Encuentro entre expresidente venezolano Hugo Chávez y Rafael Correa. Wikimedia Commons.

Este artículo forma parte de la serie "Desigualdad persistente: el controvertido legado de la marea rosa en América Latina" producida en alianza con el Instituto de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Sociología de la Freie Universität Berlin.

Rafael Correa, el presidente de Ecuador, era un icono de la marea rosa latinoamericana. Este autoproclamado socialista era un ferviente defensor de la Revolución Bolivariana y un firme aliado del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Los ejes de su programa de gobierno, al que llamó "Revolución Ciudadana", eran la justicia social y el desarrollo. Pero la Revolución tenía los ojos puestos en el petróleo y se agrió pronto.

El comienzo fue prometedor. Correa salió elegido en 2006, fue reelegido en 2009 tras una reforma constitucional y fue elegido por tercera vez en 2013.

Su partido, Alianza País, consiguió un fuerte apoyo electoral, obtuvo la mayoría en el Congreso y se benefició de la mayor y más rentable bonanza petrolera de la historia de Ecuador. Pero la marea rosa no resultó tan rosa como se esperaba. Se extendió la censura, se restringieron los derechos laborales y se criminalizó la protesta social. 

Una marea rosa autoritaria

La relación de la Revolución Ciudadana con los medios de comunicación no fue una relación amigable. Correa atacó a periodistas, los llevó ante los tribunales y forzó su despido.

Hubo periodistas de investigación que se enfrentaron a demandas de millones de dólares por denunciar la corrupción, se demandó a periódicos por sus editoriales y se llevó a dibujantes ante los tribunales acusados de ejercer un humor "inexacto". 

El giro autoritario se tradujo en represión de cualquier tipo de oposición al gobierno. La represión de una pequeña protesta en Dayuma, Amazonía, en 2008 fue un presagio de lo que vendría con posterioridad.

Entre los casos más infames cabe señalar el de los Diez de Luluncoto: el encarcelamiento de diez estudiantes universitarios durante más de un año con acusaciones inventadas de sabotaje por defender los derechos de la naturaleza (aportando nada menos que un libro del Che Guevara como prueba).

Otro caso es de los Seis de Cotopaxi, un grupo de profesores y gestores universitarios encarcelados por defender la autonomía académica. Y en la escuela secundaria pública de Mejía, en Quito, las demandas de los estudiantes se toparon con una brutal intervención policial, con presencia de tanques y casos de tortura dentro de la escuela. 

La defensa del derecho a la tierra y el agua fue calificado de terrorismo. El líder Shuar Pepe Acacho y Pedro Mashiant fueron condenados a 12 años de cárcel por "terrorismo organizado" tras encabezar protestas pacíficas contra la Ley de Aguas de 2009. 

La defensa del derecho a la tierra y el agua fue calificado de terrorismo. El líder Shuar Pepe Acacho y Pedro Mashiant fueron condenados a 12 años de cárcel por "terrorismo organizado" tras encabezar protestas pacíficas contra la Ley de Aguas de 2009.

Carlos (Yaku) Pérez Guartambel fue encarcelado en 2010 por terrorismo "altruista" por defender el derecho al agua contra la minería de oro en Kimsakocha. En 2014, el activista Javier Ramírez fue arrestado ilegalmente y luego sentenciado a 10 meses de cárcel con acusaciones ambíguas de rebelión, sabotaje y terrorismo por oponerse a un proyecto minero de propiedad estatal en Intag. 

En 2013, el Decreto 16 le dio otra vuelta de tuerca al ahogo de la sociedad civil. Prohibía a las organizaciones implicadas en "actividades políticas" recibir cualquier tipo de financiamiento internacional - una medida dirigida a cortar los apoyos a las organizaciones indígenas y medioambientales.

Obligaba a todas las organizaciones sin ánimo de lucro a registrarse oficialmente con las autoridades y exigía la supervisión de su administración por parte de un delegado gubernamental.

El Decreto 16 fue utilizado para disolver organizaciones como la Pachamama, una ONG que llevaba 15 años trabajando en la Amazonía, y la histórica Unión Nacional de Educadores, fundada en 1944.

En Ecuador fue posible el autoritarismo porque Correa se adueñó del poder judicial. La Revolución adaptó la judicatura a sus necesidades con la creación del Consejo Judicial, un mecanismo supuestamente independiente que Correa administró de facto.

A partir de 2011, un proceso de "reestructuración" de los tribunales se saldó con despidos de jueces en ejercicio, muchos de ellos acusados de "errores inexcusables", y nombramientos arbitrarios de nuevos jueces. 

