Protesta en Chile. Abril de 2015. Flickr. Algunos derechos reservados.

Casi nadie esperaba la conmoción nacional e internacional que provocan los escándalos de corrupción en Chile, un país señalado como ejemplo de desarrollo y de democracia consolidada y que según el último informe de Transparencia Internacional, del año 2014, se ubica en el puesto número 21 entre todas las naciones, lo que refleja el carácter de un país con altos niveles de probidad.

Sin embargo, no se trata de un fenómeno inexistente en su historia . Cuando se restableció la democracia (1990) uno de los comentarios habituales era que Chile, probablemente había tenido una de las dictaduras más feroces de la región, pero que a diferencia de otras, no había caído en la corrupción de otros países. Tal creencia fue desmentida cuando Augusto Pinochet fue detenido en Londres y se sumaron a la violación de derechos humanos, la comisión de delitos de corrupción.

Entonces ¿por qué  tanta conmoción y malestar?

Porque a pesar de aquello perdura en el imaginario nacional  la convicción de que Chile es un país de austeridades. Lo que ha pasado en los últimos meses ha develado en forma implacable un conjunto de prácticas habituales que pasaban desapercibidas o sin la suficiente repercusión mediática. Por una parte se altera la auto percepción de los chilenos sobre las virtudes propias y por otra parte genera una variación en la mirada de la comunidad internacional.

La corrupción alcanza a todo el espectro político

Los tres casos paradigmáticos : CAVAL, célebre porque involucra al hijo de la Presidenta Michelle Bachelet en el tráfico de influencias para negocios de especulación inmobiliaria; PENTA, fraude al fisco para subvencionar ilegalmente campañas electorales y SOQUIMICH, por emisión de facturas que conectan pagos sin respaldo para subvención ilícita a políticos, a costa de los impuestos del Estado, que alcanzan 125 millones de dólares, relegan a un segundo plano, las grandes movilizaciones que hubo en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera por casos como los precios de remedios, que develaron la colusión entre los principales propietarios de farmacias para alzar artificialmente el precio de por los menos 222 medicamentos. O el caso Cascadas, con su serie de operaciones sociales, tanto de inversión como de financiamiento, que dejaba disponibles importantes paquetes de acciones para su remate en el mercado, con recompra a precios mayores a los de la venta inicial. El escándalo de la empresa La Polar, que reveló la manera en que se pactaba, sin acuerdo de los consumidores, tratos con sus tarjetas de crédito, con las que compraban en el retail.

Lo novedoso” y alarmante de los hechos actuales es la complicidad entre el poder económico y el político, especialmente porque abarca al conjunto de los partidos y a la totalidad del espectro ideológico. Constatándose, incluso, la connivencia entre personajes ligados a la dictadura militar y connotados personajes de izquierda.

Las protestas ciudadanas dicen que la gente no está dispuesta a tolerar estos, en términos internacionales, bajos índices de corrupción. La ex ministra de Planificación de Chile, Clarisa Hardy comparte este supuesto y no solamente por "Wishful thinking". Su trabajo en América Latina,  confirma que Chile aún se mantiene al margen de lo ocurrido en otras latitudes, en donde  se ha “naturalizado” la corrupción, incorporándose  como un mal aparentemente inevitable de esas sociedades.

Una parte significativa de la población chilena tiene una fuerte sensación de indefensión, de prolongados y reiterados abusos y maltratos en su contra, los que ahora agudizados por la colusión entre todas las formas de poder, provocan reacciones más violentas de lo imaginado.

El problema de la desigualdad

Enrique Iglesias, por su parte, confía en la acción de la justicia en América Latina, que lleva a los sospechosos a los tribunales, impensable hace veinte años atrás, concluya con un fortalecimiento de las instituciones y un  mayor empoderamiento de la gente.[i]

El binomio corrupción-protestas, probablemente obedece a una responsabilidad compartida en toda América Latina: haber puesto el foco en la superación de la pobreza, lo que ha sido exitoso en las últimas dos décadas, ha empujado a un segundo plano los fenómenos de desigualdad multidimensional común a todas las sociedades.

El informe del Banco Mundial: Desigualdad en América Latina y El Caribe, ¿ruptura con la historia? dice que el 10% más rico de los individuos recibe entre el 40% y el 47% del ingreso total en la mayor parte de las sociedades latinoamericanas, mientras que el 20% más pobre, sólo recibe entre el 2% y el 4%.

Efectivamente se han superado condiciones de miseria que había hace más de veinte años y se ha avanzado en escolaridad, en sanidad. Hay un sector que pasó de la exclusión a integrarse socialmente, pero lo ha hecho de manera precaria. No ha sido pasar de la pobreza a sociedades estables. Por eso la desigualdad es una de las claves principales del malestar social chileno, de cómo la percibe la gente, particularmente cuando experimenta la vulnerabilidad ante el ejercicio del poder. La manera en que se reproduce el poder económico, el político, el social, el simbólico, es lo que hoy está detrás de este malestar ciudadano.

