El lunes 4 de mayo, cuando aún se desarrollaba un confuso hecho insurreccional en las costas venezolanas, Provea reiteró una serie de principios a través de sus redes sociales, que generaron una virulenta respuesta de los altos funcionarios del gobierno de facto.
¿Qué decían los mensajes?
1) Ante el cierre de los canales pacíficos de la resolución del conflicto Maduro estimulaba escenarios de violencia;
2) Provea sólo apoyaría mecanismos pacíficos para la transición a la democracia;
3) La comunidad internacional debe rechazar salidas de fuerza, aumentando mecanismos diplomáticos de presión;
y 4) Las personas que habían sido detenidas en los hechos no debían ser víctimas de torturas, desaparición forzada o ejecución extrajudicial.
Estos mensajes, o con variantes habían sido publicados en otras oportunidades en los últimos meses. ¿Por qué precisamente ahora generaron esa furiosa criminalización? Por ahora nuestra respuesta es: La naturaleza del conflicto esta variando cualitativamente.
El decreto de estado de alarma ha generado mecanismos de control que, en otros lados, hemos calificado como “soñados” por el bolivarianismo como dispositivo de dominación de los venezolanos: Aumentando la separación, aislando a los individuos para que sean incapaces de la acción colectiva en el espacio público, incrementando los niveles de censura y autocensura, militarizando el control territorial de los principales centros urbanos, aumentando la estatización de la vida cotidiana, Los resquicios de disentimiento que conocíamos antes de la epidemia están siendo eliminados progresivamente.
Por ello tenemos casos de médicos detenidos por haber denunciado en sus chats privados no haber contado con los implementos necesarios en el hospital donde desempeñan sus labores, o ciudadanos detenidos por haber publicado en Instagram su descontento por la escasez de gasolina.
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