Pero, ¿de dónde saca Duque sus cifras?
El presidente toma sus cifras de La Fiscalía y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que, a pesar de ser fuentes oficiales, tienen informes parciales y con corte a 31 de mayo. Hay, sin embargo, entidades dedicadas a hacerle seguimiento a estos asesinatos como Indepaz, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y la Cumbre Agraria que manejan otras cifras.
La verdad es que tanto el gobierno Santos como el gobierno Duque, han sido incapaces de hacer frente a la violencia imparable contra los líderes sociales.
democraciaAbierta habló con una lideresa social y defensora de los derechos humanos del Putumayo, una de las regiones donde más se amenaza y asesina líderes en Colombia, que por razones de seguridad prefiere permanecer anónima. Para ella, "hay que contradecir muchos discursos en este momento, incluido el de Duque, que no es consistente con la realidad que vivimos en el territorio".
Desde que se firmó el Acuerdo de Paz con la guerrilla FARC el 24 de noviembre de 2016, 971 líderes sociales han sido asesinados. Pero el gobierno, citando como fuente OACNUDH, no confronta las cifras de esta fuente con las de las organizaciones que, día a día, le hacen seguimiento a los asesinatos que denuncian las organizaciones de base.
La otra gran fuente oficial es la Fiscalía. Sin embargo, el fiscal actual, Francisco Barbosa, dijo el 23 de enero de 2020 en entrevista con El Tiempo que el asesinato de líderes sociales en Colombia no puede llamarse “sistemático” porque “Reconocer que hay sistematicidad en el asesinato contra líderes sociales implica que hay un plan orquestado o tolerado por parte del Estado colombiano, lo cual, enfáticamente se debe afirmar, no es cierto”.
En abril de este mismo año la Misión Verificadora de Naciones Unidas presentó un informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz en el que Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión, afirmó que "La violencia en contra de líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional” e hizo un llamado para que ponerle fin a la violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y ex combatientes sea una de las tres prioridades del Gobierno colombiano durante 2020.
En enero de este año, la Fiscalía informó que un líder social había sido asesinado durante ese mes. Indepaz, sin embargo, reportó que hubo 29 asesinatos. Casi uno por cada día del mes. La Fiscalía nunca rectificó ni actualizó sus cifras. Esto muestra que los líderes tampoco están siendo escuchados por la institucionalidad del país.
Lo cierto es que minimizar la tragedia de los líderes sociales en Colombia solo contribuye a invisibilizar los procesos que cada uno desarrolla en el territorio. Por eso, que el presidente Duque afirme que los asesinatos han disminuido, no solo es cuestionable, sino que abre la pregunta sobre con qué rasero mide el gobierno a los líderes.
¿Por qué minimizar unas cifras del todo escandalosas? Las respuestas quedan abiertas: ¿Por incompetencia del Estado para frenar la masacre? ¿Por falta de voluntad política? ¿O porque el desprecio a los líderes sociales es tal que, si los matan, poco le importa al gobierno?
