Francesc Badia i Dalmases: El cambio de ciclo, con las elecciones presidenciales del 2018, aunque quizás México signifique la excepción, ha significado el fin de la Marea Rosa y la llegada de gobiernos más conservadores y autoritarios, entre los cuales se destaca el gobierno de Bolsonaro en Brasil. ¿Cuáles han sido los avances y los retrocesos en estos últimos años?

Erica Guevara: Desde la perspectiva del trabajo que hacemos con Amnesty International en la región, percibimos un gran ambiente de retroceso. Retrocesos muy vinculados a esta retórica anti derechos que ha ganado fuerza en la región; no es que no existiera, pero ahora viene con mucha más fuerza y se manifiesta mucho más abiertamente que antes.

Ante esto, mi percepción es que todos los movimientos sociales y de derechos en la región se encuentran en un modo de resistencia, de reacción, y no necesariamente de proacción, de seguir avanzando la agenda. En los últimos 2 años, con el cambio del clima político, estamos viendo que los retrocesos son no sólo simbólicos, circunscritos al ámbito de la retórica, sino que se están convirtiendo en política pública, en procesos legislativos, y en la forma en que se están gobernando los países.

Se habla mucho del caso de Brasil. Pero no podemos olvidar a Estados Unidos y la elección de Donald Trump porque, aunque la política estadounidense sigue siendo similar, (aunque quizás más agresiva, también en el discurso), lo cierto es que marcó una diferencia en la forma de hacer política ya desde la campaña electoral, con un discurso anti-derechos totalmente abierto, discriminatorio, racista, negativo, pero que aún así lo llevó al poder político.

Luego, en el otro polo geográfico tenemos Brasil. Bolsonaro llega a la campaña ya con una reputación no sólo anti-derechos ,sino también racista y discriminatoria. Ahora, a seis meses de su gestión, vemos cómo esa narrativa se quiere transformar en política pública a través de cambios legislativos, de decretos, de asignación de recursos financieros, que terminan atacando a las comunidades y a los grupos sociales más marginalizados históricamente, como son las comunidades indígenas, quilombolas, mujeres, y LGTBI.

Esos son dos ejemplos muy claros de cómo la región esta viviendo retrocesos en términos de los derechos humanos de las personas. Tampoco hay cambios significativos en el contexto: seguimos siendo la región más violenta del mundo en términos de las tasas de homicidio. América Latina y el Caribe tienen el 8% de la población mundial pero del 35 al 37% del número de homicidios, y un cuarto de los homicidios que se cometen en el mundo ocurren en solo en cuatro países de nuestra región: Venezuela, Brasil, Colombia y México. Esto habla de una respuesta fallida de los estados en general. Nuestros países continúan ocupando los primeros sitios, incluso frente a países en otras regiones que están en conflicto armado.

FB: Hablando de conflicto armado, hay una gran decepción en Colombia…

EG: Hace cuatro años hablábamos, quizá con excesivo optimismo, sobre el proceso de paz en Colombia y el fin del último conflicto armado internacionalmente reconocido en la región. Pero a pesar de la firma de un acuerdo entre el gobierno y las FARC y la apuesta por iniciar la implementación de ese proceso, hoy estamos viendo un total fracaso.

Asistimos a la reorganización de los grupos armados, una aparición fortalecida de los grupos paramilitares, de grupos guerrilleros como el ELN y algunas fracciones disidentes de las FARC ocupando territorios en su totalidad. Otra vez, Colombia ocupa el segundo lugar en número de personas desplazadas internamente, a la que se suma ahora la crisis de refugiados del país vecino, con 1,6 millones de venezolanos en la frontera.

Si sigue el continuo deterioro de la seguridad, en algún momento los colombianos volverán a salir a Panamá o Ecuador, ya que Venezuela ya no es una opción para aquellas personas que buscan refugio de la violencia del conflicto. La situación colombiana, con lo que tiene de desesperanza, preocupa especialmente.

FB: La presión migratoria es un factor que se ha acentuado muchísimo en los últimos dos o tres años. Esta crisis sin precedentes impacta en los sistemas de acogida y tránsito, y obliga al endurecimiento de algunas políticas migratorias. ¿Cómo tenemos que encarar este fenómeno?

EG: Esta crisis es el resultado de las políticas fallidas de los estados a la hora de proteger a las personas que viven en los territorios. Que las personas se vean forzadas de salir de sus países es un síntoma clave de ese fracaso total.

Ya teníamos una crisis, que le llamábamos la crisis de invisibilidad, ante la situación centroamericana, particularmente en el triángulo norte (Honduras, El Salvador y Guatemala), por el flujo constante de personas en necesidad de protección internacional que iban por el corredor de tránsito por México para llegar a los EEUU.

Por muchos años hemos documentado las gravísimas violaciones a los derechos humanos que enfrenta esta población, no solo en los países de origen, pero también en tránsito, con masacres, violaciones y desapariciones forzadas.

