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La guerra contra las drogas está acabando con México

Como una inundación, una vasta red de economía criminal se está esparciendo en México, en medio de la corrupción, la impunidad y un número crecientemente insoportable de muertes violentas. English

Brian Saady
6 noviembre 2017
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Soldados del Ejército Mexicano comienzan la destrucción de un campo de 120 hectárea de marihuana confiscado en San Quitín, Baja California, México, 15 de julio de 2011. Foto: Susana Gonzalez / DPA / PA Images. Todos los derechos reservados

Aunque la guerra contra las drogas terminara hoy, habría todavía crímenes callejeros y bandas operando por muchos años. Pero a una escala mucho menor. Las pandillas callejeras mexicanas no podrían crecer al nivel de una estructura de crimen organizado sin las enormes ganancias procedentes del negocio de las drogas ilegales para sufragar los costes de armamento, sicarios, protección política, etcétera.

Por otra parte, el dinero de la droga da pie a un círculo vicioso de criminalidad galopante que va mucho más allá del tráfico de drogas. En otras palabras, los cárteles de México son organizaciones criminales diversificadas que no se limitan ni mucho menos al tráfico de drogas.

El robo de petróleo es un problema grave en varios países que aporta beneficios cuantiosos a organizaciones de delincuentes y al terrorismo, por ejemplo a ISIS. Este delito ha crecido rápidamente en México para convertirse en el negocio fraudulento más lucrativo no relacionado con drogas. Los ladrones de combustible, o huachicoleros, revientan los oleoductos y venden luego el combustible a precios muy reducidos en el mercado negro.

Gran parte de este combustible se vende en jarras pequeñas en la parte trasera de camiones.

Otra gran parte se vende también directamente a los propietarios de las gasolineras. Este ha sido desde hace mucho un problema para el gobierno mexicano, pero solía darse a una escala mucho menor. En los últimos años, sin embargo, desde que los cárteles tomaron cartas en el asunto, esta actividad ilegal ha aumentado en más del 2.000%. Muchos huachicoleros trabajan hoy para los cárteles o por su cuenta, pagándoles impuestos de extorsión.

Cada día se roban en México cerca de 20.000 barriles a la empresa petrolera estatal PEMEX. Esto le acarrea a la compañía pérdidas de unos 1.500 millones de dólares al año y tiene un impacto importante para las finanzas públicas del país. El robo tiene lugar en distintas partes de México, pero el área conocida como el "triángulo rojo", en el que se concentran varios oleoductos, es la más afectada. El triángulo rojo se encuentra en el estado de Puebla, lugar en el que no había habido actividad significativa de los cárteles con anterioridad. Hoy, la violencia de los cárteles va en aumento a pesar de que Puebla no es un nodo del tráfico de drogas.

Hay competencia entre cárteles para el control de este floreciente comercio ilegal. Se lo disputan los Zetas, el cártel de Generación Nuevo Jalisco y el cártel del Golfo. Los Zetas se llevan la parte del león con aproximadamente un 40% de la cuota de este mercado ilegal. De hecho, un grupo aliado de Los Zetas, la banda de narcotraficantes Meza Flores, llegó a controlar directamente una gran empresa de distribución de gasolina que recibió contratos del gobierno. Parece pues que los Zetas realmente  se lucraron doblemente con sus actividades criminales a través de una sofisticada red de lavado de dinero que revendía combustible robado al gobierno.

Como respuesta a esta crisis de robo de combustible, el ejército mexicano ha desplegado unos 2.000 efectivos en las regiones clave. Su presencia no ha hecho disminuir el número de barriles robados, pero ha dado pie a varios conflictos armados con los huachicoleros. A pesar de que el gobierno mexicano destina muchos recursos para proteger sus reservas de petróleo, el ciudadano medio tiene que valerse por sí mismo ante el terror desatado por los cárteles.

Tras sus batallas para fijar territorio, como botín de guerra, los cárteles se dedican a varios otros crímenes como violaciones, asesinatos a sueldo, robos, extorsiones, secuestros. Podría decirse que ningún cártel aterroriza a los habitantes en “su” territorio más que los Zetas. La DEA los ha descrito como el cártel “tecnológicamente más avanzado, sofisticado y violento”.

