Programa de intercambio de agujas, Portland, Maine 2012. Press Association / Robert F. Bukaty. Todos los derechos reservados.

La guerra contra las drogas ha supuesto un fracaso ruinoso, cuyo monto real ha de  calcularse añadiendo sus cuantiosos costes indirectos, que sobrepasan en mucho los 100.000 millones de dólares que los gobiernos destinan cada año a intentar controlar la oferta mundial de drogas ilegales. Las implicaciones de este derroche deberían incidir en la argumentación a favor de una urgente reorientación radical de las políticas contra las drogas.

Gran parte de estos 100.000 millones de dólares se destina al arresto, procesamiento y encarcelamiento de personas por delitos no violentos relacionados con las drogas. A esta enorme cifra le supera, en mucho, el valor del mercado ilegal de narcóticos a resultas de las guerras contra las drogas, que se estima en 330.000 millones de dólares, una fuente ingente de recursos que sirven para financiar la corrupción y las insurgencias. Los programas militarizados de interceptación de drogas en Centroamérica, América de Sur y Asia han provocado cientos de miles de muertes, grandes desplazamientos de población y una degradación medioambiental masiva. El sur global ha perdido también oportunidades significativas de inversión para sus economías y sistemas sanitarios al tener que seguir con la guerra contra las drogas, a menudo bajo presión de Estados Unidos.

La escala del fracaso de estas políticas es grandiosa y se hace imprescindible alejarse de la ideología que las subyace. En lugar de librar una ‘guerra’ costosa contra los productores y los traficantes de drogas ilegales cuya primera línea se sitúa en estados con escasos recursos, deberíamos trabajar para reducir el problema de la demanda de estas drogas entre los consumidores de nuestros países y asegurarnos de que la pequeña proporción de consumidores que son adictos a las drogas tengan acceso a todos los servicios y al apoyo que precisen. El enfoque prohibicionista atropella los derechos humanos y relega la salud pública a un segundo plano. Invertir estas prioridades mejoraría la vida, quizás de manera drástica, a ambos extremos de la cadena de abastecimiento. Y los beneficios económicos y sus efectos inducidos podrían ser también significativos.

La clave está en remitirse a datos empíricos. La mayor parte de la demanda proviene de un pequeño número de usuarios, por lo que tratar a relativamente poca gente puede tener un gran impacto. Destinar fondos a tratamientos de adicción de calidad puede producir un retorno que supere varias veces la inversión: en términos de reducción de la delincuencia, ahorro de gastos sanitarios e ingresos de personas que vuelven a ser productivas. Y puede cubrir incluso el coste de tratamientos costosos de internamiento.

Existen opciones de tratamiento eficaz. Una de ellas es la terapia de sustitución de opiáceos (TSO), en la que se receta un medicamento opiáceo, como metadona o buprenorfina, que ayuda al paciente a gestionar las ansias de otras sustancias más peligrosas. Esta terapia, a gran escala, puede contribuir a reducir las sobredosis, que fue, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la causa de 47.000 muertes en Estados Unidos en 2014. La TSO se autofinancia más que sobradamente, en parte por el ahorro en gasto sanitario y por la reducción de los daños causados por el uso problemático de opiáceos.

El intercambio de agujas ayuda a prevenir la incidencia del VIH y la hepatitis C, cuyo tratamiento es, en ambos casos, muy costoso. Los programas de agujas y jeringuillas han sido objeto de multitud de estudios de salud pública. Previenen enfermedades sin estimular una mayor frecuencia de consumo o el consumo de nuevas drogas.

Sin embargo, ni el tratamiento farmacológico y científicamente probado ni los programas preventivos como el intercambio de agujas son una opción al alcance de la mayoría de los consumidores de drogas en el mundo. No están disponibles o existen obstáculos mayores para su aplicación. A menudo esto es debido a la creencia de que la mejor respuesta al consumo de drogas es de orden legal y no de salud pública.

Los juzgados especializados en drogas en Estados Unidos, por ejemplo, se establecieron, en teoría, para ofrecer una alternativa a la cárcel en forma de tratamiento contra la dependencia supervisado por un juez. Pero, en muchos casos, los jueces no tienen la experiencia necesaria para tomar decisiones correctas desde un punto de vista médico, e incluso algunos parecen no querer escuchar a los profesionales sanitarios. Muchos de estos juzgados deniegan el uso de la TSO, lo que representa una oportunidad perdida de ofrecer un tratamiento eficaz a aquellos que lo necesitan. Algunos jueces también castigan los “fracasos” de los programas de tratamiento encarcelando a la gente, cuando cualquier profesional sanitario sabe que no todo el mundo responde positivamente a la primera al someterse a un tratamiento de adicción.

Hay que poner en tela de juicio las actitudes que consideran que el uso de drogas es consecuencia de un fallo o defecto de orden moral. La experiencia de Estados Unidos indica que muchos programas de prevención en los que se predica la abstinencia a los niños y tratan de asustarlos para que se alejen de las drogas no tienen buenos resultados, e incluso pueden hacer que las drogas sean más, y no menos, atractivas para ellos. Los enfoques basados en la realidad de la vida de los niños - averiguando lo que realmente les motiva a probar las drogas - y en ayudarles a protegerse de usos problemáticos tienen mejores oportunidades de éxito.

La retórica oficial está cambiando lentamente y se aleja de la prohibición total. La inercia que caracteriza al gobierno federal en Estados Unidos significa que el progreso debe iniciarse a nivel estatal y municipal. Una iniciativa en este sentido es el programa de Aplicación de la Ley con Desvío Asistido (LEAD), iniciado en Seattle, que permite a los agentes de policía derivar a los infractores menores hacia programas antidrogas o de asistencia para el empleo o la vivienda o de apoyo social, en la propia comunidad, en lugar de mandarlos a la cárcel. Albany y Santa Fe, entre otras comunidades, han adoptado también este programa.

Las leyes contra el uso de la marihuana se han relajado en varios estados, y parte del argumento a favor de su regulación a nivel estatal se basa en los ingresos. El estado de Colorado recaudó más de 70 millones de dólares en impuestos sobre la marihuana en 2014, más de lo que recaudó por la venta de alcohol, a lo que habría que añadir el ahorro en policía y encarcelamiento. La presión económica sigue aumentando sobre el sistema establecido, y los argumentos a favor de un cambio de política, basados en evidencia empírica, deben incorporar los exorbitantes costes directos e indirectos del sistema actual, no sólo en Estados Unidos, sino también en los países productores y de tránsito devastados por las desastrosas consecuencias de la guerra contra las drogas.

La traducción al español ha sido realizada por Victoria Gómez y Carmen Municio, miembros del Programa de voluntariado de DemocraciaAbierta.

Este artículo se publica como parte de una alianza editorial entre openDemocracy y CELS, organización de derechos humanos argentina con una amplia agenda, incluyendo la defensa y promoción de políticas de drogas respetuosas de los derechos humanos. La alianza coincide con la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS).