El presidente brasileño Jair Bolsonaro inauguró el debate general del 74 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre con una agresiva y desordenada diatriba contra las numerosas “amenazas” que enfrentaba su país: el comunismo, las ONG y, por supuesto, los medios de comunicación internacionales.

Los incendios que arden en la Amazonía han captado gran parte de la atención mundial en las últimas semanas, pero no es la única batalla que mantiene ocupado al Gobierno de Bolsonaro, el cual parece considerar a los derechos humanos una incómoda carga, en lugar de garantías fundamentales que deben protegerse.

Muchas organizaciones que defienden estos derechos —ecologistas, activistas afrobrasileños, feministas, la comunidad LGBTI— han sido blanco del franco y directo presidente brasileño y de sus partidarios, y la prensa no es una excepción.

En su primer año en el cargo, el derechista presidente brasileño ha adoptado con regocijo la retórica de las “noticias falsas” favorecida por muchos de los gobernantes autoritarios del mundo. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), junto con organizaciones aliadas de Brasil, ha documentado la ofensiva del presidente Bolsonaro contra los medios, conforme Bolsonaro ha hostigado y bloqueado a reporteros específicos en Twitter, ha amenazado con retirarles la asignación de publicidad oficial a los medios de comunicación, ha fustigado a los medios de prensa que critican a su Gobierno y ha acusado al diario de mayor circulación nacional de “mentir desvergonzadamente”.

Cuando hace unos meses The Intercept Brasil salió con la primicia de una impactante noticia sobre denuncias de conducta indebida y actos potencialmente ilícitos por parte de algunos de los investigadores del mayor escándalo de corrupción del país, entre ellos el actual ministro de Justicia, circularon rumores de que la Policía planeaba abrir una investigación contra The Intercept Brasil para identificar a sus fuentes periodísticas, y el propio Bolsonaro sugirió que su cofundador y director, Glenn Greenwald, podría “ser encarcelado”.

El presidente, dos de sus hijos —uno es diputado federal y otro es concejal— y aliados cercanos continúan atacando a periodistas, en declaraciones públicas y en mensajes de Twitter, casi a diario. Por otro lado, sus partidarios han compartido datos personales de periodistas, como la dirección particular, y han instado a otras personas a “hacerles una visita”, mientras que la escasa cooperación de las autoridades y las iniciativas para desmantelar las leyes sobre el acceso a la información oficial han dificultado mucho más que los periodistas accedan a información básica.

Las alarmas se habían encendido en Brasil el año pasado, durante una disputada campaña electoral que estuvo acompañada de violentos altercados y que culminó con el apuñalamiento de Bolsonaro por un sujeto en un acto a pocas semanas de las elecciones. ABRAJI, una organización local defensora de la libertad de prensa, ha documentado más de 150 incidentes de amenazas y ataques contra los periodistas que cubrieron el proceso electoral de 2018. Estos ataques se repartieron casi en igual medida entre hechos de violencia física e incidentes de acoso digital, un claro ejemplo de que, para los periodistas brasileños, el peligro viene de muchas partes.

Brasil no era precisamente un paraíso para la prensa antes de las elecciones: 25 periodistas brasileños han sido asesinados en represalia por su trabajo desde 2010, y el CPJ continúa investigando otros 11 casos. La gran mayoría de los casos de periodistas asesinados —la mayoría periodistas de pequeñas localidades rurales— han quedado sin resolverse. Por nueve años consecutivos, Brasil ha aparecido en el Índice de la Impunidad del CPJ, un análisis anual que clasifica a los países con los peores historiales de impunidad en casos de asesinato de periodistas.

El sistema de justicia brasileño ha dado algunos pasos en la dirección correcta, pues ha habido varias condenas de importancia en los últimos años, pero es poco probable que estas estadísticas mejoren en el futuro cercano, ya que Bolsonaro ha dejado bien claro que considera a la prensa, en el mejor de los casos, como un estorbo, y, en el peor de los casos, como un enemigo al que hay que derrotar. A medida que los incidentes de abuso racial y violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTI continúan repuntando, los medios brasileños tienen motivos para temer la misma suerte.

Una prensa libre e independiente es la base de cualquier democracia saludable, por lo cual es fácil ver cómo la prensa libre podría convertirse en una amenaza para aquellos como Carlos Bolsonaro, hijo del presidente y concejal de la ciudad de Río de Janeiro, quien recientemente tuiteó que la “transformación” de Brasil no sucedería “a la velocidad que queremos” por “medios democráticos”.

El primer paso del manual de los Gobiernos autoritarios es marginar a las voces críticas y tomar el control de la narrativa oficial, que pronto se convierte en la única narrativa.

Ya hay señales de que este proceso está en marcha, pues el Gobierno brasileño se ha involucrado en campañas de desinformación que buscan culpar a las ONG, ha rechazado estadísticas científicas y ha acusado a sus críticos de tratar de socavar la soberanía brasileña cuando la indignación internacional ha crecido en respuesta a los incendios en la Amazonia. Por otra parte, uno de los primeros periodistas que difundió la noticia del auge de los incendios forestales en el estado amazónico de Pará, recibió múltiples amenazas.

Afortunadamente, la dinámica, diversa y firme prensa brasileña continúa luchando y sigue adelante con su vital trabajo periodístico ante estos ataques, pero no puede hacerlo sola. Al igual que la comunidad internacional se ha solidarizado con las comunidades indígenas y las organizaciones ecologistas que encabezan la defensa de la Amazonia, debemos apoyar a los periodistas que dan lo mejor de sí para mantener informada a la ciudadanía en medio del torbellino de desinformación y la erosión de la confianza.

Durante décadas, Brasil ha inaugurado el debate general de la Asamblea General de la ONU.

Ahora, con un gobernante que propaga la desinformación, que denigra a los periodistas y que cataloga de “noticia falsa” todo artículo que no es de su gusto, todos debemos preguntar: ¿exactamente en nombre de quién habla él?