Los Zetas tienen una cultura y una estructura militar. De hecho, fue el primer cártel que reclutaba sistemáticamente a ex miembros de las fuerzas armadas y esto que tiene que ver con los orígenes de la organización. La mayor parte de los primeros Zetas procedía de una unidad de élite del ejército, la GAFE, conocida por cometer atrocidades contra los ciudadanos de su propio país.

Irónicamente, los Zetas surgieron como consecuencia indirecta de la intervención de Estados Unidos en la guerra contra las drogas. Los primeros miembros de los Zetas crearon su organización poco después de recibir formación y entrenamiento para la guerra contra las drogas en Fort Benning, Georgia, a través del infame programa de capacitación de la Escuela de las Américas, ahora conocida como Instituto del Hemisferio Occidental para Cooperación en Seguridad (WHINSEC).

Los Zetas empezaron sus actividades en 1997 como ala de refuerzo del Cártel del Golfo. Pero el grupo se independizó pronto y los cárteles rivales tomaron nota de su modus operandi. Los Zetas elevaron el listón de la violencia necesaria para proteger su modelo de negocio. A no tardar, todos los principales cárteles se pusieron a contratar a asesinos entrenados por el gobierno.

El resultado de todo ello es que se ha desatado una guerra contra los ciudadanos mexicanos. ProPublica publicó una pieza desgarradora, Cómo los Estados Unidos desencadenaron una masacre en México, en la que quedaba plenamente demostrada la barbarie de este cártel.

En marzo de 2011, la DEA notificó a funcionarios del gobierno mexicano acerca de un confidente relacionado con los Zetas y la información se filtró al cártel. A raíz de ello, los Zetas arrasaron la ciudad de Allende buscando a esa persona. Redujeron a escombros casas enteras y mataron a un número indeterminado de personas – las estimaciones van desde 60 a 300, incluidas mujeres y niños. A pesar de las llamadas de socorro, ninguna agencia gubernativa salió al rescate de la población. Tras la tragedia, el gobernador del estado, Rubén Moreira, puso en marcha una investigación oficial que todavía no ha concretado ningún cargo por asesinato.

Dos meses más tarde, los Zetas cometieron una atrocidad similar en el norte de Guatemala. Hubo 27 muertos en lo que se considera la peor masacre ocurrida en el país desde que terminó la guerra civil en 1996 (duró 36 años  y murieron más de 200.000 personas). Uno a uno, esos 27 campesinos desarmados fueron torturados y asesinados. Veinte y cinco de ellos fueron decapitados. Se trataba de jornaleros que no tenían ninguna relación con el narcotráfico. Trabajaban, por desgracia para ellos, en un rancho de ganado propiedad de Otto Salguero, al los Zetas acusaban de haber robado un cargamento de cocaína.

Uno de los líderes de esta masacre, Hugo Álvaro Gómez Vásquez, es ciudadano guatemalteco. Había formado parte de un grupo de fuerzas especiales del ejército entrenado por Estados Unidos en Guatemala, los Kaibiles, y es conocido por haber cometido numerosos crímenes de guerra.

Gómez Vásquez era uno de varios ex Kaibiles que fueron reclutados por Los Zetas. Y fue a resultas de esta estrategia cuando el cártel empezó a ampliar su territorio a Guatemala, en la década de 2000, llegando a eliminar  a una de las organizaciones criminales más importantes del país, los Leones. La toma de poder de los Zetas fue lo suficientemente significativa como para hacer creíbles las amenazas de muerte  que le hizo al entonces Presidente Álvaro Colom en 2009.

En México, la impunidad de que han gozado los miembros de los Zetas ha permitido que florezcan sus negocios de extorsión. Como resultado, Tamaulipas es hoy la capital de los secuestros, aunque el cártel está implicado en este crimen en todo el país. Por no pagar el "imopuesto" de protección, los Zetas incendiaron un casino en Monterrey que mató a 52 personas. Tras lo cual, el ex Presidente de México Felipe Calderón criticó públicamente al Gobierno de Estados Unidos por no reducir la demanda de drogas que está impulsando este terrorismo.

