Cuando hace unos meses The Intercept Brasil salió con la primicia de una impactante noticia sobre denuncias de conducta indebida y actos potencialmente ilícitos por parte de algunos de los investigadores del mayor escándalo de corrupción del país, entre ellos el actual ministro de Justicia, circularon rumores de que la Policía planeaba abrir una investigación contra The Intercept Brasil para identificar a sus fuentes periodísticas, y el propio Bolsonaro sugirió que su cofundador y director, Glenn Greenwald, podría “ser encarcelado”.
El presidente, dos de sus hijos —uno es diputado federal y otro es concejal— y aliados cercanos continúan atacando a periodistas, en declaraciones públicas y en mensajes de Twitter, casi a diario. Por otro lado, sus partidarios han compartido datos personales de periodistas, como la dirección particular, y han instado a otras personas a “hacerles una visita”, mientras que la escasa cooperación de las autoridades y las iniciativas para desmantelar las leyes sobre el acceso a la información oficial han dificultado mucho más que los periodistas accedan a información básica.
Las alarmas se habían encendido en Brasil el año pasado, durante una disputada campaña electoral que estuvo acompañada de violentos altercados y que culminó con el apuñalamiento de Bolsonaro por un sujeto en un acto a pocas semanas de las elecciones. ABRAJI, una organización local defensora de la libertad de prensa, ha documentado más de 150 incidentes de amenazas y ataques contra los periodistas que cubrieron el proceso electoral de 2018. Estos ataques se repartieron casi en igual medida entre hechos de violencia física e incidentes de acoso digital, un claro ejemplo de que, para los periodistas brasileños, el peligro viene de muchas partes.
Brasil no era precisamente un paraíso para la prensa antes de las elecciones: 25 periodistas brasileños han sido asesinados en represalia por su trabajo desde 2010, y el CPJ continúa investigando otros 11 casos. La gran mayoría de los casos de periodistas asesinados —la mayoría periodistas de pequeñas localidades rurales— han quedado sin resolverse. Por nueve años consecutivos, Brasil ha aparecido en el Índice de la Impunidad del CPJ, un análisis anual que clasifica a los países con los peores historiales de impunidad en casos de asesinato de periodistas.
El sistema de justicia brasileño ha dado algunos pasos en la dirección correcta, pues ha habido varias condenas de importancia en los últimos años, pero es poco probable que estas estadísticas mejoren en el futuro cercano, ya que Bolsonaro ha dejado bien claro que considera a la prensa, en el mejor de los casos, como un estorbo, y, en el peor de los casos, como un enemigo al que hay que derrotar. A medida que los incidentes de abuso racial y violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTI continúan repuntando, los medios brasileños tienen motivos para temer la misma suerte.
Comentarios
Animamos a todo el mundo a que haga comentarios, Por favor, consulte las intrucciones de openDemocracy para comentarios