El partido de Correa gozaba de una holgada mayoría en el Congreso. A menudo gobernó por decreto, como por ejemplo cuando la creación del infame Secretariado Nacional de Inteligencia, SENAIN (2009-2108), que sería acusado de espiar, vigilar y perseguir a opositores políticos, periodistas y activistas.

Correa controlaba también el Consejo Electoral Nacional de Ecuador (CNE), repetidamente acusado de fraude, de falta de transparencia y de impedir la presentación de opositores políticos a las elecciones. En el emblemático caso Yasuní, en 2014, al CNE se le acusó de invalidar cientos de miles de firmas para impedir un referéndum popular para detener la extracción de petróleo en la Reserva Natural amazónica de Yasuní.

En total, se llegaron a criminalizar unos 850 activistas bajo el régimen de Correa y los opositores políticos sufrieron una persecución implacable.

Un congresista del partido indígena Pachakutik tuvo que hacer frente a una orden de arresto por "insultar" al presidente (y se pasó un año en paradero desconocido), otra congresista recibió una paliza a las puertas del Congreso, y Galo Lara fue encarcelado sin juicio con acusaciones falsas por denunciar casos de corrupción. El general Gabela murió en circunstancias poco claras después de denunciar la corrupción del gobierno.

Promesas socioeconómicas incumplidas

Las justificaciones del giro autoritario en Ecuador en términos de derechos económicos - como si fuese posibile un trueque entre derechos sociales y derechos políticos - se quedaron cortas y la Revolución Ciudadana incumplió muchas de sus promesas en el ámbito socioeconómico.

Correa ganó elecciones prometiendo industrialización como salida a la situación de subdesarrollo y dependencia de las exportaciones de materias primas, pero la transición hacia una economía del conocimiento simplemente no tuvo lugar.

Correa revisó en 2009 su versión de las políticas de sustitución de importaciones e industrialización con una larga lista de artículos protegidos por aranceles junto con otra lista de exenciones.

La política industrial se convirtió en un elenco de campeones nacionales que fueron cambiando al mismo ritmo que el cambio de ministros encargados de la misma en sus distintas versiones. La tan alabada política industrial no fue más allá de unas fantásticas presentaciones en power point en costosas localizaciones como la Universidad Yachay. 

Otra promesa central de la agenda progresista del gobierno era la creación de un Estado del Bienestar. La desigualdad generalizada en América Latina atestigua su ausencia. Los ciudadanos ecuatorianos estaban ansiosos por votar, tras de tantos años de austeridad y gasto social restrictivo, por un gobierno progresista que universalizara un sistema de salud pública y de educación universal.

Las razones son obvias: dicho sistema tiene un efecto igualador inmediato tanto en términos de la cantidad de personas cubiertas - incluidas y de modo especial las clases medias - como de la calidad de los servicios prestados, de modo que todos los ciudadanos tienen oportunidades similares.

Incluso tomando en cuenta las políticas de multiculturalidad y discriminación positiva, es la socialización y optimización de las redes de seguridad social lo que realmente diferencia del resto a los países más igualitarios de la tierra: Noruega, Finlandia y Suecia.

Paradójicamente, el presidente Correa no condujo el país en esa dirección. Siguiendo los pasos de otros presidentes populistas latinoamericanos -conservadores y progresistas -, aumentó el gasto únicamente en determinados programas, sin universalizar el acceso ni mejorar la calidad del sistema, nivelando el terreno para los pobres pero sin convertirlos en clientes.

Se canceló la educación indígena bilingüe, dejando a miles de niños en el Ecuador rural sin escuela local, y se clausuró la universidad indígena Amawta Wasi por no ajustarse a la estandarización de la reforma educativa.

Según el Sistema Ecuatoriano de Indicadores Sociales, SICSE, el gasto social pasó de 4.2% del PIB en 2006 a más del doble, 9.4%, en 2016. Y se hicieron sin duda progresos: el gasto público en educación pasó de 2.8% del PIB en 2006 a 3.9% en 2016; la inversión en salud pública creció a una tasa menor, pero pasó del 1.2% del PIB en 2006 a 2.8% al final de la década - un logro notable en sí mismo. 

La bonanza petrolera le permitió a Correa aumentar el gasto social de forma constante, especialmente durante los primeros cinco años de su mandato. Pero al iniciarse la desaceleración económica, la mayor parte de las inversiones iniciales quedaron paralizadas y no se puderon sostener los niveles de asignación previstos.

Pero ni la cantidad ni el ritmo de la inversión social cuentan toda la historia. Lo significativo es que la inversión se centró en la construcción de nuevas infraestructuras, ya fuesen hospitales o escuelas, e impresionantes edificios para nuevas universidades públicas.

