Manifestación contra la corrupción en Guatemala, 2015. Wikimedia Commons. Todos los derechos reservados.

Cuando el 3 de septiembre de 2015, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina tuvo que renunciar a su cargo para enfrentar el juicio que se le había iniciado por denuncias de corrupción, muchos ciudadanos imaginaron que se abrían las puertas de un proceso rápido y pacífico para la construcción de la democracia y el imperio de la ley en Guatemala.

Tres años después, la sombra del retorno a un régimen autoritario con fachada democrática se cierne sobre el país.

Aquel año resultó atípico. En las elecciones que siguieron a la renuncia de Pérez Molina, por primera vez en cinco lustros, quien había perdido en la segunda vuelta electoral de los anteriores comicios no resultaba ganador en estos.

Los últimos cinco presidentes del país habían necesitado disputar primero sin éxito unas elecciones para luego salir triunfadores en la siguiente contienda, estableciéndose así cierta lógica de construcción de imagen durante un largo periodo previo.

Esta vez, Manuel Baldizón, que en 2011 había competido en el balotaje contra Pérez Molina, no conseguía siquiera pasar al segundo turno, que disputaron Sandra Torres, ex esposa del presidente saliente y candidata del partido en el gobierno de 2008 a 2012, y Jimmy Morales, un cómico bastante conocido a nivel popular pero desconocido en el ámbito político.

La crítica a los políticos de viejo cuño, a resultas de la escandalosa corrupción desvelada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), unida al rechazo visceral de las clases medias urbanas hacia la ex esposa del ex presidente Álvaro Colom (2008-20012), hizo que el cómico ganara con facilidad el segundo turno, a pesar de que no tenía programa de gobierno y que no le acompañaban personas mínimamente conocedoras de la gestión pública.

Su elección fue, pues, un salto al vacío del electorado, que confió en la promesa (para nada demostrada) de que el candidato no era ni corrupto ni ladrón.

Los empresarios y las clases medias acomodadas, que intentaban recuperar el proyecto neoliberal que había enarbolado el ahora detenido Pérez Molina, financiaron la campaña del cómico recién llegado a la política.

La CICIG, establecida por Naciones Unidas en 2006 respondiendo a una solicitud del Estado guatemalteco para enfrentar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS) que operaban en el país, había ido evolucionando y proporcionaba ahora también asesoría y tecnología para la persecución penal de la corrupción.

La CICIG mantenía abiertas una serie de investigaciones que, semana a semana, conducían al encarcelamiento preventivo de una amplia gama de acusados de corrupción y malversación de fondos públicos.

Así fue como se consiguió que, tras presentar pruebas fehacientes de actos ilícitos, se enjuiciara y encarcelara al ex presidente Pérez Molina, así como como a la vicepresidenta Roxana Baldetti y a un nutrido número de ex funcionarios y empresarios.

Conducida desde septiembre de 2013 por el colombiano Iván Velázquez, la CICIG mantenía abiertas una serie de investigaciones que, semana a semana, conducían al encarcelamiento preventivo de una amplia gama de acusados de corrupción y malversación de fondos públicos.

Y el cómico, ahora presidente, declarándose el principal enemigo de la corrupción, hacía público su apoyo a la permanencia de la CICIG en el país por dos períodos más, es decir, hasta 2021.

Sin embargo, en uno de los tantos casos investigados y denunciados en 2016, el hermano y el hijo del presidente resultaron implicados, lo que condujo a que la Comisión y el Ministerio Público (MP) solicitaran su enjuiciamiento, lo que conllevó su detención.

Aunque Morales declaró que la situación de sus familiares no afectaba su apoyo a la CICIG, en entrevistas televisivas llegó a justificar su comportamiento ilegal, desatándose desde entonces una persecución mediática y política a la Jefa del MP y al responsable de la CICIG para desacreditarles y conseguir la remoción de este último.

Todos los que tenían causas pendientes con la justicia por delitos de peculado y corrupción financiaron y participaron activamente en esta campaña.

Para complicar todavía más la situación del presidente y sus allegados, la CICIG constató que en su campaña electoral había recibido financiación no declarada, lo cual, según la legislación electoral guatemalteca, es un delito. La CICIG y el MP solicitaron al Congreso que se retirara la inmunidad al presidente y que se autorizara su juicio por un juez competente.

Si ya la acusación y encarcelamiento de su hijo y hermano había puesto al presidente en contra del responsable de la CICIG, la solicitud de que se le retirase la inmunidad hizo que, dos días después de presentada, Velázquez fuese declarado persona non grata en Guatemala y se le exigiera salir del país.

Tuvo que interceder el recién nombrado Procurador de los Derechos Humanos quien, al presentar una solicitud de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, logró impedir que el exabrupto presidencial se concretase.

