Los cuerpos de algunos de los muertos en el confuso hecho de Alto Mira fueron evacuados a La Playa, a una hora en lancha de donde ocurrió el hecho. Ninguno de los muertos o heridos tenía heridas de esquirlas o explosión. Foto: Lorenzo Morales.

Este artículo es producto de la alianza entre 070 y democracia Abierta. Lea el contenido original aquí.

La matanza de seis campesinos que protestaban contra el proceso de erradicación forzosa que promueve el gobierno en la zona del Alto Mira en Tumaco anticipa uno de los escenarios más complejos que enfrenta Colombia después del Acuerdo de paz con las FARC.

En esta zona, una de las de mayor concentración de cultivos de coca del país, se juega el pulso definitivo entre el gobierno, las comunidades que siembran la coca por necesidad y los narcotraficantes y sus brazos armados que la aprovechan como negocio. Si el gobierno pierde el pulso en el Alto Mira y no logra consolidar los planes de sustitución voluntaria consignados en los Acuerdos de Paz y proteger a las comunidades que los han acogido, se expone a la erosión de la confianza en el Acuerdo en otras zonas cocaleras.

Vea: Seis muertos y decenas de heridos en zona de erradicación de cultivos

 Las alertas por un posible choque armado estaban encendidas desde hacía al menos dos semanas.

Desde el pasado 25 de septiembre, 16 líderes afro del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera que aceptaron el plan del gobierno para una erradicación voluntaria bajo la promesa de una efectiva sustitución de cultivos, fueron amenazados de muerte y tuvieron que desplazarse fuera del territorio. Actualmente están bajo protección del Estado, lejos de la zona. Haberse visto forzado a sacarlos de allí significa, para el gobierno, perder a su principal aliado para mostrar resultados de la sustitución concertada y representa una victoria para los narcos, que quieren intimidar a los campesinos y presionarlos para que se nieguen a cualquier plan de restitución.

Las amenazas fueron hechas por “Cachi”, jefe de una de las estructuras armadas que llegó a la zona después de la retirada de las FARC y que está al servicio de intereses del narcotráfico. Según diferentes fuentes, “Cachi” convocó, el pasado 17 de septiembre, a las comunidades que habían “firmado la erradicación con el gobierno” (La erradicación es una política pública que se desprende de los Acuerdos de Paz y no una decisión particular de las comunidades), a una reunión para lo que él llamó un “plan de trabajo” y les dijo que debían participar en una movilización social para impedir la erradicación.

Cada comunidad debía aportar al menos 30 personas. Casi la totalidad de las 42 comunidades afro que viven en el Consejo Comunitario se negaron a esa propuesta. “Cachi” amenazó con matar a dos personas de cada comunidad. La intención de “Cachi”, según él mismo hizo saber, es lograr una renegociación de la erradicación con el gobierno y lograr que no se toquen los cultivos durante dos años.

Desde entonces, las comunidades viven bajo toque de queda desde las 6 de la tarde y sufren intimidación. Según los pobladores, la mayoría de los que se han unido a las protestas lo han hecho forzados o intimidados.

 Vea: Testimonios de sobrevivientes al confuso ataque armado contra campesinos

El Alto Mira es una de las zonas de mayor conflicto tras la desmovilización de las FARC. La guerrilla dejó un vacío de poder que rápidamente han llenado estructuras armadas al servicio del narcotráfico. Allí operan no sólo la estructura al mando de “Cachi”, asociado a narcotraficantes, sino también las que capitanea “Guacho”, líder – según las autoridades - de la disidencia de las FARC que no quiso acogerse a los Acuerdos de Paz. Esa zona concentra una de las mayores áreas cultivadas de coca del municipio de Tumaco y prácticamente la mitad de los sembrados reportados en todo el departamento de Nariño. Tumaco es el municipio con más cultivos de todo el país.

El río Mira, hoy día uno de los principales corredores del narcotráfico, tiene un trazado estratégico que atraviesa buena parte de  la zona cocalera. El Mira conecta a Ecuador con Colombia y tiene su desembocadura en el océano Pacífico, lo que facilita el tránsito de la pasta de coca.

Según los pobladores, tras la concentración de guerrilleros en las zonas de transición, se vivió una paz relativa que duró casi seis meses y alimentó la esperanza de que la paz sí iba a cuajar en esa zona.  Sin embargo, ante la ausencia del Estado, entraron estas nuevas estructuras armadas que operan ahora en la zona y que la fuerza pública ha sido incapaz de contener.

Algunos familiares que llegaron a La Playa para tener noticias de su gente también necesitaron atención médica por el golpe emocional de lo que estaba sucediendo. El esposo de esta mujer murió en el ataque. Foto: Lorenzo Morales.

Una comunidad partida en dos

Las comunidades del Alto Mira se encuentran presas en un cruce de intereses. Por un lado están los pobladores ancestrales de esas tierras, descendientes afros que tienen títulos de propiedad colectiva reconocidos por el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera. Están también indígenas Awá, en la parte más alta del río, que habitan sus tierras bajo la figura del resguardo. Y, desde los años 2000, han entrado también a ocupar esos territorios una oleada de colonos venidos de otras tierras – de  Caquetá, Putumayo y Meta. Muchos de esos nuevos pobladores fueron impulsados y respaldados por las FARC, que controlaba por aquel entonces la vida de la zona y regulaba el negocio de la coca.  Casi todos venían huyendo de la arremetida militar y las fumigaciones del Plan Colombia en sus departamentos. La mayoría de estos colonos se asentaron dentro del territorio del Consejo Comunitario y se organizaron bajo la asociación Asomiluma.

