Reunión de cancilleres en el marco de la VIII Cumbre de las Américas en Lima - Perú (2018). Fue en esta cumbre donde seis de los estados miembros de UNASUR decidieron suspender temporalmente su participación en la organización. Fuente: Wikimedia Commons. Algunos derechos reservados.Bolivia asumió la presidencia de turno de UNASUR el 18 de abril y su mandato empezó con un revés: dos días más tarde, al canciller boliviano se le notificaba la decisión de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú de suspender "temporalmente" su participación en la organización, decisión que habían adoptado unos días antes durante la celebración de la Cumbre de las Américas. Esta decisión podría llevar a que UNASUR ingrese en cuidados intensivos o que entre en fase terminal.

Para algunos medios de comunicación esto fue motivo de celebración. Argumentaron que la organización ha dejado de ser operativa, que es la expresión de una política exterior "bolivariana", ideologizada, que hoy ya no tiene lugar y que UNASUR ha dejado de ser funcional para la política exterior de algunos de sus estados miembros, concretamente de los nuevos gobiernos de derecha, que prefieren la Alianza del Pacífico como opción más pragmática y efectiva. Para ellos, la retirada de estos países y el consiguiente fin de UNASUR están más que justificados.

Sin embargo, un análisis más matizado de esta decisión revela que no se trata en realidad de una "salida" de dichos países y que su objetivo no es el de dar al traste con la organización.

El documento que se envió a la presidencia boliviana habla de "suspensión de la participación en las actividades de UNASUR por tiempo indefinido", lo que no implica una denuncia del tratado internacional con el que se fundó UNASUR, ni tampoco una desvinculación definitiva de la misma.

La estrategia de la silla vacía que se hizo famosa en 1965 cuando el gobierno francés suspendió temporalmente su participación en la Comunidad Económica Europea con el fin de recuperar el derecho de veto de Francia.

Parece más bien una maniobra dirigida a presionar a los otros estados miembros: un nuevo ejemplo de la estrategia de la silla vacía que se hizo famosa en 1965 cuando el gobierno francés suspendió temporalmente su participación en la Comunidad Económica Europea con el fin de recuperar el derecho de veto de Francia sobre decisiones que consideraba que afectaban a su interés nacional.

Cierto es que UNASUR no está funcionando: no celebra su preceptiva cumbre presidencial anual y no consigue llegar a un acuerdo sobre quién debe ser el nuevo Secretario General - al único candidato para el cargo, el argentino José Octavio Bordón, le han vetado repetidamente Bolivia y Venezuela.

De hecho, el documento oficial sobre la suspensión de actividades de los seis gobiernos pide específicamente "resultados concretos para garantizar el funcionamiento de la organización en las próximas semanas".

Además del nombramiento de un nuevo Secretario General, exige también una revisión de los procesos de toma de decisiones – basados hoy en el principio de unanimidad - y un nuevo rumbo de la organización hacia una colaboración efectiva en asuntos específicos, en función de las prioridades de sus miembros – como, por ejemplo, integración de infraestructuras.

La jugada es una audaz apuesta política: podría desbloquear el nombramiento del Secretario General, pero también podría agrandar la fractura existente en la región.

La iniciativa de los seis gobiernos se ha presentado con discreción - la mayoría de los ministerios de relaciones exteriores que la promueven ni siquiera han informado de ella en sus sitios web - y tampoco se intenta justificar solo en términos de un mejor funcionamiento de la organización o de la necesidad de desbloquear decisiones.

Es un asunto que requiere una interpretación más amplia, como parte de la agenda de restauración conservadora de los gobiernos de la "nueva derecha" cuyo objetivo es desmantelar el legado de los gobiernos progresistas de la región.

Lo cual viene a desmentir el carácter supuestamente "pragmático" de la política exterior de dichos gobiernos y revela también su sesgo ideológico.

Pero cabe señalar que el coste de un giro político con respecto a los compromisos regionales establecidos podría ser elevado, ya que mostraría claramente que los cambios de gobierno implican cambios mayores en materia de política exterior y que los estados miembros de UNASUR no están dispuestos o son incapaces de definir políticas a largo plazo, lo que dañaría seriamente su credibilidad y la de la región en su conjunto.

Caricaturizar UNASUR como herramienta "bolivariana" antiimperialista no solo es incorrecto, sino que revela las intenciones de quienes intentan desacreditarla. Porque si este hubiera sido el caso, no se comprendería cómo ha logrado mantener en su seno, durante diez años, la pluralidad de gobiernos e intereses que la caracterizan.

Su historial como organización es satisfactorio en cuanto a la prestación de servicios a la región, la generación de consenso, la mejora de la presencia internacional de sus miembros, la gestión eficaz de crisis - como la que atravesó Bolivia en 2008 - y el apoyo a iniciativas de cooperación en infraestructuras, salud pública, defensa y procesos electorales.

UNASUR se creó también para dotar a América del Sur de más autonomía política en el escenario global, como instrumento de “equilibrio blando” con respecto a los poderes externos.

UNASUR se creó también para dotar a América del Sur de más autonomía política en el escenario global, como instrumento de “equilibrio blando” con respecto a los poderes externos. Y no puede negarse la utilidad de disponer hoy de una organización de estas características como herramienta de política exterior frente al unilateralismo abrasivo, el creciente proteccionismo y el nacionalismo sin bridas de Estados Unidos.

De manera similar, la nueva Estrategia de Seguridad y Política Exterior de la Unión Europea tiene también como objetivo proporcionar "autonomía estratégica" a la UE sin socavar su tradicional vínculo transatlántico.

Es cierto que UNASUR no tiene una dimensión de integración comercial debido a la oposición de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA) y que se ha revelado ineficaz en cuanto a plantear soluciones para la enconada y difícil crisis política de Venezuela.

Pero ¿podría haberlo hecho, teniendo en cuenta que las decisiones de UNASUR requieren la unanimidad de sus miembros, incluidos los demandantes? Hay que recordar, además, que las iniciativas de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Vaticano y otros actores, como Leonel Fernández o José Luis Rodríguez Zapatero, tampoco han tenido éxito.

UNASUR se creó en 2008 en un contexto de muchas tensiones en la región y ello no le impidió actuar como plataforma para el diálogo y para llegar a acuerdos entre gobiernos de distintos colores políticos.

Diez años más tarde, las nuevas tensiones y divergencias no deberían ser pretexto para destruir este importante activo.