Profesores protestando contra el dinero gastado en los Juego Olímpicos en Rio de Janeiro. 6 julio 2016. Silvia Izquierdo/Press Association. Todos los derechos reservados.

Las incertidumbres políticas de Brasil son, igualmente, aquellas de todos los países latinoamericanos que invirtieron en los procesos de democratización de sus sociedades en las últimas décadas, teniendo como telón de fondo la intención de no retornar jamás a los períodos dictatoriales. El caso brasileño es relevante y causa asombro en la medida en que se interpone de forma flagrante los límites de la democracia que queríamos, por un lado, y las perspectivas tenebrosas de un proceso de democracia oligárquica orientado al favorecimiento de las élites económico-financieras, políticas y burocráticas, por otro.

La democracia que queríamos, nosotros de la izquierda, era, sobretodo, una democracia participativa en la cual la representación expresase los deseos de la mayoría de la población con relación a un sistema de poder descentralizado y transparente, que favoreciera la inclusión social, la igualdad de acceso a los bienes colectivos y la libertad de expresión. Pero el régimen democrático que conocemos y que fue construido desde 1984, cuando  se realizaron por primera vez elecciones libres en el país, marcando el fin del período dictatorial, no responde a estas características deseadas por la izquierda democrática. Poco a poco se fueron restableciendo los viejos mecanismos de la democracia oligárquica por la cual los derechos de representación de las élites no están articulados con los derechos de participación de la población en general, sobretodo  las parcelas más desasistidas, en lo que dice respeto a las decisiones relativas al ejercicio pleno de la ciudadanía. Así,  lo que hay en curso es el desmantelamiento de una democracia que queríamos que fuese amplia e inclusiva. En la democracia oligárquica, la representación se organiza a partir de financiamientos privados generados por las riquezas personales, por el poder de terceros detentores de riquezas patrimoniales o financieras que apoyan “sus” candidatos o por las corporaciones religiosas, como las iglesias  pentecostales, que votan ciegamente por sus lideres. Estos procedimientos de elitización del régimen democrático fueron legalizados en Brasil a partir de dos estrategias. Una de ellas tiene a ver con los dispositivos de reclutamiento, selección y formalización de las candidaturas políticas  que deseen concurrir en las elecciones parlamentares  a partir de listas organizadas por los partidos y sin sintonía con las demandas concretas y localizadas de las comunidades urbanas y rurales. La otra iniciativa se revela por los procedimientos de elitización  diseñados a partir de lo que se ha dado en llamar “gobierno de coalición”, en el cual el ejercicio  de la presidencia de la república y la organización del poder ejecutivo  dependen directamente de negociaciones y  trueques  que involucran parlamentares y gobierno en lo que se refiere a distribuciones de cargos públicos como los ministerios y direcciones  de empresas estatales. Tales procedimientos implican, también,  en decisiones poco transparentes relativas a la distribución de recursos públicos para inversiones, políticas públicas y mantenimiento del aparato estatal.

En un contexto político con fuerte presencia popular del presidente de la república,  como fue el caso de Lula,  las presiones de la élites políticas conservadoras eran relativamente neutralizadas por los recelos de los parlamentares  de perder el apoyo de las bases electorales y, de igual forma, los financiadores de las campañas. Consecuentemente, esto fortalecía la independencia del sector ejecutivo y su poder de negociación.  Diferentemente, en los casos de presidentes de la república poco carismáticos como fueron los casos de Fernando Henrique Cardoso y de Dilma Rousseff, la gobernabilidad permaneció como una experiencia inestable e incierta. Como la élite política  conservadora no se sentía amenazada  en sus prácticas electorales mezquinas, las presiones y trueques personales y corporativos de los congresistas sobre el poder ejecutivo eran más intensas, llevando al desajuste del “presidencialismo de coalición” que vemos hoy. Como resultado,  los intereses orientados hacia las demandas partidarias, parroquiales y corporativas eliminaron cualquier perspectiva de organización de acciones de planificación gubernamental de mediano y largo plazo, al favorecer las negociaciones interpersonales bajo formato de bazar de regalías. La anulación de perspectivas de planificación  de mediano y largo plazo orientada a responder las necesidades de promoción de la sociedad nacional paralizó el gobierno de Dilma, aumentando la ambición de las corporaciones económicas y políticas de controlar el aparato estatal y asaltar los cofres públicos. La inestabilidad política aumentó a nivel impensable, en el año 2016 al comprometer las perspectivas de continuidad  de las conquistas democráticas obtenidas a lo largo de las décadas de ochenta hasta el momento presente.