Hoy, algunos de esos colonos tienen fincas más grandes que las de los afros, algunas de más de 50 hectáreas, todas dedicadas al cultivo de la coca. El gobierno considera que se trata de sembradíos industriales.

La presencia de estos colonos ha generado conflictos por la tenencia de la tierra y por las decisiones que toman los que gobiernan esas comunidades. Las comunidades afro reclaman la ilegalidad de las Juntas de Acción Comunal de los colonos que existen dentro de su territorio, muchas de ellas avaladas desde 2009 por el gobierno departamental de Nariño.

Esa división entre colonos y comunidades tradicionales se corresponde, más o menos, con la fractura que hay acerca de cómo afrontar el tema de los cultivos de coca. Mientras la mayoría de comunidades afro han aceptado los planes de sustitución, la mayoría de colonos -casi todos de Asomiluma- se han opuesto a ellos. En ese contexto, los intereses de los narcos amenazados por la erradicación voluntaria o forzada han quedado alineados con los de los colonos, sin que estos últimos pertenezcan necesariamente a ningún grupo armado.

 Máxima tensión

Las tensiones entre las comunidades se empezaron a dar desde la entrada en la zona de la fuerza pública para cumplir con el mandato presidencial de llevar a cabo la erradicación. En abril pasado, once policías antinarcóticos fueron retenidos durante 36 horas por un grupo que se oponía a la erradicación en el sector de La Espriella, en la frontera con Ecuador. Según varias fuentes, los policías estuvieron muy cerca de ser asesinados, pero se salvaron gracias a la intercesión de algunos miembros de la comunidad. Quienes los retuvieron se quedaron con ocho fusiles y seis pistolas. Esta acción es un antecedente importante que puede explicar la tensión que existía entre la policía antinarcóticos presente en la zona donde ocurrió la matanza de los seis campesinos.

Pero el clima de intimidación y zozobra se mantiene desde hace tiempo. Según testimonios recogidos por diversas organizaciones, desde 1998 han muerto siete líderes y, en lo que va de año, unas 20 personas pertenecientes al Consejo Comunitario. Uno de los casos más notorios fue el de Genaro García, representante legal del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, asesinado por la Columna Daniel Aldana de las FARC el 3 de agosto de 2015, crimen que fue reconocido por las mismas FARC en La Habana.

Playa, sobre el río Mira, queda a poco kilómetros de la Zona Veredal Ariel Aldana, donde están aún concentrados ex guerrilleros de las Farc. Algunos salieron a acompañar el cortejo que sacó a los muertos hasta la vía Panamericana.

La urgencia del gobierno

Desde antes de que se firmaran los Acuerdos de Paz con las FARC, los cultivos de coca han venido aumentando en el país. Según el monitoreo que hace Estados Unidos y agencias internacionales, los cultivos de coca en Colombia han aumentado de forma dramática desde 2013,  con un pico en el último año: de unas 80.000 hectáreas sembradas en 2013 han pasado a 188.000 en 2016, un récord histórico.

El pasado 13 de septiembre, el presidente Trump amenazó con “descertificar” a Colombia - es decir, bloquear la ayuda que ofrece el gobierno norteamericano -, por considerar que el país no coopera lo suficiente con los esfuerzos de la lucha contra las drogas. Ante esta amenaza, al gobierno le urge mostrar resultados, y esto explica la intensificación de las operaciones de erradicación forzada. De hecho, la avanzada militar ya ha afectado el negocio. En las calles de los barrios de Tumaco, donde se controla la salida de la pasta, dicen que los precios han caído. Esto ha implicado un reacomodo de las estructuras de milicianos, lo que explica también la creciente ola de asesinatos de jóvenes en barrios como Viento Libre y Panamá.

Entre las víctimas hubo al menos dos indígenas de la comunidad Awá, quienes viven en zona de resguardo en el Alto Mira y conviven con comunidades afro y colonos.

Un escenario probable

Aunque será la Fiscalía la que determine, con la ayuda de los testimonios de los sobrevivientes y las imágenes que pudieron tomarse en la zona, de dónde vinieron las balas que asesinaron a los seis campesinos, se empieza a vislumbrar lo que ocurrió. En la avanzada para la erradicación, operan, por una parte, el ejército, que crea un perímetro de seguridad; por otra parte, el Esmad (unidad antidisturbios), para contener y retirar a quienes se interpongan, y por último la policía antinarcóticos, con sus erradicadores, que son los que llevan a cabo el trabajo de arrancar las matas. Según algunas versiones, es probable que el territorio esté, además, minado.

Los pobladores que tomaban parte en la protesta —algunas versiones hablan de 300, otras de unos mil— se encontraban  muy cerca de la policía, algunos incluso se acercaron a hablar con los agentes para pedirles que se retiraran. Dado que en abril pasado un grupo de policías ya había sido tomado como rehén durante más de un día y por poco mueren, éstos sabían que no podían permitir que se acercara la gente y que tenían que evitar que les rodearan. La tensión era muy alta. Cualquier paso en falso podía desatar la reacción de la fuerza pública. Y quizás eso fue lo que ocurrió.

Dado que la policía y el ejército no estaban en la misma posición, cualquier disparo (de alguna de las armas de los policías retenidos, por ejemplo) o una explosión (de una mina, por ejemplo) pudo desatar un fuego cruzado, en el que la población civil acabó encontrándose en el medio. Los análisis de balística serán los que podrán determinar de qué fusiles salieron las balas que mataron a los seis campesinos.