Gracias a los éxitos obtenidos por la CICIG en la investigación de un sinnúmero de casos de corrupción que han concluido con el enjuiciamiento y detención de más de un centenar de funcionarios de rango alto y medio, diputados que habían ocupado cargos en el Congreso así como empresarios de la construcción y otros sectores, el prestigio de que goza la Comisión ha llegado a ser hoy casi unánime, mientras que el presidente y sus allegados son, cada vez más, objeto de rechazo. Un rechazo que se extiende a los diputados del Congreso, que se han negado a retirar la inmunidad al presidente.

Las investigaciones de la CICIG no se han detenido. En abril de este año, se denunció otro caso de financiación electoral ilícita del partido del presidente, en el que los empresarios más importantes del país habrían financiado ilegalmente la campaña del presidente, simulando transacciones y emitiendo facturas falsas. Como responsable legal de su partido, este delito se le imputa a él directamente.

Los empresarios han aceptado su responsabilidad en el caso y están siendo juzgados, aunque están en libertad condicional. El presidente, por su parte, no asume la suya.

El último día de agosto, desde tempranas horas, vehículos policiales se apostaron frente a las oficinas de la CICIG y coches patrulla y grupos de agentes se apostaron frente a distintos medios de comunicación, en una ostentosa demostración de fuerza – inédita en los últimos veinte años.

Al mediodía, el presidente Morales, rodeado de altos mandos del Ejército y de la Policía Nacional hacía pública su decisión de no prorrogar el mandato de la CICIG, por lo que tendría que abandonar el país el 3 de septiembre de 2019.

El despliegue de fuerzas policiales y la presencia de jefes militares, innecesaria para un anuncio como este, dejaban en el ambiente la sensación de que o había fallado alguna acción policial de mayor envergadura, o era el anuncio de la militarización de la seguridad nacional.

Unos días más tarde, aprovechando un viaje al extranjero del Comisionado Iván Velázquez, el gobierno hacía pública su decisión de no permitirle el regreso al país.

Como respuesta, distintas organizaciones sociales organizaron marchas en la capital y plantones en las principales carreteras en apoyo a la CICIG y contra la decisión del gobierno.

Pero si los plantones en carreteras apenas contaron con vigilancia policial, las movilizaciones en la capital fueron vigiladas y limitadas por un dispositivo policial inusual al que se sumaron miembros del Ejército fuertemente armados.

La posición altanera y autoritaria del gobierno evidencia que su objetivo no es otro que el de impedir que el presidente sea juzgado por sus supuestas faltas y delitos, cerrando toda posibilidad de solución negociada a un problema creado por un gobernante que demuestra, con los hechos, que se considera por encima de la ley y las disposiciones internacionales.

De la noche a la mañana, el país y especialmente la capital se vieron militarizados, con el claro objetivo de atemorizar a la población e inhibir la movilización social.

Sin embargo, con mayúscula creatividad, los ciudadanos en distintas ciudades aprovecharon las celebraciones de la Independencia para expresar su crítica y rechazo al presidente y a sus decisiones, lo que obligó al gobierno a parapetarse tras dispositivos militares y policiales cada vez más ostentosos.

Ante la solicitud presentada ante la Corte de Constitucionalidad para que se permita el regreso del Comisionado, el pasado domingo 16 de setiembre por la noche dicha Corte resolvió favorablemente, estableciendo la ilegalidad de la orden que impide su retorno al país.

Pero la tarde del día siguiente el gobierno, en lugar de acatar esta disposición, hacía pública su decisión de mantener la prohibición, exigiendo al Secretario General de Naciones Unidas que nombre cuanto antes un nuevo comisionado.

La posición altanera y autoritaria del gobierno evidencia que su objetivo no es otro que el de impedir que el presidente sea juzgado por sus supuestas faltas y delitos, cerrando toda posibilidad de solución negociada a un problema creado por un gobernante que demuestra, con los hechos, que se considera por encima de la ley y las disposiciones internacionales.

Mientras los sectores más conservadores vinculados directa o indirectamente con la corrupción y con crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado cierran filas con el presidente para impedir ser llevados ante los tribunales, distintos actores sociales se movilizan de manera cada vez organizada para impedir el retorno al tenebroso pasado de sangre y corrupción de infausta memoria.

El gobierno se aleja de las vías diplomáticas para solucionar la cuestión, empecinado en impedir el regreso del Comisionado e imaginando que con ello van a resolverse los problemas legales del presidente. Pero la sociedad guatemalteca avanza cada día más en su capacidad de movilización y organización. ¿Cuál será el desenlace?

Este artículo se publica en el marco de nuestra alianza editorial con Nueva Sociedad. Lea el original aquí.