Hacer efectivo  un programa de democratización real de la vida nacional exigiría, al contrario, la renuncia de los intereses de algunos en beneficio de acciones orientadas a proteger la sociedad nacional como un todo. Esta es la condición para implementarse acciones más duraderas y orientadas hacia la generación de empleo y renta, de políticas públicas necesarias a la promoción de la ciudadanía igualitaria como aquellas de salud y educación y de mejoramiento de los servicios de infraestructura  como carreteras y saneamiento ambiental.

La llegada del Partido de los Trabajadores y de Lula al poder no fue suficiente para revertir el cuadro de hegemonía de la democracia oligárquica. Por el contrario, para el gerenciamiento  del poder estatal, los dirigentes petistas tuvieron que ceder espacios políticos importantes a las élites conservadoras  y realizar trueques por cargos y por recursos públicos que terminaron contaminando el programa democrático del PT.  Esto condujo  a muchos dirigentes a alejarse de los ideales éticos inicialmente defendidos por la izquierda democrática  simpatizante de las luchas de los sindicalistas, especialmente de aquellos de la región del ABC paulista, donde están instaladas las grandes ensambladoras de vehículos. Con el gobierno de Dilma, el proceso de descaracterización  ideológica y política del PT sufrió un agravamiento, lo que contaminó los programas de acción de las izquierdas democráticas que pasaron a depender enormemente del prestigio de Lula para enfrentar el “rumbo hacia la derecha” del sistema político.

La degradación progresiva de las perspectivas de materialización de la utopía de la democracia participativa ampliada que queríamos resulta de este conjunto de factores que demarcan el crecimiento de los intereses conservadores y mercadológicos, por un lado, y la desvalorización de la participación popular y social en las decisiones políticas orientadas a atender las demandas de las mayorías, particularmente las más fragilizadas, por otro. Pero la degradación de la utopía democrática no se hizo apenas en el terreno de la política partidaria y del asalto al tesoro estatal. El crecimiento del utilitarismo materialista  fue también alcanzado por la amplia campaña ideológica orientada por los medios de comunicación  conservadores  y dirigidos a estimular el consumo de la masa que era entendido como fundamental para apoyar la expansión del sector industrial que también  recibió subsidios por medio de las exenciones fiscales. El resultado de estas políticas asistencialistas fue la creciente despolitización de los sectores populares que quedaron hipnotizados por el consumo y sin preparación  para luchar por las semillas de vida comunitaria y asociativa .

Los  dirigentes petistas, incluyendo el mismo Lula, tienen sus parcelas de responsabilidad en la enajenación política creciente de los segmentos populares por no entender que la gestión de la sociedad compleja es un desafío bien mayor que el del horizonte sindical. Así, el manejo de políticas públicas, como el bolsa familia, fue hecho no para incrementar el ejercicio de la participación local y municipal por parte de las comunidades y grupos familiares, sino para motivar el consumo y proteger las industrias de bienes de consumo durables y semi durables. Seguramente, preocupados en fortalecer sus orientaciones sindicales y aumentar el poder de los cambios salariales, los petistas creyeron que el aumento del consumo y de la renta básica de los más olvidados seria lo suficiente para asegurar el apoyo que necesitaba la izquierda en el poder para mantener la amplia base electoral  y así estabilizar la gobernabilidad. Alegre engaño del sindicalismo de izquierda. El resultado es que la sociedad brasileña está pagando en este momento el precio de la apatía social y del desmantelamiento de los mecanismos de la democracia participativa que queríamos. La izquierda en el poder no entendió que la construcción de ciudadanía democrática constituye un proceso complejo que exige en primer lugar, el estímulo de una cultura de solidaridades morales e afectivas que orienten como las comunidades, las familias y los individuos deben decidir colectivamente sobre que hacer y como hacer para organizar la supervivencia de todos en la vida cotidiana.

Lo más grave es que aunque el impeachment temporario de Dilma haya producido varias movilizaciones  en la defensa de la presidenta, estas no indican todavía una referencia  a un programa consistente para enfrentar el poder conservador y corrupto y sostener la reconstrucción nacional.  Las dos fuerzas sociales más importantes en la movilización de una reacción de izquierda organizada no presentan todavía una plataforma política coordinada. Por un lado, hay que resaltar la existencia de un crecimiento de la movilización  de entidades vinculadas al PT,   ahora en la oposición, como la CUT (Central Única de Trabajadores) y el MST (Movimiento de los sin Tierra). Pero tales reacciones continúan más orientadas hacia la defensa de sus banderas sindicalistas y partidarias tradicionales que presentan una fuerte verticalidad. Por otro lado, vemos las movilizaciones de la calle, involucrando la juventud, intelectuales universitarios y otros sectores  de las clases medias que se articulan alrededor de la denuncia del golpe y de la contestación  del gobierno provisorio de Michel Temer en la esperanza de anulación del proceso de impeachment. Todavía más, no se observa en estas relaciones las semillas de un programa de restauración  política más realista y adecuado para  enfrentar el conservadorismo.  Al depender del desarrollo de los acontecimientos, estas movilizaciones espontáneas  de las calles  pueden fusionarse en una alternativa política e ideológica más consistente, reuniendo los fundamentos de una nueva alianza política  que incluye el sindicalismo pero que pueda tener una amplitud utópica mucho más amplia. De hecho, tales reacciones de los sindicatos, movimientos organizados y movilizaciones espontáneas  son todavía insuficientes para crear un hecho político nuevo con capacidad de revertir la tendencia de retroceso de las conquistas democráticas. La meta de  restauración del poder de la izquierda vía la anulación del impedimiento y retorno de Dilma no es imposible pero presenta grandes dificultades debido a problemas que deben ser resaltados. Primeramente,  es necesario destacar los altos niveles de rechazo  político que ella conoció progresivamente desde su reelección. Según datos de una investigación nacional realizada por la CUT/Vox Populis, en el mes de abril último, la evaluación  de Dilma como mala/pésima alcanzó 59% mientras Temer subía a 62%. Seguramente la fragilidad del gobierno provisorio de Temer haya contribuido a aumentar su rechazo y disminuir el de Dilma, pero no parece que esta evaluación haya cambiado sustancialmente en la medida que la crisis económica ha venido agravándose  y su gobierno tiene responsabilidad por esta crisis. De esta forma, en segundo lugar es de resaltarse los pésimos números de la gestión económica de Dilma: el PIB (Producto Interno Bruto) cayó 6% entre 2014 y 2015 y continua descendiendo, la deuda pública representaba  un 57% del PIB, al final del 2014 y amenaza llegar a un 74%  en 2016;  el desempleo ya alcanza los 11 millones de brasileños, y la deuda del arca nacional con el sistema financiero es impagable, caso no se haga una negociación seria con los bancos.

En tercer lugar, desde el punto de vista del apoyo del PT a Dilma, hay dificultades relevantes a recordar. Hay fuertes resistencias dentro del PT para incorporar los ex Ministros de Dilma como Ricardo Benzoini y Jaques Wagner en la Dirección Nacional del partido e incluso hay un  grupo de diputados petistas que analizan la posibilidad de fundación de otro partido político. En cuarto lugar, es importante recordar  el perfil psicológico de Dilma, una mujer honesta y sincera que tiene dificultades de lidiar con personalidades políticas ambiguas y egoístas.  Así, a diferencia de Lula, que sabia manejar con cierta desenvoltura  las negociaciones y los cambios con las élites, Dilma siempre demostró resistencias para ese tipo de negociación “por detrás de los bastidores”. Aunque se elogie la impecabilidad moral de Dilma,  el hecho es que se ha verificado un deterioro importante  entre los poderes ejecutivo y legislativo, contribuyendo a generar la ingobernabilidad política que vemos en el momento presente.

