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Manifestantes en una protesta con motivo del Día Mundial del Agua en Ikeja, Lagos, en marzo de 2018. Fotografía: Environmental Rights Action. “Durante los casi siete años que llevo viviendo allí, creo que nunca hemos tenido agua suministrada por el gobierno”, señaló Funmi Ajayi. “Un anciano que ha vivido allí desde 1979 me comentó que nunca ha visto agua.”

Ajayi tuvo que levantar la voz para hacerse oír por sobre el ruido de las obras de mantenimiento que se estaban realizando fuera del edificio en el que se había reunido con otros activistas por el derecho al agua gracias a la iniciativa del grupo Acción por los Derechos Ambientales (ERA) Nigeria. 

La activista que lucha contra la privatización del agua vive en Adebari-Ilobu, un suburbio muy populoso en Lagos con acceso limitado a los servicios públicos. Aunque se encuentra a unos pocos minutos en automóvil de una de las plantas de tratamiento y procesamiento de agua, el lugar nunca ha estado conectado a la red hídrica. 

Ajayi y muchos otros participaron en iniciativas para prevenir la privatización del suministro del agua en el estado de Lagos y se reunieron para exponer el problema. Según A. K. Edema, que se desempeña como gerente regional y miembro del sindicato en la Corporación de Agua del Estado de Lagos (LSWC), la brecha entre la oferta y la demanda es inmensa.

“Hemos desarrollado la primera fase de la red, la fase Sakamuri, desde la década de 1990, y muchos vecindarios ni siquiera reciben el suministro de las tuberías instaladas originalmente”, señaló Edema. “Por otra parte, el desarrollo de la construcción de la segunda fase solo es del 60 %; tal vez podamos terminarla para 2020.”

"Durante los casi siete años que llevo viviendo allí, creo que nunca hemos tenido agua suministrada por el gobierno."

El vecindario de Ajayi forma parte de la segunda categoría: la segunda fase de la distribución del agua, en la que las soluciones comunales han sido el único recurso. La donación de un pozo a principios de la década de 2000 por parte de un miembro de la Asamblea del Estado de Lagos fue la principal fuente de agua de la comunidad, hasta que dejó de funcionar en 2016. 

Después de su desmoronamiento, los ciudadanos particulares comenzaron a realizar sus propias perforaciones; según la topografía del lugar, esto puede costar entre 150 000 nairas (NGN) y 300 000 NGN (de 417 a 834 USD, aproximadamente). En la actualidad, Ajayi y sus vecinos suelen comprar agua a quienes pueden pagar esta inversión. 

Lamentablemente para Ajayi y otros lagosenses, el modelo que el gobierno del estado de Lagos busca para la provisión del agua funciona mediante un sistema de ganancias y pérdidas. Y esto llamó la atención del grupo ERA. La organización no gubernamental de 25 años de antigüedad y la división nigeriana de Amigos de la Tierra Internacional crearon la campaña “Nuestra agua, nuestros derechos” para contrarrestar esta tendencia.

La gestión del agua en Lagos: una pendiente resbaladiza

Manifestantes en una protesta con motivo del Día Mundial del Agua en Ikeja, Lagos, en marzo de 2018. Fotografía: Environmental Rights Action Nigeria. Es irónico que el estado de Lagos, una ciudad costera que lleva su nombre por las numerosas vías navegables interiores que posee, tenga un problema hídrico. La metrópolis en auge tiene una demanda que se acerca a los 600 millones de galones por día (Mgal/d), pero la LSWC produce menos de la mitad de esa cantidad. 

Los ciudadanos se llevan la peor parte de esta insuficiencia, y los más pobres son los más afectados. Por ejemplo, un barril de 20 litros de agua solía costar 20 NGN antes de que el precio del combustible aumentara en 2016; a finales de 2016, el precio por unidad rondaba los 50 NGN - 70 NGN. En muchos vecindarios, las familias de 6 integrantes gastan más de 1500 NGN todos los días en agua. 

Los esfuerzos liderados por el gobierno para privatizar el servicio de suministro de agua del estado, que es insuficiente y de bajo rendimiento, comenzaron a tomar forma con la creación de la Ley de Aguas de Lagos en 2004, que promociona la inversión privada en el sector hídrico como la única solución. 

En 2014, ERA descubrió que el gobierno del estado estaba a punto de crear una alianza con la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del Banco Mundial que trabaja para maximizar las ganancias, para privatizar el suministro del agua de Lagos. Bajo el liderazgo del director ejecutivo de ERA, Akinbode Oluwafemi, y dos miembros del personal, Philip Jakpor y Veronica Ivoke, el equipo comenzó sus investigaciones en un intento por descubrir pruebas. 

