La idea de una nación corrupta a menudo evoca imágenes de un país pobre o en vías de desarrollo. Pero la corrupción puede ser igualmente común en los países desarrollados, y de hecho lo es. La corrupción está muy extendida y profundamente arraigada en el sistema económico y político en todo el mundo. Pero los mecanismos de lucha contra la corrupción, mas allá de que sea imprescindible contar con un sistema judicial sólido e independiente, dependen en gran medida de la fortaleza o debilidad de las instituciones, así como de la existencia o no de voluntad política.

Uno pensaría inmediatamente en Brasil, con su inmenso esquema Lava Jato y el escándalo de Odebrecht, con tentáculos en la mayoría de los países de América Latina, que llegan incluso a Angola, en África. Sin embargo, un país que demuestra claramente hasta qué punto la corrupción también afecta al mundo desarrollado es Portugal.

La tolerancia hacia la corrupción en el corazón del sistema portugués, así como su actitud prejuiciosa y racista hacia las personas de color, se combinaron para hacer de la antigua potencia colonial un centro de delitos financieros, delitos que privan de su riqueza a las personas más pobres del mundo.

En ninguna parte está esto más claro que en su tormentosa relación con Angola, la antigua colonia africana, donde la insaciable persecución de riquezas en Lisboa permitió a la corrupción soltar amarras en Luanda. Angola fue una colonia portuguesa durante 400 años. Habiendo saqueado Angola entre 1575 y 1975, Portugal, hoy, colabora para que el país se saquee a sí mismo. Existe un claro vínculo entre la permisividad de Portugal con respecto a la corrupción y su racismo y lo que ocurre en Angola.

Corrupción en casa

Una encuesta realizada por Ernst & Young en 2015 reveló que el 83% de los portugueses creían que la corrupción y el soborno estaban muy extendidos en el país. En 2019, Portugal estaba por debajo del promedio de la Unión Europea (UE) en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

El ex Primer Ministro de Angola, José Sócrates, que ocupó el cargo entre 2005 y 2011, fue arrestado por corrupción, blanqueo de dinero y evasión fiscal después de dejar el cargo. Se le encontró con 20 millones de euros en una cuenta de un banco suizo, y repatrió este dinero al país gracias a una ley llamada "Procedimiento de regularización extraordinaria de bienes". Esta ley fue de hecho un perdón por evasión de impuestos, una ley que Sócrates aprobó personalmente en 2009. Incluso para los estándares globales más escandalosos, esto fue indignante.

El sistema de la "Visa de Oro" en Portugal, que concede un permiso de residencia exprés a cambio de una inversión en el país, no ha tenido mejor resultado que acelerar la corrupción. El plan es un imán para que los cleptómanos de todo el mundo utilicen la UE como un refugio seguro y blanqueen su dinero. La forma más habitual de alcanzar la residencia es invertir en propiedades. Sin embargo, los funcionarios responsables han inflado el precio de la propiedad inmobiliaria, al permitir un acceso exprés a los extranjeros ricos, en una dinámica que impregna desde los ministerios del gobierno hasta los funcionarios locales. La corrupción en Portugal es institucional.

Tras el colapso financiero de 2008, Portugal empezó a atraer dinero extranjero. Las cifras del Banco de Portugal mostraron que las inversiones angoleñas Portugal aumentaron de 645 millones de euros en 2010 a 1.530 millones de euros en 2014. En 2013, los portugueses expatriados en Angola enviaron más de 304 millones de euros a sus familias necesitadas en Portugal.

Los sectores con mayor riesgo de corrupción fueron los primeros en ser afectados. Los sectores inmobiliarios, bancario y de medios de comunicación han sido objeto de enormes inversiones. La austeridad económica había absorbido 29.000 millones de euros de la economía portuguesa, y Lisboa estaban felices de llenar el agujero económico con el dinero negro de otros países.

Así se alcanzó el acuerdo tácito entre Portugal, sus medios de comunicación y la élite angoleña.

La narrativa era la siguiente: los angoleños venían a Portugal por turismo y para acceder a la educación superior; y los portugueses iban a Angola en busca de mejores salarios y para huir de la zozobra europea hacia el nuevo El Dorado. En el apogeo de esta prosperidad, un comediante portugués con la cara pintada de negro circulaba por las tiendas de élite de Lisboa gritando "compraré cualquier cosa".

Menos chistoso, sin embargo, fue el hecho de que los políticos portugueses aprovecharon todas las oportunidades a su disposición para hacer dinero con la fiebre del oro angoleño. Entre 2007 y 2014, 27 ex ministros portugueses ocuparon puestos cómodos en los consejos de administración de empresas angoleñas o de empresas dominadas por angoleños. Más de un centenar han ocupado cargos rentables en la economía portuguesa, con el apoyo de la capital angoleña.

En vista de la magnitud de esa tendencia, en 2013 la OCDE sintió la necesidad de entrar en el debate, lanzando una declaración condenatoria: "La aplicación de las leyes contra el soborno extranjero por parte de Portugal ha sido extremadamente baja. No se produjo ni una sola acusación como resultado de las 15 denuncias a empresas portuguesas por soborno de empleados extranjeros en países de alto riesgo. Varias investigaciones se cerraron prematuramente. Algunas acusaciones ni siquiera han sido investigadas a fondo".

