El juez federal Sergio Moro, participando en un debate sobre la corrupción en Sao Paolo, el 25 de Julio de 2018. Marcelo Chello/Zuma Press/PA Images. Todos los derechos reservados.

El 2 de noviembre de 2018, en su primera entrevista después de ser elegido presidente de Brasil, Jair Bolsonaro respondió a una pregunta sobre la política de su nuevo gobierno para combatir el crimen afirmando que tenía la intención de aplicar las mismas reglas que las fuerzas armadas brasileñas habían usado en la misión de paz de la ONU en Haití. "Los elementos armados son objetivos legítimos", dijo:

“Uno no se enfrenta a hombres armados con flores y les pide que entreguen sus armas. Sabemos que, en un entorno urbano, el daño colateral de un intercambio de fuego podría ser desastroso, pero habría que cubrir legalmente a todos los oficiales de policía y soldados involucrados en las operaciones de defensa de la ley y el orden. No deben preocuparse ante una posible condena por cumplir su misión.”

El día anterior a esta entrevista, Bolsonaro también anunció el nombramiento del juez Sergio Moro, que dirigió la investigación de la Operación Lava Jato (de la que hablaremos más abajo), como nuevo Ministro de Justicia y Seguridad Pública. Los dos anuncios son indudablemente populares en un país ahogado de corrupción y crimen violento, pero ofrecen una visión aterradora del tipo de enfoque sobre los derechos humanos que aplicará el nuevo del mandatario cuando asuma el cargo, en enero del año que viene.

Antecedentes de Bolsonaro 

Bolsonaro es un ex oficial militar que ha sido político a tiempo completo en Brasil durante casi 30 años. Su notoriedad le viene dada por protagonizar una serie de declaraciones sorprendentemente ofensivas: decirle a una mujer que es demasiado fea para que él la violara; decir que preferiría que su hijo muriese a enterarse de que era gay; burlarse de los negros, de las comunidades indígenas y de los pobladores de los estados más pobres del nordeste; o decir que el único error de la dictadura fue el no haber matado a suficientes opositores políticos. 

Cuando votó a  favor de la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff en 2016, Bolsonaro lo dedicó a la memoria del jefe de la inteligencia de la dictadura militar, quien fue responsable de Torturar a más de 100 disidentes políticos, entre ellos a la propia Dilma. En vísperas de su elección, emitió una declaración en la que prometió encarcelar a sus oponentes políticos y se hizo eco de un eslogan de la época de la dictadura: "Brasil: o lo amas o lo dejas".

Las leyes y la constitución de Brasil prohíben claramente muchas de las políticas que Bolsonaro defiende.

Durante la campaña electoral, Bolsonaro no participó en ningún debate presidencial ni concedió entrevistas a periodistas en las que debería responder a preguntas, por lo que aún quedan muchas dudas sobre lo que pretende hacer en realidad cuando asuma el cargo. 

Las leyes y la constitución de Brasil prohíben claramente muchas de las políticas que él defiende. Algunos observadores han sugerido que no todas sus afirmaciones deben tomarse a la ligera, y los anuncios de la semana pasada son motivo de una gran preocupación.

Fuerzas armadas y Derecho Internacional Humanitario 

Desde el retorno a la democracia hace 30 años, las fuerzas armadas brasileñas se han visto marginadas de la vida pública. Sin embargo, están orgullosas del papel que desempeñaron al frente de la misión de estabilización de la ONU en Haití, y no es ningún secreto que se han basado en esta experiencia cuando se han desplegado en la favelas de Río para asistir al gobierno del estado de Rio de Janeiro. 

Human Rights Watch reveló que las reglas de combate con las que operan actualmente las fuerzas armadas en Río incluyen la autorización del uso de la fuerza letal.

El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU establece que las fuerzas de la ONU, que operen bajo mandatos Protección de Civiles, deben considerarse sometidas al Derecho Internacional Humanitario, en lugar de al Derecho Internacional de Derechos Humanos. 

Si bien esta posición puede ser criticada, no es sorprendente que haya quienes defiendan una "guerra contra el crimen" en la que el DIH proporcionaría un marco legal más permisivo para las fuerzas de seguridad. En marzo de este año, Human Rights Watch reveló que las reglas de combate con las que operan actualmente las fuerzas armadas en Río incluyen la autorización del uso de la fuerza letal para proteger los bienes y la propiedad, lo que es una violación prima facie de la ley brasileña.

Evidentemente, las propuestas de Bolsonaro requerirían cambios aún más radicales y extensos a la constitución y el derecho penal de Brasil, así como adoptar excepciones a muchas obligaciones legales internacionales. Es en este contexto que el nombramiento del juez Moro adquiere importancia.

Sergio Moro y la operación Lava Jato 

En 2013, Sérgio Moro encabezó un grupo de jóvenes jueces en Curitiba en el diseño de una estrategia de enjuiciamiento anticorrupción, denomidada Operación Lava Jato. Los jefes de las nueve principales empresas constructoras de Brasil y la compañía petrolera estatal Petrobras, junto con cincuenta políticos de alto nivel, incluidos miembros del Congreso y gobernadores estatales, pronto se enfrentaron a acusaciones penales. 

A finales de 2017, más de 300 personas habían sido acusados de delitos penales y en más de1000 casos se habían emitido órdenes de búsqueda y captura, detención temporal preventiva y  medidas coercitivas.