El problema fue que la tan esperada reforma educativa se convirtió en otro ejercicio de autoritarismo al imponerse desde arriba. Se ignoró la opinión de los expertos en educación nacionales y el sindicato nacional de docentes desapareció de la formulación de las políticas educativas.

Se canceló la educación indígena bilingüe, dejando a miles de niños en el Ecuador rural sin escuela local, y se clausuró la universidad indígena Amawta Wasi por no ajustarse a la estandarización de la reforma educativa.

Ningún gobierno neoliberal se había atrevido a retrotraer unos logros como estos, de una minoría históricamente oprimida, y en cambio sí lo hizo la Revolución Ciudadana, supuestamente progresista. 

Las reformas afectaron la educación pública y privada en todo: desde cambios bruscos en el plan de estudios de secundaria a intervenciones drásticas en las universidades públicas y privadas que no superaron la puntuación establecida por el gobierno.

Sorprendentemente, el gobierno de Correa hizo justo lo contrario de lo que todos suponían al principio: mejorar de forma radical la calidad de la educación primaria para hacerla obligatoria y accesible para todos, borrando las grandes disparidades existentes entre la educación de las clases altas y media-altas y el resto de la población.

La mayor parte de los recursos se destinaron en cambio a financiar la educación terciaria, revirtiendo el camino que habían seguido históricamente los países más exitosos de la OCDE. En 1986, el 46.7% de toda la inversión pública en educación iba a la escuela primaria y solo el 17% a la educación terciaria. En 2016, el 23.2% iba a primaria y el 43.5% a la educación terciaria. 

A los derechos laborales no les fue mucho mejor. Los sindicatos no ganaron apoyo durante la Revolución de Correa y sus líderes fueron atacados o censurados por discutir las reformas laborales que se llevaban a cabo.

La afiliación sindical tampoco mejoró. Si acaso, su capacidad de negociar mejoras salariales y condiciones de trabajo se deterioró incluso en el sector público, donde los funcionarios sindicados fueron sometidos a "dimisiones" forzadas cuando el gobierno de Correa decidió que prefería los nombramientos políticos para ocupar puestos técnicos de la administración del Estado. 

Hubo reducción de la pobreza: disminuyó del 37.6% al 23.3% de la población. Pero lo cierto es que disminuyó todavía más rápidamente bajo el neoliberalismo, entre 2000 y 2006, cuando cayó del 64.4% al 37.6% de la población.

Mientras tanto, la economía se desaceleró significativamente ante la creciente inestabilidad creada por las denuncias de corrupción y la dilapidación de recursos públicos, a la vez que el presupuesto nacional se triplicaba en menos de diez años. Correa dejó al país atrapado en una recesión, con tasas de crecimiento anual inferiores a las de todas las demás economías latinoamericanas, exceptuando a Venezuela y Haití, según la CEPAL.

La trampa colonial: extracción, corrupción y desposesión

Al igual que en otras partes de América Latina, la Nueva Izquierda de Ecuador invocó el fin de la dependencia y echó mano de narrativas de soberanía nacional. Así, una de las primeras medidas de Correa fue cerrar la base militar estadounidense de Manta y celebrar así la recuperación de la soberanía.

Puso fin a los préstamos condicionales del Banco Mundial y declaró persona non grata a su representante en Ecuador. Sin embargo, las reivindicaciones soberanistas se dejaron rápidamente de lado cuando se trató de otorgar licencias de explotación a industrias extractivas o de obtener créditos chinos.

Dado que las políticas macroeconómicas no formaban parte de la ecuación, la Revolución optó por el petróleo. El petróleo, el activo clave de la Revolución Ciudadana, llegó a representar más del 90% de las exportaciones de Ecuador.

Las ganancias petroleras entre 2007 y 2013 representaron más del 50% de los ingresos totales generados en toda la historia del país desde que comenzaron las prospecciones en la década de 1970. 

La bonanza petrolera sin precedentes generó niveles de corrupción también sin precedentes. Cuando accedió al poder, Correa compró el apoyo de los militares cediéndoles el control de Petroecuador, la compañía petrolera nacional. Y el petróleo sirvió para obtener dinero rápido.

Los papeles de Panamá revelaron que Petroecuador obtuvo un préstamo de mil millones de dólares de PetroChina a cambio de 69.12 millones de barriles de crudo en 2009, a razón de 2.88 millones de barriles al mes con un interés del 7,25%.

Se trataba de un juego especulativo internacional: el régimen de Correa pre-vendió reservas de petróleo a China a cambio de acceso inmediato al crédito y China vendió de nuevo el petróleo en los mercados mundiales a un precio más alto. En el proceso, los funcionarios del gobierno de Ecuador ganaron millones en "comisiones" que terminaron en paraísos fiscales. 