Es posible afirmar que hay una amplia duda  social y popular frente a un cuadro de desajuste político y de falta de horizontes estables a corto y mediano plazo. Esta duda todavía no fue canalizada para una reacción política más consciente en la medida que la bandera de “fuera Temer” y “vuelve Dilma” no revela la constitución de un apelo popular amplio y vigoroso por el recelo comprensible de que la vuelta al pasado signifique agravamiento de la ingobernabilidad. Esta duda toma cuenta tanto de los que están con Dilma como de muchos que apoyaron el impeachment pero que, ahora, están asustados con los rumbos conservadores e inciertos del presidente interino, Michel Temer, que era el vicepresidente de Dilma y que asumió el cargo con el alejamiento de  la misma.

Hay, pues, un desajuste entre la intensidad del malestar emocional vivenciado por gran parte de los brasileños y las limitadas reacciones democráticas ofrecidas por los sindicatos, por los partidos de izquierda y movilizaciones de las calles. Además, como se recordó anteriormente, las mismas movilizaciones de la calle no parecen apuntar hacia la organización de una fuerza hegemónica poderosa. Tal vez , por la ausencia – todavía – de un frente parlamentar de izquierda articulada con los movimientos sociales y sindicales, se observa que la energía social que viene siendo empleada a favor de la resistencia al desmantelamiento de la democracia que queríamos es todavía  muy limitada. Las manifestaciones en las calles y de los intelectuales contra el golpe son importantes pero no suficientes para crear un clima de resistencia más amplio que movilice los sectores populares y donde pueda anclar el trabajo de construcción de un nuevo proyecto democrático. La misma idea de golpe que seria explicada por el hecho de Dilma haber sido alejada sin crimen de responsabilidad comprobada no es unanimidad, cuando se conversa con los intelectuales más comprometidos con la causa democrática. Entre ellos, hay aquellos que incluso dicen que no hubo  golpe,  (en vista de que la legalidad institucional se mantiene), pero apenas una farsa generada por la comunicación mediática y jurídica del sistema político por las fuerzas conservadoras. La tesis de la farsa es interesante , pues, pone el problema político del alejamiento de la presidenta de la república no solamente como  una violencia jurídica,  llevando el debate para el plano de las luchas ideológicas y del falseamiento estético de la realidad política.

El hecho es que, independiente de las interpretaciones – como golpe o como farsa – las reacciones sindicales y partidarias y las movilizaciones en las calles tienen plazo de validez  limitada, caso no se pueda constituir pactos políticos y afectivos sólidos  para anclar la construcción de programas de acción, de mediano y largo plazo, comprometidos con la democratización de la sociedad nacional. En la ausencia de pactos políticos y afectivos consistentes, las luchas de resistencia también se fragmentan  y las energías sociales de las movilizaciones de la calle quedan canalizadas por los sentimientos de simpatía sinceros  - mas políticamente controversiales – con la figura de Dima y por su duplo dolor: de ex guerrillera que fue torturada por el autoritarismo y por la mujer que se ve perseguida por el machismo. Pero la simpatía con la figura de la víctima no necesariamente libera la creatividad social para nuevos rumbos democráticos. Puede apenas reforzar el poder del  verdugo y el temor de los victimizados. La salida del embrollo  político y emocional pasa necesariamente, entonces,  por las perspectivas de visualización de prioridades políticas a ser defendidas   en los horizontes de la vida social. En este nivel de   especulación intelectual, me parece que habría tres objetivos a perseguir con tenacidad por el nuevo pacto de izquierda por la presentación potencial  de canalización de la energía social dispersa. El primer de ellos  es la defensa incondicional de la Constitución de 1988 que aseguró  importantes avances  para la reforma del aparato estatal , para la implantación de políticas públicas innovadoras y orientadas a la promoción de la ciudadanía en la salud y en la educación y para homologar nuevos derechos sociales y culturales. Fue a partir de esta Carta Constitucional que se organizaron reformas importantes en el funcionamiento del Estado, generando nuevas concepciones  de políticas públicas y acciones descentralizadoras de la administración estatal. A partir de esta nueva Constitución, las luchas por los derechos sociales, civiles, cívicos y ambientales  también se  ampliaron y generaron el reconocimiento de los derechos de las minorías y de diversidades. Programas osados como el SUS (Sistema Ùnico de Salud) – garantizando el acceso universal de los ciudadanos a la salud pública  y también el atendimiento descentralizado de las acciones de cuidado – solamente tiene sentido en el interior de los preceptos de esta nueva Constitución de 1988. Por eso,  nos parece que las movilizaciones políticas  a favor de la preservación de la integridad de estos avances jurídicos debe ser objeto de una alianza amplia  de las fuerzas democráticas. Sin ella,  se deshacen parte de las conquistas sociales y políticas que fueron obtenidas y que sostienen las luchas actuales por el aumento de la participación social y política.

