Protesta contra la subida del prcio del bus en São Paulo, 14 de enero, 2016. Flickr/dfactory. Some rights reserved.

Ahí vamos de nuevo.

A principios de Enero, en las calles Sao Paulo, de Rio de Janeiro y en otras ciudades brasileñas, las  protestas se volvieron violentas. Todo empezó de forma inocente: al principio, los manifestantes se reunieron pacíficamente para protestar contra un nuevo incremento en el precio del transporte público. Pero pronto la protesta pronto se convirtió en un caos. Alarmantes imágenes de policías enmascarados acorralando a los manifestantes con gas lacrimógeno y bates circularon rápidamente entre los medios de comunicación nacionales y en las redes sociales. Una vez más, las fuerzas de seguridad brasileñas han sido acusadas de reprimir de forma desproporcionada las protestas.

Brasil ya conoció esta situación. En 2013, la policía militar reaccionó de forma parecida a las protestas estudiantes puestas en marcha a raíz de un aumento moderado del precio del bus. La represión policial encendió lo que rápidamente se convirtió en una de las mayores protestas populares en la historia del país. En aquel momento, como ahora, la policía militar brasileña y las fuerzas policiales civiles se encontraban extenuadas y al límite. Hoy, debido a los recortes introducidos a raíz de una severa crisis económica, la moral de las fuerzas de seguridad es especialmente baja.

El gobierno de Brasil y las fuerzas policiales no aparecen haber aprendido las lecciones impartidas por la reciente (o antigua) historia. Entre junio y agosto de 2013, las protestas se hicieron virales y dieron lugar a meses de protestas reales y digitales, incluyendo la destrucción de propiedad pública y privada. Lo que empezó como una pequeña protesta contra el aumento del precio del ómnibus, escaló hasta convertirse en un movimiento de masas contra la corrupción política y económica en general. Las protestas supusieron una nueva forma de empoderamiento abierto. Eso sí, tuvieron una respuesta implacable por parte de las fuerzas de seguridad y de la policía brasileña.

En 2013, como ahora, la Agencia Central de Inteligencia de Brasil (ABIN) y el comando de seguridad cibernética del Ejército (CDCiber) vigilaron a ciudadanos y políticos. Ese año, la policía empezó a arrestar estudiantes sospechosos de administrar páginas de Facebook asociadas a los métodos de Black Bloc. La investigación sobre el movimiento Black Block por el Instituto Igarapé y la Fundación SecDev en 2013 y 2014 detectó una asociación sospechosa entre la violencia policial y afiliación digital con Black Block en este periodo. Las acciones de la policía provocaron un escalofrío que recorrió la columna vertebral de las libertades civiles en Brasil.

Sin embargo, esta vez la situación es aún peor. El país está siendo sacudido por una serie de escándalos políticos complejos y la peor recesión económica en una generación. Brasil, junto con otros países de las Américas, se enfrenta también a una importante epidemia de salud pública, incluyendo el virus Zika, todavía desconcertante. Los políticos y los funcionarios públicos están distraídos, preocupados por su propia preservación y por tapar agujeros. La represión de protestas legítimas apenas se está notando en los medios de comunicación nacionales. Las libertades civiles están en peligro, algo que apenas está siendo registrado en la conciencia pública.

Para complicar las cosas, no son solo las fuerzas de seguridad pública las que reprimen los protestantes. El sector privado de seguridad en Brasil está haciéndose notar en este asunto. Grupos de seguridad privada como ABESE están creciendo en influencia, y están sujetos a poca supervisión o escrutinio. No solo tienen responsabilidad en temas de seguridad pública, sino que también están involucrados en la vigilancia de ciudadanos brasileños, sin que existan los adecuados controles.  

Todos los gobiernos democráticos deben luchar para reconciliar dos políticas públicas que tienden a ser antagónicas: en el caso de Brasil, esto supone equilibrar la amenaza que suponen para su soberanía e infraestructura las amenazas cibernéticas – tales como el fraude bancario y otros crímenes cibernéticos como la suplantación de identidad – y al mismo tiempo garantizar y proteger las libertades civiles y la soberanía digital de sus ciudadanos, ya sea por medios legislativos u otros.