“Sabíamos que las personas con las que hablábamos nos engañaban y trataban de hacernos perder el tiempo”, comentó Oluwafemi. “Pero en sinergia con nuestros socios internacionales, obtuvimos algunos documentos del Banco Mundial que mencionaban a Lagos y la privatización. […] Descubrimos que el Banco Mundial aconsejaba al gobierno del estado de Lagos que implementara la privatización y que incluso habían llegado a la etapa de un contrato de asesoramiento con un enfoque específico en una alianza público-privada (APP)”.

Cuando ERA obtuvo esta información, inició esfuerzos para detener esta acción. Las razones fueron diversas: la incapacidad histórica del gobierno para rendir cuentas respecto a los préstamos del Banco Mundial; los miles de millones de dólares ya invertidos para impulsar el suministro del agua en Lagos sin resultados tangibles; y la corrupción y los escándalos que han envuelto a los esfuerzos de privatización en todo el estado. 

Oluwafemi criticó el modelo del gobierno del estado que se basa en la utilización de recursos públicos para financiar el desarrollo de infraestructura, solo para terminar dejando estos activos en manos de empresas privadas. “No declaran el valor de estos recursos adquiridos con fondos públicos; simplemente los ceden a empresas privadas. ¡Es por eso que los ciudadanos terminan pagando el doble!” 

El lanzamiento de “Nuestra agua, nuestros derechos”

Veronica Ivoke, coordinadora de AWWASHNET, en una concentración por el derecho al agua en Lagos. Fotografía: Environmental Rights Action. La campaña “Nuestra agua, nuestros derechos” se puso en marcha en octubre de 2014. Desde el comienzo, el grupo ERA estaba decidido a asociarse con organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales, comunidades y sindicatos del sector hídrico. 

“Si la gente no se identifica con la campaña, no lograremos nuestro objetivo. En una ciudad de 21 millones de personas, una sola ONG no puede hacer demasiado”, explicó Phillip Jakpor, quien dirige la campaña. “Conocíamos la importancia de la presión de las comunidades desde el comienzo.”

El equipo de la campaña visitó al menos una comunidad dentro de cada una de las 20 zonas del gobierno local en Lagos. “Fue una oportunidad para aprender y comprender mejor los problemas. Algunos de estos encuentros nos permitieron descubrir situaciones en las que los habitantes obtenían agua de tuberías averiadas en alcantarillas, por ejemplo”, señaló Jakpor. Cuando explicaron lo que estaba sucediendo en realidad, “las comunidades decidieron formar parte del grupo ‘Comunidades de Lagos contra la Privatización del Agua’”. 

"Si la gente no se identifica con la campaña, no lograremos nuestro objetivo."

Para estructurar mejor la participación de la comunidad y mantener el compromiso cívico en todas las comunidades, ERA estableció parlamentos sobre el agua, donde se podían debatir ideas y soluciones alternativas. 

Una red de mujeres dentro del movimiento también creó la Red de Mujeres Africanas de Saneamiento e Higiene del Agua (AWWASHNET). Coordinada por la empleada de ERA Veronica Ivoke, AWWASHNET nació a partir del reconocimiento de que las mujeres son las más afectadas por los problemas hídricos.

“¿Quiénes lavan la ropa y cocinan? ¿Quiénes tienen que caminar durante horas para recoger agua en algún lugar?”, se preguntó Ajayi, una de las primeras integrantes de la AWWASHNET. 

La campaña también se acercó al Sindicato Unificado de Personal de Corporaciones Públicas, Servicio Civil y Servicios Técnicos y Recreativos (AUPCTRE), que está afiliado con el Congreso del Trabajo de Nigeria. 

AUPCTRE, el sindicato más grande en la LSWC, representa a aproximadamente el 75 % de todos los trabajadores sindicalizados dentro del organismo. El liderazgo del AUPCTRE reconoció su doble interés en garantizar que el suministro del agua permanezca en el dominio público: como trabajadores públicos, la privatización pone en riesgo sus empleos y, como contribuyentes, merecen la rendición de cuentas de su gobierno. 

“En un intento por debilitarnos, el gobierno se reunió con otros grupos y les garantizó a sus miembros seguridad laboral si aceptaban el intento de privatización”, declaró Comrade Biodun Bakare, que se desempeña como secretario de estado para el Consejo de Lagos del AUPCTRE. 

“Incluso intentaron intimidarnos, intentaron convencernos con todo tipo de incentivos. Pero estaban perdiendo el tiempo. He perdido muchos beneficios en mi lugar de trabajo. Quitaron mi nombre de algunas listas en las que debería estar, para recibir capacitaciones internacionales y otras cosas. Sin embargo, eso no hizo más que profundizar mi determinación.” 

Muchos trabajadores que se unieron a las protestas fueros despedidos después de una reunión en 2016. ERA intervino para reclamar ante la LSWC y exigir la readmisión de quienes habían perdido sus empleos. En el plazo de una semana, sus cartas de despido se invalidaron. 