El segundo objetivo  se refiere a la implementación de  una amplia reforma política que promueva la reorganización del sistema partidario y de los procesos electorales de modo  que se restaure el valor de la participación democrática a nivel de las comunidades y del poder local. Hay que adoptar medidas  para re politizar las masas asalariadas y aquellas vulnerables de tal forma que puedan participar de modo más activo y responsable  en la organización de los sistemas políticos y partidarios en los planos local, departamental y nacional. En este plano, las movilizaciones,  a favor de las elecciones  generales para la  reorganización del sistema político y partidario, deben ser consideradas seriamente, pues, solamente así, es posible liberarse de los espacios de actuación  para los nuevos liderazgos  populares, saneando el sistema partidario y legitimando la reforma gerencial del aparato estatal. En realidad, es importante resaltar que esto es todo lo que las élites conservadoras que manipulan el voto  no quieren, en la medida en que los electores más conscientes de sus votos tienden a definir otras prioridades a la hora de las elecciones. Por eso, esta reforma política debe ser objeto de un amplio debate y movilización  colectiva para poder obligar a las fuerzas conservadoras a retroceder y aceptar los proyectos de revisión de leyes y procedimientos que necesitan pasar por el parlamento.

El tercer objetivo tiene relación con la reorganización de los modelos de desarrollo nacional de tal forma que favorezcan el surgimiento de economías plurales y diversificadas que minimicen los efectos del mercado capitalista sobre la actividad económica de la sociedad, retirando las fuerzas de los grandes monopolios y del agro negocio y estimulando la competitividad económica horizontal y los pequeños negocios.  En la reorganización de estos modelos, es importante repensar el papel de las políticas públicas teniendo en vista la presencia significativa de la economía redistributiva estatal en la organización de la vida económica e social que, en Brasil, alcanza mas de 40% del PIB. De igual forma, hay que repensar las relaciones entre el sistema financiero y económico y la función social del desarrollo de tal forma que  se pueda reorganizar adecuadamente los usos de las riquezas colectivas  como la tierra, el agua y la inversión pública así como sanear la deuda del Estado con el sector financiero que actualmente es muy alta. El hecho es que el modelo neo desarrollista adoptado por el PT no cumplió su compromiso de redistribuir las riquezas y diversificar las actividades económicas en beneficio de la equidad de los derechos de acceso de la mayoría a los recursos colectivos. Al contrario, las alianzas hechas por los dirigentes  del PT con las fuerzas conservadoras trajeron muchos beneficios al sistema financiero, a grandes contratistas y empresas ensambladoras  de automóviles y al agro negocio y, consecuentemente, pocos beneficios al mejoramiento efectivo de la ciudadanía de los mas desfavorecidos. La construcción de una utopía pos desarrollista que valorice el bien común y la convivialidad es, pues, una tarea fundamental y urgente de la reacción democrática.

Las condiciones generales para empezar esta amplia movilización orientada hacia un programa de reconstrucción de la sociedad nacional y de la implantación de la democracia ampliada a curto, mediano y largo plazo están dadas. El gobierno Temer tiene una base de sostenimiento fragmentada en el congreso nacional que limita sus posibilidades de tomar medidas económicas y fiscales fuertes para enfrentar la crisis económica y la pérdida de confianza del sector productivo. Las fragilidades del gobierno Temer son resaltadas por el hecho de que varios de sus ministros están involucrados en la operación “Lava Jato” y bajo la mirada de la justicia con involucramientos directos en escándalos de corrupción que comprometen la empresa brasileña de petróleo (PETROBRAS) y con operaciones de lavado de dinero “sucio”. Por otro lado, Temer sabe que no puede sobrevivir políticamente apenas orientado por los intereses de las élites,  lo cual indica que el debe oír  los sindicatos y las calles para poder mantenerse en el cargo. Su decisión de recriar el Ministerio de la Cultura que había sido absorbido por el Ministerio de Educación, luego de una amplia reacción de artistas y simpatizantes, demuestra lo que estamos afirmando.

