Protestas del Movimiento Passe Livre. Newton Menezes/Futura Press. All rights reserved

En junio de 2013, la espoleta para las grandes manifestaciones en Brasil fue el aumento del precio del billete de transporte colectivo, que afecta inmediatamente a millones de personas. En la época, la subida fue de 20 centavos. El año 2016 empieza con protestas contra el aumento de los billetes por todo Brasil. En Sao Paolo y Belo Horizonte, el pasaje subió 30 centavos; en Rio de Janeiro, 40. 

Al igual que hace tres años, las protestas están siendo atraídas hacia el Movimiento Passe Livre (MPL), un pequeño colectivo autónomo que defiende el subsidio público integral de manera que el coste para el usuario sea cero. La diferencia entre 2016 y 2013 es que, hoy, una crisis económica y política sin horizonte de resolución siembra vientos de pólvora y cualquier chispa puede desencadenar un tumulto de grandes proporciones. El desencanto con la política está generalizado: hay indignación esparcida por los escándalos de corrupción, la pérdida de poder adquisitivo, el aumento del desempleo y la falta de perspectivas económicas.

El precio del pasaje es solo uno de los costos que están aumentando. En un escenario de pérdida salarial, subirán también la tarifa eléctrica, la gasolina, los alquileres, el material escolar y otros ítems básicos. La tasa de inflación de 2015 cerró en el 10,7%, la mayor en 13 años, muy por encima del objetivo oficial del 4,5%. Subió por encima, incluso, del ahorro, perjudicando principalmente a los pequeños ahorradores que no invierten en productos más rentables. En esta cuestión, el gobierno se aferra a una política de contracción del gasto,  recortando la inversión pública y reducción de los derechos sociales y subsidios. El ajuste fiscal del programa de austeridad, sumado a un escenario exterior desfavorable, impide al gobierno cualquier capacidad de reaccionar a la espiral recesiva.

Dicho esto, la Operación Lava Jato, llevada a cabo por la policía y la justicia federal, no da tregua a los políticos vinculados al gobierno y, en menor grado, también a la oposición. La extensión y la profundidad de las investigaciones del Lava Jato se están convirtiendo en una verdadera Glasnost del sistema político brasileño y sus socios empresarios y financieros.  Nadie parece estar a salvo, ni tan solo Lula. Todo esto, a los ojos de la población, es todavía más indignante, provocando un sentimiento anti-político y de revuelta.

En Sao Paolo, las protestas promovidas por el MPL golpean las puertas del alcalde Haddad y del gobernador Alckmin. Haddad pertenece al Partido de los Trabajadores (PT), el partido del gobierno federal. Alckmin, del Partido de la social Democracia Brasileña (PSBD), el principal partido de la oposición. Pero cuando se trata de transferir los costos de la crisis a la población, gobierno y oposición, izquierda y derecha se unen para garantizar la austeridad. Es otra evidencia del sesgo de la polarización partidista entre las fuerzas tradicionales, una constante en Brasil desde la década de los 90. En las últimas elecciones, Dilma situó la economía en el primer plano, basando su campaña en el hecho de que no llevaría a cabo el ajuste estructural neoliberal y que sus opositores sí lo harían. El resultado inmediato fue la desilusión entre sus propias filas, las del PT, precisamente en un momento eufórico de victoria electoral que podría haber sido aprovechado. Más preocupante fue la percepción que tuvieron muchos electores de que la presidenta mintió. La ausencia de figuras renovadoras o de fuerzas políticas alternativas reales completa el inventario de los ingredientes para una crisis permanente.

En Brasil, o apareció todavía ningún Podemos, Pablo Iglesias o Ada Colau y los personajes más visibles que van emergiendo de la crisis son los jueves y promotores del Lava Jato, como Deltan Dallagnol (35 años) e Sergio Moro (44 años). El contexto no deja de recordar a los años noventa en Italia, cuando la operación “mani pulite” desmanteló los principales partidos, dejando un gran vacío que vendría a ser ocupado por Berlusconi.  

El 6 de junio de 2013, las protestas del MPL comenzaron con 200 manifestantes en Sao Paulo y Río de Janeiro. En cuestión de dos semanas, las calles estaban tomadas por millones, en más de 400 ciudades, con ocupaciones de parlamentos y casas consistoriales y multiplicación de consignas y formas de protesta. Uno de los destacados del levantamiento de 2013 fue la campaña Cadê o Amarildo? (¿Dónde está Amarildo?) que consiguió proyección internacional, sobre el albañil negro, habitante de la favela Rocinha en Río de Janeiro, torturado y asesinado por la policía. Aquellas noches dramáticas se fijaron de forma permanente en la memoria militante. Mientras tanto, la progresión geométrica de la cantidad de manifestantes no se repitió después de 2013,  aunque sea frecuente oír en las marchas que “existe un olor a junio”. Por un lado, esto se debe al perfeccionamiento de las técnicas represivas por parte del estado, tales como el kettling o encapsulamiento, la vigilancia de las redes sociales y cambios legislativos. En agosto de 2013, por ejemplo, fue aprobada por Dilma la ley que contempla el delito de “organización criminal”, que permite denunciar personas simplemente por “asociarse” a colectivos militantes. 

