima de las otras. Tenemos que reconocer que también era necesario más indignación cuando asesinaron a Anderson y a Janner, cuando agredieron a las mujeres trans trabajadoras sexuales y cuando mataron a cientos de otras personas quienes por humildes, por venezolanos, y por indígenas no recibieron un trato digno ni la indignación pública que merecían por su muerte.