Las buenas noticias son que Brasil está logrando algunos avances a la hora de proteger las libertades básicas, tanto online como offline. La Ley de Libertad de Información (Ley 12.527/2011) garantiza un mecanismo transparente, mediante el cual los ciudadanos pueden pedir y recibir información de las agencias gubernamentales y de otras entidades públicas. El Centro para la Tecnología y Sociedad (ITS) de la Fundación Getulio Vargas defiende estas medidas, pero destaca que el tiempo de respuesta, calidad y confiabilidad de la información varían sustancialmente.

Y lo que es más: en 2013 el Congreso Brasileño también logró aprobar una importante ley denominada “factura digital de los derechos”, el Marco Civil de Internet. Emergió después de una prolongado (y participativo) proceso de discusión entre las múltiples partes interesadas. El Marco Civil establece los principales principios que rigen la neutralidad y el uso del internet en Brasil, así como un marco para la protección de los derechos digitales de los ciudadanos. Fue elogiado como un modelo que podría ser adoptado por otros países y fue defendido en reuniones de Internet Governance, como por ejemplo en NETmundial (2014) y en el Foro de Gobernanza de Internet (2015).

A pesar de los importantes avances, estas iniciativas se encuentran bajo amenaza. En los últimos dos años, algunos miembros del Congreso, fiscales federales y, en algunos casos, los jueces, comenzaron a combatir dichas iniciativas. En diciembre de 2015, un juez de São Paulo bloqueó el acceso a la popular plataforma de mensajes instantáneos WhatsApp, después de que su compañía matriz, Facebook, rechazara las peticiones para entregar las comunicaciones personales de un sospechoso involucrado en una investigación criminal. La interrupción del servicio fue temporal, pero la acción del juez afectó cerca de 100 millones de usuarios. Muchos brasileños, quizá la mayoría de ellos, no están especialmente preocupados por estos recortes a su libertad digital.

Para empeorar las cosas, una propuesta legislativa  – apodada "Big Spy Bill" por sus detractores – pretende modificar algunas disposiciones del Marco Civil. Si se aprueba, los brasileños se verán obligados a proporcionar información personal, tal como una dirección y número de teléfono, al visitar sitios web. Teniendo en cuenta la tradición judicial de Brasil, la propuesta haría que los ciudadanos fuesen más vulnerables a los cargos de difamación. Las críticas llegan con fuerza y rapidez: el Instituto de Tecnología y Sociedad (ITS), un think-tank independiente de Rio de Janeiro, cuestiona la constitucionalidad del proyecto de ley, y lo describe como una medida regresiva, innecesaria y peligrosa.

Todo esto son malas noticias para la democracia y la acción civil en Brasil. El problema es que nadie parece hacerle mucho caso. Una vez que el gobierno se ve en dificultades para pagar sus cuentas de la luz y del agua, el debate sobre las libertades digitales no es una prioridad. La corrupción – en especial el llamado caso “Lava Jato” (Lavado de Autos) – ocupa las primeras páginas. Brasil tiene una sociedad civil vibrante y expertos en la sociedad de información bien conectados, que se ocupan de las amenazas reales a la libertad digital. Pero son la excepción.

La realidad es que muchos brasileños, quizá la gran mayoría, no están especialmente preocupados con estas limitaciones a su libertad digital. Los brasileños se están acostumbrando a lo “nuevo normal” en el que el movimiento físico y la expresión digital son constreñidas por un estado preocupado en securitizar el ciberespacio. La pregunta ahora es si los ciudadanos van a despertar ahora o demasiado tarde.

Brasil va a estar una vez más en el foco del mundo cuando acoja los Juegos Olímpicos este año. Es muy probable que las protestas continúen y, tal vez, aumenten. Teniendo en cuenta las frustraciones crecientes, los manifestantes tienen cada vez más confianza en sus fuerzas a la hora de enfrentarse a las injusticas perpetradas por las fuerzas policiales y de seguridad. No son sólo los estudiantes de clase media, sino los pobres urbanos, como los residentes de Villa Autódromo, que fueron desalojados por la fuerza para dar paso a la construcción de infraestructuras deportivas. El país bien podría necesitar desmoronarse un poco más, antes de que puedan recomponerse las piezas otra vez.