Otra masacre relacionada con la extorsión fue cubierta por la prensa estadounidense aquel mismo año: doce personas resultaron heridas y cinco murieron, entre ellas un estudiante universitario norteamericano, en una balacera en un club nocturno en la turística Playa Del Carmen. El dueño del club reconoció posteriormente que se había negado a pagar a los Zetas porque ya había dado dinero de extorsión al cártel del Golfo y a los Pelones.

Todos los cárteles de México se benefician de la extorsión, aunque algunos más que otros. Este crimen es particularmente visible en Acapulco, cuya tasa de homicidios ha sido la más alta de México en los últimos dos años. Como consecuencia, el turismo ha disminuido enormemente en esta ciudad del Pacífico que, en el pasado todavía reciente, solía atraer a celebridades. Esta violencia desatada no se limita a las luchas entre gánsteres, sino que se estima que, desde enero de 2016, han sido asesinados en Acapulco unos 150 empresarios.

Pero la extorsión, no nos engañemos, no es un delito que tengan que enfrentar sólo los ricos. Prácticamente todas las profesiones, desde vendedores de tacos a los agricultores pobres, son víctimas de ella. En particular, empleos controlados por los sindicatos, como taxistas y maestros, se han visto infiltrados por el crimen organizado. Tanto, que 140 escuelas llegaron a cerrarse en Acapulco debido a las amenazas de extorsión y secuestro.

De hecho, en cualquier región dominada por un cártel, no hay nadie que pueda permanecer inmune a su explotación. Sin ir más lejos: según una encuesta realizada por el Centro Católico de Medios de Comunicación, más de 1.000 sacerdotes  en México han sido víctimas de extorsiones por parte de algún cártel.

Una de las más terribles revelaciones relacionadas con este tipo de delito se produjo en 2011, cuando se descubrió una fosa con un total de 193 cuerpos en San Fernando. Las víctimas eran migrantes centroamericanos que estaban en ruta hacia Estados Unidos. Por lo visto, estas personas fueron entregadas por la policía local a los Zetas y el cártel mató a los que no podían pagar su rescate o se negaban a trabajar como mulas para transportar droga. Otra fosa relacionada con los Zetas, ésta con 72 inmigrantes, había sido descubierta también en San Fernando un año antes.

Historias como estas explican por qué la mayoría de las víctimas de extorsión no denuncian los crímenes a la policía. Muchos oficiales de policía están en la nómina de los cárteles, como confidentes o, en algunos casos, participando activamente en el crimen organizado. El resultado es que, en México, no existe realmente el Estado de Derecho. Según un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Monterrey, el 98.5% de los delitos en México queda sin castigo.

El Jalisco, el cártel Nueva Generación trató de capitalizar la reputación de los Zetas como extorsionistas. Formaron una unidad de ejecución llamada "Mata Zetas" y se presentaron como protectores de la clase obrera. Prometieron “limpiar” el país de violaciones, asesinatos y extorsiones cometidos por los Zetas. Como ellos, otros cárteles han intentado usar la imagen de "buenos chicos”, pero ha sido siempre una farsa.

Hay varios ejemplos de actos de “limpieza” por parte de Nueva Generación en Jalisco. Por ejemplo, el asesinato de cinco empleados de un concesionario de coches en Villahermosa. Dejaron una narcomanta con el mensaje “La limpieza de los Zetas ha empezado” en la escena de este crimen horrible, en el que tres de las víctimas fueron decapitadas y desmembradas. Lo peor de todo fue el líder del grupo obligó a sus miembros a comer trozos de los cuerpos de sus víctimas para lograr hacer más despiadados y sanguinarios a sus sicarios.

Ese hecho ocurrió en el estado de Tabasco, al suroeste de la costa del Golfo, que no se conoce como territorio de Nueva Generación. El cártel es mucho más fuerte en la parte occidental de México y está ganando hoy rápidamente terreno en Tijuana, donde al parecer extorsiona a médicos por valor de hasta 10.000 pesos al mes. Dos médicos fueron asesinados recientemente en Tijuana, uno de ellos la hermana de un comentarista de ESPN, y las autoridades creen que estas muertes fueron ordenadas por Nueva Generación.

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 (Este es un extracto del ebook gratuito de Brian Saady, La guerra contra las drogas de los Estados Unidos está asolando a México, disponible en su sitio web, Kindle, Apple y todas las tiendas digitales más importantes).

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