Las inseguridades del gobierno de Michel Temer pueden llegar a ser, entonces, recursos importantes para la formación de un caldo de cultura adecuado para que la energía social movilizada por las calles en la resistencia al golpe (o en la resistencia a la farsa) a corto plazo, pueda ser canalizada para objetivos pragmáticamente más consistentes de mediano y largo plazo y orientadas hacia la reorganización de los procesos democráticos. Y tales objetivos, como dijimos anteriormente, no tiene horizontes claros en los sueños del pasado, sino en la capacidad de la voluntad democrática progresista de mirar los horizontes inciertos del futuro de la sociedad nacional.  En este punto, nuestra posición es que si el lema del “fuera” Temer y del “vuelve” Dilma tiene cierta capacidad de movilización  en las calles, estas banderas son insuficientes para canalizar un amplio abanico de solidaridades y de voluntades políticas capaces de promover la resolución del desajuste político e institucional actual.

Las tareas de pensar de forma realista sobre el crecimiento de las fuerzas democráticas exige una amplia articulación de los liderazgos políticos de izquierda, de los parlamentares, de los sindicalistas e intelectuales que se aglutinen en la definición de un programa consistente y viable capaz de movilizar la energía social para una nueva forma política y asociativa más solidaria y justa.

Infelizmente todavía no estamos observando esta movilización de las fuerzas  sociales más identificadas con los ideales de la izquierda democrática con miras a este programa más amplio que incluya acciones de corto, mediano y largo plazo. La intensidad del contexto político manipulado por los medios de comunicación conservadores, la desorganización y aprisionamiento de los liderazgos petistas con perspectivas incluso de penalización de Lula y sus familiares, las indefiniciones de las fuerzas de izquierda con relación a la defensa de metas viables son elementos que exaltan las emociones colectivas y debilitan las perspectivas de una reacción política e ideológica  anti hegemónica  más consistente.

El caso brasileño no es un hecho aislado y debe servir como alerta para todos los regímenes democráticos de América  Latina. Hay que hacer una amplia revisión de los ideales de la izquierda democrática que privilegió históricamente la oposición entre la sociedad civil y el Estado (una representación  típicamente liberal de la democracia). La izquierda democrática no supo prepararse para enfrentar el neoliberalismo que trajo el mercado como fuerza decisiva para repensarse lo que se entiende como Estado y como sociedad civil. Hay que actualizar los fundamentos teóricos y prácticos de la democracia participativa que están presentes en  varias tradiciones del pensamiento moderno como, por ejemplo, en el socialismo utópico francés, en el pensamiento pragmatista norteamericano y aun mismo en aquellas tradiciones liberales que existieron antes de la llegada del neoliberalismo y que defendían la libertad de asociación y la igualdad de todos los ciudadanos frente a ley.

En esta misma dirección, los fundamentos de la democracia participativa en América Latina y en Brasil no puede dispensar las memorias de las luchas liberadoras como aquellas del Zapatismo, de los Movimientos Indígenas y Negros, de los Campesinos, de los sin tierra y sin techo, de las mujeres oprimidas y de las madres que se rebelaron contra las injusticias de las dictaduras militares. El momento exige una nueva coalición de las fuerzas simpáticas a una democracia que queremos y que tiene relación con el restablecimiento de la práctica democrática participativa y que valorice la vida comunitaria y asociativa y la responsabilidad de los individuos y grupos sociales en la construcción del quehacer cotidiano solidario en los barrios, comunidades, ciudades y regiones. En la organización de las fuerzas democráticas debe recordarse el valor estratégico de los apoyos internacionales y latinoamericanos incluso de los movimientos intelectuales organizados que están repensando el significado de la utopía democrática y del mismo sentido ideológico de las izquierdas en este siglo XXI.