Corrupción en el extranjero

Los esfuerzos que Portugal ha hecho para proteger su esquema criminal internacional son tan sorprendentes como la escala misma de la corrupción. Es el caso de Manuel Vicente, ex vicepresidente de Angola, ex jefe de la empresa estatal de petróleo Sonangol, y asesor del actual presidente João Lourenço. Como jefe de Sonangol, Vicente compró un apartamento de lujo en Portugal, usando 245.000 dólares de los fondos sospechosos de Sonangol; luego pagó otros 850.000 dólares al fiscal Orlando Figueira para que abandonara el caso, además de ofrecerle una cómoda posición en un banco de propiedad angoleña. El complot fue expuesto, y se abrió una investigación en 2013.

Transparencia Internacional saludó la puesta en marcha de la investigación anticorrupción portuguesa sobre Vicente calificándola de una "fecha histórica". Lourenço se indignó, diciendo que los intentos de los portugueses de acusar a Vicente en Lisboa eran "una ofensa" y "neocolonialismo". Luanda amenazó con cerrar los grifos financieros que inyectan dinero a Lisboa.

Para humillación de Portugal, Transparencia Internacional se adelantó al denunciar el juego: "Lamentablemente, esa presión a los políticos portugueses ha resultado eficaz en el pasado". "Cuando las primeras noticias de las investigaciones sobre Vicente se dieron a conocer en Portugal en 2013, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores portugués Rui Machete se disculpó por la investigación judicial, en una entrevista en la radio nacional angoleña, tratando de asegurar al entonces vicepresidente que nada saldría de ella", dijo la ONG.

Transparencia Internacional añadió: "El verdadero obstáculo que hay que superar para mejorar las relaciones entre Angola y Portugal es la corrupción y la complicidad institucional, que han permitido a los funcionarios angoleños introducir dinero opaco en la economía portuguesa, incluidos sectores de riesgo como el sistema bancario y el inmobiliario".

En pocos meses, los tribunales portugueses permitieron que Vicente fuera juzgado en Luanda, a sabiendas de que tenía inmunidad en Angola. Transparencia Internacional dijo que la capitulación de Portugal "frustró las esperanzas de una victoria del proceso legal sobre la política y la impunidad". También tiene consecuencias preocupantes para la independencia del poder judicial portugués... el resultado es decepcionantemente previsible".

La decisión de Lisboa se tomó después de una reunión entre el Primer Ministro portugués António Costa y Lourenço en Davos. El presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa dijo más tarde que la decisión "elimina un estorbo" en los lazos bilaterales. Vicente aún no ha pisado la sala de un tribunal en Angola - y en el momento más álgido de las tensiones bilaterales, sus familiares disfrutaban sin cortapisas del mencionado esquema de Visa Oro en Portugal.

Portugal destruyó sus propias instituciones, así como su reputación internacional, para proteger, no sólo a sus propios políticos corruptos, sino también a los políticos corruptos de otros países. En ningún momento de este viejo escándalo pensó Portugal en el impacto que sus acciones tendrían en las personas más pobres del mundo. Una mirada a la forma en que trata a la gente de color dentro de sus propias fronteras explica por qué.

Raza y corrupción

En enero del año pasado, Portugal fue el centro de atención después de que un vídeo viral mostrara a la policía golpeando a los residentes locales de Jamaica, un barrio de las afueras de la gran Lisboa con una gran concentración de afrodescendientes.

Los gritos de "Alto a la brutalidad policial racista" fueron recibidos sin bromas por la policía, que llegó disparando balas de goma. Al menos 10 personas han sido asesinadas, incluyendo un niño de 14 años, en esos suburbios en los últimos 15 años. Aún no se ha responsabilizado a ningún agente de policía. La BBC informó que los residentes de estos suburbios se quejaron de que la policía los llamó monos, destruyeron sus tarjetas de identidad y los golpearon. "Odian a los negros", dijo uno.

Para la antigua potencia colonial, la situación de los africanos negros en el país y en el extranjero es completamente invisible. Con sus acciones, Portugal ha demostrado que no le importa que llegue el dinero opaco y erosione sus instituciones internas y su reputación internacional, en vez de que se gaste en promover el desarrollo de los países de donde proviene.

La insaciabilidad de Lisboa es fundamentalmente racista: ha colocado sus propios deseos corruptos por encima de las necesidades legítimas de otros países.

Un diputado de ascendencia africana dijo: "Esto es muy propio del racismo portugués: la negación absoluta de que el racismo existe en Portugal". Y esto es exactamente lo que los brasileños blancos heredaron de la metrópoli y todavía practican cada día y en cada rincón de su inmenso país: la negación del racismo en todo un continente.

Lo mismo que pasa con el racismo, pasa con la corrupción. Los políticos portugueses y los medios de comunicación niegan que haya algo institucionalmente siniestro en el país, y sólo se dejan llevar a admitir que tal vez haya una o dos manzanas podridas.

La realidad es que todo el país está corrompido hasta la médula, y el primer paso para resolver el problema es admitir que el problema existe. De lo contrario, la corrupción sólo hará que avanzar. Esto es algo que el mundo, y sobre todo los más pobres del mundo, no se pueden permitir.