Niños guatemaltecos viviendo en campamentos de refugiados. UN Photo/Pat Goudvis/Flickr. Algunos derechos reservados.

Los niños tienen derecho a la libertad y a la dignidad, y no deben ser separados de sus padres en contra de su voluntad, a menos que sea en el mejor interés del niño. Estos derechos, que se recogen en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1959, de la que los Estados Unidos no son signatarios, son fundamentales para todos los niños, incluidos los niños inmigrantes y refugiados. Hoy, estos derechos están siendo amenazados por la administración Trump, y es nuestra obligación moral luchar por estos derechos básicos en nombre de las madres y los niños que vienen a los Estados Unidos en busca de seguridad.

El 6 de marzo de 2017, el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, confirmó que el Departamento estaba considerando la posibilidad de aplicar una política que separase a los niños de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos. Con este plan, las madres serían mantenidas bajo custodia mientras los niños serían puestos inicialmente bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS). Esta política, primero considerada, y anunciada después, finalmente no fue implementada por la administración de Obama, pero sirvió como vía abierta para que la administración Trump intensificara su agenda de deshumanizar a inmigrantes y refugiados.

La política de Obama sirvió como vía abierta para que la administración Trump intensificara su agenda de deshumanizar a los inmigrantes y refugiados.Desde el 2014, miles de mujeres y niños centroamericanos que buscan asilo han sido internados en estos centros de detención, o cárceles, operados principalmente por actores privados. A pesar de las denuncias de maltrato, de malas condiciones, de falta de atención sanitaria adecuada y de amenaza a mujeres y niños en estas cárceles, la administración Obama no interrumpió esta práctica. En la actualidad, hay tres cárceles que albergan familias inmigrantes detenidas: Berks Family Residential Center en Leesport, Pensilvania, una instalación de 90 camas operada por el Condado de Berks; Karnes Residential Center, en Karnes, Texas, operado por el grupo Geo, con fines de lucro, con una capacidad para 532 camas; Y el Centro Residencial Familiar de South Texas en Dilley, Texas, operado por la compañía con fines de lucro CoreCivic Co, formalmente Correction Corporation of America, con una capacidad para 2.400 camas.

Sólo semanas después de que Jeff Sessions jurase como Fiscal General de Trump, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó un memorándum que apoyaba el uso continuado de prisiones privadas para detenidos federales, incluyendo inmigrantes. Cuando se conocieron estas noticias, los precios de las acciones de estas compañías, que operan prisiones privadas, se dispararon. Desde su toma de posesión en 2017, el gobierno de Trump ha demostrado su clara intención de reprimir a la sociedad civil, concentrando su fuerza represiva en muchos colectivos, incluyendo latinos, afroamericanos, asiáticos, musulmanes, mujeres, comunidades LGBTI, nativos americanos, inmigrantes y refugiados, y pobres en general. Para Trump, el polémico programa de detención de las familias de inmigrantes, el más grande desde el internamiento de los japoneses americanos en la década de 1940, ha sido una "herencia fértil" de la administración Obama.

El gobierno de Trump continúa su rápida expansión de las agresivas políticas de encarcelamiento de Obama.

Las recientes propuestas apuntan a que la administración Trump está llevando a cabo una rápida expansión de las agresivas políticas de encarcelamiento de Obama, intensificando el miedo y la incertidumbre entre las familias documentadas, indocumentadas y de estatus migratorio dual. La propuesta más draconiana consiste en separar a los hijos de sus madres y/o cuidadores, después de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

Existen pocos detalles sobre esta propuesta de separar a los niños de sus madres o cuidadores, pero lo que se ve hasta el momento es que las madres y cuidadores serán retenidos en cárceles de detención de inmigrantes (como ya se hace actualmente), y sus hijos serán enviados a una instalación HHS. Estas instalaciones fueron utilizadas por la administración Obama cuando, en la primavera y verano de 2014, llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos miles de niños no acompañados, procedentes de Centroamérica. Mientras esperaban los resultados de las audiencias de inmigración, la mayoría de estos menores no acompañados fueron alojados en refugios o bajo la supervisión de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR por sus siglas en inglés) del HHS, y solo un porcentaje muy pequeño se reunificó con miembros de su familia que ya residían en los Estados Unidos.

Con el fin de implementar esta política de detención de los niños en instalaciones separadas de sus madres/cuidadores, la administración Trump tendría que aumentar los fondos para el HHS ORR, destinados a albergar y cuidar de estos niños. Esto es poco probable que ocurra. Al igual que las cárceles de detención de familias inmigrantes, los programas de HHS-ORR para niños han sufrido denuncias importantes por mala supervisión y falta de atención adecuada. En un informe de 2016 al Congreso, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental encontró que el HHS ORR no supervisa regularmente a sus proveedores de refugio y cuidado de niños, y por lo tanto es incapaz de asegurar que los niños reciban servicios apropiados. Además de recargar aún más un sistema ya sobrecargado, la propuesta de instaurar un sistema mejorado de detención de inmigrantes para niños solicitantes de asilo ignora por completo el derecho fundamental de estos niños a la libertad.

Es importante comprender que la inmensa mayoría de las mujeres y los niños detenidos escapan a la pobreza extrema y a niveles extremos de delincuencia y de violencia.

Es importante entender que la inmensa mayoría de mujeres y niños detenidos en las cárceles de detención de inmigrantes en Pensilvania y Texas escaparon de la pobreza extrema y de los niveles extremos de delincuencia y de violencia existentes en la región del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). Se enfrentaron a opciones muy limitadas, sino imposibles: o emprender el traicionero e incierto viaje a Estados Unidos, y enfrentarse a la amenaza de deportación una vez en el país, o ser perseguidos, violados, secuestrados y /o asesinados en sus países de origen. Para la mayoría, tomar la decisión de dejar atrás a sus familias, amigos, redes de apoyo, cultura y país es el último recurso.

Está bien documentado que la detención socava la dignidad humana, provoca un sufrimiento innecesario, y tiene numerosos efectos negativos y duraderos en las personas. La detención de los niños es particularmente grave debido a sus efectos, potencialmente devastadores para su desarrollo físico, emocional y psicológico, incluso si permanecen junto a sus familias. Para los refugiados, los migrantes y las familias solicitantes de asilo, que han experimentado hambre y desnutrición, niveles extremos de violencia y trauma en sus países de origen, y que han sufrido duras penurias durante el viaje de inmigración, el impacto del encarcelamiento en los Estados Unidos sólo exacerba este traumático pasado.

La detención socava la dignidad humana, causa sufrimientos innecesarios y tiene numerosos efectos negativos y duraderos sobre las personas.

Estas familias hacen el viaje a los Estados Unidos buscando seguridad y estabilidad económica. Las madres no deberían tener que elegir entre proteger la vida de sus hijos y la detención. La detención por migración nunca se produce en el mejor interés de un niño. Si bien Estados Unidos tiene la potestad de admitir, negar la entrada o repatriar a los migrantes, también tiene la obligación de respetar durante el proceso los derechos humanos de todos los migrantes.