Periodistas salen a las calles en México contra la creciente violencia durante la marcha. Algunos derechos reservados.

Tristemente, los principales medios de comunicación continúan ignorando la verdadera y cruda realidad de México, un país donde las violaciones masivas de los derechos humanos y la tortura son el pan nuestro de cada día.

México es uno de los países más violentes del mundo,  un país donde impera la impunidad y donde los que están en el poder son cómplices de los criminales y hacen desaparecer a aquellos que se atreven a desafiar sus acciones.

Según una encuesta realizada por INEGI (el Instituto Nacional de Estadística y Geografía) de 2016, cerca del 70% de los mexicanos temen por su seguridad cuando están fuera de su casa. 

Los mexicanos son personas que le tienen más miedo a las fuerzas de seguridad que a los criminales.

Convivencia con la tortura

Un informe de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional concluyó que hay miles de personas inocentes en las cárceles mexicanas porque la tortura es frecuentemente usada por las fuerzas de seguridad para obtener "confesiones" o como castigo.

De acuerdo a un informe de Amnistía Internacional del 2014, el 64% de la población tiene miedo a ser torturada si es detenida por las autoridades. 

La tortura y los malos tratos son prácticas comunes en México, como confirmó el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura Nils Melzer en su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero de este año. Métodos comunes de tortura incluyen la asfixia, la violencia sexual, las descargas eléctricas, las amenazas de muerte, las palizas y la tortura psicológica.

México es un país donde hoy el Estado de derecho se aplica sólo a aquellos que pueden pagarlo. Como señaló Melzer en su informe, el 98% de los crímenes en México permanecen impunes.

"Afortunadamente", sin embargo, el reciente asesinato de mi amigo y colega, el prominente periodista y escritor mexicano Javier Valdez Cárdenas, acaparó titulares mundiales, como también lo hizo, en septiembre de 2014, el caso de la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de una escuela de maestros de Ayotzinapa.

Aunque estos casos fueron condenados duramente a nivel internacional, en México no tuvieron repercusión alguna. La triste verdad es que decenas de miles de violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios del Estado pasan desapercibidas fuera de México.

El caso de Héctor Casique Fernández 

Un reciente ejemplo es el de Héctor Casique Fernández, uno de los casos de tortura cometida por las fuerzas de seguridad más sonados dentro de México de los últimos años.

Casique fue torturado en varias ocasiones por las autoridades, incluido durante un episodio en 2013, donde fue torturado durante 30 horas bajo la custodia de la policía judicial de Quintana Roo, un estado del sudeste del país, ubicado en la region caribeña.

Casique tuvo un desacuerdo muy publicitado con el director de la Policía Judicial de Quintana Roo, con sede en Cancún, tras una disputa por un pago que le había hecho Casique como pre-requisito para obtener un puesto de policía a tiempo completo de alto nivel.

Cuando Casique le pidió la devolución del pago que había hecho, en lugar de devolverle el dinero, las autoridades locales lo acusaron de un delito que no había cometido, ocurrido el 14 de marzo de 2013 en Cancún.

Casique fue arrestado el 16 de marzo de 2013, acusado de liderar un ataque contra los dirigentes de un sindicato local de taxis que se encontraban en un bar llamado La Sirenita en Cancún. Siete de los sindicalistas murieron en el tiroteo.

Las autoridades primero lo acusaron de ser un miembro del cártel de la droga de los Zetas y después dijeron que era un pistolero para el violento Cártel del Golfo.

La oficina del entonces Procurador General de Justicia de Quintana Roo le acusó de ser el autor material del tiroteo de La Sirenita y más tarde cambió su declaración acusándolo de ser el autor intelectual. Las autoridades nunca presentaron pruebas de ninguna de las dos acusaciones.

Lo que presentaron fue la confesión que habían extraído de Casique bajo tortura, así como testimonios de dos testigos que también fueron torturados y obligados a firmar confesiones que le implicaban en el crimen. Todos ellos posteriormente se retractaron de sus testimonios, durante el proceso que llevó a la absolución de Casique.

Cuando Casique fue presentado ante la prensa local el 17 de marzo de 2013 en la Procuraduría General de Justicia en Cancún como autor de los asesinatos, fue obligado a llevar una camiseta que suele ser utilizada por los narcotraficantes.

Las autoridades incluso le pusieron el apodo "El Diablo" con el fin de construirle una imagen de gángster que hiciera más creíbles los falsos cargos contra este inocente hombre de familia en los medios de comunicación.

Lo que las autoridades no pudieron ocultar fueron los signos evidentes de tortura que había sufrido durante su detención. Su rostro estaba desfigurado, su ojo notablemente hinchado y tenía hematomas prominentes en sus brazos. Una vez en prisión, sufrió nuevas torturas y varios atentados de muerte.

Tras una larga lucha para probar su inocencia ante los tribunales, debido a la falta de pruebas y la indignación popular ante su caso , fue absuelto de todos los cargos y liberado el 23 de septiembre de 2016, más de tres años y medio después de ser arrestado.

Casique nunca perdió la esperanza y, a pesar de perder la visión en un ojo y quedar lisiado como resultado de la tortura, luchó por seguir adelante con su vida, mientras seguía recibiendo tratamiento médico por las lesiones que había sufrido durante el tiempo que pasó en prisión.

Sin embargo, varias autoridades de Quintana Roo continuaron llevando a cabo actos de intimidación y amenazándolo a él y a su familia, forzando a su familia a presentar una queja formal ante la Procuradoría General de la República y a solicitar medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apoyadas por la organización de derechos humanos del Reino Unido REDRESS.

Como suele pasar en México, los esfuerzos frenéticos de la familia de Casique para proteger su vida no pudieron evitar su asesinato.

Cuando su familia estaba a punto de presentar una queja formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Casique y un amigo fueron ejecutados a plena luz del día en un bar en Cancún el 8 de junio de 2017 mientras almorzaban. Horas antes había asistido a una audiencia en la Fiscalía General de Quintana Roo.

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México condenó de inmediato su asesinato e instó a las autoridades a investigar rápidamente su muerte.

Incluso cuando los periódicos locales informaron que Héctor había sido asesinado por "miembros del crimen organizado", en declaraciones a los medios, su familia dejó claro que la responsabilidad por el asesinato de Héctor recaía única y exclusivamente en las autoridades mexicanas