La opinión pública colombiana está sumida en un estado de incredulidad e indignación. La revelación que provoca esta incredulidad fue hecha por el senador Roy Barreras en el debate de moción de censura al Ministro de Defensa, Guillermo Botero.

El senador dijo que, durante un operativo militar contra un campamento de disidentes de las FARC el pasado 30 de agosto en Caquetá, el Ejército colombiano mató a 8 menores de edad en un bombardeo. Entre los menores, se encontraba una niña de solo 12 años, Ángela María Gaitán. Ella murió junto con Aibimiller Morales de 17 años, Wilmer Alfredo Castro de 17, Diana Medina de 16, José Rojas de 15 y Jhon Edison Pinzón de 17.

Algunos de los demás cuerpos no han sido identificados todavía y se sospecha que incluso podrían haber muerto más menores, pero que sus cadáveres quedaron en tan mal estado que no será fácil determinar su identidad, ni tampoco su edad.

Cuando se hicieron públicas las revelaciones, Botero, quien ya se encontraba en el medio de un proceso de moción de censura contra su gestión como Ministro de Defensa del presidente Duque, decidió renunciar. Quiso evitar ser el primer Ministro en la historia de Colombia a ser destituido por una moción de censura.

Botero podría ser responsable por múltiples escándalos, como el de los nuevos “falsos positivos” revelado por el New York Times en mayo de este año. El periódico neoyorquino detalló cómo el ejército ordenó recientemente duplicar el número de “bajas”, incentivando de esta manera el incremento de los asesinatos de civiles para hacerles pasar por guerrilleros, como ya ocurrió bajo el gobierno de Álvaro Uribe (2002 - 2010).

A esto se suman los asesinatos imparables de líderes sociales por todo el país, que han sido más de 200 en el primer año de la gestión de Botero.

Por eso, te contamos los datos sobre el bombardeo reciente. Además, hablaremos de qué podríamos esperar en las próximas semanas del Paro Nacional, durante el cual se unirán varios grupos de oposición para denunciar algunas de las acciones recientes de Duque y sus ministros, consideradas escandalosas.

El asesinato de menores en bombardeos del ejército

En septiembre de este año, el comandante del Ejército Nacional, Nicasio Martínez, afirmó que la mitad de los integrantes de las disidencias guerrilleras del país son menores de edad, y que esto demuestra que existe una vulneración seria de los derechos de los niños que, todavía hoy, están siendo reclutados en Colombia.

Durante un operativo militar en septiembre, el Ejército descubrió que alias ‘Alonso’, un cabecilla de disidencia de las FARC, operaba un campamento en el sector del Cauca donde entrenaba a menores de edad. En el campamento, se encontró una escuela donde formaban a los niños, lo que confirma que el reclutamiento forzado de menores no ha cesado tras la firma de los Acuerdos de Paz en septiembre de 2016.

La Defensoría del Pueblo de Colombia también avisó, en mayo pasado, sobre grupos criminales que estaban reclutando a menores de edad colombianos y venezolanos para participar en actividades ilícitas en el país. Emitió hasta 105 alertas tempranas en los primeros meses del año, denunciando otros tantos casos donde niños estaban en situación de riesgo de ser reclutados, muchas veces por actores del conflicto armado.

Esta información deja claro que el Ejército tenía conocimiento de la probabilidad de que hubiera niños en el campamento del Caquetá al decidir que lo iban a bombardear, pero siguieron adelante con la orden.

Adicionalmente, la decisión de ocultar el informe de Medicina Legal sobre las edades de los muertos, provocó la indignación en sectores de la sociedad civil en Colombia. El hecho de que el Ejército recibió el informe el 2 de septiembre pero que eligió no publicarlo para evitar un escándalo, hizo que el escándalo fuese doblemente mayúsculo.

La buena noticia es que el umbral de tolerancia de la sociedad colombiana ante las autoridades de la guerra se ha reducido muchísimo, hasta el punto de obligar a dimitir a un ministro de Defensa, que en tiempos de la guerra era una figura intocable.

Paro nacional, la próxima semana

El próximo 21 de noviembre, Colombia tendrá un paro nacional en las principales ciudades del país. Las manifestaciones reunirán a importantes sectores sociales, como campesinos, indígenas, docentes, estudiantes, comunidades afrocolombianas, trabajadores, comunidades LGBT, sindicatos y demás organizaciones de la sociedad civil.

Los grupos protestarán en contra de la línea política del gobierno actual, que incluye políticas de seguridad intolerables como las del ahora ex-ministro Botero, y los asesinatos pandémicos de líderes sociales y de miembros de las comunidades indígenas por todo el país.

Las revelaciones recientes sobre el bombardeo en el Caquetá sin duda calentarán el paro, que será previsiblemente la demostración anti-gobierno más grande desde que se posesionó Duque hace un año y medio.

Manifestantes también podrían sentirse inspirados por hechos recientes en Ecuador y Chile, donde olas de protesta masivas lograron generar cambios significativos en las políticas económicas del gobierno, forzándolos a abandonar iniciativas neoliberales que siempre afectan negativamente a las clases más empobrecidas del país.

Tras las recientes protestas estudiantiles que fueron reprimidas con el uso de la fuerza por parte de la policía antidisturbios, el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), podemos esperar que el gobierno actúe nuevamente con fuerza desproporcionada durante el paro previsto.

Recordemos que miembros del ESMAD utilizaron bombas de dispersión y gases lacrimógenos para reprimir a los estudiantes que salieron a las calles contra la corrupción dentro de las universidades públicas. Después de una larga semana de protestas, que dejó una docena de heridos, Colombia apareció en la lista de vigilancia de CIVICUS junto a China y Egipto por su ataque desmedido a los derechos civiles.

Habrá que estar atentos a la respuesta gubernamental al paro del 21 de noviembre, para saber si el derecho democrático a la protesta será respetado o si será reprimido como en las últimas semanas, y denunciarlo.

Pase lo que pase, podemos estar seguros de que no puede existir democracia plena en un país que reprime desproporcionadamente las protestas y donde, sobre todo, se mata a menores de edad en operaciones militares y que luego se esconde los informes de Medicina Legal.

Por suerte, hemos visto ya dimitir a un Ministro de Defensa. Es una buena señal, porque la guerra y el abuso policial en Colombia deberían ya ser cosas del pasado.