Para 2016, el año de las Olimpiadas, la novedad será el delito de terrorismo, presentado a trámite de urgencia por la presidencia y que se está tramitando en el Congreso. Por otro lado, se debe también al desgaste de la rutina de ir a las calles a reivindicar, ser reprimido y después concentrarse en la propia represión y en los derechos humanos como asunto principal, en una suerte de círculo vicioso que desvía el foco. Las protestas callejeras durante la celebración de la Copa del Mundo en 2014 fueron pequeñas y dispersas. En 2015, bastante más grandes, se concentraron en el grito “anticorrupción”.  Muchas veces despreciado por la izquierda como causa moral, el movimiento anticorrupción sirvió en realidad como paraguas que cobija las irritaciones más diversas ante los gobiernos, los partidos y los políticos. Toda esta indignación continúa girando sobre sí misma, buscando formatos, narrativas y acuerdos políticos para expresarse.

Para el MPL, el pasaje gratuito para todos podría ser subsidiado a través de una reforma tributaria, cobrando un impuesto progresivo sobre propiedades e inmuebles. Para el alcalde de Sao Paulo, esto sería inviable. Según él, significaría gastar toda la recaudación municipal de 8.000 millones de Reales (2.000 millones de dólares), cuadruplicando el subsidio ya existente para personas mayores y estudiantes.  El MPL responde que no se trata simplemente de una cuestión cuantitativa, sino de un cambio del modelo de negocio que determina el transporte colectivo,  además de toda una filosofía de “vida sin ahogos”. Colectivos como el MPL o Tarifa Cero (Belo Horizonte) proponen una democratización cualitativa de la organización de la circulación y de los flujos en la ciudad. Si se impone la transparencia en los contratos y se abren las “cajas negras” del lucro de los empresarios, ciertamente el cuento sería diferente.

Además de esto, invertir recursos en la movilidad urbana no puede abordarse simplemente como un gasto, sino como una inversión directa en la productividad de la metrópolis. Pero Haddad se limita a dar argumentos tecnocráticos, al igual que el gobierno de Dilma, síntoma de una izquierda que, siendo buen vino en los años 90, ya se volvió vinagre. En vez de innovaciones democráticas, se limita a presentar hojas de cálculo o a proponer nuevas leyes represivas. Incapaz de dialogar políticamente con los militantes del MPL, a quienes ya tildó de “fundamentalistas”, sólo le queda al alcalde aliarse con el gobernador y llamar a la policía militar, cuyas brutalidades son una marca nacional tanto como lo es el futbol.

Pero no todo son aspectos negativos. En 2015, además del movimiento anticorrupción, hubo también un vibrante movimiento de estudiantes de secundaria que ocupó casi 200 escuelas en Sao Paulo, convirtiéndolas en espacios auto-gestionados. Esta ola de ocupaciones apareció en respuesta a la reforma escolar impulsada por el gobierno estatal, lo que llevaría a la reducción del número de escuelas. De manera inesperada, los estudiantes se organizaron autónomamente y consiguieron, tras algunos meses, la suspensión de la reforma y el relevo del Secretario de Estado de educación. También, en el segundo semestre de 2015, tuvo lugar la primavera feminista, una movilización basada en las redes sociales que, con diversas tendencias internas y en conflicto, asumió un sentido general bastante positivo.

Otra movilización relevante fue el movimiento ambientalista en respuesta a la rotura de la presa de Mariana, en el estado d Minas Gerais, que causó 17 muertes y que destruyó ecosistemas del Río Doce. La presa pertenece a un consorcio formado por una gran empresa minera brasileña, Vale S.A., y a la anglo-australiana BHP Billiton, e integra el proyecto estratégico desarrollista abrazado por el gobierno de Dilma. Todos estos cuatro bloques de luchas  – anticorrupción, estudiantil, feminista y medioambientalista  – no pueden ser reducidos a correas de transmisión de los principales partidos o gobiernos. Van más allá de los juegos políticos definidos por la polarización entre apoyos gubernamentales y oposición, aunque en todos los casos siempre exista una tentativa de apropiación y captura. Es una indignación que no se organiza según los canales tradicionales de partidos y sindicatos la que acumuló masa crítica el pasado año.

Los momentos de crisis son también oportunidades para crear algo nuevo. Cuando los pactos del poder parecen descomponerse, es una buena hora para construir nuevas fuerzas políticas y económicas, capaces de convertir la negatividad de la crisis en positividad de innovación democrática. El propio PT apareció de esta misma manera, ante la decadencia de la dictadura militar, acelerando su fin. Esto implica lidiar con la indignación latente de la sociedad y ser capaces de ofrecer un proyecto alternativo que se enfrente a los problemas de la corrupción, el derecho a la ciudad, del desarrollo y del medio ambiente, entre otros.

Sin una intervención creativa en este sentido, sin embargo, nada impide que la crisis brasileña se extienda todavía por mucho tiempo, en una larga amargura. La acción del MPL es una contribución para que esto no suceda.