A pesar de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, la tasa de asesinatos de defensores de los derechos humanos en los últimos años ha aumentado en todo el país.

Según Frontline Defenders, Colombia es el país más mortífero del mundo para los defensores de los derechos humanos. Desde la firma del acuerdo de paz, la Defensoría del Pueblo ha registrado al menos 423 muertes (hasta 31 de diciembre de 2018).

Entre los más afectados se encuentran los grupos indígenas y afrodescendientes: de las 347 agresiones registradas durante 2018 contra defensores de los derechos humanos, el 43% se cometieron contra estos grupos, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Lamentablemente, en 2019 las cosas no parece que vayan a mejor. En las primeras seis semanas de 2019, 18 defensores de los derechos humanos cayeron asesinados en Colombia, lo que viene a demostrar que los riesgos a los que se enfrentan son persistentes y alarmantes.

Nuevo plan, mismos problemas

Para hacer frente a esta crisis, el presidente Iván Duque, que en su campaña electoral prometió protección para los defensores de los derechos humanos, presentó en noviembre de 2018 un Plan de Acción Oportuna para la Prevención y Protección de Defensores/as de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Colectivos y Periodistas (PAO).

En teoría, el Plan es un paso en la dirección correcta. Su objetivo es proteger a los defensores de los derechos humanos a través de: 1) el fortalecimiento de la respuesta interinstitucional; 2) la intervención estratégica en el terreno; y 3) una estrategia para la “des-estigmatización” de los defensores de derechos humanos.

La PAO intenta adoptar un enfoque preventivo para proteger a los defensores de los derechos humanos y consolidar todos los programas, procedimientos y normas de protección ya existentes en una sola propuesta. Se centra además en aquellas regiones que se consideran de mayor peligro para los defensores de los derechos humanos en el desarrollo de sus actividades y reconoce la necesidad de implementar mecanismos de monitoreo y evaluación para comparar resultados y medir el impacto de las medidas adoptadas.

La PAO resalta también la necesidad de que las medidas tengan un enfoque que contemple las diferencias de género, étnicas y geográficas, y que éstas se elaboren en colaboración con las distintas partes afectadas - activistas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales.

Sin embargo, aunque la PAO describe varios elementos clave - como la participación de actores de la sociedad civil y el papel de los actores no estatales -, no está claro en qué se diferencia de las iniciativas anteriores de protección de los derechos humanos llevadas a cabo por los distintos gobiernos colombianos de los últimos años.

De hecho, en los últimos años, se han arbitrado un número considerable de mecanismos y medidas y la PAO no aclara cómo encajarán éstos en la ejecución del Plan.

En 2017, por ejemplo, se crearon el Cuerpo de Policía de Élite, la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección y la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales y Conducta de la Fiscalía General de la Nación. Poco después, el Fiscal General emitió la Directiva 002 de noviembre de 2017, que establece las directrices generales para la investigación de delitos cometidos contra los defensores de los derechos humanos.

Los Acuerdos de Paz también exigían un fortalecimiento institucional para enfrentar el fenómeno de la violencia contra los defensores de los derechos humanos y asignaban a la Comisión Nacional de Garantías la tarea de monitorear las agresiones contra ellos.

Cabe señalar que el Fiscal General todavía no ha publicado información sobre la implementación de la mencionada Directiva, que por otra parte ya ha sido cuestionada por su limitada incorporación de estándares internacionales.

Asimismo, en seis meses del nuevo gobierno, se ha organizado un solo diálogo entre la Comisión Nacional de Garantías y las organizaciones de la sociedad civil. La PAO no aborda la cuestión de cómo hacer que estos mecanismos sean efectivos y cómo han de formar parte de la estrategia general.

Pero es que además, más allá de los principios generales, no está claro cómo deben aplicarse estos elementos en la práctica. Con la excepción del segundo punto de la PAO, que trata de las campañas en los medios de comunicación para promover la "no estigmatización" de los defensores de los derechos humanos, la PAO no describe ningún paso específico sobre cómo crear espacios seguros y habilitantes para que los defensores de los derechos humanos puedan continuar su labor sin jugarse la vida.

Otro motivo de preocupación fue el nombramiento del General Leonardo Barrero como Director de la PAO. Al menos dos de las unidades que supervisaba como comandante del ejército fueron acusadas de ejecuciones extrajudiciales de civiles, y fue relevado de sus funciones como Comandante de las Fuerzas Militares en 2014 tras hacer comentarios despectivos sobre los fiscales que investigaban dichas ejecuciones por parte de oficiales del ejército.

Con las acusaciones que pesan sobre él de haber actuado en contra de los defensores de los derechos humanos a lo largo de su carrera militar, no es de extrañar que muchas organizaciones de la sociedad civil pidieran su renuncia.

Poco después de su nombramiento, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, desacreditó el nombramiento y lo degradó a enlace de la PAO entre la policía y las fuerzas armadas, aunque persisten dudas sobre el compromiso del gobierno con una PAO efectiva.

Proteger el derecho a defender los derechos

Tras décadas de conflicto, Colombia debe crear un entorno seguro y propicio en el que los defensores de los derechos humanos puedan disfrutar plenamente de sus derechos al tiempo que contribuyen a la reconstrucción de su país, así como una estructura jurídica institucionalizada que disponga de mecanismos para prevenir las violaciones de los derechos humanos.

Y el Estado debe comprometerse a realizar las investigaciones necesarias para determinar los autores de los actos de violencia contra los defensores de los derechos humanos.

Ante la vulnerabilidad persistente de los defensores de los derechos humanos en Colombia, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) entregó una carta al Presidente Duque, con anterioridad a que se anunciara la PAO, detallando varios de los criterios que una política pública efectiva debería incluir.

El CEJIL está elaborando además un protocolo internacional - el "Protocolo de la Esperanza" - para establecer estándares para la identificación e investigación de las amenazas contra defensores de los derechos humanos y periodistas, a fin de que puedan realizar su trabajo de manera libre y segura. El Protocolo reconoce la necesidad de poner fin al ciclo de impunidad existente y a las violaciones graves de los derechos humanos antes de que se produzcan.

Aunque todavía es demasiado pronto para determinar la eficacia de la PAO, está claro que el Plan y las medidas que contiene deberían centrarse más en la prevención de la violencia contra los defensores de los derechos humanos.

Al no incluir medidas preventivas más sustantivas, la PAO parece reforzar lo ya existente en el ordenamiento legal colombiano que, como revelan las estadísticas, se demuestra ineficaz para proteger la vida de los defensores de los derechos humanos.

Esperamos que a través de nuestro trabajo centrado en la elaboración de políticas públicas que utilicen directrices diseñadas para investigar mejor las amenazas contra los defensores de los derechos humanos podamos contribuir a proteger el derecho a defender los derechos en Colombia y más allá.

Este artículo fue publicado previamente por el CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional). Lea el contenido original aquí.