Aún así, hoy sí vemos un fenómeno diferente en el caso centroamericano, y son estas nuevas formas de movilización: estas caravanas que visibilizan la necesidad de las personas de salir. No hemos identificado un crecimiento sustantivo en el número de personas.

No es que las caravanas incrementen el número de personas que transitan por estas rutas. Estas son, ante todo, nuevas formas de migrar, y si uno escucha los testimonios, lo que buscan es una manera de protegerse. Tienen mayor visibilidad, mayor atención de los estados. La gente ha buscado en las caravanas una forma organizativa que permita un grado de protección que no han recibido por parte de los estados ni de origen, ni de tránsito, ni de destino.

A pesar del endurecimiento de la política de migración y refugio de los EEUU, así como en países aledaños como México (el gobierno actual ha incrementado significativamente el número de deportaciones de personas centroamericanas), el flujo no va a parar, sino que continuará, así sea en condiciones de mayor vulnerabilidad y riesgo.

Hoy día, además, tenemos la crisis venezolana. Según el ACNUR 3,7 millones de personas venezolanas han tenido que salir de su país en busca de protección, de los cuales 90% están en países sudamericanos como Colombia o Perú. Son países que no tienen una tradición de asilo, y tampoco tiene el estado una capacidad de absorción de esta población. En otros países como Brasil, algunas de estas poblaciones han sido marginadas y vulneradas históricamente. En general, la bienvenida a estas comunidades ya no es la que se veía en un inicio, más amable, cuando los flujos eran más reducidos.

Luego están las gravísimas violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Esto ha derivado en una crisis de refugiados, aunque en la invisibilidad, mientras ACNUR dice que tiene 55 mil personas a la espera de tramitar su solicitud de refugio. Estas son crisis que se van desarrollando sin contar con la visibilidad de la comunidad internacional.

FB: También preocupa la evolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que ya venía vencon significativamentemuy debilitada por problemas financieros. Ha habido algunos momentos interesantes en la corte pero persisten muchas dificultades. ¿Cómo ves la salida a este desafío?

EG: Diría que no solo es la Corte, sino el sistema interamericano en su conjunto el que está en crisis. La corte ha significado en muchas ocasiones el único mecanismo que tienen las personas de acceso a ciertos elementos de justicia y de verdad, y la posibilidad que tienen las víctimas y las organizaciones que les acompañan de sentar a los estados para escuchar sus demandas ante la comisión o en las mesas de trabajo.

No obstante, persiste un intento por menoscabar la independencia y la autonomía del sistema, a través de la reducción de la contribución financiera de los estados, por ejemplo. Hay también una injerencia políticaen los mecanismos interamericanos de derechos humanos por parte de ciertos estados.

Cuando se trata de condenar las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela y Nicaragua todos aplauden, pero cuando la Comisión empieza a hacer puntualizaciones sobre desafíos de derechos humanos en otros países, como Brasil, Colombia o Chile, entonces estos estados salen a la defensa territorial, intentando plantear argumentos de soberanía y de injerencia externa.

Hace poco, una declaración de cinco países (Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Argentina) argumentó que el sistema interamericano de justicia se tiene que encargar de los países que no son democráticos, y dejar a los estados democráticos preservar su independencia y su autonomía. Este es un ejemplo intentos de injerencia, de menoscabo del rol que tiene el sistema.

Ahora bien, el sistema per se ya tiene grandes desafíos vinculados a la falta de financiamiento y a los obstáculos políticos que imponen los estados. La Corte acumula retrasos en casos históricos, sus procesos son largos y un caso puede tardar hasta diez años para recibir sentencia. Luego el problema es que las sentencias, a pesar de ser vinculantes, simplemente terminan no siendo implementadas.

Pero aún así, el sistema interamericano seguirá siendo un pilar fundamental para la demanda y la reivindicación de derechos humanos en la región. Y debe seguir, por ende, demandando su autonomía e independencia.

FB: Otro tema preocupante desde el punto de vista de los derechos humanos es la situación en las cárceles. La política penitenciaria, las masacres que se producen regularmente, el hacinamiento; ¿qué hacer ante la falta de evolución de las políticas penitenciarias de la región?

EG: El tema del encarcelamiento masivo sigue siendo uno de los grandes desafíos del sistema criminal. En la región, la perspectiva punitiva del Estado está muy vinculada a la respuesta militarizada frente a problemas sociales. Intenta responder a la violencia pero realmente la ha alimentado durante todos estos años; por ejemplo con la relajación y flexibilización de las leyes de porte de armas, como en Brasil.

En primer lugar, la población penitenciaria, en los últimos 10 años, ha aumentado en toda la región (incluido en EEUU) un 20%. Hay países en donde ha aumentado hasta en 40%, otros menos. En algunos casos, se ha privatizado la responsabilidad del Estado de responder a las necesidades de la población carcelaria, y, por otro lado, contamos con un sistema de justica totalmente fallido. En casos extremos, como Brasil, más del 50% de la población carcelaria lleva un promedio de 7 a 10 años esperando sentencia.