La magnitud del fraude que descubrió el equipo de Moro fue asombrosa: casi 10.000 millones de dólares. Sin embargo, algunas de sus medidas fueron controvertidas. Los sospechosos fueron encerrados en prisión preventiva y se ofrecieron acuerdos de culpabilidad como incentivo para declarar. 

 La magnitud del fraude que descubrió el equipo de Moro fue asombrosa: casi 10.000 millones de dólares. Sin embargo, algunas de sus medidas fueron controvertidas.

La evidencia, reunida de esta manera, se usó para acusar a más sospechosos y la palabra no sustanciada dada por supuestos cómplices se ha considerado suficiente para la condena. Moro también proporcionó a los medios brasileños información selectiva sobre la evidencia a la que se enfrentan los acusados ​​clave o bien les informó anticipadamente sobre redadas policiales.  

Brasil tiene un sistema de derecho civil en el que los jueces una doble función, investigativa y también jurisdiccional. Esto significa que jueces que trabajan sin jurados ostentan tanto la dirección general de una investigación criminal como luego la facultad de determinar la culpabilidad o inocencia del acusado.

Destitución, encarcelamiento

La naturaleza altamente politizada de la Operación Lava Jato extendió la desconfianza sobre la imparcialidad de la justicia brasileña. Políticos de todos los partidos se enfrentaron a cargos, pero inevitablemente el foco cayó en el Partido de los Trabajadores (PT) liderado por el ex presidente Lula. En marzo de 2016, Moro ordenó el arresto de Lula en una redada a primera hora de la mañana, de la que había informado previamente a los medios de comunicación para que el momento de su arresto pudiera ser televisado. 

La presidenta Dilma intentó luego nombrar a Lula miembro en su gobierno como jefe de gabinete, lo que le habría otorgado inmunidad de enjuiciamiento. Pero esto fue bloqueado por otra orden judicial y Moro filtró una conversación interceptada en la que ambos discutían sobre la eventualidad de ese nombramiento.

Dos acontecimientos alteraron dramáticamente el panorama de la política brasileña. La reprobación y posterior destitución de Dilma del cargo de presidente, y acto seguido el juicio, detención y encarcelamiento de Lula.

A continuación se desarrollaron dos acontecimientos que han alterado dramáticamente el panorama de la política brasileña. En primer lugar, el mes siguiente se produjo la reprobación y posterior destitución de Dilma del cargo de presidente, y acto seguido el juicio y detención de Lula, y luego su encarcelamiento a principios de este año.

Ambos procesos legales levantaron una serie de prevenciones, y su efecto combinado llevó al PT a decidir plantear las próximas elecciones como una batalla para defender a su partido, su gobierno y su legado. Lula fue nominado como candidato a la presidencia, aunque su condena lo convirtió en inelegible para presentarse de acuerdo con una ley que su propio gobierno había promulgado. 

Dilma había sido reemplazada como Presidenta por Michel Temer, su propio vicepresidente, perteneciente a un partido rival. El gobierno de Temer contó con el respaldo de los partidos centristas que, tradicionalmente, han rivalizado con el PT pero que se han demostrado irremediablemente ineptos e impopulares. 

Las elecciones y el nombramiento de Moro

Las encuestas de opinión pronto mostraron que Lula iba muy por delante de todos los demás posibles candidatos presidenciales, con una proyección de más del 40 por ciento. Su rival más próximo era el anteriormente políticamente marginal Bolsonaro, que conseguía alrededor del 15 por ciento. La mayoría de los candidatos "centristas" no pudieron obtener proyecciones de voto de dos dígitos.

A principios de septiembre, Lula abandonó finalmente la carrera presidencial cuando su último recurso legal, basado en una solicitud interina del Comité de Derechos Humanos de la ONU, fue rechazado por la Corte Suprema de Brasil. Fernando Haddad, su ex ministro de Educación y ex alcalde de São Paulo, fue nominado en su lugar, pero tuvo poco tiempo para construir un perfil independiente. 

Unos días antes de la primera vuelta de votación, el juez Moro emitió otra acusación, basada en una confesión a cambio de un acuerdo de culpabilidad, esta vez implicando tanto a Haddad como a Dilma.

Casi al mismo tiempo, el candidato Bolsonaro fue apuñalado durante un mitin de campaña, lo que le granjeó una oleada de simpatía. Unos días antes de la primera vuelta de votación, el juez Moro emitió otra acusación, basada en una confesión a cambio de un acuerdo de culpabilidad, esta vez implicando tanto a Haddad como a Dilma, quienes previamente no habían sido objeto de acusaciones de corrupción. No parecía que hubiese una razón legal apremiante para el momento de esta decisión judicial.

El diputado de Bolsonaro, un ex capitán del ejército, confirmó durante la campaña electoral que estaban en conversaciones con Moro sobre su posible nombramiento, y la esposa de Moro usó su cuenta de redes sociales para indicar que había votado por Bolsonaro en la segunda vuelta.

El sistema de justicia brasileño tiene la obligación constitucional de actuar como un control sobre el ejecutivo, y su neutralidad política es fundamental para desempeñar este papel. Al aceptar la oferta de dirigir el ministerio de justicia, Moro se ha puesto en un compromiso, tanto a sí mismo, como al sistema del que participa directamente, dada su implicación en actuaciones procedimentales. 

Si adopta los mismos métodos que usó en la Operación Lava Jato en su nuevo rol, --es decir, actuar para un presidente que apoya la tortura, las operaciones de disparar a matar y la impunidad total de las fuerzas de seguridad--  los derechos humanos, la justicia y la democracia se enfrentan a un futuro sombrío en Brasil.