Las percepciones se agudizan por las diferencias generacionales en Chile: mientras las camadas más adultas, que ya han sido socializadas en el sistema incontrolado del mercado, no reclaman una revisión del modelo, sino que éste sea más generoso y los incluya, los más jóvenes sí tienen una crítica valórica y cultural que se percibe en el discurso de la generación estudiantil que encabezó el movimiento del 2011, en el cual  las grandes orientaciones estratégicas  –aunque provengan de diversas corrientes políticas- tienen este sello  común de cuestionamiento de fondo.

Individuación y cambio

La chilena es una sociedad que ha derivado a la individuación, hasta el extremo que se ha mercantilizado la actuación política. El dinero ha influido decisivamente en la generación y reproducción del poder. Pongamos por caso el derecho esencial a la educación. La universidad dejó de ser para una élite, pero el estudio genera una deuda de años a las familias y al propio estudiante. Las protestas también tienen que ver con este tipo de motivación.

Es esta realidad la que llevado a preguntarse si no hay algo estructural al modelo educacional vigente, que es el que se quiere reformar. Si no sucede lo mismo con el modelo previsional vigente, que es el que se quiere reformar. Que se repite con el modelo sanitario, que ha sido parcialmente reformado.

Estos son los temas de fondo que son referentes de cómo a cada cual le afecta la inequidad económica y social.

La inclusión hoy día supone revisar las bases sobre las cuales está organizado el modelo de sociedad chileno. Es una tarea cultural, en la que los sectores más desvalidos han dado la voz de alarma.  

Algunas reformas que se desean implementar en Chile son propiciadas por los organismos internacionales, como el Banco Mundial:

“El Estado debe fortalecer su capacidad redistributiva, lo cual para la mayor parte de los países de la región significa aumentar la carga tributaria (baja) y, en el largo plazo, hacer que los tributos sean más progresivos mejorando la eficacia de la recaudación de los impuestos a la renta personal y a la propiedad”[ii].

La complejidad nacional chilena ha creado una suerte de divorcio entre la política y la sociedad, por incomprensión de la primera, del cambio radical que se ha producido en el país en los últimos años.

Este es uno de los elementos centrales que cuesta poner en la discusión nacional. Cómo en la vida cotidiana, cada quien debe enfrentarse al país en el que vive. El funcionamiento del sistema político debería reflejar la capacidad de representar intereses, expresarlos y liderar proyectos para el cambio. La necesaria modernización no debe dejarse esperar. Por ahora, se constata en los partidos chilenos fenómenos de baja democracia interna e incapacidad para interpretar las demandas.

Desafección, protestas, expectativas altas

Pero tal vez lo más grave es la desafección ciudadana con estas instancias que percibe ajenas a sus intereses. Los partidos pierden ciudadanía o capacidad de representar la diversidad social mientras que persiste la despolitización social en el país, derivada de la dictadura.

No es este el mejor escenario para hacer las discusiones de fondo.

Tal vez uno de los aspectos más importante es cómo reconstituir, fortalecer democráticamente el sistema de partidos para lograr orientar las respuestas y las soluciones de la sociedad.

Por ello, hay quienes creen que el debate constitucional es decisivo, porque es una manera de politizar a la sociedad, de persuadirla que la discusión que favorece a la democracia es el camino también para resolver lo que aparece como lo más importante en la vida: la salud, la educación, la previsión, la justicia.

Mientras tanto reflorece la demanda, la protesta ciudadana, la rearticulación social, en un período en el que la economía funciona bien. Al punto que el ex Presidente Sebastián Piñera llegó a decir, que él no podía entender por qué si la economía era saludable, la sociedad reaccionaba así. Hubo todas las condiciones, en ese momento, en que la economía y el marco internacional lo permitían, de haber acometido algunas de las tareas que quedaron pendientes y que se fueron acumulando con las demandas del 2011.

En  la pasada campaña presidencial del 2013, de los nueve candidatos, ocho propusieron cambios radicales, lo que hizo crecer sustantivamente la oferta de expectativas. De esas aspiraciones surge este gobierno. Con la dificultad, que era previsible, de una ralentización económica porque ninguna de las deficiencias estructurales que tenía la economía chilena fueron subsanadas en el período anterior.

El primer año de gobierno de Michelle Bachelet generó gran frustración y se reclamó una reconducción política para dar respuestas a las esperanzas comprometidas en el programa de gobierno. Esa reconducción implica un eficiente liderazgo político. Es el desafío y no se sabe lo que va a ocurrir. Se supone que las decisiones más recientes del gobierno se harán cargo de estos déficits, aunque son muchos los que han perdido la confianza en la capacidad de conducción del ejecutivo.