En EEUU hay desafíos de hacinamiento; hay cárceles con capacidad de 500 personas donde tienen metidas a 1,500. Hay casos extremos, como en Honduras y en El Salvador, donde las cárceles se han convertido en centros de operación de los grupos de crimen organizado, y el Estado ha perdido el control territorial dentro de las cárceles. Además, se mezcla una población penitenciaria no vinculada al crimen armado, que lleva años y años en espera de un juicio, con sus derechos violentados precisamente por detenciones prolongadas.

Existen casos de tortura, que han venido aumentando en toda la región, Es el caso de México, donde la tortura es una práctica regularizada, no hay investigaciones sobre denuncias de tortura a pesar de que existan pruebas y evidencias de los hechos. Esta situación carcelaria refleja la grave crisis de derechos humanos que enfrenta la región.

FB: Hay temas que han adquirido relevancia, sobre todo en términos de movilización, como la lucha de los indígenas o por los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo valoras estos avances, al menos en la conciencia social, de los derechos de las mujeres y las minorías, aunque legislativamente no se haya notado una verdadera evolución?

EG: Yo diría que son precisamente los movimientos sociales y de derechos humanos los que siguen en resistencia, a pesar de la violencia que enfrentan. Sobre todo los movimientos que surgen espontáneamente desde la ciudadanía, que se organizan tanto a través de las redes sociales como a través de las calles. Ellos continúan siendo el contrapeso frente a las políticas represivas de los estados.

Movimientos de pueblos indígenas, movimientos rurales, y movimientos más organizados como el movimiento feminista, sin duda ha logrado algo trascendental y fundamental, que es un cambio de paradigma social. Ese es el ejemplo que viene desde Argentina, que alcanza visibilidad, pero que es un esfuerzo de resistencia que lleva muchas décadas, y que hoy rinde frutos. Logran una movilización masiva, principalmente de gente joven, mujeres jóvenes, que no solo se toman las calles como un acto de resistencia y reclamo, sino que adoptan una postura de incidencia ante el órgano legislativo. Logran, de verdad y por primera vez, una coalición de legisladoras y legisladores que apuestan significativamente por los cambios. A pesar de que la ley no pasó el año pasado, se vuelve a presentar en el congreso y se ven las calles otra vez tomadas.

El símbolo del pañuelo verde se ha convertido en emblema en todo el continente y en otros países del mundo. Esto demuestra que, si bien no se logró el cambio legislativo, sí se logró algo más importante aún: el cambio del paradigma social, de la aceptación de hablar de temas como el aborto de una manera más abierta, e influir en los legisladores. Esto es algo admirable, una lección que tenemos que seguir aprendiendo.

FB: Como activistas ,y en términos de lucha por los derechos humanos, ¿cuáles serían las prioridades de agenda? ¿Qué es lo más urgente?

EG: Cualquier agenda de derechos humanos debe estar enfocada en el ejercicio fundamental de derechos económicos y sociales. Debemos mirar cómo están respondiendo los estados a las necesidades básicas de sus poblaciones, al clima de violencia vinculado a la violación de estos derechos. En muchos casos, las respuestas represivas y violentas están generando un clima en donde los derechos económicos y sociales ya se convirtieron en una utopía.

En la agenda prioritaria figura la protección de grupos marginalizados como los pueblos indígenas y comunidades rurales, en defensa de su territorio. Igualmente importante, y cada ve más urgente, es la protección del medioambiente. Sobre todo en un contexto global de crisis climática, donde toda la humanidad está en riesgo.

Para nosotros, como Amnistía, sigue siendo una prioridad encontrar mecanismos para la protección de aquellos que lideran estas luchas. Esto es algo importante en toda la región; vemos violaciones hasta en Canadá. Hoy en día nos enfrentamos otra vez a una situación en donde los derechos civiles están masivamente atacados por los estados.

No sólo la tortura, sino también políticas sistemáticas de represión como en Venezuela y Nicaragua, o el incremento en asesinatos de líderes sociales en países como Brasil o Colombia, deben también ser un punto fundamental de la agenda.

Debemos desenmascarar esta simulación en estados que se llaman a sí mismos democráticos, cuando en realidad nos estamos enfrentando a aparatos autoritarios nuevamente, que se instalan a través de procesos pseudo-democráticos que quizás los movimientos sociales no estaban visibilizando, como fue el caso del ascenso de Bolsonaro.

Por último está la lucha por los derechos de las mujeres y las personas LGTBI en un contexto en donde los fundamentalismos intentan atacar la democracia con lo que llaman la “ideología de género”, que no es más que una interpretación de los fundamentalismos que proliferan en la región. Es necesario seguir avanzando derechos sexuales y reproductivos. En un contexto tan adverso, esta agenda sigue siendo prioritaria.