Estos arreglos petroleros hipotecaron por muchos años el petróleo de la Amazonía. Se concedió una licencia para la explotación de la Reserva de Yasuní para devolver los préstamos chinos, comprometiendo uno de los lugares de mayor biodiversidad del mundo que es además territorio de los Tagaeri y Taromenanis, dos pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Al entregar barriles de petróleo a China como pago por préstamos en lugar de venderlos al mercado abierto, Ecuador, que forma parte del sistema del dólar, estaba sin dinero en efectivo. Y China se convirtió en el mayor acreedor del país tras concederle al menos once préstamos por un total de más de 15.000 millones de dólares a partir de 2010.

Ecuador se ha quedado con una deuda enorme con China bajo condiciones draconianas. Gran parte de la deuda actual corresponde a ventas anticipadas de petróleo a altas tasas de interés; las exportaciones futuras de petróleo ya están comprometidas con China.

Muchos proyectos de infraestructura financiados con préstamos chinos iban condicionados a "comprar chino", dejando escaso margen para impulsar la industria nacional. Además, el exceso de gasto bajo la apariencia de inversión china tiene un impacto negativo para cualquier política industrial futura y consecuencias duraderas para las políticas sociales y la posibilidad real de establecer un Estado del Bienestar ecuatoriano.

La dependencia del petróleo para asegurarse efectivo rápido amplió la frontera extractiva sin respetar estándares ambientales o mediar consulta previa a los pueblos indígenas, loque provocó numerosos conflictos sociales.

La dependencia del petróleo para asegurarse efectivo rápido amplió la frontera extractiva sin respetar estándares ambientales o mediar consulta previa a los pueblos indígenas, loque provocó numerosos conflictos sociales.

El objetivo era ir perforando el camino de Ecuador hacia el desarrollo y aquellos que se resistían eran acusados de ser "pordioseros sentados encima de una montaña de oro" que lo único que hacían era retrasar el progreso del país. Esta ansia por los recursos naturales acentuó la dinámica típicamente colonial de desposesión de tierras.

Durante su década en el cargo, Correa duplicó el número de licencias a industrias extractivas, cuyas operaciones pasaron de afectar el 6% del territorio nacional al 12%.

No hubo nunca consulta previa: se otorgaron licencias de explotación de territorios ancestrales a corporaciones multinacionales, especialmente chinas, sin respetar los derechos colectivos - reconocidos por la constitución y los tratados internacionales - de información y consulta a los pueblos indígenas.

La Ley de Minas fue crucial para articular la desposesión de tierras en aras al desarrollo extractivo. Los cinco proyectos estratégicos de la mega-minería de oro y cobre - tres en el altiplano y dos en la Amazonía - contaminaron los ríos y alimentaron el conflicto.

El uso de la ley como arma fue clave para proteger las inversiones extranjeras en industrias extractivas y para criminalizar a los defensores de la naturaleza.

La Ley de Aguas y la Ley de Tierras confirmaron la apropiación masiva de tierras orquestada por la Revolución Ciudadana: la primera autorizó la mercantilización del agua, permitiendo a Nestlé construir su mayor planta de embotellado de agua de toda América Latina en las estribaciones del Cotopaxi; la segunda abrió la veda para el acaparamiento de tierras por parte del capital extranjero, permitiendo la adquisición de grandes extensiones para el monocultivo industrial. 

Estas medidas que sometían los territorios a las industrias extractivas extranjeras se acompañaron de retórica racista. Además de utilizar la ley como arma, el presidente Correa trató a las autoridades indígenas de salvajes, de hombres de las cavernas, violentos, terroristas y retrasados mentales durante sus alocuciones transmitidas a todo el país.

Para la mayoría de las comunidades indígenas, la Revolución no tuvo nada que ver con la comprensión del sumak kawsay (el buen vivir), sino con desposesión violenta, mayor exclusión y contaminación tóxica. 

Conclusión 

Hay poco que celebrar de la marea rosa de Ecuador. Una primera y desoladora conclusión es que el giro autoritario ha legitimado las voces de la derecha política, que se ha convertido en defensora de los derechos humanos básicos y ha obtenido el apoyo electoral de varios líderes indígenas.

La segunda conclusión es que la izquierda no ha logrado reducir la desigualdad de la que tanto ha alardeado. Lo que es peor, ha destrozado el sistema de bienestar y ha dejado al país económicamente diezmado. La tercera es que la izquierda ha confiado en modelos extractivos de desarrollo que han acentuado la dinámica colonial de la desposesión.

La Revolución Ciudadana fortaleció el Estado en detrimento de la población y su autoritarismo se considera que ha sido el más represivo de la historia del país. Hoy, Correa enfrenta juicio por crímenes de Estado y ya nadie se atreve a identificarse con la izquierda.