Reforma institucional, incluyendo proceso constitucional y la cuestión indígena

Una de las claves sería recuperar la confianza en las instituciones políticas para impulsar aquellas reformas que, en definitiva, le den más credibilidad y fortaleza a las instancias democráticas.

La empresa Adimark establece que la desaprobación a la gestión de la Presidenta alcanza en julio el 70%, el nivel más crítico que haya registrado la serie de evaluación presidencial, iniciada en el 2006.[iii]

Si en este minuto se llamara a elecciones anticipadas, como algunos precipitados sugirieron, se haría con las mismas reglas que han dado origen a los problemas que tiene la sociedad chilena. Con los mismos partidos. Lo único que ha cambiado es el sistema electoral, que pasó de uno binominal a uno proporcional. Pero desde el punto de vista de cómo se llega a generar el tipo de partido, el de liderazgo, el de dirigentes que concursarían no habría cambiado nada. Sería un acto litúrgico para volver, finalmente, a los problemas institucionales que no han sido resueltos.

Una forma posible de solventar la crisis es la que ha elegido el gobierno: una potente agenda de reformas políticas, de probidad, de transparencia. Se está a la espera del anuncio, en setiembre, de cómo será el recorrido del proyecto constituyente. Ese puede ser el camino, la creación de instituciones democráticas que comprometan una amplia participación y legitimidad ciudadana. Eso está por construirse pese a que el período presidencial de cuatro años hace inviable llevar a cabo todas las reformas y el gobierno deberá contentarse con la gradualidad y mesura en sus ambiciones de transformación nacional.

En este complejo cuadro político y muy contrariamente a la expresión “ya pasó la vieja” utilizada por un conocido comentarista político chileno, para referirse a las violaciones a los derechos humanos, el tema vuelve a adquirir inusitada relevancia a raíz de la confesión del ex conscripto Fernando Guzmán que participó en el denominado Caso Quemados, en el que una patrulla militar, el 2 de julio de 1986 prendió fuego al fotógrafo Rodrigo Rojas y a Carmen Gloria Quintana. El relato del ex soldado, ha puesto al descubierto el pacto de silencio que regía al interior del ejército. Autoridades de los Estados Unidos confirman los hechos y publican documentos en los que se señala al propio Augusto Pinochet como el principal responsable de crear una explicación falsa para ocultar el crimen. La dictadura chilena tuvo dos características esenciales: de un lado, la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como política de Estado. Del otro, la modernización, en el sentido capitalista de la expresión con rastros que perduran hasta el presente. No es casualidad que hacia fines de la dictadura, para el plebiscito (1988) Pinochet obtuvo el 43% de los votos. De esa dictadura emana la constitución que, con todas sus reformas, sigue rigiendo los destinos del país.

Finalmente, aunque no se considera un tema prioritario persiste un problema sistemáticamente postergado en Chile, el de los indígenas. Los aborígenes chilenos, cuantitativamente un escaso porcentaje de la población (según el censo del 2002, 4,6% del total de habitantes), buena parte de esas comunidades se ha aculturizado y vive en la grandes ciudades. Pero estos dilemas se miden cualitativamente. Desde ese punto de vista el tema es serio y se arrastra desde los tiempos de la independencia. Lo intentó resolver el presidente Patricio Aylwin con la Ley Indígena. Más tarde, habiendo fracasado ese proyecto, el presidente Ricardo Lagos formó una comisión, Verdad Histórica y Nuevo Trato, cuya tarea fue proponer al Estado un arreglo que permitiese resolver la cuestión indígena. El informe, desgraciadamente, cayó en la indiferencia. Ni el gobierno del Presidente Lagos lo hizo suyo como tampoco el gobierno de Bachelet.

Las conclusiones sugerían tres cuestiones fundamentales, según Carlos Peña:

-      Reglas para asegurar la participación política de los pueblos originarios, basadas en la experiencia nuevo zelandesa o canadiense

-      Diversas formas de reparación económica, particularmente para aquellos pueblos que habían sido despojados de las tierras que en algún momento se les asignaron bajo título de merced. Hay evidencia histórica de que el despojo ocurrió y que el Estado debe indemnizar

-      Finalmente se sugerían formas de reparación a la memoria, porque existe el mito de que en Chile no hay indígenas, que es un país culturalmente homogéneo en donde la nación tiene un peso decisivo. Todo ello acabó ahogando la identidad indígena. El informe plantea corregir esa visión.

Nada de eso se ha hecho.

No es posible sostener una democracia prestigiosa sin construir formas que permitan una convivencia plural entre diversos grupos. La democracia de hoy es multicultural o no es democracia.[iv]

[i] Enrique Iglesias, ex ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, ex Secretario Ejecutivo de CEPAL, en entrevista con el autor.

[ii] Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿ruptura con la historia? Banco Mundial

[iii] Empresa ADIMARK, evaluación correspondiente al mes de julio del 2015.

[iv] Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales y analista internacional. Entrevista con el autor.