Luchar contra el gobierno, y ganar

En Nigeria, debido a la sensación de impotencia que predomina frente a un gobierno que a menudo se interesa por sí mismo y que rara vez lucha contra los abusos de poder, la capacidad de la campaña “Nuestra agua, nuestros derechos” para producir resultados es aún más notable. 

Cuando Shayo Holloway, el entonces líder de la LSWC que había supervisado el gasto de cientos de millones de dólares de inversiones en el sector hídrico sin ningún resultado, se vio obligado a renunciar, la campaña supo que había logrado su primera victoria. 

Concentración en favor del derecho al agua a las puertas de un organismo estatal de Lagos, en marzo de 2018. Fotografía: Environmental Rights Action. Posteriormente, el gobierno asignó alrededor de 185 millones de USD al sector hídrico, a pesar de haber declarado que no contaba con fondos públicos. Para 2016, la CFI se vio obligada a retirarse de la asociación propuesta con el estado de Lagos debido al escrutinio y la presión locales e internacionales. 

Esta pérdida de posibles fondos desaceleró el accionar del gobierno, pero no lo detuvo. Poco tiempo después de que la CFI diera un pase al costado, los líderes de la campaña descubrieron que el proyecto de ley ambiental del estado de Lagos había comenzado a circular de forma silenciosa en la Legislatura. 

Este proyecto de ley ambiental fue un intento de legislar varias formas de privatización de servicios públicos, incluida la provisión de agua. Contenía cláusulas que penalizaban cualquier tipo de iniciativa por parte de la ciudadanía para asegurar el agua, incluidas acciones tan simples como transportar agua de una vivienda a otra. 

“Lo que necesitamos es un suministro de agua que sea asequible, accesible y democráticamente controlable. Y seguiremos luchando por eso. Al fin y al cabo, ¿no es el agua un derecho humano?”

“Partí de Ife [una ciudad universitaria situada a 6 horas en vehículo desde Lagos] a las 3 de la madrugada el día en que me enteré de este proyecto de ley”, comentó Oluwafemi. “Intentaron asegurarse de que no pudiéramos asistir a la audiencia pública; hicieron todo con mucha prisa”.

A pesar de eso, Oluwafemi pudo llegar a la audiencia. Después de su intervención, ERA y sus socios en el AUPCTRE vigilaron de cerca a los legisladores, mantuvieron contacto y se reunieron con ellos. “Tuvieron que eliminar los puntos del proyecto de ley en que se penalizaban las formas en que las personas obtenían agua”, afirmó Oluwafemi con satisfacción. 

Cuando el gobierno del estado se dio cuenta de que tenía dificultades para justificar el intento de privatización, desafió a ERA a idear una solución alternativa a la privatización. La organización asumió esta tarea con entusiasmo y elaboró el programa “La crisis del agua en Lagos: Plan de actuación alternativo para el sector del agua”. 

El documento destaca las fallas del sistema hídrico actual y propone una estrategia integral para un suministro del agua colaborativo, dirigido por la ciudadanía y financiado de forma pública. Esto incluye a The Water Trust, que analizó las tasas de utilización del agua de grandes corporaciones, como Coca-Cola, como marco para establecer un impuesto al agua. 

“Para nosotros no tiene sentido comenzar a buscar asociaciones con las mismas empresas que son expulsadas e investigadas en otros lugares”, indicó Jakpor. “Todavía utilizamos La crisis del agua en Lagos como una herramienta de incidencia cuando dialogamos con el gobierno”. 

Impulsados por los éxitos de su campaña, la coalición liderada por ERA sigue defendiendo los derechos de esos pocos lagosenses que en la actualidad disfrutan del agua suministrada por el estado y se esfuerzan para que el gobierno continúe rindiendo cuentas. 

“La determinación del gobierno del estado de Lagos para obligar a aceptar las APP de forma secreta constituye un importante desafío”, dijo Jakpor y suspiró. “Eliminamos de la ley ambiental de Lagos las secciones que estaban en contra del pueblo; ahora, están entregando el agua de Lagos a tres empresas multinacionales que tienen antecedentes de abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. Pero estamos decididos a evitar que eso ocurra.” 

“Lo que necesitamos es un suministro de agua que sea asequible, accesible y democráticamente controlable. Y seguiremos luchando por eso. Al fin y al cabo, ¿no es el agua un derecho humano?”

¿Qué lecciones podemos aprender de este proyecto? ¿Has participado en alguna iniciativa parecida? ¿O conoces a alguien que lo haya hecho? Comparte tus comentarios en el apartado abajo y ayúdanos a generar una base colectiva de conocimiento.

Traducción: Paula Fredes.